Emilio García
Zapata vive, la lucha sigue...
En un campo que resiste
(ALAI, junio 2014).
El retorno del PRI al gobierno mexicano re- presenta el relanzamiento del modelo eco- nómico neoliberal con las mismas recetas privatizadoras de los años ochenta, solo que con dosis mayores ante el desastre económico y social heredado por los sexenios panistas, que no pudieron llevar a cabo los cambios estructurales regresivos que tanto deseaban. En efecto, el gobierno de Peña Nieto, para tranquilizar al enfermo, puso en marcha programas asistenciales, como la Cruzada contra el Hambre (mala copia de Hambre Cero de Lula en Brasil), al tiempo que impone reformas estructurales regresivas para modernizar la educación, las finanzas, las comunicaciones, la extracción y procesamiento de hidrocarburos y la explotación de recursos naturales en general.
Con medidas más agresivas –antipopulares, pero eficaces–, como las reformas constitucionales para abrir las puertas al gran capital y entregar la renta petrolera a las transnacionales, ahora se da continuidad al sueño primer- mundista de Salinas de Gortari, quien hace dos décadas clausuró la reforma agraria, privatizó la mayor parte de empresas paraestatales y proclamó la entrada de México al mundo del libre comercio.
Hace veinte años el sector agrícola sufrió el más fuerte castigo de las políticas neoliberales. La imposición del Tratado Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue un ataque artero y perverso del salinismo contra millones de pequeños productores agropecuarios, que fueron impotentes ante el desmantela- miento de la agricultura familiar, la infraestructura rural y los mercados locales.
Una vez echado a andar el TLCAN, el gobierno mexicano se negó sistemáticamente a gestionar ante Estados Unidos y Canadá la revisión del capítulo agropecuario de ese tratado y que se sacara del mismo al maíz por tratarse de un alimento básico para el pueblo mexicano. Justo en el momento en que entró en vigor el tratado, el 1o de enero de 1994, se produjo el levantamiento indígena del EZLN en los Altos de Chiapas. Pese a la gran movilización que generó a nivel nacional e internacional, el gobierno solo atendió algunas de las demandas de los zapatistas, pero sobre el TLCAN nada se tocó. Haciendo oídos sordos al reclamo de miles de campesinos en las calles, los presidentes Zedillo y Fox prefirieron sacrificar al sector social y a los pequeños productores agropecuarios, antes que afectar parte de las ganancias de las grandes corporaciones nacionales y transnacionales.
En 2003, el Movimiento el Campo no Aguanta Más movilizó a cientos de miles de campesinos que salieron a las calles y tomaron carreteras, logrando la firma presidencial de un Acuerdo Nacional para el Campo que no fue cumplido por el gobierno.
Deficiencias alimentarias
A la fecha, nada ha cambiado en las políticas gubernamentales; el campo sigue en estado coma, con la soberanía alimentaria perdida y con una dependencia del exterior cercana al 50 por ciento; con una crisis alimentaria que afecta a 28 millones de mexicanos, que no se 21 resolverá con una Cruzada Contra el Hambre, basada en el asistencialismo y el clientelismo político. Revertir la dependencia alimentaria actual requiere un modelo de desarrollo que privilegie la producción nacional de alimentos, y no de dinero, como lo hacen los grandes monopolios agroalimentarios.
Hace tres décadas éramos autosuficientes y exportadores de granos, pero con el desmantelamiento de la agricultura campesina, la desintegración de cadenas productivas y del pequeño comercio, actualmente dependemos del exterior en un 95% de soya, 60% de arroz, 49% de trigo y en más de un tercio del maíz que consumimos. La competencia desigual y los precios de dumping de las transnacionales de EEUU y Canadá han derrumbado los precios de nuestros productos básicos, como el maíz y el frijol. Esto no beneficia ni a los productores ni a los consumidores, pues con el encarecimiento de los insumos agropecuarios, es inviable para los pequeños agricultores la producción de alimentos básicos y los precios para los consumidores están a merced del intermediarismo y la especulación de las gran- des cadenas comerciales.
El costo de la canasta básica de los mexica- nos se incrementó desde que entró en vigor el TLCAN en más de 250 %, por lo que a millones de campesinos y sus familias no les queda otra opción más que consumir alimentos chatarra, que han incrementado la obesidad y enfermedades como la diabetes y males cardiacos. El encarecimiento de la canasta básica no es correlativo al aumento del ingreso de los consumidores, más bien es reflejo de una grave pérdida del poder adquisitivo, del crecimiento y feminización de la pobreza y el desempleo en el campo. Hoy los mexicanos consumimos menos tortillas, menos frijol y, por supuesto, menos cárnicos y lácteos.
El frijol y el maíz han sido la base de nuestra cultura alimentaria. Por eso es preocupante que si en 1980, los mexicanos consumíamos 18 kilos de frijol per cápita al año (12% de la energía y 11% de las proteínas), hoy cada persona consume al año sólo 10 kilos de la leguminosa y obtiene de ella menos de 7% de su energía y 6% de proteínas. Informaciones periodísticas recientes señalan que México es el segundo país en América Latina que más redujo el área para cultivar maíz y el último en el porcentaje de abatimiento de la pobreza.
La disminución del consumo de frijol, tortillas, frutas y hortalizas puede traer graves consecuencias en el desarrollo físico y mental de varias generaciones. La alimentación tiene una relación directa con el aprendizaje; al respecto, investigadores en materia alimenta- ria sostienen que el 80 por ciento de los resultados del aprendizaje, corresponden a las condiciones de vida de las familias, es decir, que las condiciones del fracaso escolar son, en alto porcentaje, resultado de las condiciones sociales y económicas de las familias.
A la falta de empleos y el déficit alimentario hay que agregar el déficit educativo y la inseguridad Estos son los aspectos, para los que la Cruzada contra el Hambre no plantea alternativas. Para el impulso de la producción de alimentos básicos, sólo se cuenta con los programas que han venido operando en la última década, con exiguos recursos, con reglas de operación excluyentes y corruptelas en su aplicación. Con estos programas es imposible frenar el flujo migratorio del campo a la ciudad y al extranjero, la feminización del campo y la pobreza, la proliferación de actos delictivos, así como el reclutamiento de jóvenes desempleados y sin futuro por la delincuencia organizada.
Para frenar el creciente descontento y la movilización social, el Estado mexicano aplica diversos mecanismos de cooptación y de mediatización de las organizaciones campesinas. Aun los partidos políticos que se asumen de izquierda, contribuyen al diseño y aplicación de programas asistenciales domesticadores de expresiones radicales de movimientos socia- les. Lo que se busca es mantener la inercia ideológica, hacer que las organizaciones se conviertan en colaboradoras de la burocracia a cambio de prebendas o proyectos que fortalecen poderes fácticos.
Cuando la cooptación no es posible, se aplica el recurso terso de la exclusión y el recurso violento de la represión, como ya ha sucedido en estados como Oaxaca, Chiapas, Campeche, Guerrero y otras entidades, donde han sido asesinados varios dirigentes campesinos e indígenas.
El movimiento campesino
A una década de las jornadas del Movimiento El Campo no Aguanta más, las organizaciones campesinas mexicanas muestran dispersión y pocas acciones conjuntas. Existen actualmente cuatro bloques: el Congreso Agrario Permanente (CAP), Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Frente Auténtico del Campo (FAC) y fuera de estos la UNORCA y El Barzón. Las organizaciones del Frente Auténtico del Campo (CNPA, CIOAC, UNTA y CODUC), junto con el Barzón y el FDC en Chihuahua, han realizado bloqueos de puentes internacionales y carreteras, mar- chas en la ciudad de México en homenaje a Zapata y tomas de oficinas de dependencias federales.
La última semana de mayo, el grupo Carnaval del Maíz y la Campaña sin Maíz no hay País, realizaron una marcha en la ciudad de México contra la entrada al país de semillas transgénicas. Estas mismas redes lograron, a través de una demanda colectiva, la suspensión de permisos por parte de la SAGARPA y SEMARNAT para la siembra experimental y comercial de maíces transgénicos. Por su parte, las organizaciones campesinas del FAC, los días 27 y 28 de mayo, realizaron una marcha y plantón de unos 10 mil campesinos frente a las Secretarías de Gobernación, SAGARPA, SEDESOL y Economía. En dicha movilización manifestaron su rechazo a la reforma del campo que pretende imponer el gobierno de Peña Nieto; exigieron que en la agenda de los foros se incluyan temas sobre la agricultura campesina sustentable, la defensa de las semillas nativas y prohibición de la distribución y uso de semillas transgénicas. Propusieron la realización de foros alternativos, ante la evidencia que con los foros oficiales se trata de legitimar lo que ya está decidido por el gobierno y la oligarquía.
La tan publicitada reforma del campo trata de quitar lo que todavía estorba para la privatización de la tierra, es decir la propiedad social que representan ejidos y comunidades agrarias. La reforma al Artículo 27 Constitucional de 1992 no fue suficiente para abrir al merca- do nacional e internacional los 100 millones hectáreas en manos de campesinos e indígenas. Por ello, una vez entronizada en todos los poderes y niveles de gobierno la élite del sector privado, se buscarán todos los medios para completar esa tarea tan esperada por los agronegocios nacionales y extranjeros.
En los próximos días el Congreso discutirá las leyes secundarias para la reforma energética, que, sin duda, se aprobarán en medio de movilizaciones de trabajadores, estudiantes, maestros y campesinos, pero sin que el PRI- gobierno detenga su marcha hacia la entrega del país y su riqueza al capital privado.
La agenda de los movimientos sociales priori- za la lucha por la soberanía alimentaria, por el derecho a la alimentación, por la defensa de los recursos naturales, la defensa de la agricultura campesina, la tierra y el agua; la defensa de nuestras semillas nativas, la democracia y la seguridad.
Parte importante de la defensa de la agricultura campesina es la lucha por el fomento de la producción agroecológica, la defensa del medio ambiente y los derechos de la Madre Tierra. En el aspecto educativo y formativo se han creado escuelas y centros de capacitación, universidades campesinas y redes de productores ecológicos con sus propios mercados locales.
Y como un nuevo esfuerzo unitario del movimiento campesino, varias organizaciones, como la CNPA, CIOAC, CODUC, UNTA, El Barzón y el Frente Democrático Campesino de Chihuahua, están convocando a la Toma de Zacatecas para el 23 de junio, cuando se cumplirán cien años desde que las tropas del general revolucionario Francisco Villa derrotaron a las fuerzas del usurpador Victoriano Huerta, en 1914. En esta movilización nacional participarán organizaciones campesinas del sur y sureste del país para unir simbólicamente al zapatismo con el villismo. Posteriormente, en diciembre, estas mismas organizaciones tienen proyectado tomar simbólicamente la ciudad de México, tal como lo hicieran las tropas de Villa y Zapata hace cien años.
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Emilio García es Director de la Universidad Campesina del Sur y miembro del Consejo Consultivo de la CNPA.