David Cassasas

Balance del II Simposio de la Renta Básica
Vitoria-Gasteiz,13-14 de diciembre de 2002
(Hika, nº 140, enero de 2003)

Uno de los objetivos fundamentales de la Asociación Red Renta Básica es la organización de un Simposio anual. En nuestros estatutos se dice «Constituyen los fines de esta Asociación promover y difundir los estudios y la investigación científica sobre la Renta Básica para un mejor conocimiento de la misma y de su viabilidad». Tras la experiencia del I Simposio de la Renta Básica, celebrado en Barcelona el 8 de junio del 2001, en el que fue posible evaluar el estado de la cuestión de la penetración social y académica de la propuesta de la Renta Básica en el Reino de España (acudieron varios representantes del mundo académico, político, de los movimientos sociales, de los sindicatos), el II Simposio de la Renta Básica, que ha tenido lugar durante los días 13 y 14 de diciembre de 2002 en Vitoria-Gasteiz, ha permitido centrar la atención en una de las cuestiones que más interés ha suscitado entre los defensores de la Renta Básica: su contraposición a los actuales subsidios condicionados. En esta dirección, el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y Red Renta Básica, co-organizadores de las Jornadas, acordaron dedicar las sesiones correspondientes al primer día a realizar un balance de las políticas de garantía de ingresos llevadas a cabo en la actualidad en la Comunidad Autónoma Vasca, el Reino de España y Europa, para consagrar el segundo día a explorar las potencialidades de la Renta Básica como medida alternativa para la garantía de ingresos y la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Un planteamiento de este estilo tiene un interés especial en un ámbito político-administrativo como el de la Comunidad Autónoma Vasca, donde las políticas de ingresos mínimos son especialmente generosas. En efecto, la llamada Renta Básica vasca (y aquí había un motivo claro de confusión puesto que en esta Comunidad Autónoma existe una renta de Inserción que recibe el nombre de Renta Básica) alcanza unos niveles muy superiores a los de la gran mayoría de las demás comunidades autónomas. Para nuestra Asociación la Renta Básica, a diferencia de la vasca, sería percibida de forma incondicional, con independencia de cualquier otro tipo de ingresos y, por tanto, sin necesidad de ningún examen de recursos previo. No es de extrañar, pues, que Joseba Azkarraga, Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, subrayara durante su discurso de apertura de las Jornadas la firme voluntad de su equipo de que la cuantía de la renta mínima de inserción se consolide alrededor del 85 % del salario mínimo interprofesional. Esta particularidad del modelo vasco de políticas de rentas mínimas, hacía de la Comunidad Autónoma Vasca un espacio especialmente atractivo como campo de pruebas para cotejar la propuesta de la Renta Básica. Y las expectativas creadas fueron perfectamente cumplidas.

Manuel Vigo, Viceconsejero de Inserción Social del Gobierno Vasco, Juan Francisco Sandín, Director de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava, Iñigo Pombo, Director General de Inserción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, Ramón Jáuregui, Director de Planificación y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Guipúzcoa y Jorge Peral, Teniente de Alcalde de Muskiz que acudió en representación de la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), ofrecieron un interesante balance del funcionamiento del modelo vasco de políticas de inserción. En todas sus intervenciones, al igual que en las de aquellos que tenían por objetivo dar fe de programas concretos de inserción social y de garantía de recursos en la Comunidad Autónoma Vasca y en el resto del Reino de España (Miguel Laparra, de la Universidad Pública de Navarra; Nieves Alonso, Jefa de Servicio de Prevención de la Exclusión y Rentas Mínimas de la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid; Carlos Emilio García Martín, Director Gerente del Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava; Alfonso Gurpegui, Director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Irún; y Karmele Ginea, Responsable de Convenios de Inserción del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Bilbao), se observó una firme voluntad por mantener el binomio "inserción social-inserción laboral". En efecto, bajo su perspectiva, pese a que los programas presentados adolecen de ciertos defectos (se insistió mucho en la necesidad de mejorar los convenios de inserción, de aumentar el alcance de las ayudas de emergencia y de ir incrementando tanto la cuantía de la renta mínima de inserción como el número de sus perceptores), las políticas de inserción sociolaboral actualmente existentes no sólo deben ser objeto de una valoración general positiva, sino que, además, se articulan alrededor de una lógica que puede ser todavía defendida: la lucha contra la pobreza y a favor de la inserción social debe realizarse desde la asunción de la importancia de garantizar un trabajo de calidad para todos los ciudadanos.

Las intervenciones de Mikko Kautto, del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo para el Bienestar y la Salud de Helsinki, y de Chantal Euzéby, de la Université Pierre Mèndes France de Grenoble, encargados de poner sobre la mesa los resultados de las políticas de garantías de ingresos en el conjunto de Europa, no se alejaron demasiado de los planteamientos del resto de participantes. En su intervención, Chantal Euzéby dio un primer paso hacia la lógica de la universalidad al reconocer el creciente riesgo al que la descomposición de los núcleos familiares y la precarización del empleo empuja a cada día más personas. Esta realidad -subrayó Euzéby- exige plantearse nuevas formas de garantía de rentas. Sin embargo, tanto en su intervención como en la de Mikko Kautto se explicitó todavía un compromiso con un modelo de inserción social que pasa por unos derechos a la formación y a la igualdad de oportunidades que van encaminados a la materialización de cierta idea de derecho al trabajo garantizado para todos.

En este sentido, la intervención de algunos miembros del público al término de las sesiones del primer día resultó de gran interés. Miembros del sindicato ESK relacionados con la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica que se impulsó en 1997 y que culminó en Carta de Derechos Sociales de Euskadi aprobada en diciembre del año 2000, representantes de plataformas contra la exclusión social y miembros de la propia Asociación Red Renta Básica vinculados al ámbito del trabajo social y de las políticas de ocupación, subrayaron la necesidad de asumir los límites del modelo presentado. Por un lado, insistieron en las debilidades de unos subsidios no universales cuya gestión resulta altamente costosa (precisamente, por su carácter condicional) y que conducen a la estigmatización social de sus perceptores. Por el otro, todos coincidieron en denunciar el error subyacente al planteamiento de unas políticas que fían su éxito en la esperanza de un pleno empleo que, cada vez más, aparece como objetivo de lo más quimérico. En cualquier caso, el debate que tuvo lugar actuó como un excelente punto de partida para las intervenciones que iban a producirse al día siguiente.

Durante el segundo día se exploraron las potencialidades de la propuesta de la Renta Básica entendida tal y como la define la Asociación Red Renta Básica en sus Estatutos, de acuerdo con los postulados de teóricos como Philippe Van Parijs: "una renta modesta pero suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, a pagar a cada miembro de la sociedad como un derecho, financiada por impuestos o por otros medios y no sujeta a otra condición que la de ciudadanía o residencia. La RB debería estar garantizada y pagarse a todos a título individual, independientemente de sus otras posibles fuentes de renta, de si trabajan o no y de con quién convivan". En esta dirección, y una vez asumido que, tal y como aseguró Karel Van Den Bosch, del Center for Social Policy de Amberes, dedicar más dinero en sistemas de transferencias de renta como los existentes actualmente en la UE tendría un efecto muy reducido sobre los niveles de pobreza, Daniel Raventós, de la Universidad de Barcelona y Presidente de Red Renta Básica, dedicó su intervención a una justificación normativa republicana de una propuesta definida en los términos especificados. Por su parte, José Antonio Noguera, de la Universidad Autónoma de Barcelona y Vicepresidente Segundo de Red Renta Básica, insistió en las limitaciones de los subsidios condicionados y afirmó la importancia de la universalidad en la que se basa la propuesta de la Renta Básica. Asimismo, Noguera subrayó las dificultades técnicas y políticas de una apuesta por políticas orientadas a la garantía de un trabajo para toda la ciudadanía, y presentó la propuesta de la Renta Básica, precisamente, como una vía indirecta al acceso (al derecho) al trabajo. A continuación, Rafael Pinilla, del Ministerio de Administraciones Públicas y Vicepresidente Primero de Red Renta Básica, expuso una propuesta concreta de implantación de la Renta Básica, su "propuesta de Renta Básica diversificada para el Estado español". Dicha propuesta, que está orientada a garantizar a todos los ciudadanos una renta equivalente al mínimo exento del IRPF y que parte de la asunción de la diversidad de tamaños de los hogares y de las particularidades de las distintas comunidades autónomas del Reino de España, fue ofrecida por su autor como un primer (e importante, cabría añadir) elemento para un debate que ha de culminar en la articulación de una o varias propuestas de Renta Básica para el Reino de España, para alguna de sus comunidades autónomas o incluso para el conjunto de la Unión Europea.

Finalmente, la alocución de Luis Sanzo, del Departamento de Justicia, Empleo y Seguidad Social del Gobierno Vasco y miembro también de la Junta de Red Renta Básica, actuó como puente entre estas intervenciones y el debate general sobre el futuro de las políticas de garantía de ingresos en Euskadi, España y Europa, que puso fin a las Jornadas. En este debate participaron Iñaki Carro, en representación de la Plataformas de Lucha contra la Exclusión Social de la CAPV, Miren Amilibia, trabajadora social del Ayuntamiento de Zumarraga, Imanol Zubero, de la Universidad del País Vasco, y Pablo Angulo, representante del llamado tercer sector como miembro de Bultz Lan. Esta última mesa resultó de gran interés. En efecto, todos los participantes mostraron su profundo desacuerdo con respecto al modelo de subsidios condicionados actualmente existente, que conocen de cerca, desacuerdo que venía movido, una vez más, por la asunción de la imposibilidad de alcanzar el pleno empleo con los instrumentos de las políticas macroeconómicas y de ocupación actuales y por la evidencia de que el carácter condicional de los sistemas actuales no sólo resulta muy costoso, sino que además supone una fuente de estigmatización social de los beneficiarios de estos programas que no debe quedar desatendida. Es por ello por lo que los participantes en esta última mesa apostaron, de forma más o menos explícita, por una Renta Básica universal que haga efectivo lo que Imanol Zubero, en consonancia con los planteamientos de Daniel Raventós, definió como un derecho a la vida.

El II Simposio fue muy exitoso, como así fue comentado por muchas personas asistentes (más de 150 personas presentes en los dos días). Si el listón del I Simposio estaba alto, el del II será difícil de igualar. Este será el reto del III Simposio, que celebraremos en Galicia en el 2003. Preámbulo del X Congreso de la Basic Income European Network (BIEN), que la Asociación Red Renta Básica está encargada de preparar en septiembre del 2004.