Eloína Carballo

El Sahara
(Disenso, nº 39, marzo de 2003)

El tiempo de espera en el Sáhara Occidental puede acercarse a su fin, una vez más, para todos. Recordemos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió el pasado verano aplazar hasta el 31 de enero de 2003 la resolución a un conflicto que se prolonga desde hace ya casi tres décadas, caracterizándose históricamente dicha resolución por un aplazamiento tras otro. Esta última postergación por parte de la ONU responde a la incapacidad de llevar a cabo alguna de las cuatro opciones que su secretario general, Kofi Annan, propuso en un informe presentado en el mes de febrero del 2001, dadas “las diferencias entre las partes” enfrentadas, según reconoce el propio Consejo de Seguridad1. Estas cuatro opciones pasaban por seguir adelante con el Plan de Arreglo, que suscribe como solución al conflicto la celebración de un referéndum sobre la autodeterminación; el desarrollo del Acuerdo Marco, que consiste en integrar el territorio del Sáhara dentro del reino de Marruecos, concediéndole una autonomía limitada; la partición del territorio; y, finalmente, la retirada de la Minurso (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental), opción esta última cada vez con menos peso en el conjunto de las mismas2.

PASADO COLONIAL. El pasado colonial del Sáhara arranca, al igual que el de la mayoría de los países de nuestro vecino continente, a finales del siglo XIX, con el proceso que algunos analistas han bautizado como el “reparto de África”, el cual, a efectos prácticos se traduce en la ocupación, y, en muchos casos, posterior colonización por parte de las potencias europeas de estos pueblos y tribus, a los que se impone un trazado político-administrativo que no se correspondía con sus valores, costumbres, y organización económica y social. Es en este contexto y tras la Conferencia de Berlín de 1886, cuando el Sáhara pasa a ser una colonia española. La presencia de España en el Sáhara Occidental obedece, a grandes rasgos, a varios factores, entre los que destacan los intereses económicos, dado que esta región presenta entre sus principales riquezas la pesca, de ahí el establecimiento de factorías en todo el litoral.
Otras potencias europeas también están presentes en el continente africano, como Francia, que se esfuerza en establecer con precisión las fronteras de sus dominios, en Marruecos y principalmente en Mauritania y Argelia. De aquí se deriva un acuerdo con España para delimitar las fronteras del Sáhara español, siendo un punto fundamental del acuerdo la cooperación militar entre ambos países, debido a la resistencia de las fuerzas saharauis que cuentan con el apoyo de la División Sur del Ejército de Liberación Nacional de Marruecos. Tan importante apoyo será retirado cuando Marruecos consigue su independencia en 1956, año a partir del cual hay que destacar la creciente presencia en estos territorios de un actor con un peso considerable: las empresas multinacionales, cuya actividad básica se orientará hacia la explotación de las reservas de fosfatos, principalmente en la zona de Bu-Craa3 .
Al igual que ocurrió con muchos otros pueblos colonizados, la Administración colonial se esforzó en potenciar las divisiones tribales en el seno del pueblo saharaui, lo cual no impidió que se fuera fraguando un sentimiento de identidad compartida para hacer frente a la ocupación española. Este sentimiento derivó en la creación del Frente de Liberación del Sáhara (FLS) en 1968, cuyas reivindicaciones no obtuvieron el éxito esperado. De ahí que el FLS se transforme, dando lugar en 1973 al Frente Polisario, cuya opción inmediata fue la toma de las armas, reclamando además ser reconocido como el único representante legítimo del pueblo saharaui. No debemos perder de vista el contexto histórico de estos años con el pleno desarrollo del movimiento de descolonización, alentado enérgicamente tras la Segunda Guerra Mundial. Tampoco debemos olvidar que este proceso se produce dentro del ámbito de polarización de los dos bloques de poder más importantes a escala internacional, que se conoce con el nombre de guerra fría.

LA ‘MARCHA VERDE’. Este contexto es el que propicia de alguna manera la entrada en el conflicto de otros actores. Así, Naciones Unidas dicta su primera resolución en los años ’60, para que España reconozca el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. La insistencia en este tema por parte de la ONU se irá intensificando con el tiempo, sin embargo, sus resoluciones empiezan a ser interpretadas de la forma más conveniente a sus intereses por los actores del conflicto. Así, Marruecos reclama ante el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya que le sean reconocidos sus derechos de soberanía sobre el territorio, propuesta que es desestimada por dicho tribunal. Ante esta negativa, Marruecos decide ampliar sus reivindicaciones por otros medios4 y emprende como medida de presión en octubre de 1975 la “Marcha Verde”, una ocupación simbólica con efectos mediáticos que moviliza a 350.000 civiles y 25.000 soldados marroquíes5. España, por su parte, inaugura un punto de inflexión en el conflicto, desatando una crisis con la firma de los “Acuerdos Tripartitos de Madrid” en noviembre de ese mismo año, que suponen, en última instancia, la entrega del Sáhara a Marruecos y Mauritania sin resolver el origen del problema pues no se aborda la descolonización, punto a partir del cual el conflicto inició una escalada que condujo al enfrentamiento armado.
El Sáhara Occidental se convirtió así en un territorio en disputa por el que se enfrentaban de un lado, Marruecos y Mauritania, y del otro, Argelia y el Frente Polisario. Este último proclamó, el 27 de febrero de 1976, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que fue reconocida por más de 76 países, la mayoría de los cuales pertenecientes a la Organización para la Unidad Africana. La RASD será plenamente aceptada por la OUA en 1984. Esto no impidió un nuevo auge de la tensión, acompañado por el recrudecimiento de los ataques por parte de Marruecos al pueblo saharaui, del cual una gran parte había iniciado ya su éxodo hacia el sur de Argelia, en concreto a Tinduf. Por su parte, Mauritania abandonó el conflicto en 1978, tras una derrota que puso de manifiesto su debilidad en muchos aspectos, a pesar de haber contado con el apoyo del ejército y la aviación franceses.
Cabe destacar que estos no son exclusivamente los únicos protagonistas en la contienda. Como en tantos otros conflictos existieron y existen agentes externos, que no participan directamente en el mismo, pero cuya intervención se canaliza en forma de apoyo económico, logístico, diplomático o político a los actores en cuestión, ahorrándose costes y sin colisionar con la legalidad internacional. Los actores foráneos son principalmente Francia y EE UU, que apoyaron —y apoyan— fundamentalmente a Marruecos, y la URSS que suministró armas, junto a Argelia, al Frente Polisario.

ACTIVIDAD DIPLOMÁTICA. La década de los ’80 es un período de intensa actividad diplomática, un esfuerzo por parte de los actores implicados para dar una solución al conflicto, que pasa por la celebración de un referéndum de autodeterminación, propuesta impulsada por la ONU y la OUA y que es aceptada en su momento por las partes enfrentadas. Estas negociaciones convergen en el cese de las hostilidades, una tregua firmada en 1991 entre el Gobierno marroquí y el Frente Polisario, necesaria para aplicar el Plan de Paz y garantizar su éxito. Sin embargo, el proceso de resolución del conflicto se ve abortado por la escasa predisposición que muestra Marruecos, a lo que hay que añadir los continuos obstáculos que pone este país a la labor de la Minurso, así como sus violaciones del alto al fuego. Por ello, el proceso ni siquiera supera lo que podríamos denominar su segunda fase, que comprende el restablecimiento de la confianza entre las partes enfrentadas. Mientras, en el seno del Frente Polisario tiene lugar un replanteamiento de la situación, que lleva a uno de sus sectores a considerar como única opción viable la vuelta a las armas.

SITUACIÓN ACTUAL. El estancamiento de la situación obliga a una nueva intervención de los organismos internacionales, que conduce a los Acuerdos de Houston de 1997, que ponen sobre la mesa una cuestión fundamental, pero controvertida, para la celebración del referéndum: la identificación de los votantes. A su vez, los Acuerdos de Houston suponen la incorporación, ya de forma directa, de los EE UU, actor que aboga por la celebración de la consulta popular. En estos años los censos cobran un protagonismo inusitado en la medida que de su configuración dependerá el éxito o fracaso del referéndum. La contabilización de la población se convierte así en un escollo insalvable para ambas partes —Marruecos y el Frente Polisario—. La escasa voluntad política de ambos, así como la incapacidad por parte de la ONU para ponerlos de acuerdo, sumado todo ello a la pasividad de otros actores, hace imposible la celebración del referéndum, que se aplaza hasta 1999.
Y llegamos a la situación actual, donde los distintos cambios acaecidos en el escenario internacional a lo largo de los últimos años han modificado, en mayor o menor medida, los posicionamientos de algunos de los actores. A grandes rasgos, prevalecen dos de las propuestas, el Acuerdo Marco y el Plan Arreglo, y en menor medida, la partición del territorio. La primera opción, defendida por el Gobierno marroquí, cuenta con el apoyo de Francia, el Reino Unido y EE UU. Es importante destacar que la posición de este último actor ha variado sustancialmente desde abril del 2002, lo que se explica por intereses estratégicos —la necesidad de estabilizar esta región del Mediterráneo—, pero también económicos, derivados de los ricos yacimientos de hidrocarburos argelinos, las enormes reservas de fosfatos, un rico banco pesquero y la muy probable existencia de importantes yacimientos petrolíferos en la zona6. Obviamente, el Frente Polisario rechaza de lleno esta propuesta porque, en palabras de su delegado en España, Brahim Gali, “es una huida hacia delante y con ella Marruecos intenta abandonar el Plan de Paz y hacer fracasar la misión pacificadora de las Naciones Unidas”7.
Los principales apoyos del Frente son la mayoría de los países africanos —articulados en la OUA— entre ellos Argelia, cuyo presidente tiene la esperanza de “que se consiga el acuerdo de las partes y se respete el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui”8. El apoyo de Argelia al Frente Polisario —económico, pero también infraestructural (campos de refugiados en Tinduf) y político— no es incondicional, pues responde también a una serie de intereses, entre ellos evitar la expansión de Marruecos, lo que podría incrementar notablemente el control sobre la región y el potencial económico de este último. Pero Marruecos no es su único oponente, también lo es Francia, históricamente y por el traumático proceso de descolonización al que sometió a Argelia.
En la cuestión del Sáhara debemos, además, contemplar un aspecto muy importante: tres de los países que suscriben el Acuerdo Marco, Francia, EE UU y Gran Bretaña son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y pueden ejercer su derecho de veto. Rusia, que también es miembro permanente del Consejo de Seguridad, se decanta hacia la partición del territorio. Luego, unos actores adquieren mayor protagonismo que otros; si queremos, ostentan un mayor grado de poder —entendido éste como la capacidad de influir en las decisiones y actuaciones del otro—, por lo que cabe contemplar que las resoluciones que adopte la ONU puedan ser reconducidas y reorientadas hacia los intereses de estos países. En otras palabras, el juego de los pesos y contrapesos puede inclinar la balanza de un lado u otro.

PAPEL DEL ESTADO ESPAÑOL. ¿Qué papel juega España en todo este entramado? Desde 1976 sostiene la necesidad del respeto a los compromisos adquiridos en el marco de Naciones Unidas, contemplando, si las partes no llegan a un acuerdo, la posibilidad de que la ONU vuelva a considerar el proyecto de referéndum de autodeterminación o Plan de Paz de 1991.
Los acontecimientos del 2002 han vuelto a sacar a la palestra pública el asunto del Sáhara Occidental, afirmando el Gobierno español su posición al respecto. Nos estamos refiriendo al enrarecimiento de las relaciones político-diplomáticas con Marruecos (fracaso de la negociación pesquera entre Rabat y la Unión Europea, inmigración irregular, reivindicación de Ceuta y Melilla por parte de Mohamed VI... y crisis de Perejil, con la retirada del embajador español en Rabat, que había sido precedida de la retirada del embajador marroquí en Madrid). Este último suceso fue interpretado como una medida de presión por parte de Marruecos sobre la situación del Sáhara Occidental, cuestión a la que hay que añadir los otros contenciosos pendientes entre ambos países, entre los que cobran una creciente importancia las prospecciones petrolíferas en el Sáhara Occidental y en el entorno marítimo de Canarias.
Tras este período crítico en sus relaciones con el país vecino, España ha intentado reanudarlas, con menor o mayor acierto. Finalmente, parece que dichas relaciones van a recuperar su normalidad, tras la reunión sostenida en el Palacio de Santa Cruz entre los ministros de Asuntos Exteriores de España y de Marruecos el pasado mes de diciembre. Esta situación no se puede prolongar indefinidamente, si tenemos en cuenta que España es el segundo socio comercial de Marruecos y el cuarto emisor de inversión directa hacia ese país; a su vez, Marruecos es el vigésimo socio comercial de España —a la altura de algunos países latinoamericanos —, a lo que hay que sumar las diversas ayudas oficiales que nuestro país le ha concedido en forma de cooperación para el desarrollo9. Del otro lado, el pueblo saharaui también ha recibido ayudas tanto por parte del Gobierno español como a través de la cooperación no gubernamental. Dentro de las ayudas oficiales10 destacan las procedentes de las unidades subestatales (Comunidades Autónomas, Cabildos, Ayuntamientos), a lo que cabe añadir el apoyo por parte de diversas asociaciones y ONGs y la simpatía de la población en general con la causa saharaui, que tiene en nuestras Islas un peso importante, manifestándose en forma de apoyos materiales —recursos económicos, acogida de niños saharauis...—, pero también simbólicos: movilizaciones, consultas populares y votaciones simbólicas por el respeto a la autodeterminación.
A estas cuestiones hay que añadir un hecho reciente. La entrada de España como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU en enero del 2003 puede incentivar, en el mejor de los casos, una mayor implicación de nuestro Gobierno, pues no olvidemos que España tiene una responsabilidad moral e internacional en la resolución del conflicto.

LA TERCERA VÍA. Alejándonos un poco de esta postura oficial cabe preguntarse por dónde se mueve el debate actual y cuáles son las alternativas y propuestas consideradas. Desde el pasado verano se reivindica, desde algunos sectores de expertos e intelectuales, incluso desde algunos partidos políticos como el PSOE, la alternativa conocida como “la tercera vía”, que está contenida en el Plan Baker. Se trata de uno de los caminos propuestos como solución al contencioso del Sáhara y contempla la posibilidad de conceder al pueblo saharaui una “autonomía amplia”11. El punto de partida de esta propuesta es la imposibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación, de ahí que la solución pase por la integración del Sáhara Occidental en Marruecos, con una autonomía que implicaría que las políticas fiscales, la defensa, la policía, la representación exterior... quedarían en manos del Reino Alauí. Se impulsaría, además, el retorno de los refugiados para que el pueblo saharaui pudiese celebrar unas elecciones autonómicas y, pasados cinco años, se celebraría un referéndum para decidir el futuro de este pueblo. Un futuro hipotecado, si tenemos en cuenta que un número importante de los votantes serían colonos marroquíes12.
Estas tesis son defendidas por Marruecos y han encontrado un amplio espacio en algunos sectores de expertos e intelectuales. Incluso en España, la oposición política se ha pronunciado favorablemente al respecto, abogando por una evolución en la postura española con el objetivo de desatascar la situación actual. El secretario general del PSOE afirmaba en unas declaraciones concedidas a un periódico nacional la necesidad “[...] de un acuerdo que garantice la estabilidad de Marruecos ya que, por encima de la solidaridad con el pueblo saharaui está la racionalidad política [...]”13. Este punto resulta llamativo si tenemos en cuenta que en España los primeros movimientos de solidaridad y apoyo a la causa saharaui surgieron precisamente desde los sectores progresistas y de la izquierda española. Sin embargo, los procesos de institucionalización que sufren muchos de estos movimientos y sobre todo su integración en el sistema y transformación en fuerzas políticas contribuyen a que se imponga, precisamente, esa racionalidad ante otro tipo de cuestiones de carácter más ideológico.
Pero no sólo algunos sectores de la izquierda han realizado un viraje en sus posturas, también lo ha hecho la derecha, que empieza a involucrarse en el tema a partir de la transición, movida también fundamentalmente por una lógica racional: apoyo al Sáhara Occidental para contrarrestar los deseos expansionistas de Marruecos.
Por parte de algunos intelectuales la propuesta de “la tercera vía” se reivindica con el argumento de que es una solución real y pragmática a un conflicto que se prolonga ya desde hace más de treinta años, frente a lo que denominan como las “aspiraciones idealistas”del pueblo saharaui14. Sin embargo, más que solución se trataría de un arreglo, en la medida en que, si lo analizamos, vemos que se limita a actuar sobre los síntomas del conflicto y no profundiza en otros aspectos estructurales. Si no se analizan y se consideran esas causas estructurales es muy difícil su resolución. De ahí que se requiera una mejora de las condiciones que suscitaron el conflicto, pero sobre todo el restablecimiento de la confianza entre los contendientes, tender puentes de entendimiento entre las partes, lo cual es una cuestión laboriosa si tenemos en cuenta la actitud del Gobierno de Marruecos cuyo rey, en un discurso que conmemoraba el 27º aniversario de la Marcha Verde afirmó que la propuesta que defiende la celebración del referéndum en el Sáhara occidental es un plan “’obsoleto” e “inaplicable” y que la autonomía “está valiendo [a Marruecos] una adhesión creciente de la comunidad internacional a nuestra posición pertinente tendente a encontrar una solución política a ese conflicto artificial suscitado a propósito de la recuperación de nuestro Sáhara”15.
Por otra parte, hay que tener en consideración la posición de un sector del Frente Polisario que, como ya hemos dicho, se plantea la vuelta a la lucha armada.

FRENTE A IMPOSICIÓN, CONSENSO. La reanudación del conflicto implicaría muchos costes a ambos actores, si tenemos en cuenta algunos aspectos de la situación actual: un proceso de democratización que no termina de concretarse en Marruecos y el desgaste y cansancio que empiezan a calar en el pueblo saharaui tras tres décadas de negociaciones, hasta ahora infructuosas. El siguiente punto relevante sería abordar directamente las causas estructurales del conflicto, con el fin de superarlas y poder llegar a una paz estable y duradera. En el caso del Sáhara Occidental existe una cuestión fundamental que atañe a ambos puntos: una mejora de los derechos humanos y, en especial, de la situación de los refugiados saharauis, incentivando el retorno de la población que vive en el exilio. A esta cuestión cabe añadir la promoción de un desarrollo integral en donde se conjugue el bienestar material y el social. Y todo esto porque, según un clásico en la materia, la paz no es la mera ausencia de g u e r r a , sino la ausencia de toda violencia, tanto física como estructural.
Precisamente la implantación de “la tercera vía” sólo puede hacerse desde una violencia, que no es física, pero que se traduce en imposición, en la medida en que el otro actor implicado ya ha mostrado en repetidas ocasiones su rechazo a esta propuesta. Frente a la imposición debe potenciarse una lógica del consenso, del acuerdo y del diálogo entre las partes sin que ello suponga la rendición de la más débil.

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(1) “Naciones Unidas prorroga su misión en el Sáhara seis meses más”, El País Digital , 31 de julio de 2002.
(2) “Kofi Annan propone la partición definitiva del Sáhara para poner fin al conflicto”, El País, 21 de febrero de 2001, p. 6.
(3) Paul Balta: El Gran Magreb. Desde la independencia hasta el año 2000. Madrid: Siglo XXI, 1994, pp. 147-171.
(4) Ampliar porque paralelamente han tenido lugar una serie de contactos diplomáticos entre los responsables de los diferentes países.
(5) Haizam Amira Fernández: “El Sáhara Occidental”, Papeles de cuestiones Internacionales, núm. 68, 1999, pp. 57-73.
(6) Alberto Piris: “Timo en el Sáhara”, http://www.rebelion.org/internacional/ sahara080701.htm
(7) Entrevista concedida por Emhamed Khadad, coordinador del Polisario ante la misión de la ONU a Afrol News, el 25-06- 02, http://www.rebelion.org/internacional/ sahara250602.htm
(8) “Butelifka se alinea con las tesis de España para resolver el conflicto del Sáhara”, La Razón Digital, Nacional, http://www.nodo50.org/ labarored/interpueblos/Sahara/noticias/s41- 02.htm
(9) José A. Herce y Simón Sosvilla Rivero: “Mientras el Estrecho les separe”, El País, 27 septiembre de 2002, p. 6.
(10) No olvidemos que estas ayudas pueden interpretarse también desde su instrumentalidad política: potenciar un contexto internacional más estable, pacífico y seguro.
(11) Stephen Smith: “El Estado del mundo”, Anuario Geopolítico Mundial 2002. Madrid: Akal, 2001, p. 111.
(12) Cristóbal Ramírez: “La cuestión del Sáhara”, Política Exterior, núm. 88, pp. 143-153.
(13) “Ana Palacio acude a Rabat con instrucciones de no ceder a la presión marroquí en el Sáhara”, El Mundo, 22 julio de 2002, p. 6.
(14) Véase los siguientes artículos: Jordi Solé Tura, “El Frente Polisario, entre Marruecos y Argelia”, El País, 29 julio de 2002; Mario Vargas Llosa, “Lo justo y lo posible”, El País, 4 de agosto de 2002, y la respuesta de Ahmed Bujari, “Ni posible ni justo”, El País, 10 de agosto de 2002.
(15) “El rey de Marruecos sostiene que la ONU le apoya en el Sáhara”, El País, 7 noviembre de 2002.