Declaración de parlamentarios y sociedad civil
Derecho a un aborto legal, seguro y accesible

Reunidos/as en el Congreso de los Diputados de España el día 4 de julio de 2014, en el Encuentro “Parlamentarios/as y sociedad civil por el derecho a un aborto legal, seguro y accesible”, en el que han participado parlamentarios/as nacionales, europeos y autonómicos, plataformas y organizaciones de mujeres y colectivos profesionales  (sanitarios, juristas, trabajo social…).

Considerando que nuestros Estados tienen obligaciones internacionales de derechos humanos, que incluyen el respeto, protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de todos sus ciudadanos y ciudadanas.

Afirmando que la democracia se construye desde la separación de las Iglesias y los Estados y, por tanto, corresponde a los Estados legislar de acuerdo a una ética civil para no imponer ideas religiosas al conjunto de la ciudadanía.

Evidenciando que en los países donde el aborto inducido legal está sumamente restringido o no está disponible, el aborto sin riesgos se ha vuelto un privilegio para quienes pueden pagarlo, mientras que las mujeres de escasos recursos no tienen otra opción que acudir a proveedores inseguros, que provocan morbilidades, e incluso la muerte, que se convierten en una responsabilidad social y financiera para el  sistema de salud pública.

Lamentando que cada año en el mundo se calcula que se producen 22 millones de abortos inseguros y que casi todos (el 98%) se producen en países en desarrollo. Que cada año 47.000 mujeres fallecen en el mundo y 5 millones más quedan con enfermedades graves a consecuencia de la necesidad de recurrir a abortos inseguros, debido a que sus Estados restringen el acceso a información y servicios de aborto legal.

Recordando que la evidencia científica y el derecho internacional de los derechos humanos demuestran que, para reducir la necesidad de acudir al aborto, no sirve restringir su acceso legal, sino que se debe trabajar hacia la prevención de los embarazos no deseados tomando en cuenta medidas clave como: asegurar el acceso gratuito a la gama más amplia posible de métodos anticonceptivos modernos; reforzar la educación sexual y reproductiva integral en todas las etapas de la vida, especialmente desde la edad escolar; desarrollar políticas de lucha contra la violencia de género y de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, empoderando a éstas para que ejerzan sus derechos y promoviendo en los hombres nuevas formas de ejercer su masculinidad; promover leyes y programas para superar los estereotipos machistas y homófobos; y perseguir y sancionar los comportamientos discriminatorios hacia las mujeres y sus decisiones.

Celebrando que hoy, gracias también al esfuerzo realizado por las plataformas y organizaciones feministas, más del 60% de las mujeres del mundo viven en países que permiten el acceso al aborto legal y seguro, y que es en estos países donde las tasas de aborto son mucho más bajas que en aquellos en los que el aborto inducido no es legal o presenta amplias restricciones.

Expresando nuestra solidaridad y apoyo a las y los profesionales que hacen posible que el acceso al aborto sea seguro para millones de mujeres y reconociendo su papel como defensoras y defensores  de los derechos humanos.

Aseverando que las mujeres son sujetos políticos reconocidos en cualquier Estado democrático de derecho y que el ejercicio de la ciudadanía implica la libertad de tomar decisiones respecto a sus cuerpos y sus vidas reproductivas.

Alegando que en la autonomía de las mujeres y en su derecho a decidir si continuar o interrumpir su embarazo, cada mujer debe tener derecho a decidir el futuro de su embarazo de acuerdo a su conciencia, cualesquiera que sean sus razones o circunstancias, ya que una sociedad justa no puede obligar a las mujeres a continuar con un embarazo no deseado.

Las personas abajo firmantes nos comprometemos a:

1. Apoyar la decisión libre de las mujeres respecto a si continuar o no con un embarazo, bajo la premisa irrenunciable de que las mujeres tienen la capacidad intelectual y ética de decidir autónomamente y de forma responsable sobre su sexualidad y reproducción.

2. Promover y defender leyes y políticas públicas que garanticen la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, tanto en parlamentos nacionales y locales como internacionales y de las Naciones Unidas.

3. Impulsar en la vida política, económica y social de nuestros países el ejercicio y protección de los derechos humanos relacionados con la sexualidad y la reproducción.

4. Coordinar nuestros esfuerzos con organizaciones políticas, sindicales, profesionales y de la sociedad civil para impulsar un movimiento internacional que garantice el derecho a un aborto legal, seguro y accesible para todas las mujeres del mundo.

5. Difundir en nuestros partidos, sindicatos, organizaciones, etc., esta Declaración de Madrid y promover la adhesión de más organizaciones y personas a la misma.