Francisco Castejón
El ATC no es una serpiente de verano
(Página Abierta, 175, noviembre de 2006)
Es un lugar común de dudosa validez en la actualidad que los veranos suelen estar faltos de noticias. Los medios de comunicación han llegado a prestar atención a noticias de dudosa credibilidad, o incluso a inventarlas, para llenar sus páginas y mantener su audiencia. Es a lo que se llama serpientes de verano. Este verano, una de las noticias que ha aparecido en nuestros periódicos y telediarios es la búsqueda de un emplazamiento, en alguno de los municipios españoles, para la instalación de un cementerio nuclear donde se almacenen de forma temporal los residuos de alta actividad procedentes de todas las centrales nucleares españolas, lo que se conoce como Almacén Transitorio Centralizado (ATC). Se trata de una noticia de suficiente importancia y con repercusiones sociales y políticas.
El irresoluble problema de los residuos de alta actividad
La producción de residuos radiactivos, en especial los de alta actividad, es uno de los motivos fundamentales de oposición a la energía nuclear. Los residuos de alta son radiactivos durante cientos de miles de años y todavía no se ha encontrado una forma de gestión satisfactoria, a pesar de los más de cincuenta años de existencia de la energía nuclear. Una central de 1.000 megavatios (la potencia habitual de las plantas modernas) viene a producir al año entre 25 y 30 toneladas de residuos de alta, constituidos por el combustible nuclear gastado. Ésta es una prueba más de que la tecnología de las centrales nucleares es inmadura y no tiene resueltos sus problemas técnicos, en especial el de la seguridad y el de la generación de residuos. Los sistemas habituales de evaluación de la seguridad nuclear, los llamados Análisis Probabilísticos de Seguridad (APS), no funcionan para analizar la seguridad y los riesgos de las instalaciones como las que habría que poner en funcionamiento para la gestión de los residuos durante cientos de miles de años, puesto que es imposible calcular las probabilidades de que ocurran ciertos sucesos a tan largo plazo. Esto explica el desconcierto que cunde entre los técnicos nucleares sobre qué hacer con estas peligrosas sustancias.
Tras muchas discusiones, quedan en consideración cuatro opciones para la gestión de los residuos de alta. En el camino se han ido desechando las soluciones inverosímiles como enviar los residuos al Sol, depositarlos en la Antártida, arrojarlos al mar o depositarlos en las zonas de subducción. Tampoco parece sensato exportar los residuos a otros países, especialmente los del Tercer Mundo, bastante castigados. Las cuatro opciones propuestas tienen graves inconvenientes y resultan, por tanto, insatisfactorias:
Transmutación: consiste en bombardear los residuos con partículas subatómicas para eliminar su radiotoxicidad. De momento sólo se contempla como método de transmutación la fisión de las sustancias cuya radiactividad es más duradera, los llamados actínidos menores, mediante el bombardeo con neutrones. Este sistema no es más que la utilización de las mismas reacciones nucleares en que se basan las actuales centrales, pero de una forma no convencional. Por tanto, compartiría algunos de los inconvenientes de las actuales centrales nucleares, como la generación de los llamados productos de la fisión, más tóxicos pero de vida más corta (1.000-5.000 años), o el riesgo de accidentes.
La transmutación aún no funciona, pero además no eliminaría todos los residuos de larga vida (quedarían, en el mejor de los casos, un pequeño tanto por ciento sin quemar), supondría el aumento de la radiotoxicidad del combustible gastado y obligaría a construir un número de reactores de fisión equivalente a un quinto de los reactores que generaron los residuos. Además, las técnicas empleadas permitirían la proliferación nuclear, pues la tecnología que utilizan puede ser usada en la fabricación de bombas nucleares, y obligan a desarrollar sistemas auxiliares, como el de separación isotópica, que implican una gran complejidad tecnológica y un fuerte impacto ambiental.
Almacenamiento Geológico Profundo (AGP): este sistema consiste en enterrar los residuos en galerías excavadas en formaciones geológicas, lo más estables posible, entre 500 y 1.000 metros de profundidad. Se trabaja con sales, granitos y arcillas, cada tipo de formación con sus ventajas e inconvenientes, aunque en España se ha investigado sobre todo con granitos. En conjunto, este método tiene la ventaja de que hace muy difícil la intrusión humana, pero posee el gran inconveniente de que no se puede garantizar la estabilidad de las formaciones geológicas durante el tiempo suficiente, especialmente en lo que se refiere a la hidrogeología, que puede cambiar cada 10.000 o 15.000 años. Otro inconveniente es la necesidad de transportar los residuos desde las centrales al emplazamiento mediante vehículos especiales que deben mover contenedores que pesan más de 120 toneladas. El AGP debería, para la industria nuclear, ser la solución definitiva, pero existe la experiencia previa del almacenamiento piloto construido en Yucca Mountain, en EE UU, que ha sido ruinosa.
Almacén Transitorio Centralizado (ATC): se trata de un almacén en seco (1) y en superficie, donde se depositarían los residuos procedentes de todas las centrales durante un tiempo que oscila entre 70 y 100 años, pasados los cuales habría que pensar en otra forma de gestión. La ventaja del ATC es que los residuos están accesibles y se puede intervenir sobre los contenedores en caso de que se rompa alguno. La principal desventaja es la posibilidad de intrusión humana, especialmente en un mundo cada vez más inseguro y con la amenaza del terrorismo islámico de nuevo cuño (o con las amenazas que en el futuro puedan surgir). Otra desventaja es la necesidad de transportes desde las centrales al emplazamiento, al igual que el AGP. Además supone cargar a una zona del territorio con los residuos producidos en otras zonas. Finalmente, como todos los almacenes temporales, ofrece el severo inconveniente de que nadie puede decir qué se hará de los residuos tras los 70 años de vida del ATC. Se trata de aplazar el problema para que lo resuelvan, si pueden, las generaciones venideras.
Almacenes Transitorios Individuales (ATI): son almacenes en superficie y en seco cercanos a cada central nuclear. Su principal inconveniente es la vulnerabilidad ante la intrusión humana, incrementada por el hecho de que hay que construir varios almacenes, uno por emplazamiento nuclear. Presenta este método de gestión la ventaja sobre el ATC de que se eliminan los transportes y de que es menos injusto que un almacén centralizado, porque cada pueblo soporta los residuos generados por su propia central. La mayor vulnerabilidad es un hecho que debe tenerse en cuenta cuidadosamente y, una vez que se acabe la insensatez de la experiencia nuclear, tendríamos todavía instalaciones nucleares desperdigadas por el territorio si se adoptara la decisión de los ATI.
Como se ve, no es fácil decidirse por ninguno de estos métodos de gestión. Además de los riesgos evidentes, un cementerio nuclear de cualquier tipo implica la hipoteca del futuro del pueblo donde se instale, puesto que expulsa las otras actividades económicas y supone la construcción de infraestructuras para el transporte de los pesados contenedores de residuos.
La posición ecologista ante los residuos de alta actividad
Dado que no existe solución satisfactoria, lo más sensato sería dejar de producir estas sustancias, con lo que se reduciría así el problema a su mínima expresión. La posición de Ecologistas en Acción a este respecto es «la oposición a toda forma de gestión de los residuos de alta en tanto no se establezca un calendario de cierre admisible de todas las centrales nucleares, sin optar por forma alguna de gestión. Una vez que se establezca el cierre de las centrales, se debe abrir un gran debate social y político que conduzca a una decisión sobre la forma de gestión menos mala». Ésta se ha demostrado como una postura muy sensata, a pesar de parecer a primera vista lo contrario. Por una vez, resulta acertado no dar alternativas. Por cierto, que esta posición ha conocido ya una excepción en el caso del cierre, en abril de 2006, de la pequeña y peligrosa central de Zorita (Guadalajara): el ecologismo no se opone a la construcción de un ATI para Zorita, que se acometerá en los próximos años, con el fin de que se pueda proceder al desmantelamiento de la central. Al fin y al cabo es menos peligroso un ATI que una central en funcionamiento, especialmente en el estado en que se encuentra Zorita.
Greenpeace, por su parte, mantiene una posición distinta a la de Ecologistas en Acción. Sostiene que, tras el establecimiento de un calendario de cierre de las nucleares, que pone como condición irrenunciable, la mejor forma de gestión son los ATI, es decir, muestra ya preferencias por un método. El debate entre ATC o ATI es todo menos simple. Un ATC supone más transportes que la opción por los ATI, pero si decimos que el verdadero problema del almacenamiento en superficie es la intrusión humana, entonces siete ATI son más vulnerables que un único ATC. También es cierto, por otra parte, que los ATI son menos injustos, porque no obligan a nadie a recibir los residuos de otros, aunque se puede argumentar que en la zona de una central no todos los habitantes de los pueblos han estado a favor de su construcción y han de sufrir los residuos también. Desde el punto de vista socioeconómico, los ATI suponen hipotecar a siete zonas, frente a una sólo el ATC.
En todo caso, el grueso del ecologismo español va a oponerse de nuevo a las actividades de ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima, encargada de la gestión de todos los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las centrales nucleares) y del Ministerio de Industria para la instalación del ATC. Sin embargo, esta situación cambiaría si el Gobierno pusiera sobre la mesa un calendario de cierre de nucleares admisible. Los elementos ecologistas más activos deberían, en tal caso, impulsar un debate que, sin duda, resultaría escabroso porque, en principio, todas las opciones estarían abiertas. Obviamente, nadie obligará a los grupos a posicionarse a favor de una u otra opción: el silencio sería ya suficientemente significativo. Sin embargo, dependiendo de cómo se desarrollara ese amplio debate social, quizá fuera necesario manifestar nuestras preferencias.
La oposición ecologista a los trabajos de ENRESA ha sido relativamente eficaz a lo largo del tiempo, puesto que ha contado casi siempre con un amplio respaldo popular. Esto ha obligado a dicha compañía a improvisar y cambiar de estrategia: en los años ochenta y noventa apostaba por el AGP y, como sus actividades suscitaron una gran oposición, se optó por la ampliación de las piscinas de las centrales para que albergaran los residuos producidos y así ganar tiempo. En 1999 se pone en marcha un ATI para la central de Trillo (Guadalajara) y se decide aplazar la decisión final hasta 2010 (2). En 2005 se toma la decisión de construir un ATI para Zorita. Finalmente, en el VI Plan General de Residuos, aprobado por el Ministerio de Industria en julio de 2006, se apuesta por la construcción de un ATC. Hay que decir, por cierto, que las actividades de ENRESA y del ministerio gozan de una mayor transparencia que bajo Gobiernos anteriores, puesto que el citado plan de residuos se pudo consultar en la web antes de su aprobación.
La búsqueda de un emplazamiento para el ATC
El calendario para la construcción del ATC está afectado por la vuelta desde Francia de los residuos de alta actividad vitrificados de Vandellós I (Tarragona), central accidentada en 1989, y por el calendario electoral. ENRESA firmó un acuerdo con la empresa francesa COGEMA, encargada del reproceso del combustible nuclear gastado en dicho país, para el traslado de los residuos de Vandellós a Francia, su tratamiento y vitrificación, y su almacenamiento hasta el 31 de diciembre de 2010. El precio total que ha de pagar ENRESA asciende 513,5 millones de euros desde 1987 hasta 2010, ambos años incluidos. Si el 1 de enero de 2011 no han empezado a regresar los residuos a España, habrá que renegociar el acuerdo, lo que podría suponer un coste de unos 58.000 euros diarios, que no es sino la media de lo que se está pagando en estos 24 años.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que se celebran elecciones locales en 2007 y generales en 2008. Es obvio que un asunto como éste marcaría el debate electoral en 2007 en los municipios y comunidades autónomas propuestos para albergar el ATC y quizá también tuviera cierta influencia electoral en 2008. Asimismo, hay que tener en cuenta que el tiempo de construcción del ATC puede ser de un par de años. De ahí que la fecha fijada para presentar candidaturas sea octubre de 2006.
El Gobierno ha puesto en marcha un procedimiento consistente en dos fases. Una primera, que ha transcurrido durante el verano y ya ha finalizado, en que los municipios interesados en albergar el ATC han mostrado su interés y han recabado información. Y una segunda que acaba de comenzar, en la que se recibirán ofertas de municipios. Se ha creado una Comisión Interministerial que decidirá dónde emplazar el ATC entre los municipios candidatos (3).
A principios de este verano se publicaron en los principales medios de comunicación anuncios que pregonaban las ventajas de la instalación del ATC, junto con los plazos para recabar información. En esencia, el cementerio nuclear supondría la creación de unos 110 puestos de trabajo estables bien remunerados, a los que se sumarían 300 temporales necesarios para su construcción. Además, implicará la inversión de unos 700 millones de euros y la construcción de un centro de investigación sobre transmutación. Por otra parte, una vez que todos los residuos de alta estén almacenados en el ATC, el municipio que lo albergue y los circundantes recibirán todas las compensaciones económicas que ahora otorga ENRESA a los ayuntamientos próximos a centrales nucleares, lo que supone unos 12 millones de euros al año.
Tan clamorosa omisión de los inconvenientes hizo que el alcalde de Peque de la Carballeda, un pequeño municipio de Zamora, ofreciera su pueblo para albergar el ATC, con el consiguiente enfado de sus vecinos. Peque no fue el único pueblo. En Extremadura mostró interés el alcalde de Mesas de Ibor; en Guadalajara lo hicieron el de Zorita de los Canes y de Yebra; y en Tarragona se apuntaron Teivissa y Mora la Nova, además de dos pueblos de la zona de Vandellós: Hospitalet de L’Infant y Vandellós. Dado que los ánimos empezaban a encresparse contra estos alcaldes, la AMAC (Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares) toma cartas en el asunto y decide que casi todos, de sus 68 municipios, recaben información al unísono (4). Esto vuelve a mostrar de forma palmaria que, casi con toda probabilidad, el ATC se construirá en un municipio que albergue una central nuclear. Los alcaldes de estos pueblos no están dispuestos fácilmente a prescindir de tal fuente de ingresos.
Durante este verano, el ATC ha aparecido en las noticias de forma un tanto frívola, como una serpiente de verano. Ya se han registrado actos de protesta en Peque y Mesas de Ibor; y han sido abundantes en Teivissa y Mora de Ebro. En Guadalajara se ha mostrado muy activa la plataforma contra el cementerio nuclear, que ha recogido ya más de 6.000 firmas. Además, se habían producido previamente numerosos posicionamientos institucionales en contra del ATC, como los de los parlamentos vasco y aragonés, el del Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento y Diputación de Guadalajara. El Gobierno de Castilla y León se vio obligado a desmentir a su consejero de Minas, que ofreció su territorio para construir el ATC.
La situación actual
En el debate sobre el estado de la nación que tuvo lugar en el mes de mayo, José Luis Rodríguez Zapatero emitió finalmente la posición del Gobierno sobre la energía nuclear: mantiene su promesa electoral de tomar una decisión sobre el calendario de cierre de las centrales nucleares en esta legislatura. La cuestión ahora es cuál va a ser ese calendario y si va a resultar admisible. Una posible oferta del Gobierno sería la concesión de una vida de 40 años para las centrales, junto con el cierre de la de Garoña (Burgos) en 2009, y acometer la necesaria reforma del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en el sentido de otorgarle más transparencia y garantizar algo de participación ciudadana en sus decisiones. Parece también claro que está descartado un relanzamiento de la energía nuclear: no se van a construir más centrales, al menos en un horizonte de 10 a 15 años.
Esta oferta, en el caso de producirse en estos términos, resultaría desde luego insuficiente. Cuatro décadas son demasiadas para que la integridad de las centrales dé suficientes garantías de seguridad y, además, suponen la generación de muchos residuos radiactivos. Como dije en un artículo anterior (5), 30 años podrían ser admisibles para todas las partes, tanto para el bando ecologista como para la industria nuclear. El Gobierno tiene la oportunidad de desactivar un importante foco de tensión y, de paso, de aparecer en la palestra internacional con fuerte protagonismo en el debate que se está produciendo sobre la energía nuclear.
El Gobierno y ENRESA no están, en realidad, presionados para la construcción del ATC en 2006 y podrían darse un respiro que diera tiempo a poner sobre la mesa un calendario de cierre nuclear admisible. Es claro que es más barato traer a España los residuos de Vandellós I y almacenarlos aquí que mantenerlos en Francia. Incluso, si el ATC estuviera listo para 2009, sería posible extraer los residuos de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), cuya piscina se saturará en 2009, sin necesidad invertir en ampliar su capacidad o de proceder a construir un nuevo almacenamiento exterior.
El tener resuelta la gestión en España ahorraría dinero, pero ¿a quién? Ni más ni menos que a los propietarios de las centrales nucleares. Desde abril de 2005, ENRESA se financia con cargo a unos cánones satisfechos por las nucleares y deja de repercutir sus gastos en el recibo de la luz, que pagamos todos los consumidores. Por tanto, la urgencia del debate es relativa. La AMAC también estaría a favor de frenar el ritmo del debate, puesto que llegan las elecciones locales y a los actuales alcaldes no les interesa en absoluto entrar en campaña con el ATC en el candelero.
Los próximos meses pueden ser decisivos, tanto para el destino de los residuos de alta como para el futuro de la energía nuclear en España. Un bloqueo en la construcción del ATC debería hacer reflexionar al Gobierno. La consecución de un consenso social sobre los residuos radiactivos de alta actividad implica el establecimiento de un calendario de cierre.
Si finalmente cunde el buen sentido, los ecologistas se verán abocados a mantener un complicado debate sobre la gestión de los residuos de alta. Y se enfrentarán a la difícil tarea de ponerse de acuerdo sobre cuál es la forma de gestión menos mala. Las preferencias sobre la gestión no deberán, en todo caso, hacerse públicas en tanto no existan garantías razonables de que se va a proceder al cierre escalonado de las nucleares en el horizonte del año 2019.
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(1) En Suecia se está pensando en construir una piscina que sirva de ATC según un diseño muy similar a las actuales piscinas de las centrales nucleares.
(2) BOE, 31 de julio de 1999.
(3) BOE, 5 de julio de 2006.
(4) R. Méndez e I. G. Mardones: El País, 6 de septiembre de 2006.
(5) Ver “La nueva situación de las nucleares”, de Francisco Castejón, en PÁGINA ABIERTA nº 171 (junio de 2006).