Empar Pineda
La ley Gallardón de aborto
(Página Abierta, 300, enero-febrero de 2014).

Después de llevar más de un año anunciándolo, por fin el 20 de diciembre el ministro Gallardón llevó al Consejo de Ministros, que la aprobó, su tan cacareada propuesta de ley de aborto. El título elegido es en sí mismo toda una declaración de intenciones: Ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.

La polvareda levantada desde entonces en contra de dicho proyecto de ley ha sido enorme. Asociaciones, plataformas y demás espacios feministas manifestaron inmediatamente su rechazo, catalogándolo como una vuelta al pasado y un atentado a la libertad y la autonomía de las mujeres, consideradas como eternas menores de edad necesitadas siempre de tutela. Este rechazo ha sido tan generalizado que partidos, sindicatos y todo tipo de organizaciones sociales expresaron su total repudio al texto.

Los motivos de un rechazo tan general han sido bastante unánimes: no hay una demanda social que justifique modificar la legalidad vigente; la propuesta es una vuelta tan atrás que nos devuelve al pasado negador del derecho de las mujeres; vuelve la inseguridad jurídica para los profesionales que realicen los abortos legales amenazados con la cárcel y la inhabilitación profesional, etc. Pero con lo que no contaba el Gobierno era con que la protesta se diera también en sus propias filas. Además de Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, o la diputada Celia Villalobos, barones de distintos puestos institucionales, como Ayuntamientos, etc., manifestaron públicamente su desacuerdo por distintos motivos. La traca final vino de la mano de los presidentes de las comunidades autónomas de Galicia, Extremadura y Castilla-León (*), quienes tampoco tuvieron reparo en hacerlo públicamente.

Las declaraciones que venía haciendo el titular de Justicia desde hacía más de un año fueron avanzando las posiciones no sólo suyas, sino de Rajoy (por más que ahora quiera imputarle a Gallardón la total responsabilidad del proyecto de ley), también de los sectores más a la derecha del propio PP, de la Conferencia Episcopal con Rouco a la cabeza y ¡cómo no! de las mal llamadas asociaciones provida. Dichas declaraciones fueron dibujando el contenido de su ley: se volvía a la consideración del aborto como un delito que quedaría despenalizado en algunos casos o supuestos, entre los que no estaría la malformación fetal para poder abortar. Esto último cayó como un jarro de agua  helada a la mayoría social y especialmente a las mujeres, que se imaginan lo que significa llevar adelante un embarazo de un feto malformado.

Una vez conocido el texto aprobado en el Consejo de Ministros del 20 de diciembre, al rechazo señalado más arriba se añadieron el de una serie de comunicados de diversas asociaciones científicas relacionadas con estas cuestiones. Así, la de especialistas en diagnóstico prenatal o la del Grupo de Género de la sección de Derechos Humanos de la Asociación Española del Neuropsiquiatría (AEN), entre otras.

Las posiciones del Gobierno dadas a conocer primero por las declaraciones del ministro Gallardón y más recientemente por el proyecto de ley reflejan las ideas más retrógradas hacia las mujeres. Como en el nacional-catolicismo del franquismo, se impone a toda la ciudadanía una moral religiosa concreta, la de la Iglesia católica. Así, en nuestra sociedad, la vida de las mujeres tiene como finalidad la de ser madres. Además se las considera incapaces de tomar decisiones por sí mismas, estando siempre necesitadas de protección, de tutela, de ayuda, etc., para poder decidir sobre su maternidad. Se les roba así, descaradamente, algo tan elemental como el derecho a decidir sobre un asunto en el que ellas tienen la palabra fundamental, esencial. En la ley Gallardón la autonomía de las mujeres desaparece borrada de un plumazo, quedando éstas al albur de lo que otros decidan por ellas.

El falso consenso en torno a la ley de 1985

Estos días, a los populares se les llena la boca pregonando que la ley Aído rompió el consenso alcanzado con la despenalización parcial propuesta por el Gobierno de Felipe González y aprobada en 1983. O padecen una amnesia total sobre este asunto o piensan que somos tontos y que nos pueden engañar haciéndonos creer lo que no ocurrió. Vamos, que de consenso nada.

Refresquemos un poco la memoria: nada más aprobarse en el Parlamento en 1983 la susodicha despenalización parcial, Alianza Popular, matriz del Partido Popular, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En aquella época la presentación de este tipo de recursos llevaba aparejada la suspensión de la aplicación de esa ley hasta que no se conociera el pronunciamiento del tribunal. Este se pronunció en 1985 y declaró constitucional la ley, con algunas correcciones. ¿Dónde queda el tan cacareado consenso, señores del Partido Popular? Una gran mentira de nuevo a las que ya nos tiene acostumbrados el PP. En cualquiera de los casos, para lo que le están sirviendo estas falsedades es para justificar su vuelta atrás, para negar el aborto como un derecho de las mujeres y para seguir considerándolo un delito como en el 85, reduciendo, además, los supuestos a dos.

¿Cuándo y cómo se podrá abortar?

Lo que pretende el Gobierno es poner todo tipo de trabas y dificultades, mucho mayores que en aquella despenalizacion de 1985. Las mujeres sólo podrán abortar en dos casos: por violación y cuando peligre su vida o su salud. En el primer supuesto la violación tendrá que ser previamente denunciada y podrán abortar hasta las 12 semanas. Cuando peligre su vida tendrán que ser dos médicos los que lo confirmen, y si se trata de su salud, tanto física como psíquica, igualmente dos especialistas tendrán que certificarlo. En concreto, para acogerse a la salud psíquica, los dos psiquiatras tendrán que diagnosticar una enfermedad mental en el momento y que sea duradera (algo que ningún profesional de la psiquiatría que se precie puede certificar). Las mujeres que aborten por este supuesto serán consideradas enfermas mentales por largo tiempo, algo que puede volverse en su contra, por ejemplo, en caso de divorcio, para que se les asigne la custodia de los hijos.

El mecanismo que establece el proyecto de ley es tan complicado que se alargarán las semanas hasta que se pueda abortar e incluso se puede llegar a sobrepasar los límites marcados. En primer lugar, una mujer que quiera abortar tiene que recibir información en un centro público (podría ser en su centro de salud o en los servicios sociales y que fuera la trabajadora social quien le informe). Otra cosa es que puedan, por lo debilitados que están esos servicios con los recortes gubernamentales. Una vez informada, deberá recibir un asesoramiento personal, individualizado y verbal en un centro (que podrá ser público o privado). En estos primeros pasos le comunicarán tanto las repercusiones que podrá tener la realización del aborto para futuros embarazos, así como las ayudas de todo tipo con las que contará si lleva adelante éste y se le informará de que «el no nacido es un bien jurídico protegido por la Constitución». Cumplidos los requisitos de recibir la información y el asesoramiento personalizado y verbal, la mujer deberá esperar ¡siete días! en los que reflexionará sobre todo ello.

Si persiste en su decisión de interrumpir su embarazo, los siguientes pasos son: si se acoge al supuesto de violación, tendrá que denunciarlo ante un juzgado y dirigirse después a una clínica privada. En el caso de peligro para su vida necesitará dos certificados médicos que lo acrediten. Ninguno de estos médicos deberá estar trabajando en la clínica en la que se le va a practicar el aborto. Y,  finalmente, si la embarazada se acoge al supuesto de salud física o psíquica, igualmente deberán ser dos facultativos de la especialidad correspondiente quienes extiendan los certificados acreditativos de la enfermedad que padece. Como en el caso anterior, ninguno de ellos podrá estar trabajando en la clínica en la que la mujer haya elegido para abortar.

Por si fuera poco todo lo anterior, el anteproyecto de ley le plantea a la embarazada que quiera abortar una nueva dificultad: las clínicas autorizadas para realizar abortos no podrán hacer publicidad de los servicios que ofrecen. ¡Y como la sanidad pública seguirá sin hacer abortos (a pesar de que la prestación se mantiene en su cartera de servicios) la búsqueda de las clínicas no será tan fácil como ahora!

Otro asunto de interés es ¿cómo se resolverá la ubicación y la entidad que se encargue del asesoramiento exigido? Ante la saturación de los escasos recursos públicos, Gallardón ya ha adelantado que se podrán tener en cuenta para estos asuntos a colaboradores del sistema público. No hace falta ser muy perspicaz para imaginarse a las asociaciones antiabortistas, también llamadas antielección, colaborando con el sistema público...
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(*)Como es el caso de la alcaldesa de Zamora y vicesecretaria de Acción Política del PP de Castilla y León, Rosa Valdeón, quien explica sus discrepancias con la reforma de la ley de aborto en una interesante entrevista publicada por F. Ramos en El Mundo-Diario de Valladolid el pasado 27 de diciembre (N. de la R.).

El futuro del anteproyecto de ley

El ministro de Justicia, en su afán de seguir dando carnaza  a sus amigos ultramontanos, no deja de insistir en que el actual anteproyecto prácticamente será semejante al que lleven al Congreso de los Diputados. Aunque con la repulsa social que ha despertado, las críticas que le llegan desde su propio partido, desde las sociedades científicas, de personalidades de la vida pública y social, de las movilizaciones que se anuncian, como la del día 1 de febrero, con la llegada a Madrid de los trenes de la libertad llenos de mujeres de todo el país para hacer entrega en el Congreso de los Diputados de su repudio de la ley que nos quieren imponer, de las movilizaciones que han tenido lugar en París y Toulouse, de las iniciativas parlamentarias de la oposición en nuestro país... –y las movilizaciones no han hecho más que empezar–, con todo ello, ¿seguirá el Gobierno enrocado o suavizará un poco “su ley”?

Aún quedan meses por delante antes de que el proyecto llegue al Congreso de los Diputados. Después de los preceptivos informes del Consejo de Estado y del Poder Jucidial, volverá al Consejo de Ministros, el cual lo enviará al Parlamento para seguir el camino de las demás leyes. ¡Ojalá que nunca nazca esta non nata ley de aborto!