Coralie Delaume
Lo que la ley El Khomri debe
a la Unión Europea
(Le Figaro, 17 de mayo de 2016).
(Página Abierta, 245, julio-agosto de 2016).

“La culpa de la ley El Khomri es de Europa” (1), afirma en su blog Jean-Luc Mélenchon. Había, sin duda, una razón suficiente para hacerla recurriendo al artículo 49.3 [de la Constitución francesa] (2). Lo que viene de Europa es muy serio, no se discute. Y como “Europa es la Paz”, eso no puede esperar.

Sin embargo, ¿no exageraba Melenchon escribiendo esto? ¿Por su parte, el economista Federico Farah no lo caricaturizaba explicando a su vez: “Entendemos bien que la ley El Khomri tiene por padre el euro y por madre la estrategia de Lisboa de marzo de 2000?” ¿No le iba a la zaga la facilidad de “hacer de Europa una cabeza de turco”, como reza el dicho?

Por desgracia, ni el uno fantaseaba ni el otro exageraba con lo de “cabeza de turco”. Esta “Ley del trabajo”, efectivamente, se la debemos, en gran medida, a nuestra pertenencia comunitaria. Para percibirlo bien es preciso dejar a un lado por un instante los grandes principios sobre los cuales se enfrentan generalmente “europeístas” y “euroescépticos”. Hay que ajustarse sus gafas, calzar sus aletas y aceptar zambullirse en las aguas frías de la técnica. Se descubre, entonces, el pastel: Europa, es la apnea.

Lo que la Ley El Khomri debe a los tratados europeos

No hay que tener miedo a afirmarlo (menos aún si no se corre el riesgo de no ser comprendido): la “Ley del trabajo” nos viene de las GOPE. Sí, de las GOPE.

Las GOPE son las “Grandes Orientaciones de Política Económica”. De modo más preciso, documentos preparados para la dirección general de asuntos económicos de la Comisión Europea. Conforme al artículo 121 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), estos documentos se remiten al consejo Ecofin (es decir, a la reunión de ministros europeos de Economía y Finanzas) y después al Consejo europeo (los jefes de Estado y de Gobierno). Después de su validación, las GOPE se convierten en recomendaciones del Consejo a los países de la Unión y son objeto de seguimiento.

Siempre según el artículo 121, “el Consejo, sobre la base de informes presentados por la Comisión, vigila la evolución económica de cada uno de los Estados miembros”. Esta “vigilancia multilateral” se hace posible gracias a las informaciones generosamente proporcionadas por los Estados a la Comisión. En resumen, un pequeño y bonito tratado de servidumbre voluntaria del Tratado sobre el Funcionamiento de la UE.

Sin embargo, al principio, las GOPE eran sólo unos textos vagos y poco atractivos. Para hacerlos más estrictos y con la finalidad de dar pleno potencial a la idea encantadora de “vigilancia multilateral”, la Comisión de Bruselas se encargó de ampliar su alcance mediante un importante documento publicado en 1998, en vísperas de la aplicación del euro.

Este documento, titulado “Crecimiento y empleo en el marco de estabilidad de la Unión económica y monetaria”, se interesa principalmente por –como su nombre indica– la cuestión del mercado de trabajo y el empleo. Confiere un papel central a las GOPE e indica de manera clara lo que deben contener, desgranando una tras otra estas fórmulas bien conocidas con dulce aroma a schlague (alemán) [3]: “estabilidad de precios”, “saneamiento de las finanzas públicas”, “moderación de los salarios nominales”, “fortalecimiento de las estímulos a la disciplina salarial”. En resumen, toda la panoplia.

Desde que existen, las GOPE siempre contuvieron instrucciones para reformar el mercado de trabajo. Si se examinan éstas, por ejemplo, para 2012 -totalmente al azar: se trata justo del año de la elección de François Hollande- se ve que el Consejo recomienda a Francia “revisar la legislación, en particular el procedimiento administrativo de despido”. O “velar por que la evolución del salario mínimo favorezca el empleo, particularmente el de los jóvenes, y la competitividad”, lo que significa, traducido del volapük (4) de Bruselas al francés de los Deux-Sèvres o del Haute-Garonne, que no es preciso aumentar el SMIC (salario mínimo interprofesional). Se notará de paso, y es para reírse, que ese mismo año se demanda “suprimir las restricciones injustificadas sobre las profesiones (veterinarios, taxistas, notarios…) y sectores reglamentados”: ¡bienvenida, “ley Macron”! (5).

Lo que la ley El Khomri debe a la “estrategia de Lisboa”

No siendo todo esto aún suficientemente abtruso, hizo falta añadir algo más. En marzo de 2000, se estableció la “estrategia de Lisboa”, cuyo objeto era instaurar en Europa (redoble de tambores): “La economía del conocimiento más competitiva y más dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico duradero, acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión social” (cierre del bando).

La estrategia de Lisboa –hoy “estrategia Europa 2020”– se considera global. Es sobre todo laberíntica. Pretende hacer supervisar a las instancias europeas todos los ámbitos de la vida de todos los países. Y abarcar en un mismo paquete las cuestiones relacionadas con los mercados financieros, la educación, los asuntos de finanzas públicas, los de protección social, los de creación de PME [pymes y microempresas], de empleo seguro, de cría de cerdos y terneros…

Además, simula el carácter científico, que es más elegante y la hace más creíble. Con la estrategia de Lisboa nos dotamos, pues, de herramientas nuevas y altamente técnicas. Para seguir con la cuestión del empleo, añadimos, así, a las GOPE las Líneas Directivas para el Empleo (LDE). Las dos juntas (GOPE y LDE) están reagrupadas en las LDI (Líneas Directrices Integradas), sobre las que el sitio web de la Comisión Europea  nos dice: “Las líneas directrices integradas determinan el campo de acción de las políticas de los Estados miembros y la dirección a seguir para su coordinación. Sirven de base a las recomendaciones específicas por país”.

¿A las recomendaciones específicas por país? Miren eso. ¿Y qué recomendamos a Francia para el año 2016? La información completa de esto puede consultarse en la web: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_france_fr.pdf. Resumiendo: de entrada señala que la “desaceleración reciente de los salarios reales es insuficiente”, que “Francia fija siempre costes salariales entre los más elevados de la zona euro”, debido principalmente “al elevado nivel de las cotizaciones sociales de la patronal”, o a que “los aumentos del SMIC inducen a una compresión de los salarios hacia arriba”.

A modo de solución, se propone a continuación “mantener las reducciones del coste del trabajo estimado del CICE (crédito fiscal de competitividad y empleo)”, “actuar para limitar más las rigideces del mercado de trabajo” (lo que significa que es necesario facilitar el despido), “facilitar, a nivel de las empresas, las derogaciones de las disposiciones jurídicas generales, particularmente en lo concerniente a la organización del tiempo de trabajo”. En esta última fórmula, se reconoce inmediatamente la inspiración de numerosas disposiciones previstas en la ley El Khomri para acortar el tiempo de trabajo de los asalariados, remunerando peor, en ciertas condiciones, las horas extras (http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/13-mesures-cles-de-la-loi-travail_1791715.html).

Lo que la ley El Khomri debe al euro

En fin, no se debe perder de vista lo que la “Ley del trabajo” debe a la pertenencia a la zona euro, y ello por varias razones.

La primera es que el euro es una moneda sobrevalorada para muchas economías de la zona, desde Grecia a Francia y hasta Finlandia, que ha contemplado en ocasiones salirse. Esto perjudica a la competitividad de estos países, hace perder cuotas de mercado a sus empresas y destruye empleos. La ley El Khomri forma parte de estas soluciones que se buscan para recobrar el equilibrio del binomio competitividad-costes, roto por el aplastamiento de los salarios al no poder depreciar la moneda.

La segunda razón es que la zona euro vive bajo la supervisión permanente de los mercados financieros, sobre los que, al principio, se decidió -es uno de los vicios innumerables de la concepción del euro- que serían en lo sucesivo los únicos banqueros de los Estados miembros. Por lo tanto, los mercados de capitales –uno sospecha– tienen una tendencia bastante clara a obrar para que el reparto del valor añadido creado en la zona le sea favorable al capital (es decir, a ellos mismos) y no al trabajo.

Esto les resulta tanto más fácil en régimen de “libre circulación de los capitales”, donde el capital es eminentemente móvil, mientras que el trabajo permanece muy sedentario. La competición entre ambos no se hace, por tanto, en igualdad de condiciones. En cualquier momento, el capital puede amenazar con instalarse en otro lugar, si las condiciones en uno u otro país europeo le desagradan. El trabajo no puede amenazar gran cosa. En fin, siempre se puede manifestar contra la ley El Khomri, como es el caso actualmente. Sin mucho éxito por otra parte, lo que atestigua bastante bien el carácter no equitativo de la relación de fuerzas.

La tercera y última razón es que el euro no solamente ha privado a los Estados miembros de su moneda. También les privó del instrumento presupuestario, ya que en el marco del “semestre europeo”, del two pack, del six pack (6) -instrumentos inspirados en las técnicas de gestión y cuya pretensión de cientificidad llega a lo grotesco-, los presupuestos nacionales están bajo la alta vigilancia de la Comisión Europea. Entonces, al no poder recurrir a la política monetaria, al no poder utilizar el instrumento presupuestario, nos servimos del único incentivo de política económica que queda: el ajuste a la baja del “coste del trabajo”.

La ley El Khormi es el resultado de todo esto, exactamente igual que la Ley de Empleo de Italia de 2015 y todas las reformas de la misma índole adoptadas estos últimos años en Europa del Sur.

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En cualquier caso, el Gobierno francés ha trabajado bien. El comisario Valdis Dombrovskis le felicitó acaloradamente por eso durante una visita a París a finales de marzo. Así, tal como se informa en la página web especializada sobre las cuestiones europeas, EurActiv, el vicepresidente de la Comisión “del euro y el diálogo social” (sic) ha saludado la ley El Khomri como una iniciativa feliz “destinada a responder a las rigideces del mercado de trabajo, y que debería reactivar el empleo”. ¡Un bello homenaje! ¡Gracias, patrón!
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(1) Esta ley debe su nombre a la ministra de Trabajo Myriam El Khomri. [Todas las notas de este artículo, así como su traducción del francés, son de la Redacción de Página Abierta].
(2) El Consejo de ministros de Francia, reunido el 10 de mayo de 2016, autorizó al Primer ministro a comprometer la responsabilidad del Gobierno -Primer ministro, ministros y los secretarios de Estado- ante la Asamblea Nacional para el voto, en primera lectura, del proyecto de ley que pretende instituir nuevas libertades y nuevas protecciones para las empresas y los activos (ley El Khomri). Este procedimiento está previsto en el artículo 49.3 de la Constitución francesa, del 4 de octubre de 1958, que permite la adopción sin voto de una ley.
(3) Shlague (“gouverner à la schlague”)palabra probablemente de origen alemán cuyo significado antiguo en la ocupación nazi de  la Segunda Guerra Mundial venía a ser: una manera brutal de hacerse obedecer. La juventud francesa la usa hoy con otros significados como un insulto.
(4) El volapük es una lengua artificial creada por el sacerdote alemán Johann Martin Schleyer en 1879, hoy en desuso.
(5) Ley, con el nombre del ministro de Economía en 2014 Emmanuel Macron, para el Crecimiento y la Actividad, para “desbloquear” las trabas que frenan la apertura de comercios en domingo, la incorporación de mujeres y jóvenes a las profesiones reguladas, la apertura de empresas de transporte o la rebaja de peajes de autopistas.
(6) Procedimientos que rigen en la actualidad la política fiscal de los Estados miembros de la Unión Europea.