Clara Murguialday
El día después de Beatriz
(Galde, 3, Uda 2013).
Durante la pasada primavera El Salvador ocupó las primeras planas de los medios nacionales e internacionales debido a que Beatriz, una mujer de 22 años y embarazada de 13 semanas, decidió solicitar al equipo médico del Hospital de Maternidad que le realizara un aborto, tras saber que el feto que gestaba era anencefálico y que ella tenía un alto riesgo de morir si continuaba su embarazo por padecer una grave enfermedad.
Lo que en cualquier país civilizado del mundo –excepto en los 15 que penalizan el aborto en toda circunstancia, 7 de ellos en América Latina y El Caribe- hubiera dado lugar a una sencilla intervención quirúrgica, se convirtió para Beatriz en una tortura continuada durante 14 semanas en las cuales vio peligrar su vida, debido a la demora de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en responder a su recurso de amparo para que le fuera realizado el aborto, sin que fuera penalizado el equipo médico que la recomendaba y cuyo dictamen apoyaba también la Ministra de Salud.
La movilización internacional desencadenada por la decisión de Beatriz incluyó el rápido posicionamiento a su favor por parte del sistema de Naciones Unidas en El Salvador y los relatores especiales sobre salud, contra la tortura, la violencia y la discriminación contra las mujeres. También mostraron su apoyo el Grupo parlamentario Interamericano sobre población y desarrollo, diputadas y diputados españoles y alemanes, organizaciones defensoras de los derechos humanos (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, CEJIL) y numerosas organizaciones y redes feministas latinoamericanas y europeas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dictó medidas cautelares y la Corte IDH medidas provisionales instando al Estado salvadoreño a que cumpliera sus compromisos de salvaguardar la vida, la salud y los derechos de Beatriz autorizando que le fuera practicado el aborto que ella solicitaba (1).
A nivel nacional, las movilizaciones convocadas por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres fueron acompañadas por un fuerte debate mediático entre partidarios y adversarios de que Beatriz viera cumplida su decisión de abortar. Entre los primeros se encontraban, además de las feministas, las autoridades sanitarias y la Comisión Nacional de Bioética, la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación de Ginecología y Obstetricia, el Foro Nacional de Salud, así como varias iglesias y la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Enfrente se posicionaron los sectores conservadores abanderados por la jerarquía de la iglesia católica, las organizaciones que integran la Red Familia –con la fundamentalista Sí a la Vida a la cabeza- y las instancias judiciales encargadas de dictaminar sobre el caso; sus ataques incluyeron la acusación a la Ministra de Salud de mentir sobre el supuesto peligro de muerte de Beatriz y la distribución de hojas en las misas enfatizando que todo el asunto era un “caso emblemático creado por quienes abogan por la despenalización del aborto en el país” (2).
La batalla duró 14 semanas y finalizó con un parto prematuro provocado en la semana 27 de gestación debido a que nuevas señales indicaban que se agravaría la salud de Beatriz. El equipo médico que le realizó la cesárea oficializó que no se le había practicado un aborto y las fuerzas conservadoras celebraron que la criatura había nacido viva (murió cinco horas después de nacer) y que “sus derechos habían sido respetados durante toda la gestación”; entre tanto, los expertos de Naciones Unidas señalaban que haber obligado a Beatriz a continuar con el embarazo constituyó un trato “cruel, inhumano y degradante”.
Para quienes se movilizan en El Salvador –y en otros lugares del mundo- por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus maternidades, la “batalla por Beatriz” ha dejado dos ganancias incuestionables. La primera ha ocurrido en la arena internacional, donde la confrontación ha sido más fuerte y con resultados más efectivos: instituciones internacionales encabezadas por Naciones Unidas y la CIDH de la OEA, organizaciones defensoras de derechos humanos, parlamentarios de numerosos países, redes feministas y la opinión pública informada, le han dicho claramente al Estado salvadoreño que no es de recibo violentar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, menos aun cuando está en riesgo su salud y sus vidas, ni tener unas leyes que obligan al personal médico a denunciar a toda mujer sospechosa de haber tenido un aborto, ni mantener presas a mujeres, acusadas muchas de ellas de homicidio agravado cuando lo que tuvieron fueron abortos espontáneos o partos prematuros.
Hoy, el Estado salvadoreño está más alejado que nunca de la comunidad internacional que ha firmado compromisos de salvaguarda de los derechos de las mujeres, y no resulta creíble su adhesión al reciente Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo adoptado por los gobiernos de América Latina y el Caribe que insta a los estados a “considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos” (3).
La segunda ganancia ha ocurrido a nivel nacional: las actuaciones de los “anti-derechos” instalados en las instituciones estatales, religiosas y sociales conservadoras no han podido evitar que se asiente en la opinión pública la percepción de que no es justo que una mujer joven tenga que pagar con su vida por las ideas religiosas de quienes consideran el aborto un asesinato, que no son compasivas unas leyes que obligan a las mujeres a continuar su gestación a sabiendas de que la criatura es inviable, o que no es de buenos cristianos anteponer los derechos de los no-nacidos a los de las mujeres.
A pesar del silencio inexplicable de algunas instituciones estatales -ni el Instituto de la Mujer (ISDEMU) ni ninguna diputada o diputado del FMLN se posicionaron sobre el caso (4)- y de que algunas iglesias matizaron que “no se pronunciaban a favor del aborto como tal, sino a favor del proceso que los médicos del Hospital de Maternidad habían recomendado”, la movilización de la opinión pública a favor del derecho de Beatriz a vivir han hecho que el aborto terapéutico y eugenésico tenga hoy mayor aceptación en amplios sectores de la sociedad salvadoreña, especialmente entre los y las jóvenes que han debatido en las aulas el dilema enfrentado por Beatriz y se han posicionado mayoritariamente a su lado. Todo ello ha contribuido a que las concepciones penalizadoras radicales tengan hoy menos aceptación social (5).
Ahora bien, no puede ignorarse que en la reciente batalla ideológica y mediática, la grave enfermedad de Beatriz y la inviabilidad del feto que gestaba han sido factores claves a la hora de movilizar emociones, generar sentimientos compasivos o solidarios, e incluso para justificar la adopción de medidas consideradas justas por buena parte de la sociedad salvadoreña “sólo en casos de extrema necesidad”. Estas circunstancias han opacado el hecho de que fue Beatriz quién solicitó a sus médicos que le realizaran el aborto y que, por tanto, interrumpir su embarazo significaba reconocerle de manera explícita su derecho a decidir; de ahí que la demora en posicionarse de la Corte Suprema pueda leerse como la maniobra cruel de quienes nunca estuvieron dispuestos a respetar la decisión consciente e informada de Beatriz.
La interrogante que persiste es si también ha ayudado a sumar voluntades a la causa del aborto entendido “como ampliación de las libertades de las mujeres, como el derecho a decidir y a ejercer la autonomía sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas… (porque) nuestros úteros no son bienes nacionales, el Estado no puede decidir y meterse en nuestros cuerpos, como plantean algunas feministas latinoamericanas.
Aunque en el debate mediático apenas afloraron argumentos a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos sin tutelas de médicos, estados o líderes religiosos, sólo futuras confrontaciones permitirán conocer en qué medida la batalla por la vida de Beatriz ha contribuido a que la sociedad y las instituciones salvadoreñas reconozcan este derecho, y a que las organizaciones de mujeres que luchan por el aborto seguro, legal, libre y gratuito tengan mejores argumentos para defenderlo.
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(1) “La Corte resuelve requerir al Estado de El Salvador que adopte y garantice de manera urgente todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo médico tratante de la señora B. pueda adoptar, sin interferencia alguna, las medidas médicas que se consideren oportunas y convenientes para asegurar la debida protección y de este modo evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables a los derechos a la vida y a la integridad personal y a la salud de la señora B.” Las resoluciones de la Corte son de obligado cumplimiento para los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos.
(2) “Caso Beatriz: Nuevo rechazo de iglesias a legalizar aborto”. Contrapunto 20-04-13.
(3) Conferencia organizada por la CEPAL en agosto de 2013 en Uruguay, para preparar las reuniones que tendrán lugar en Naciones Unidas en 2014, en ocasión del 20 aniversario de la Conferencia de El Cairo.
(4) Aunque para el titular de la PDDH este caso es un “precedente que debe servir para que los diputados efectúen una revisión a la legislación penal en casos específicos de interrupción del embarazo”, las interpelaciones a que diputadas y diputados se posicionaran en el debate han sido escasas.
(5) Una encuesta del IUDOP de finales de 2012 señalaba que el 58% de la población salvadoreña era favorable al aborto terapéutico. Según Morena Herrera, líder de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, “ese porcentaje ha aumentado en esta coyuntura”.
(6) María Isabel Matamala, de la Articulación Feminista por la Libertad de Decidir y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, a propósito de las movilizaciones actuales por la despenalización del aborto en Chile. “Por el derecho a decidir”. Rebelión 29-08-2013.