El relativamente alto crecimiento de la economía española en las dos últimas décadas no ha impedido el mantenimiento de altas tasas de paro, ha beneficiado a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, ha ampliado un poco más los márgenes de desprotección y exclusión y ha propiciado mayores dosis de desigualdad social y similares niveles de pobreza relativa.

            La lógica económica, el interés social y la necesidad de alcanzar unos equilibrios ecológicos básicos hacen inviable e irracional la pretensión de mantener un modelo de crecimiento que la crisis económica mundial ha arruinado. Ni siquiera ahora, en plena recesión, son de recibo las llamadas al consumo patriótico para reactivar la economía. Porque no son eficaces, ya que para que la demanda sea efectiva se requiere que la voluntad de compra esté acompañada de una capacidad de pago que la crisis ha debilitado y no podrá recuperarse a corto plazo. Y porque, en lo poco que sirven, sólo pueden alimentar modelos de consumo y crecimiento insostenibles y depredadores de recursos naturales.

            Para superar la crisis tampoco sirven los llamamientos generales a la austeridad o a un impreciso consumo responsable. Una austeridad que es obligatoria para buena parte de las familias que deben frenar sus gastos y aumentar el ahorro en previsión de mayores dificultades, mientras es mera palabrería y pose social para otros grupos sociales no puede impulsar ningún tipo de recuperación económica. No obstante, un modelo de crecimiento equilibrado y sostenible necesita combinar los incentivos que promueven comportamientos austeros y un consumo limitado de los recursos con otros dirigidos a preservar el empleo.

            La actual recesión mundial ha puesto en evidencia que el crecimiento económico no puede seguir sosteniéndose en un endeudamiento desmesurado de las familias de los países ricos; tampoco, en el incremento permanente e indiscriminado del consumo privado. Empresas y familias están obligadas a reducir unos niveles de endeudamiento que la depreciación de patrimonios y la disminución de beneficios y rentas hacen insostenibles.

            A corto plazo, para superar la recesión, es necesario un plan público de estímulo económico y, en el caso de la UE, un esfuerzo coordinado de los gobiernos de los Estados miembros y de los órganos de poder comunitarios para evitar un desplome de la actividad económica que afectaría muy negativamente a la inmensa mayoría de la población. Más aún ante el peligro real de que la recesión se transforme en deflación, que es el peor de los escenarios imaginables porque el crecimiento negativo de los precios desanima la demanda y traba la actividad productiva en un círculo vicioso difícil de romper.

            El aumento del gasto fiscal y el consiguiente endeudamiento público son componentes básicos de ese plan de estímulo económico. En la UE, cuanto antes se apruebe un verdadero plan de reactivación (más allá del cicatero y testimonial plan anunciado el pasado 26 de noviembre), menos destrozos irremediables ocasionará la recesión económica.

            Mientras tanto, hay que exigir a las autoridades económicas nacionales, autonómicas y locales medidas prácticas de rescate de la economía real que generen actividad productiva y empleos, sean transparentes y permeables a la crítica de la sociedad y se sometan al control de las instituciones democráticas. Pero ni siquiera ahora, que el mercado y la iniciativa privada han demostrado su incapacidad para impulsar la reactivación económica, debería defenderse cualquier plan de obras públicas o cualquier forma de incrementar la demanda mediante el gasto público. Es necesario que las medidas de reactivación económica que se pongan en marcha apunten a la transformación sustancial del modelo de crecimiento. El mantenimiento de la vieja estructura productiva y de los decrépitos factores que han impulsado en los últimos años el crecimiento sería el camino más corto, de confirmarse, para consolidar el atraso estructural que padece la economía española.

1. El viejo e ineficiente modelo de crecimiento se resiste a desaparecer

            El profundo calado de la actual crisis económica mundial ha puesto en cuestión los escasos e inadecuados métodos y normas de regulación del sistema capitalista mundial y la inseguridad y el riesgo extremo que comportan. Las formas en las que se manifiesta la actual recesión resultan de la superposición de tres crisis de muy diferente naturaleza, hondura y recorrido. Crisis financiera, económica y ecológica se suman y se refuerzan mutuamente. Cada una de esas tres crisis tiene sus propias características y su particular evolución. Tan importante como no perder de vista sus rasgos específicos es identificar sus múltiples interconexiones.

            La crisis bancaria y financiera parece controlada, tras haber superado los momentos más difíciles gracias a una intervención coordinada de los gobiernos de los principales países del mundo rico que han aportado su credibilidad y una ingente cantidad de dinero para impedir la quiebra del sistema bancario internacional. En todo caso, la escasez de crédito y los problemas de liquidez y solvencia de los bancos siguen existiendo. Y seguirán vivos y coleando a lo largo de este año.

            La crisis económica se ha concretado en recesión de las economías más avanzadas, desaceleración de las economías emergentes y más hambre y menos oportunidades para los países más pobres del mundo. Las medidas para afrontar esta crisis económica apenas han comenzado a aplicarse, cuentan con menores niveles de acuerdo y coordinación internacional que los planes de rescate del sistema bancario y con recursos muy inferiores a los que se han destinadas a frenar la crisis financiera.

            La crisis ecológica sigue siendo la gran olvidada, pese a que plantea interrogantes esenciales sobre la supervivencia de la humanidad y el futuro del planeta. Los problemas ecológicos se manifiestan en amenazas cercanas y ciertas que el mercado no es capaz de percibir ni, como consecuencia, de valorar. Mientras los gobiernos centran sus esfuerzos en frenar y superar las crisis financiera y económica, los desequilibrios ecológicos son relegados y se agravan. Así, los acuerdos y acciones que se habían aprobado antes de la actual crisis mundial para aliviar los problemas climáticos y energéticos y tratar de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en lugar de experimentar progresos se debilitan.

            Los tiempos de crisis son propicios a las reivindicaciones, los programas de reforma y la acción política de clases sociales, grupos económicos y organizaciones políticas que pretenden ganar posiciones y obtener beneficios de una situación especialmente permeable a los cambios y abierta a las reformas. También, de manera complementaria, refuerzan la voluntad de los sectores que sienten amenazados sus derechos o privilegios de oponerse a los cambios y defender las viejas estructuras. Podría ocurrir que dentro de uno o más años, cuando esta crisis se haya superado, siguieran manteniéndose unos modelos de crecimiento económico y de consumo similares a los actuales. Podría suceder pero, de confirmarse tal escenario, nuevas perturbaciones y crisis aún peores estarían acechando a la vuelta de la esquina.

            Parecería recomendable, para intentar evitar esa posibilidad, contar con algunas ideas que permitan discriminar qué tipo de medidas y políticas económicas merecen ser respaldadas y, en consecuencia, deberían ser especialmente impulsadas con el dinero público por los planes gubernamentales de reactivación. La defensa de políticas económicas que favorezcan la recuperación de la economía española debería acompañarse de propuestas a favor de otro modelo de crecimiento económico. Un modelo alternativo que considerara el valor del medio ambiente, minimizara los costes y riesgos asociados al consumo excesivo de recursos energéticos y naturales que no pueden ser reproducidos, disminuyera la desigualdad social y la exclusión y permitiera el desarrollo de los países más pobres.

            A lo largo del último medio siglo, la economía española ha logrado un crecimiento muy importante que ha multiplicado por seis la renta media por habitante sin resolver los problemas estructurales de fondo que siguen manifestándose en tasas de paro, inflación y déficit exterior superiores a las que muestran los países más desarrollados. La mayor dependencia exterior de tipo energético, tecnológico y financiero y la utilización muy intensa, en las fases de expansión económica, de una fuerza de trabajo de baja cualificación en sectores que no sufren la competencia exterior han hecho compatibles un relativamente alto crecimiento económico, una baja productividad por trabajador y hora de trabajo y una muy insuficiente modernización. El resultado ha sido un tejido productivo y empresarial en el que escasean la tecnología, la investigación, la formación y la organización y que destaca por su débil competitividad en los mercados de mayor valor añadido y crecimiento y en los productos y servicios más intensivos en tecnología y conocimiento.

            Es muy importante salir cuanto antes de la recesión, pero tan importante y urgente como evitar el hundimiento de la economía es poner las bases para construir a medio plazo una nueva estructura productiva y un nuevo modelo de crecimiento que permitan resolver los problemas de fondo que arrastra desde hace décadas la economía española.
 
2. La intensa y prolongada recesión de la economía española

            La economía española ha sufrido en la segunda mitad de 2008 los retrocesos más intensos del PIB y el consumo y el mayor crecimiento del paro entre los países de la UE que forman parte de la eurozona. En años anteriores, durante la actual década, la economía española consiguió tasas medias de crecimiento anual de la producción, el empleo y el consumo cercanas al 4%, muy superiores a las de gran parte de los antiguos socios de la UE-15. Sin embargo, el estallido de la crisis económica mundial ha provocado un rápido e intenso deterioro de todos esos indicadores. En el tercer trimestre del año pasado, el PIB sufrió un retroceso neto trimestral del 0,2%, el consumo se desaceleró hasta presentar un mínimo crecimiento del 0,1% en tasa anual y se destruyeron 164.000 empleos netos.
 
            El espectacular retroceso de la actividad económica y el hundimiento del crédito a las empresas (que retrocedió en tasa intertrimestral en un 58%) y, más aún, a los hogares (con un retroceso del 95% en el tercer trimestre de 2008 respecto al mismo trimestre de 2007), han sido las tarjetas de presentación de una recesión que todas las previsiones vaticinan que seguirá intensificándose y que será más prolongada que la del resto de economías del mundo desarrollado.

            Hay varios asuntos que diferencian la recesión que sufre la economía española de las que afectan al resto de las economías del mundo desarrollado. La mayor pérdida de empleos y el superior incremento del paro son las principales expresiones de esas diferencias. Así, el paro registrado aumentó el año pasado en 999.416 personas, con un crecimiento porcentual del 47%, que elevó hasta 3.128.963 el número de parados y supuso un nuevo máximo histórico. En esos indicadores, la economía española muestra ya indiscutiblemente y mostrará aún más en 2009 los peores resultados del mundo capitalista industrializado.

            Las previsiones apuntan a que el Reino Unido, Estados Unidos y el conjunto de los países de la eurozona acabarán el año 2009 con altas tasas de paro de entre un 7 y un 9%, mientras la economía española doblará la media de esos porcentajes y se situará por encima del 16% (en términos absolutos, más de tres millones y medio de parados), que aumentaría otros dos o tres puntos en 2010, hasta situarse en torno a los cuatro millones de parados y acercar un poco más la tasa de paro hasta el máximo nivel del 21,8% alcanzado a mediados de la década de los 80 del pasado siglo.

            El mayor peso relativo que tienen en la economía española la construcción, la industria de automoción y los servicios intensivos en trabajos precarios de escasa cualificación, fuertemente afectados en todo el mundo por la crisis, explicarían en gran medida la destrucción de empleos. Inmigrantes y trabajadores de la construcción han sido y serán las principales víctimas de una pérdida de empleos que afecta a todos los sectores y actividades. Tras el paro y la contención salarial se agazapa una crisis social que multiplicará la exclusión y acentuará las fracturas sociales.

            No hay que olvidar que, ya antes de la crisis, la economía española se situaba a la cabeza del mundo desarrollado en los niveles de desempleo. Y que históricamente, durante toda la segunda mitad del pasado siglo XX, ha sido incapaz de proporcionar empleo a una parte significativa de su población activa, incluso en las fases del ciclo económico caracterizadas por una fuerte expansión económica. En las fases recesivas y de bajo crecimiento, la destrucción de empleos ha sido en la economía española mucho mayor que en el resto de economías industrializadas. Esa volatilidad o fragilidad del empleo tiene razones estructurales. El impulso modernizador obtenido con la incorporación a la UE, lejos de modificar tal situación, consolidó un aparato productivo que utiliza intensamente empleos escasamente retribuidos y extremadamente inestables.
 
            Más allá del aumento del paro en 2008, 2009 y 2010 y de los efectos directos de la recesión económica sobre los salarios y la renta disponible de las familias trabajadoras, el necesario desendeudamiento de los hogares va a reforzar la debilidad de la demanda. La restricción crediticia y la desconfianza en las posibilidades de recuperación se suman para reforzar una falta de tono económico que no es meramente coyuntural.

            La capacidad de compra de las familias a lo largo de 2009 y 2010 se va a ver negativamente afectada por varios factores complementarios. En primer lugar, van a sufrir una mayor desvalorización de su patrimonio inmobiliario. Fenómeno que en el caso de la economía española tendrá una notable repercusión, dado que la mayoría de las familias son propietarias de las casas que habitan y éstas constituyen su mayor riqueza y el principal aval para la obtención de nuevos créditos.

            De igual modo, se consolidará la desvalorización de las inversiones mobiliarias. Una no desdeñable minoría de 10,4 millones de partícipes de fondos privados de pensiones acumulaba el pasado mes de octubre una cuantía de 54.000 millones de euros, tras haber perdido un 8% de su valor a causa del retroceso de los valores bursátiles. Las acciones y participaciones en fondos de inversión se han desvalorizado mucho más intensamente (la media, en el caso de la renta variable, es de un 40%) y esa pérdida puede considerarse efectiva en el caso de buena parte de los pequeños inversores que, en las primeras semanas del hundimiento de las bolsas mundiales, se apresuraron a vender por el miedo a acumular desvalorizaciones aún mayores.

            Por su parte, las empresas deberán ajustarse al menor volumen de ingresos que ocasiona el retroceso de la demanda y a la reducción y el encarecimiento del crédito. Tienen, por otro lado, que aumentar sus niveles de solvencia mediante la disminución de sus deudas y el aumento de los fondos propios. En tales condiciones, para recuperar la rentabilidad y las tasas de autofinanciación y mantener las inversiones y los dividendos que ofrecen a sus accionistas, van a intentar rebajar los costes de producción mediante la reducción de los salarios reales y los empleos menos productivos. La posibilidad de desplazar a los países emergentes la totalidad o una parte de la capacidad productiva será utilizada como una opción real y como un instrumento de presión en la negociación colectiva.

            Pese a todo, la economía española muestra algunas ventajas respecto a la mayoría de las economías capitalistas avanzadas que no son, en absoluto, despreciables. Especialmente relevante es la solvencia aparente del sistema bancario, según asegura el Banco de España. Y más importante aún, el relativamente bajo nivel de deuda pública (al terminar 2008 seguía situada en un modesto nivel, inferior al 40% del PIB) concede un amplio margen para incrementar el gasto fiscal sin desequilibrar en exceso o poner en grave aprieto el futuro de las finanzas públicas.

            La mayoría de las previsiones estima que el conjunto de medidas de rescate del sistema bancario y de reactivación económica aprobadas por el gobierno español ha incrementado el déficit público de 2008 hasta el 3% del PIB, límite que será superado ampliamente en 2009 (año en el que se aproximaría al 6%) y en 2010. En todo caso, esos déficit presupuestarios serán, previsiblemente, inferiores a los de Japón (7,8% en 2008 y 7,4% en 2009), EEUU  (3,2% y 6,0%) o Reino Unido (4,4% y 7,0%).

            Como consecuencia del mayor gasto fiscal y de la disminución de la recaudación, tanto en los impuestos directos que gravan la renta de las personas físicas y los beneficios de las sociedades como en los impuestos indirectos que gravan el consumo, la deuda pública española a finales de 2009 se situaría en torno al 45% del PIB, nivel bastante inferior todavía al límite establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Muchos países desarrollados superan ya ese mítico límite del 60% del PIB que mantiene la UE (como testigo de otra época), aunque nadie piense que podrá ser respetado por la mayoría de los socios comunitarios en los próximos dos años. Ya a finales de 2006, según la OCDE, la deuda pública en porcentaje del PIB era del 61,9% en EEUU, del 69,3% en Alemania, del 70,9% en Francia, del 118,7% en Italia y del 179,7% en Japón. Pese a esos elevados desequilibrios fiscales, la financiación pública puesta al servicio de los planes gubernamentales de rescate y reactivación del sistema financiero y de la economía real en la mayoría de esos países ha sido de mayor cuantía que la del gobierno Zapatero.

3. Las insuficiencias del plan de reactivación del gobierno Zapatero

            Mientras el equipo económico de Obama baraja, de entrada, una financiación de alrededor de  800.000 millones de dólares (un 6% del PIB estadounidense) para estimular la economía real, crear 3 millones de puestos de trabajo y evitar la deflación, la UE aprobó a finales del pasado mes de noviembre un mini-plan de estímulo económico que intentaba dar una apariencia de coordinación a los planes que llevarán a cabo los socios comunitarios. Dicho mini-plan, que contará con 200.000 millones de euros (aproximadamente un 1,5% del PIB comunitario), es poco más que la suma de los planes de los países socios, ya que la Comisión sólo aportará 15.000 millones y otros tantos el Banco Europeo de Inversiones; el resto, 170.000 millones, será la financiación que los países miembros dedicarán a sus planes nacionales de reactivación.

            El gobierno español dedicará un total de 33.500 millones de euros (en torno a un 3% del PIB, sumando partidas ya aprobadas en los presupuestos de 2009) a financiar el heterogéneo (y poco preciso) conjunto de medidas de estímulo que, según declaraciones del presidente de gobierno del pasado 13 de diciembre, se distribuirán de la siguiente forma: 19.000 millones para infraestructuras de transporte; 8.000 millones para obras urgentes de los ayuntamientos; 5.000 millones para políticas medioambientales; y 1.550 millones para aplicar la Ley de Dependencia. El objetivo gubernamental es generar 300.000 empleos y apoyar a los sectores (construcción y automoción) con mayores dificultades y a las actividades (medio ambiente e investigación) capaces de mejorar la calidad del crecimiento.

            Formando parte de ese importe global se encuentra un plan de inversión pública, aprobado el pasado 27 de noviembre, que contará con 11.000 millones de euros (algo más del 1% del PIB), destinado a completar con inversión productiva el deslavazado conjunto de medidas adoptado. Una parte importante de esa cuantía, 8.000 millones de euros, corresponde a un nuevo Fondo Estatal de Inversión Local que será gestionado por los ayuntamientos y deberá destinarse a financiar pequeñas nuevas obras públicas y equipamientos que no estuvieran previstos o presupuestados con anterioridad y que puedan iniciarse a muy corto plazo. La fecha tope para comenzar esas obras será el 13 de abril de 2009 y deberían estar acabadas en un año. La nueva inversión permite doblar la financiación de los ayuntamientos para objetivos similares y contribuiría, según las previsiones gubernamentales, a generar 200.000 nuevos empleos.

            Los otros 3.000 millones de euros se dedicarían a apoyar al sector de automoción (800 millones), el medio ambiente (600 millones), la rehabilitación de casas-cuarteles y comisarías (520 millones), la investigación, el desarrollo y la innovación (500 millones), la ayuda a personas dependientes (400 millones) o el turismo social (30 millones). La simple relación de esta distribución del dinero da suficientes pistas de la importancia relativa que el gobierno otorga a los diferentes objetivos.

            En cualquiera de los escenarios probables, los empleos generados por el plan de inversión pública serían muy insuficientes. Incluso en el improbable caso de que se cumpla la previsión oficial de crear 300.000 empleos en 2009, seguirían siendo muy pocos respecto al ritmo medio de incremento de 140.000 nuevos parados mensuales que sufre la economía española desde el pasado agosto.

            El otro gran objetivo, la inversión “inteligente”orientada al largo plazo y a mejorar la competitividad, brilla por su ausencia o por el mínimo presupuesto disponible.
 
            Sería oportuno que el gobierno español recuperase algunas dosis de la flexibilidad ideológica que el avance de los dogmas neoliberales hizo desaparecer de la práctica gubernamental hace demasiado tiempo. Tiene para ello el ejemplo de cuan rápidamente han abandonado los gobiernos de derechas de buena parte de los países avanzados gran parte del lastre ideológico ultraliberal que hasta hace muy poco tiempo formaba el sacrosanto conjunto de principios que inspiraban sus políticas económicas.

            No resulta fácil comprender por qué la voluntad política del gobierno español para impulsar un plan de reactivación de la economía real no es la misma que la del resto de gobiernos de las economías desarrolladas, con los que compartimos mercados, riesgos e incertidumbres. Menos aún si se tiene en cuenta el mayor margen que dispone la hacienda pública española para endeudarse, el mayor impacto negativo de la crisis sobre el paro y las rentas de las clases trabajadoras y la imperiosa necesidad de empezar a poner las bases de un nuevo modelo de crecimiento en el que tengan más peso las actividades de mayor valor añadido y más intensivas en trabajo cualificado y conocimiento.

            Añádase que si los planes de reactivación de la economía real alcanzaran alguna efectividad servirían para frenar la recesión y, como consecuencia, incrementarían los ingresos fiscales. En el caso español, por cada punto que se lograra frenar la caída del PIB, la hacienda pública recuperaría, gracias a la presión fiscal existente (que supone un relativamente modesto 38% del PIB), unos 4.000 millones de euros, por lo que el déficit público sólo se incrementaría en 0,6 puntos del PIB.

            Respecto a la previsión del empleo que se generará con el plan de inversión pública aprobado, parece muy exagerada la estimación oficial de 300.000 nuevos puestos de trabajo. Incluso en el caso de que el plan de inversión tenga éxito, un impulso al crecimiento del PIB de medio punto, que es el que previsiblemente podría lograrse como máximo con esos 11.000 millones de euros, difícilmente podría generar más de 80.000 empleos en 2009 y su mantenimiento en 2010. Cifra bastante alejada de los 300.000 que se plantean como objetivo.
Tampoco parece que los parcos 2.000 millones de euros (algo menos del 0,2% del PIB) que se destinarán a reforzar un tejido económico de mayor calidad puedan desencadenar cambios significativos en el modelo de crecimiento.
 
            Compárense los 11.000 millones de euros del plan de inversión o, incluso, los 33.500 millones en los que oficialmente se cuantifica el conjunto de la financiación puesta al servicio de las medidas de reactivación de la economía real, con la muy superior financiación (250.000 millones de euros) destinada a rescatar el sistema bancario. El escaso volumen inversor resulta aún más difícil de justificar cuando el margen de endeudamiento, hasta alcanzar el 60% del PIB, es todavía de unos 15 puntos, es decir de unos 160.000 millones de euros. Cuantía que, para hacerse una idea de su magnitud, permitiría que las actuales prestaciones a los desempleados (1.024 euros mensuales de media) beneficiaran a 4 millones de parados durante más de 3 años.
            Los planes de reactivación aprobados revelan que el equipo económico gubernamental tiene escasa conciencia de la grave situación de la economía española. Nada indica en las medidas aprobadas que las máximas autoridades económicas hayan comprendido que la estructura productiva y el modelo de crecimiento de la economía española son parte del problema y deben modificarse para que progrese una solución sostenible a la crisis. La superación de la recesión parece dejada en manos de una reactivación económica internacional que, tarde o temprano, llegará también a la economía española. Tienen más miedo a equivocarse al definir las políticas específicas que requiere la economía española que a sufrir las consecuencias negativas de adoptar medidas de bajo perfil que no se diferencien demasiado de las que aprueben los gobiernos de las otras economías capitalistas desarrolladas. Olvidan, que las economías más avanzadas no acumulan el retraso estructural que padece la economía española en competitividad, productividad y capacidad exportadora y que, por consiguiente, no requieren el esfuerzo inversor adicional que necesita la economía española.

            Hay que agradecer las buenas palabras. Hay que valorar positivamente las declaraciones públicas de Zapatero reafirmando la voluntad de su gobierno de respetar los derechos laborales y la cobertura social que hoy existen y rechazando las presiones de la patronal para modificarlos en su provecho. Pero hay que exigir, también, que las acciones y los planes de reactivación alcancen la altura de las declaraciones. Y hasta ahora palabras y hechos guardan escasa armonía y parecen tener escalas diferentes.
 
4. El paro también puede resolverse

            El aumento del paro es una de las peores consecuencias de la actual crisis económica. Lo mismo ha ocurrido en las crisis periódicas que afectaron en el pasado a la economía española.

            El crecimiento espasmódico y desequilibrado que impulsa la lógica de acumulación capitalista entra en crisis periódicamente de forma irremediable. Recesiones periódicas, destrucción de empleos y tejido productivo y nuevas posibilidades para la concentración y centralización del capital anteceden a cada nuevo ciclo expansivo. Las viejas empresas se reestructuran y adquieren nuevas capacidades competitivas mientras nuevas empresas y actividades sustituyen a las que la crisis obliga a cerrar y hace desaparecer. Así ha sucedido en todas las crisis que han acompañado la expansión del sistema capitalista y así sucederá con la crisis actual. No obstante, la intensidad del ajuste y del paro y la gravedad de las crisis no son las mismas en todos los países capitalistas. Las economías que acumulan retrasos estructurales e inferiores niveles de productividad, como la economía española, sufren mayores pérdidas de empleos  y tejido productivo.

            Pese a su carácter recurrente, el paro masivo no es un objetivo permanente del capital ya que buena parte de la demanda necesaria para que el mercado funcione y se realice el beneficio depende de las rentas salariales. Sin embargo, puntualmente, el incremento del desempleo y el mantenimiento de relativamente altos niveles de paro pueden ser útiles para los intereses del capital de recuperar tasas de beneficio y debilitar las reivindicaciones sindicales que pretenden mejorar las condiciones salariales y laborales. En un plano más estratégico, los altos niveles de paro suponen un obstáculo añadido para que posibles alternativas al sistema capitalista o a los planes de las grandes fuerzas económicas cuenten con el respaldo de sectores sociales significativos.
  
            En sentido contrario, el pleno empleo proporciona mayores oportunidades para que las condiciones de trabajo y los salarios reales de la población trabajadora puedan mejorar al ritmo que marquen las ganancias de productividad.

            La fuerza política de las clases que pugnan por el reparto de la renta nacional y la eficacia de la acción política, social, sindical y cultural que desarrollan se encargarán de determinar finalmente si la carrera entre las rentas del trabajo y del capital se hará con ventaja para las primeras, como en las casi tres décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, o favorecerá a las rentas del capital, como en las dos últimas décadas. Mientras el pleno empleo parece haber favorecido históricamente la primera opción, relativamente altos niveles de desempleo han facilitado que las rentas del capital incrementaran su participación en la renta nacional a costa de los asalariados.

            Los aún poderosos defensores de las modalidades liberales del sistema capitalista, la globalización de los mercados y la hegemonía del capital financiero ya han adelantado el  programa de defensa de sus intereses. Al bloque de grandes grupos empresariales que apoya ese programa, los altos niveles de paro lejos de ser un impedimento son una herramienta para conseguir nuevas ventajas:

            Frente a esas pretensiones, al igual que la intervención pública ha sido capaz de impedir que los problemas generados por los bancos hayan terminado en quiebras y en el hundimiento del conjunto del sistema financiero, es de estricta justicia que se ocupe de generar más empleos y resolver las penurias que sufren las familias afectadas por la recesión. Es imprescindible también contar con algunas ideas básicas que permitan conformar un programa alternativo de reactivación económica compatible con la seguridad y el crecimiento del empleo.

5. Propuestas de estímulo económico que impulsan la inclusión social

            El fracaso del modelo neoliberal de desarrollo capitalista favorece que una parte creciente de la ciudadanía se interrogue sobre las causas de ese fracaso y sobre las posibilidades de construir un nuevo sistema económico o, más modestamente, un modelo de crecimiento que revierta las tendencias al aumento de los riesgos, las desigualdades, la exclusión y la desorganización social que se han visto propiciadas en los últimos años.

            Dos viejas ideas, relacionadas con el reparto del trabajo y la renta básica de ciudadanía, pueden servir de punto de partida para la reflexión sobre propuestas prácticas de estímulo económico que junto a diversos aspectos positivos, como el de impulsar la inclusión social, presentan también algunos inconvenientes.

5.1. Repartir el empleo

            La primera de estas ideas, el reparto del empleo mediante la disminución del tiempo medio de trabajo, implica que la masa salarial media correspondiente a cada empleo disminuye en la misma proporción en la que se reduce el número de horas trabajadas y aumenta el número de empleos. Las medidas de disminución efectiva del número de horas semanales trabajadas, la contratación a tiempo parcial o, incluso, los contratos de relevo pueden considerarse modalidades de ese reparto.

            En principio y en ausencia de otro tipo de reformas, tal reparto ocasionaría una transferencia de horas de trabajo y rentas salariales desde la población ocupada a la desempleada. Sin entrar en la viabilidad política de las propuestas de reparto del trabajo ni en las muchas complicaciones prácticas que supondría la materialización de cualquiera de las modalidades de ese reparto, su aplicación apenas ocasionaría una simple división del empleo y de la masa salarial totales entre un mayor número de trabajadores.

            Ha querido el azar que una reciente votación del Parlamento Europeo permita comprender hasta qué punto una medida tan aséptica, respecto a los intereses económicos en juego, como la del reparto del empleo está a contracorriente de los objetivos de la patronal y de las políticas que respaldan la Comisión y la inmensa mayoría de los gobiernos de los países comunitarios. El pasado 17 de diciembre el Parlamento Europeo rechazó una propuesta del Consejo para aumentar hasta 65 horas el límite legal máximo de trabajo semanal. El Parlamento también votó a favor de eliminar las excepciones que permiten incumplir el actual máximo semanal de 48 horas y de reconocer como trabajo efectivo el tiempo de guardia.

            Antes que sólidas convicciones de tipo económico y social o la firme defensa de los derechos laborales, en buena parte de los parlamentarios que han rechazado la propuesta parecen haber pesado más su carácter extemporáneo, en momentos caracterizados por los estragos que está causando la crisis en el empleo, y la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo, que obligará en pocos meses a los parlamentarios a dar cuenta de su actuación y dará la posibilidad de rechazarla a los votantes. Tan interesante como el rechazo del Parlamento a la revisión de la “Directiva  relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo” respaldada por el Consejo y la Comisión ha sido la reacción de la Asociación Europea de Cámaras de Comercio que consideró desastrosa la votación por sus efectos negativos sobre la imprescindible flexibilidad en el tiempo de trabajo.

            La ofensiva por la desregulación del mercado laboral continuará y podrá observarse su evolución en la nueva ronda de negociaciones entre el Consejo y el Parlamento para alcanzar un nuevo acuerdo de reforma de la Directiva en un plazo máximo de 24 semanas que finaliza a mediados de junio de 2009. También, en los matices que incorporen los informes de la OCDE y el FMI, organismos que siguen, igual que siempre, centrando sus recomendaciones en la reforma laboral y el abaratamiento de los despidos.

5.2. Repartir la renta

            La segunda de las ideas propugna el establecimiento de una renta básica de ciudadanía como derecho individual que asegure a todas las personas capacidad de compra y mayores niveles de autonomía y libertad individuales. Derecho efectivo e independiente de cualquier otra consideración que no fuera la de que el perceptor sea un residente o miembro de pleno derecho de la sociedad. Ni la relación concreta de cada individuo con el mercado laboral ni su rechazo o interés en insertarse en dicho mercado tendrían  consecuencias sobre ese derecho ciudadano.

            La implantación del derecho efectivo de todos los ciudadanos a recibir rentas monetarias debilitaría la consideración del trabajo como una mercancía y supondría un cuestionamiento del poder de mercado y del principio del sistema capitalista que exige que la participación en el producto social se base en la propiedad privada o en la venta de la fuerza de trabajo en el mercado laboral. Dicho principio deja al margen de esa participación a los ciudadanos que realizan tareas beneficiosas y hasta esenciales para la sociedad pero no mantienen ningún tipo de relación salarial o contractual de carácter formal.

            La implantación práctica de la renta básica de ciudadanía tendría un calado transformador muy superior al del reparto del empleo, ya que ocasionaría en la mayoría de las opciones planteadas para su financiación una redistribución notable de la renta desde los sectores que acaparan los mayores niveles de renta por habitante hacia las mujeres, los jóvenes y la población pobre. Hecho que, evidentemente, supone una restricción política mucho mayor que la del simple reparto del empleo y, por tanto, mayores dificultades para su posible aplicación práctica. Restricción que no supone invalidarla como alternativa ni merma su condición progresista.

            En ambos casos, reparto del empleo total o redistribución de la renta nacional mediante la renta básica de ciudadanía, puede suponerse que su aplicación efectiva ocasionaría cambios económicos, sociopolíticos y culturales de envergadura que impulsarían el bienestar y la productividad y, por tanto, el valor añadido generado o, en sentido contrario, provocarían su retroceso. Pero tales suposiciones no dejan de ser intuiciones o previsiones que requieren ser contrastadas. Lo que resulta incuestionable es que ambas propuestas, de llevarse a la práctica, favorecerían la inclusión, la cohesión social y una mayor satisfacción de las necesidades básicas.

6. Reactivar la economía y generar un nuevo modelo de crecimiento

            La sustitución de un modelo de crecimiento que ha fracasado por otro más eficiente requiere un proceso de ajustes, cambios y tanteos que no puede llevarse a cabo en un corto periodo de tiempo. El nuevo modelo no puede surgir simplemente de una idea brillante o del avance de la razón. Es un proceso cargado de incertidumbre que no tiene un fin claro y que se verá impulsado por la confrontación de intereses, argumentos y fuerza política.
 
            Una opinión consciente sobre las ideas y propuestas que pugnan por conformar ese nuevo y necesario modelo de crecimiento no puede construirse a partir de las reflexiones que proponen los grandes medios de comunicación ni, desgraciadamente, del casi inexistente debate organizado por las principales organizaciones políticas y sindicales.

            Tampoco sirven de mucho las consignas. En general, las ideas simples que propagan los eslóganes no propician el surgimiento de opiniones conscientes y dejan muchos flancos abiertos a la manipulación que lleva a cabo de forma sistemática un pensamiento organizado y poderoso que tiene el claro objetivo de desactivar críticas y resistencias al sistema capitalista y a las políticas que desarrolla la autoridad competente. Por eso es tan importante que la reflexión y el debate público no se encastillen en meros lemas ni se agoten en la sencilla descalificación del sistema capitalista o de los capitalistas que han causado la crisis.

            El análisis de la crisis económica debería servir para desarrollar un debate pluralista sobre las posibles salidas a la crisis. El debate público debería contribuir a que la ciudadanía pueda comparar las diversas propuestas con los planes de reactivación económica que han comenzado a aplicarse y dilucidar si esos planes gubernamentales abren la posibilidad de generar un nuevo modelo de crecimiento o, por el contrario, consolidan los aspectos esenciales de la estructura productiva y los factores de crecimiento anteriores a la crisis.

            La propuesta inicial y apenas pergeñada que a continuación se expone, para animar el cotarro y el debate, apunta hacia una ampliación de la oferta de más y mejores bienes y servicios públicos como componente básico de un plan de reactivación y un modelo de crecimiento alternativos.

            Esta propuesta es deudora de algunas ideas defendidas por David Anisi (catedrático de Economía de la Universidad de Salamanca hasta su desgraciado fallecimiento el pasado 13 de septiembre de 2008) en su inteligente defensa del Estado de Bienestar y sus piezas básicas, el pleno empleo y la existencia de derechos económicos no vinculados a ningún tipo de propiedad. Ideas expuestas en un libro, “Creadores de escasez: del bienestar al miedo” (Alianza Editorial, 1995), de muy interesante y provechosa lectura para todas aquellas personas que deseen conocer la génesis, desarrollo, crisis y fracaso del Estado de Bienestar y del modelo de Estado Liberal que lo sustituyó en los años ochenta.

            Muchos de los argumentos y razonamientos que se exponen en ese libro admiten una relectura que tiene, desde la perspectiva del actual debate sobre las políticas de reactivación económica, un gran interés. Especialmente, por su capacidad para estimular la defensa de un modelo de crecimiento que, en lugar de poner el consumo privado y la acumulación del capital como fines racionales indiscutibles, otorga la máxima prioridad a la generación de bienes públicos o semipúblicos y al derecho al uso gratuito de esos bienes para asegurar una progresiva mejora en la calidad de vida de las personas.

            Bienes públicos entre los que podrían mencionarse los siguientes: transportes públicos cuidados y baratos; guarderías infantiles gratuitas y bien dotadas; atención domiciliaria a personas ancianas y discapacitadas; parques y jardines atendidos y vigilados; mantenimiento de un patrimonio artístico y cultural accesible; peatonalización de los centros históricos; limpieza y adecuación de costas y ríos; planes de forestación; vigilancia sobre la emisión de sustancias contaminantes o ruidos;… y tantos otros, entre los que no debe dejar de mencionarse la mejora de la calidad de la enseñanza y la sanidad públicas, que muestran las carencias e insuficiencias actuales.

            Una propuesta de reactivación económica y de modelo de crecimiento que establece como prioritaria la producción y provisión de bienes públicos tiene varias ventajas importantes que conviene considerar con algún detenimiento.

            En primer lugar, impulsa la creación de empleos en especialidades que, además de ser las que más empleo generan en los países desarrollados, están orientadas a proporcionar calidad de vida en lugar de a producir más cosas y bienes individuales destinados a ser vendidos y comprados en un mercado que es completamente ciego e insensible a las necesidades de los más pobres.

            En segundo lugar, supone una renuncia a competir con los países de bajos salarios en la producción de bienes de consumo masivo (textil, electrodomésticos, aparatos electrónicos de todo tipo,…y productos agrícolas) en los que las economías más pobres y los países emergentes tienen claras ventajas comparativas y que, precisamente por ello, son las actividades más adecuadas para impulsar su desarrollo.

            En tercer lugar, favorece la defensa efectiva del medio ambiente frente al deterioro y los graves riesgos y desastres ecológicos que generan los actuales métodos de producción y el consumo intensivo e irresponsable de los recursos naturales y energéticos.

            En cuarto lugar, permite recolocar la lógica capitalista del máximo beneficio y los intereses de la minoría que se enriquece con el deterioro medioambiental en el lugar secundario que merecen.
Y en quinto lugar, ofrece a la ciudadanía la posibilidad de valorar hasta qué punto el gobierno central y las autoridades autonómicas y municipales de su entorno inmediato aprecian (o desprecian) los bienes y servicios públicos que son de su competencia cuando aprueban aumentos de precios muy superiores a la inflación, privatizan empresas públicas rentables para relocalizar sus beneficios en negocios privados o suprimen servicios públicos necesarios, bien gestionados y de alta rentabilidad social porque incrementan el gasto público.
 
            Dos comentarios podrían añadirse a las ventajas que ofrece un modelo de reactivación económica sustentado en la mejora e incremento de los bienes públicos.

            Primero, permitiría que su progresiva aplicación práctica se inicie en los ámbitos nacionales, regionales o locales en los que los poderes políticos democráticos ejercen sus competencias, sin necesidad de esperar a que se consigan los siempre difíciles acuerdos supraestatales.

            Y segundo, el restablecimiento de lo público como garantía de generación y provisión de bienes públicos que impulsan el bienestar de la sociedad requiere que el Estado garantice que esos bienes públicos van a ser efectivamente ofrecidos, pero no implica, necesariamente, un crecimiento elefantiásico del Estado ni incrementar en demasía el número de funcionarios. Que el Estado asegure la provisión de nuevos bienes públicos no significa que sea directamente el proveedor de todos y cada uno de esos bienes y servicios. Junto al Estado y los grupos empresariales privados cabe un entramado social y cooperativo de impulso de la actividad económica mucho más denso, plural y diversificado que el anémico terreno que hoy ocupa la economía social.

            La crisis continúa… y la economía española, junto al resto de las economías avanzadas, se ha adentrado técnicamente en una recesión que amenaza con transformarse en deflación. Pero ni siquiera en tiempos tan difíciles para tantas personas como los actuales y en situaciones de tan extrema gravedad económica como los que se están viviendo vale todo con tal de que se produzca cierta recuperación temporal de la demanda. Es necesario que la reflexión y el debate público se ocupen también del medio y largo plazo. Tan importantes como la cuantía del estímulo fiscal o en qué se emplea y cómo se controla el gasto público es la exigencia de que las políticas públicas de reactivación económica contribuyan a generar un nuevo modelo de crecimiento económico sostenible, modernizar el tejido productivo y aumentar la protección y el bienestar de la mayoría.