Cesar Manzanos
Menos personas presas, y no más cárceles
(hika 171-172 zka. 2005ko azaroa abendua)

El actual gobierno nos trata de vender una reedición actualizada de su viejo Plan de amortización y construcción de cárceles de la era Múgica y Asunción, aprobando en el último Consejo de Ministros millonarias inversiones de dinero público para que empresas privadas y particulares se lucren durante los próximos seis años con el negocio de encarcelar principalmente a pobres y extranjeros.
Lo presentan como si fuera el gran remedio para acabar con las cada vez más graves y terribles violaciones de los derechos humanos que se vienen produciendo en las cárceles de la democracia: muertes no naturales sin esclarecer, suicidios inducidos, malos tratos, así como coacciones sexuales a mujeres presas denunciadas, hacinamiento, condiciones extremas e infrahumanas de encarcelamiento en muchas prisiones, etcétera.
Culpan al anterior gobierno del incremento progresivo e imparable de la población recluida y le responsabilizan de que las medidas penales tomadas por el mismo como el alargamiento de las penas en los principales tipos de delitos por los que se encuentra la gran mayoría de la población encarcelada, o el haber modificado la legislación penitencia creando grandes dificultades para acceder a permisos de salida, cumplimiento en tercer grado o acceso a la libertad condicional está en el origen del problema.
Pero se olvidan de que ellos fueron quienes en el año 95 crearon el llamado Código Penal de la democracia en el que se sentaron las bases de una sociedad que apuesta por solucionar los conflictos mediante al recurso sistemático a una justicia vengativa y penalizadora, y que además, también modificaron la legislación penitenciaria institucionalizando los regímenes más severos de aislamiento y eliminando la reducción de penas por el trabajo, sentando así las bases para que el gobierno del Partido Popular tuviera la alfombra roja puesta para utilizar al estado de derecho, y al propio derecho, como arma para hacer una política de guerra, criminalizando a pobres, extranjeros, vascos y demás infieles.
Ahora, la solución sería simplemente volver a la situación existente antes del año 95, reconociendo que la penalización ha fracasado y que lejos de resolver los conflictos, no contribuye más que ha agudizarlos. El remedio más eficaz y económico sería buscar alternativas al uso desproporcionado, inútil e innecesario al derecho penal, flexibilizar las condiciones para acceder a beneficios penitenciarios y a las excarcelaciones, acercar a las personas presas al lugar donde tienen su residencia habitual o arraigo familiar evitando sufrimientos añadidos. Sin embargo el perverso remedio, con terribles efectos nocivos secundarios es continuar con el recurso a la justicia vengativa, al encarcelamiento y para ello a construir más cárceles.
En lugar de vaciar las cárceles de drogodependientes acusados por distribución a pequeña escala de drogas ilegalizadas o de cometer pequeños robos y hurtos para conseguir el dinero necesario para su dosis (65% de quienes están cumpliendo condenas en prisión residentes en la CAPV) creando servicios y centros tratamiento alternativo a la prisión, o de apostar sin ambigüedades por la resolución del llamado conflicto político vasco dando una salida a la situación de las personas presas que han cometido sus delitos por motivos políticos (25% de quienes están cumpliendo condenas en prisión residentes en la CAPV), la apuesta es por reforzar las políticas de ley y orden y de tolerancia cero importadas de los EEUU, que se ensañan con el 1% de quienes delinquen y encubren el 99% de la delincuencia con mayúsculas que jamás es perseguida y penalizada, siendo además ese 1% los mismos de siempre. Como en otros tiempos, a esto se le llama combatir el cólera a cañonazos.
Pero lo que tenemos que tener claro quienes lo que queremos es vivir tranquilamente y en condiciones de seguridad para toda la ciudadanía, es que esta apuesta porque haya más personas encarceladas y, por invertir dinero público en construir más cárceles para que unos cuantos hagan negocio y vivan de excluir y mantener encerrados a esos mismos de siempre, lo que ha provocado y seguirá provocando es más inseguridad ciudadana, más marginación puesto que los problemas que afectan a ese 1% de delincuencia que justifica la inflación policial, penal y carcelaria a la que asistimos durante las dos últimas décadas se han de enfrentar en el ámbito de la política social y no de la política criminal.
Y dado que una imagen o ejemplo vale más que mil palabras: si sumamos lo que hoy cuesta una plaza carcelaria al año incluyendo todos los conceptos (pago a funcionarios, gastos corrientes, inversiones, etcétera) nos sale alrededor de 30 mil euros al año, es decir, nos gastamos unos 5 millones al año de las antiguas pesetas por cada plaza: ¿ustedes se han parado a pensar que, si hubiéramos destinado esos 30 mil euros anuales por cada recluido a políticas laborales, educativas o asistenciales la gran mayoría de estas personas jamás hubieran cometido los delitos por los que se encuentran en situación de reclusión?, pero claro esos 30 mil euros que hoy nos gastamos en mantener una plaza carcelaria al año no repercuten en nada en la mejora de la calidad de vida de la persona procesada y encarcelada.
Por el contrario, de éste gasto se beneficia mucho ciudadano de bien. Efectivamente, de mantener encerrada a una persona presa viven además de funcionarios de ejecución penal, empresas que construyen y prestan servicios de mantenimiento en las cárceles, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Pero además, de perseguirlas, detenerlas y vigilarlas viven las policías, y de procesarlas viven los operarios del derecho como jueces o abogados. Si hacemos el cálculo posiblemente el salario mensual de más de dos o tres trabajadores de la industria penal es posible gracias a mantener presa a una persona. Desde aquí se entiende la apuesta por construir más cárceles y no por liberarnos de la necesidad de la cárcel y avanzar hacia una sociedad donde cada vez haya menos personas presas, aplicando alternativas sociales que sustituyan a la reclusión penal, alternativas que existen y venimos poniendo en práctica frecuentemente sin el suficiente apoyo institucional muchas entidades asociativas que trabajamos con las personas recluidas y sus familias dentro y fuera de la prisión.