Gabriel Flores
Hay alternativas: Otra economía y otro modo
de vivir son posibles

La mayor parte de las previsiones apuntan que en 2013 y gran parte de 2014 la economía española continuará en recesión, se perderán más empleos, disminuirán los salarios reales por persona y hora trabajada, habrá menos y peor protección social pública y continuará el recorte de gastos y bienes públicos.

Por lo que señalan las previsiones, esa prolongación hasta finales de 2014 del deterioro de la economía española sería compatible con una recuperación del conjunto de la eurozona, a finales de 2013, que no podría calificarse de reactivación fuerte o sostenida. El horizonte de la economía española, tras otros dos años de decrecimiento, se abriría a finales de 2014 a un panorama de muy bajo y precario crecimiento que no permitiría recuperar en bastante tiempo los niveles de empleo, poder adquisitivo de los salarios, cualificaciones, tejido productivo industrial, oferta de bienes públicos o derechos laborales perdidos durante la crisis.

Las dos únicas mejoras significativas que se podrían observar en la economía española corresponderían al déficit público, que seguirá reduciéndose como consecuencia de nuevos recortes en el gasto público, y a un menor desequilibrio de las cuentas exteriores, conseguido más por la disminución de las importaciones derivada del retroceso de la demanda interna que por una mejora de la competitividad basada en una reducción de precios. Sin ese retroceso de la demanda doméstica (tanto en bienes de consumo como en inversión pública y privada), la mejora de las cuentas exteriores sería imposible. Dicho de otra forma, en ausencia de cambios modernizadores en la estructura de la oferta y las especializaciones productivas, cualquier mejora de la actividad económica ocasionaría un desequilibrio de las cuentas exteriores que acabaría ahogando el crecimiento.

Insisto en el último argumento por su importancia: cualquier mejora o recuperación de la demanda doméstica sin modernización paralela de la oferta productiva provocaría el aumento de las importaciones y, como consecuencia, un desequilibrio insostenible de las cuentas exteriores.

En el Anexo I podrán encontrarse los datos sobre las previsiones 2013-2014.

La sucinta descripción de la precaria situación económica que cabe esperar en los próximos dos años nos remite a varios interrogantes sobre el significado y el contenido de lo que se entiende por salir de la crisis. La respuesta colectiva, como ciudadanía, a esos interrogantes condiciona la dinámica de la acción social y define los rasgos esenciales del conflicto en torno al reparto de los costes económicos y sociales producidos por la crisis y por las políticas de austeridad que se están aplicando. Acción y respuesta ciudadanas que influirán también en el alcance y la orientación de las presumibles rectificaciones que, en mi opinión, aprobarán antes o después los poderes hegemónicos de la UE para intentar mantener lo esencial de su fracasada estrategia de salida de la crisis.

Antes de adentrarme en el núcleo de la exposición, me gustaría reiterar que a los malos resultados que cosechará en los próximos años la economía real de los países periféricos (incluyendo, claro está, a la economía española) hay que sumar unas perspectivas a largo plazo, más allá de los dos próximos años, que obligan a pensar que será muy difícil lograr una reactivación económica que permita recuperar en lo que resta de década el empleo, la oferta de bienes públicos o el poder adquisitivo de los salarios de la mayoría de la población trabajadora. En el Anexo II se puede encontrar una breve exposición de las razones que llevan a considerar muy escasa la probabilidad de que se produzca una reactivación económica suficientemente fuerte para recuperar lo perdido.

En lo que sigue, se examinará en primer lugar algunos de los interrogantes que pueden ayudar a clarificar el alcance y la orientación de las tareas que desarrollan (o deberían desarrollar) el conjunto de las izquierdas y los sectores progresistas para conseguir una salida de la crisis más justa en el reparto de los inevitables costes, menos prolongada en el tiempo y menos destructiva. Destrucción que está devastando factores productivos, potencial de crecimiento, empleos, cualificaciones, bienes público, derechos laborales y sindicales, capacidad de control y decisión de la ciudadanía y, como consecuencia, posibilidades de recuperación económica.

En segundo lugar, se apuntarán los diferentes tipos de propuestas alternativas de carácter económico que se han elaborado en los últimos tiempos.

Y en tercer lugar, se expondrán algunas ideas sobre lo que se puede hacer en un terreno que depende esencialmente de la voluntad de cada persona y que, en mi opinión, es muy importante para abrir espacios al desarrollo de alternativas sociopolíticas que tengan posibilidades de cambiar las cosas, mover conciencias y mejorar la situación de los más desfavorecidos: ese “otro modo de vivir” que aparece en el título de la charla o, lo que es parecido, nuestra actuación en los espacios en los que vivimos, trabajamos, nos relacionamos y cooperamos con otras personas y colectivos para mejorar nuestra propia situación y la del próximo.

Algunos interrogantes sobre qué significado tiene salir de la crisis y qué tipo de salidas a la crisis pueden darse

Visto lo que se puede esperar en los próximos años de la economía, paso a explicitar algunos interrogantes sobre qué implica superar la crisis y otros temas asociados a los diferentes tipos de salidas de la crisis que pueden producirse.

Existe una machacona explicación de los gobernantes españoles (de ahora y de antes) y comunitarios que utilizan como escudo y defensa: lo que hacen es lo único que pueden hacer, aunque no les guste o les desagrade o sean conscientes de los daños económicos y el malestar social que causan, porque es la única forma de salir de la crisis. Al principio, esas malas excusas podían tener un pase; de hecho, muchas personas las dieron por buenas en mayo de 2010 y confiaron en la pronta recuperación que se anunciaba. Tres años después, esas excusas no tienen ninguna justificación. Se ha impuesto de forma consciente una estrategia que conduce al empobrecimiento y al paro de muchos y al enriquecimiento de muy pocos que se benefician de las ayudas públicas y de la reducción de los costes empresariales y fiscales, del mayor poder conseguido por las empresas para organizar las condiciones de trabajo, esquivar la acción sindical y lograr nuevas oportunidades de negocio en sectores en los que predominaban el sector y los bienes públicos.

Pese a la machacona insistencia en que lo que se hace es lo único que se puede hacer, es evidente la existencia de otras políticas y alternativas que están siendo aplicadas en otras latitudes. Sólo hace falta mirar al resto del mundo, más allá de la eurozona, y encontrar multitud de matices y diferencias: medidas de consolidación fiscal más precavidas; políticas cambiarias encaminadas a dificultar la apreciación de sus monedas; compra masiva de las propias deudas soberanas por los respectivos bancos centrales que reducen los costes financieros que soportan agentes económicos públicos y privados; medidas destinadas a mantener los flujos crediticios a los hogares y pequeñas empresas;…

Ni todo el mundo está hoy en recesión (de hecho, la mayoría de las economías del mundo y el producto mundial siguen creciendo) ni todos los países aplican las medidas de austeridad en el gasto público que imponen las instituciones comunitarias; en realidad, los duros recortes que soportan los países periféricos de la eurozona son la excepción. Las políticas de austeridad extrema y devaluación interna que se están aplicando en los países del sur de la eurozona y de austeridad generalizada en toda la UE son una opción entre otras muchas. Una opción extremista que responde a unos intereses y concepciones económicas que benefician a unos países, actividades, grupos empresariales y sectores o clases sociales en grave perjuicio de otros.         

Precisar los términos del debate en torno a las alternativas y, al mismo tiempo, afrontar las previsibles consecuencias de la crisis y de las políticas que se están aplicando e intentar superar sus impactos más negativos (¿qué se puede hacer contra unas políticas que perjudican a la mayoría y qué medidas alternativas hay que proponer y respaldar?), pasa por realizar un buen diagnóstico de las causas económicas de la crisis. Exige también definir unas medidas económicas que conformen una estrategia y un programa alternativos a los que se están aplicando y que sean capaces de convencer a la mayoría de la sociedad de su aplicabilidad y eficacia. Pero antes de adentrarnos en los contenidos concretos de ese programa conviene plantearse algunos interrogantes que contribuyan a clarificar el alcance y las dificultades de esa tarea de construcción de una alternativa económica que, no podría ser de otra manera, está íntimamente vinculada a la construcción de un amplio movimiento político, social y, me atrevería a decir, cultural capaz de respaldarlo.
Enuncio y respondo brevemente a esos interrogantes:

1ª pregunta: ¿Qué se entiende por salir de la crisis?

Creo que la respuesta es sencilla. Volver a los niveles de empleo, poder adquisitivo de los salarios, bienes públicos y derechos laborales y sociales que existían antes de la crisis. De acabar la respuesta ahí, sería a todas luces insuficiente. En un sentido fuerte o riguroso del término habría que añadir, para considerar que la crisis ha sido superada, que se trata también de lograr un cambio sustancial en las estructuras y especializaciones productivas que han colapsado con la crisis (¿cómo y con qué se sustituyen los empleos y las actividades relacionadas con el ladrillo y los servicios de bajo valor añadido?) y la reparación de los errores e insuficiencias de carácter político, económico y regulador que han favorecido la especulación, el descontrol de las finanzas y el crédito, la corrupción o la supeditación de las instituciones al poderoso don Dinero. Salir de la crisis implicaría, por tanto, en el sentido fuerte que aquí se plantea, superar los factores que han multiplicado los daños económicos, políticos, sociales, medioambientales, éticos y culturales producidos en nuestro país (no muy diferentes de los acaecidos en el resto de países del sur de la eurozona) por una crisis que, siendo tan intensa y generalizada como ha sido, no ha provocado efectos tan devastadores ni tan prolongados en la mayoría de los países y áreas económicas del mundo, incluyendo muchos países de la eurozona y de la UE. En el Anexo III me extiendo algo más en la respuesta a este interrogante.

2ª pregunta: ¿Puede ser la salida de la crisis fácil, rápida o sin costes?

Considero que no. Me baso en la experiencia de los últimos cuatro años y en los importantes problemas y obstáculos aún pendientes de ser solucionados o removidos. A la dificultad que entraña modificar la hegemonía conservadora en las instituciones europeas y el propio diseño institucional de la UE hay que añadir la creciente heterogeneidad de las estructuras económicas de la eurozona (el abismo que ya separa al Norte del Sur de la eurozona) y el viciado escenario político-institucional que limita extraordinariamente la posibilidad de que la acción política del Gobierno del PP se muestre permeable a las reivindicaciones y la presión de la ciudadanía. A esos dos grandes obstáculos hay que sumar un factor relacionado con la economía real: los años de auge del ladrillo y los servicios de bajo valor añadido impulsaron la desindustrialización y reforzaron una estructura productiva insostenible que no puede ser restaurada y unas especializaciones que no tienen presente ni futuro. Ninguna propuesta política o económica nos va a librar de años de dura tarea encaminada a desarrollar un proyecto de modernización de estructuras y especializaciones productivas que exige grandes inversiones en la mejora de los factores productivos. Algunos colectivos y autores plantean diversas propuestas que, aseguran, podrían arreglar las cosas: salir del euro o, en sentido contrario, emitir eurobonos; incentivar la demanda o, su envés, el decrecimiento y una austeridad consciente y libremente elegida; una Europa federal o, en dirección opuesta, un repliegue centralista en los Estados miembros; auditar la deuda y rechazar el pago de la parte ilegítima y odiosa o, más simple e institucional, monetizar la deuda por parte del BCE. Pues bien, ninguna de esas reivindicaciones o cualquier otra fórmula económica, política, ética, ideológica o puramente propagandística puede esgrimirse como solución o remedio curalotodo. Más aún, ninguna de esas propuestas está exenta de costes y algunas generarían más daños que los posibles beneficios que podrían aportar. No hay fórmulas mágicas ni atajos ideológicos o doctrinales. Por ello, además de pensar y reivindicar medidas adecuadas para salir de la crisis hay que pensar en algo más: va a ser necesario, mientras se consigue o no se consigue impulsar ese complejo proceso a largo plazo de cambio estructural, empeñarse en lograr en el corto plazo más protección social pública, un reparto más justo y equilibrado de los costes, sanciones adecuadas para los corruptos, ladrones y responsables del desastre, mayor transparencia y control de la ciudadanía sobre instituciones y representantes políticos y más implicación de las políticas públicas con la voluntad expresada democráticamente por la mayoría de la sociedad.

3ª pregunta: ¿Se puede superar la crisis con la actual estrategia de austeridad

Tras sopesar con cuidado la respuesta, me inclino a pensar que sí. Aunque hay que precisar inmediatamente que en este caso el concepto de superación de la crisis tiene un sentido incompleto, ya que se confunde con la idea de superar la recesión y lograr tasas de crecimiento capaces de generar empleo neto, aunque sea mínimo y precario. Afirmar que la salida conservadora de la crisis puede triunfar significa que puede lograr su objetivo de compatibilizar la muy lenta reducción del déficit presupuestario que se está produciendo con la consecución de un bajo y precario nivel de crecimiento, aunque tal logro suponga recortar derechos, empobrecer y empeorar las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población. Si realizan unos cambios menores destinados a suavizar la estrategia de austeridad que han impuesto hasta ahora, los poderes y elites dominantes en Europa y en España pueden lograr una salida de la crisis que afiance su hegemonía y suscite la adhesión de una mayoría suficiente de la sociedad a esa salida y a la continuidad de las medidas de presión sobre los costes laborales y fiscales y ampliación de los márgenes empresariales que se están aplicando. La estrategia conservadora basada en la austeridad, la devaluación interna y escasos cambios en el diseño institucional de la UE puede triunfar, por mucho que existan razones sobradas para continuar denunciando que esas políticas de austeridad han sido y siguen siendo muy destructivas económica y socialmente, han consolidado una mayor heterogeneidad en las estructuras productivas y la distribución del poder entre los países de la UE y van a aumentar aún más la desigualdad económica y social en el seno de los Estados miembros, especialmente en los países del sur de la eurozona. Cualquier avance de la salida conservadora de la crisis supone extensión de la pobreza, mayor vulnerabilidad y más riesgos de exclusión social para una parte significativa de la población.

4ª pregunta: ¿Una salida progresista de la crisis presupone un cambio de estructura productiva o de modelo de crecimiento?

En mi opinión, sí. Rotundo. Una salida progresista exige llevar a cabo cambios sustanciales en las estructuras productivas y lograr la financiación necesaria y la autonomía política, sino el apoyo de nuestros socios comunitarios, para poder llevarlos a cabo. Siendo cierta la posibilidad de construir una alternativa progresista o de izquierdas a las políticas de austeridad, no es menos cierto que hay tantas o más posibilidades de que el resultado final de esa pugna entre alternativas, un verdadero conflicto de intereses y necesidades, se decante a favor de las poderosas minorías que concentran el poder económico, político, ideológico y cultural y hacen uso de ese poder para imponer unas medidas injustas tan favorables para los intereses de una exigua minoría como perjudiciales para el resto de la población.

5ª pregunta: ¿Qué participación ciudadana puede darse en la elaboración de un programa económico alternativo?

Parto del convencimiento de que la elaboración de las líneas y prioridades básicas de una estrategia progresista de salida de la crisis debe surgir de un proceso de debate y decisión que corresponde a la mayoría de la sociedad y que no debe dejarse en las manos exclusivas de círculos de expertos que, supuestamente, poseen un conocimiento económico universalmente válido. Todas las iniciativas y medidas que permitan avanzar en la reflexión y el conocimiento por parte de la ciudadanía de los problemas de muy diferente tipo, no sólo económicos, que aparecen asociados a la crisis y redunden en un mayor conocimiento de las cuestiones e intereses en juego son importantes y deben ser bienvenidas. Pero convendría no dejarse arrastrar por el entusiasmo. La elaboración de un programa económico coherente y viable rebasa con mucho, como en cualquier otro tipo de conocimiento especializado, las posibilidades y el propio interés de la mayoría de la población. No sería muy razonable pretender que las medidas de política económica concretas y su engarce en un programa coherente de medidas a corto y largo plazo se pretendieran concretar mediante debates populares. El establecimiento de cauces que incentiven la participación de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones a los graves problemas económicos existentes sería más que recomendable y permitiría, además, que la sociedad demostrara su voluntad de recuperar su capacidad de decisión efectiva sobre la orientación deseable de la economía y en la definición de los valores,  prioridades y criterios de actuación que caracterizarían la nueva estrategia de salida de la crisis. Pero habría que convenir que sería tan poco creíble como improbable que esa participación ciudadana, por el mero hecho de esgrimirse o pretenderse, pudiera identificar con precisión los problemas de mayor complejidad técnica o elegir con fundamento entre las posibles soluciones disponibles.

Diferentes tipos de propuestas progresistas para salir de la crisis

Desde mayo de 2010 y, más aún, a partir de mayo de 2011 se han multiplicado las propuestas y alternativas que intentan parar las agresiones que sufren bienes públicos y sectores populares, apuntan formas distintas de salir de la crisis o defienden medidas de política económica menos dañinas o costosas. La primera de las fechas señaladas coincide con el rescate de Grecia, el cambio de rumbo de Zapatero y la intensificación de la presión de las instituciones comunitarias y los mercados para imponer una estrategia conservadora de austeridad para encarar la crisis. La segunda, está vinculada a la aparición del 15-M y la extensión de un amplio movimiento social de rechazo a las políticas que se están imponiendo, que defiende otros objetivos y prioridades, reivindica la participación de la ciudadanía en la formulación de las medidas que se deben aplicar y muestra una gran capacidad para remover las creencias e ideas de la izquierda social, política y sindical.

Las propuestas que han ido apareciendo conforman un conjunto muy heterogéneo de ideas, deseos, valores, medidas aisladas o complejos programas repletos de reivindicaciones, aspiraciones y medidas políticas y económicas. No voy a intentar aquí hacer un imposible recorrido o presentación de esas reivindicaciones y programas, sino algo mucho más limitado en su intención: comentar los diferentes tipos de propuestas que hay encima de la mesa, destacar algunos aspectos que me parecen especialmente interesantes o útiles y señalar las ventajas y desventajas que presentan.

En primer lugar, tienen el máximo interés y merecen la mayor atención las reivindicaciones (concretadas en consignas directas y sencillas como “Dación en pago” o “Stop desahucios” ampliamente aceptadas por la sociedad) surgidas de plataformas de afectados (por las hipotecas o por las participaciones preferentes ), colectivos específicos (marea blanca de sanidad o verde de educación) y fórmulas limitadas de convergencia de organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y políticas (como la plataforma creada en Madrid para luchar contra la privatización del Canal de Isabel II). La labor de esos movimientos ha permitido, con programas de mínimos y a ras de tierra, activar a gran número de personas, llegar y convencer a una parte muy importante de la población y poner en la picota a grupos de enorme poder, autoridades políticas e instituciones que parecían totalmente ajenos al desastre que estaban ocasionando. Hay mucho que aprender de su trabajo para conseguir apoyos sociales y simpatías que, en algunos casos, han llegado a ser prácticamente unánimes y de su eficaz labor en defensa de las personas afectadas. Además, han promovido cambios legislativos y de comportamiento que están transformando el tratamiento de esos problemas que realizaban bancos, jueces, políticos y policías y han puesto al descubierto los agujeros más negros de la actuación del poder económico en connivencia con el poder político y la gran estafa que está siendo la crisis. Este tipo de iniciativas muestran formas de organización y participación solidaria de la ciudadanía en problemas socioeconómicos de gran calado, con la intención de resolverlos sin esperar al gran cambio electoral o de ciclo político, que ofrece muchas pistas sobre qué y cómo hacer las cosas: hay formas eficaces de reivindicar e impulsar cambios económicos, sociales, legales y políticos que pueden mejorar nuestro entorno y arreglar los graves problemas que sufren personas que están ahí al lado, aunque a veces no tengan cauces o fuerzas para expresarse. Cuando se encuentran fórmulas adecuados de participación y objetivos claros, la ciudadanía se activa, debate, se empapa de los problemas, presenta posibles soluciones y actúa. 

En segundo lugar, existen propuestas de mayor alcance y complejidad (no más interés o importancia) que establecen un listado de planteamientos que tienen por objetivo airear reivindicaciones, propiciar el debate social, señalar aspectos de la crisis que son en demasiadas ocasiones relegados a posiciones de segundo orden o explicitar valores y criterios que tienen indudable importancia. Muchas organizaciones hacen frecuentes actualizaciones de este tipo de propuestas que les permiten sacar a la luz sus objetivos y los avances y conclusiones de sus debates. Un ejemplo representativo de este tipo de propuestas es la reciente “Carta abierta al Sr. Rajoy, Presidente del Gobierno. Decálogo frente a la crisis económica”, firmada por los directores de tres ONGs (Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam) publicada el pasado 8 de febrero. En ese decálogo se plantean diferentes tipos de peticiones y propuestas orientadas a solucionar o avanzar en la solución de cada uno de los grandes problemas que se señalan (la pobreza y la desigualdad; la limitación del acceso a la salud para las personas inmigrantes; los desalojos forzosos de las viviendas; el respeto al derecho a la protesta pacífica; la lucha contra la evasión fiscal; la correcta gestión de los recursos naturales; la apuesta por un modelo que preserve la biodiversidad y la generación de empleo de calidad y duradero; otro modelo energético más eficiente e inteligente; mantenimiento de las políticas de cooperación al desarrollo; y, por último, el cumplimiento de la Ley sobre Comercio de Armas)
 http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2013/February/Amnistia-Internacional-Greenpeace-e-Intermon-Oxfam-presentan-un-decalogo-de-medidas-contra-la-crisis/

La importancia de este tipo de propuestas parece incuestionable. Permiten que se observe y analice la crisis con otros criterios y valores, plantean otras prioridades a resolver y proponen medidas concretas viables que contribuirían a garantizar los derechos de las personas, reorientar el modelo energético a favor del empleo y la sostenibilidad o, entre otras cuestiones, apoyar una política fiscal y económica equitativa y justa. Cada una de las medidas que se proponen supone una prueba de lo que se podría hacer y una denuncia de lo que se está haciendo y de los impactos negativos que está teniendo sobre los sectores más débiles. Siempre se puede decir que falta tal o cual medida que tiene tanta o más importancia que alguna de las que aparecen, pero el esfuerzo de síntesis realizado y la tarea de concreción resultan de gran valor en la tarea de construir una alternativa programática consistente.   

En tercer lugar, hay planteamientos todavía más ambiciosos que se acercan bastante o tienen la pretensión de ser el programa económico alternativo que se necesita para salir de la crisis. Aunque me parece más educativo y útil el tipo de propuestas señalados antes, no carecen de interés muchas de las alternativas que intentan un acercamiento más exhaustivo y completo al diagnóstico de la crisis y plantean un completo programa de medidas para superarla. Pondré como ejemplo uno de los que ha tenido más difusión, el realizado por Navarro, Torres y Garzón  en su libro “Hay Alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España”, http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2011/10/hayalternativas.pdf, donde en su parte final se proponen y explican hasta “115 propuestas concretas”. Me parece muy positivo contar con un arsenal tan extenso de medidas que propicien el conocimiento de los problemas económicos vinculados a la crisis y muestren la existencia de posibles alternativas. Me preocupa, sin embargo, que ese tipo de acercamiento aliente la idea de que el programa o la alternativa económica ya existen y que el único problema que se necesita abordar y solucionar es político. En mi opinión, la cuestión que deben afrontar las izquierdas y los sectores progresistas que aspiran a frenar los recortes y ganar a la mayoría social a favor de una salida progresista de la crisis no es exclusiva ni principalmente la de acumular fuerza política para poder aplicar unas medidas o un  programa económico que ya existen. Tampoco son  baladíes los problemas que surgen de presentar las propuestas sin explicitar que la elección de cada medida lleva aparejadas sus correspondientes costes y contraindicaciones y que no siempre se puede elegir entre buenas soluciones. Hay tensiones entre objetivos contrapuestos y políticas que nos acercan a uno de los objetivos que se pretenden, al tiempo que dañan las posibilidades de conseguir otras metas de no menor importancia o nos alejan de su consecución. En todo caso, si alguien se anima puede encontrar otro ejemplo interesante de este tipo de propuestas en el Manifiesto elaborado el pasado mes de noviembre por “Econonuestra”, http://www.economy4youth.com/manifiesto/

Hay un denominador común en la mayoría de los programas progresistas que ofrece un buen punto de partida para sintetizar los puntos esenciales de un embrionario programa alternativo de salida de la crisis. En el Anexo IV puede encontrarse una presentación breve de los objetivos prioritarios que aparecen en buena parte de esos programas.

Hay también reivindicaciones que despiertan más contradicciones y recelos. En el Anexo V se examina uno de estos casos, el que distancia a los partidarios de incentivar el crecimiento económico de los que defienden el decrecimiento como única vía para superar la crisis. El alcance de este  disenso da una idea de lo que aún queda por hacer.

Del qué hacer en el terreno de las grandes alternativas al qué se puede cambiar en nuestro entorno

En este apartado se pretende remarcar, en primer lugar, la importancia de desarrollar una actitud activa y solidaria para cambiar nuestro modo de vivir y el de nuestro entorno social más cercano. Y, en segundo lugar, vincular esa transformación con la tarea de invertir la jerarquía de instituciones y valores que se ha consolidado en nuestra sociedad en las últimas dos o tres décadas.

No se trata de nada parecido a un intento de minusvalorar la importancia de las tareas relacionadas con la elaboración de alternativas programáticas o con las que pretenden incidir en el cambio político y económico. Tareas que me parecen imprescindibles para salir de la ratonera a la que han conducido la crisis y las políticas de austeridad.

Como ya mencioné en el epígrafe anterior, el problema a resolver por la izquierda y los sectores progresistas para conseguir una salida a la crisis alternativa a la que está imponiendo la derecha es algo más difícil y complejo que el de acumular fuerza política para poder aplicar unas medidas o un programa económico que ya existen. Las posibilidades de frenar y superar los recortes no están limitadas sólo por la realidad del poder político, también por la realidad de una sociedad debilitada y la pobreza de los valores y las ideas de las personas y grupos que intentan cambiar la realidad.

Intentaré plantear el problema con más precisión. Es necesario construir una nueva mayoría social que, al tiempo que se desarrolla y consolida como tal mayoría, sea capaz de construir alternativas, afianzar su autonomía, destacar nuevos valores y perspectivas y desarrollar otras bases para la convivencia social. Obligatoriamente, para ser eficaz, esa nueva mayoría tendrá que tener una dimensión europea; lo cual dice bastante sobre las dificultades de la tarea. Los cimientos fundamentales de esa nueva convivencia deberían estar constituidos por unos valores compartidos y libremente asumidos, cuyo avance implicaría el retroceso de los valores mercantiles que han servido de base hasta ahora.

Los (contra)valores del mercado, con una lógica de acumulación que impone la búsqueda del interés y el máximo beneficio particulares, no pueden sustentar una convivencia aceptable y sostenible. Tampoco sirven los valores estatalistas, armados con una lógica de coacción en defensa de unos intereses colectivos predefinidos por unos grupos sociales tan poderosos como elitistas que no tienen suficientemente en consideración a sectores desfavorecidos que cuentan con una mínima capacidad de interlocución y muy escasas conexiones con los poderes políticos, económicos o mediáticos.

Sin una sociedad viva, organizada, solidaria y crítica hay pocas posibilidades de transformar nada o lograr una hegemonía alternativa basada en la mayoría y en la expresión democrática de la voluntad de esa mayoría. 

En las dos o tres últimas décadas, los mercados y los valores mercantiles han ido ganando nuevos espacios, rebasando el terreno específico de organizar la actividad productiva y comercial en el que tienen algún sentido, y han penetrado ámbitos de la vida personal, familiar y social que se gobernaban antes por valores ajenos al mercado. Ese avance se ha realizado a costa de una sociedad civil cada vez más atomizada y desvertebrada que ha ido asumiendo como pautas de comportamiento la competitividad, el consumo como fuente de diferenciación y reafirmación individual y el dinero como sustituto del mérito y medida del precio de todo. La ciudadanía ha pasado a ser considerada -y, en buena parte, a concebirse a sí misma- como un conglomerado de grupos de presión o colectivos enfrentados entre sí para acaparar mayores porcentajes de renta y patrimonios. La política se confunde cada vez más con un mercado en el que se negocian votos e influencias y se hace caja a cambio de decisiones.

Ahora se trata de revertir ese proceso, que sea la sociedad la que afiance lo colectivo y los valores solidarios y cooperativos y recluya los valores mercantiles al ámbito exclusivo de las relaciones mercantiles. Es necesario recuperar el derecho y la capacidad de la sociedad para regular esas relaciones mercantiles en beneficio de la mayoría de las personas y en perjuicio de la irresponsabilidad política, social, económica o medioambiental que alimentan los mercados y más aún los mercados desregulados. Los intereses y necesidades de la mayoría deben prevalecer frente a dudosas libertades a enriquecerse, especular, despilfarrar recursos, deteriorar el medioambiente y los ecosistemas, perjudicar al prójimo y a lo público o asumir riesgos excesivos que conducen, cuando las cosas van bien, a beneficios particulares, y cuando las cosas van mal, a pérdidas colectivas. 

Los momentos de crisis económica aguda, como los que vivimos, generan situaciones de extrema precariedad y abundantes respuestas de compasión y solidaridad. También se puede observar en amplios sectores de la sociedad una actitud más crítica con los factores que han propiciado el despilfarro y el consumismo y una preocupación evidente para tratar de entender qué causas han llevado a la situación actual y qué medidas pueden sacarnos de ella. La sociedad está más viva y es más crítica, también respecto a su pasado, aunque esa reanimación no implique necesariamente que la mayoría esté más decidida a reclamar sus derechos o unas condiciones de vida decentes; de hecho, hay una parte significativa de la población en la que pesan más el miedo, la resignación o una desolación paralizante.

Para favorecer el proceso de gestación y desarrollo de una sociedad más crítica y solidaria no sería poco empezar por examinar el entorno en el que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Habría que intentar que las tragedias que están sucediendo a nuestro lado dejen de estar ocultas y agotarse en el ámbito personal y familiar y salgan a la luz pública y se muestren como problemas colectivos que deben ser tratados y, cuando se pueda, solucionados de forma colectiva. Los problemas económicos que están afectando a muchas personas y colectivos sociales son expresión de la crisis y resultado de las políticas de austeridad que se han impuesto; por eso es tan importante que la solidaridad que se expresa como impulso o necesidad personal se muestre también como tarea organizada y colectiva de la sociedad.

Pero no son sólo los problemas y tragedias personales y familiares los que deberían ser tratados colectivamente; en nuestro entorno resiste todavía o se ha creado recientemente un tejido asociativo popular relativamente rico y heterogéneo. Hay que dar a conocer ese tejido social y su trabajo e iniciativas y reclamar el apoyo que merecen. Su desarrollo es esencial para fortalecer la sociedad y los valores sociales. Y si no existe ese entramado social hay que plantearse el problema y pensar iniciativas que pudieran contribuir a generarlo. Si existe ya un patrimonio cultural y organizativo hay que conocerlo, apoyarlo y reforzarlo, tratando de aportar a lo que se está haciendo más reflexión, tranquilidad y perspectiva a largo plazo. Cuando ese patrimonio es inexistente, hay que entender la gravedad de esa carencia e intentar subsanarla.

Es en el seno de un amplio y sólido entramado social donde cobran todo su sentido y pueden consolidarse los cambios en nuestro modo de vivir que dan significado y contenido a la solidaridad con futuras generaciones, con el medioambiente actual y futuro y con las personas con las que compartimos parecidas incertidumbres, dificultades, necesidades y pretensiones. A fin de cuentas, la solidaridad puede ser, del mismo modo que la cultura y el conocimiento, tan abundante como queramos que sea.  

PS: Tras concluir el texto, realizaría algunas modificaciones al título de esta ponencia. Me inclinaría más por sustituir el “Hay alternativas” por “Es necesario construir alternativas”. Y añadiría al “Otra economía y otro modo de vivir son posibles” un “si acertamos a desarrollarnos como sociedad civil viva, organizada y solidaria”. 
3 de marzo de 2013

ANEXO I.  Las previsiones económicas para España y la eurozona en 2013-2014

En el corto plazo, el análisis de las tendencias económicas dominantes tiene, pese a su complejidad, algún sentido racional (sin pretender ponernos estupendos, podríamos decir también científico) y puede desembocar en previsiones sobre variables económicas que tienen relativamente altos niveles de probabilidad de acercarse a la futura realizad. Más allá del corto plazo que podría cuantificarse en poco más de dos trimestres, la predicción económica se transforma en un apéndice de las artes adivinatorias. Las distorsiones y mala calidad de las previsiones aumentan exponencialmente a partir de plazos superiores al año.
Conviene, por tanto, utilizar de una forma extremadamente cuidadosa las previsiones económicas.

El Gobierno Rajoy mantiene una previsión de pequeño retroceso del producto en 2013 (el decrecimiento se concentraría en este primer semestre en el que nos encontramos) que supondría en términos anuales una disminución del PIB del -0,5% y prolongación de la recuperación de la actividad económica en 2014 que generaría un raquítico crecimiento del PIB para el conjunto del año que viene del 1,2%. Sueña que esa mínima reactivación económica comience en el segundo semestre de este año y permita reducir la intensidad de la pérdida de empleos. Y confía en que esa recuperación le sirva de justificación de las durísimas políticas de recorte y devaluación interna emprendidas y permita sustentar una gran campaña publicitaria que daría por superada la crisis económica y ayudaría a los dirigentes del PP a afrontar con nuevas energías y más optimismo el horizonte de la nueva convocatoria en 2015 de elecciones generales. Tal perspectiva contrasta con el panorama económico y sociopolítico actual y parece excesivamente cargada de un optimismo que dificulta al Gobierno contemplar con realismo las incertidumbres, los conflictos y el deterioro de la economía y la convivencia.    

Se mire por donde se mire, el panorama económico que pintan las más importantes instituciones que realizan ejercicios de prospección económica (BCE, Comisión Europea, FMI, OCDE,…) es malo para la eurozona. Veamos diferentes previsiones recientes sobre el crecimiento del PIB (y la inflación o el IPC armonizado) en el conjunto de la eurozona:

Como se observa en el cuadro anterior, al decrecimiento de 2012 le sucedería otro año de estancamiento en 2013 y un muy escaso crecimiento de la actividad económica en 2014. Según la última previsión de crecimiento del PIB en 2013-2014, realizada en febrero de 2013 por la Comisión Europea, el panorama sería bastante peor en los países del sur de la eurozona:

Fuente: Comisión Europea, European Economic Forecast, Winter 2013

Más en concreto, las previsiones para la economía española son bastante sombrías. La pérdida de empleos netos sigue siendo muy intensa en 2013 y no se genera empleo neto en 2014. La tasa de desempleo escala hasta el 26,9% de la población activa en 2013 y la reducción de tres décimas en 2014 (hasta el 26,6%) no se debe a la inexistente creación de empleos, sino a la reducción de la población activa (y también de la población total, que por primera vez en muchos años comienza una ligera tendencia descendente). La reducción de los costes laborales y el aumento de la productividad del trabajo mejoran los márgenes y rentabilidades de las empresas (aunque tal mejora se reparte de forma muy desigual entre sectores y tipos de empresas) y hacen aumentar significativamente el aumento de las rentas del capital en la distribución de la renta, en detrimento de los salarios, que además de recular se distribuyen de forma muy desigual entre diferentes grupos de trabajadores, en función de su cualificación laboral, formación, edad, género, origen nacional,… aumentando las desigualdades no solo entre los perceptores de rentas del capital y rentas del trabajo sino también entre las clases trabajadoras.

Fuente: Comisión Europea, European Economic Forecast, Winter 2013

El resto del mundo tampoco está en condiciones en el corto plazo de salvar o contribuir significativamente a la mejora de la situación económica de la eurozona. Estados Unidos y Reino Unido reafirman políticas presupuestarias restrictivas. Japón, China y los países emergentes frenan su crecimiento debido a causas diversas, como apreciación de sus divisas, aumento de los costes de producción que debilita su competitividad o un crecimiento más sostenido por la demanda doméstica que genera menos importaciones y ralentiza el comercio mundial.

ANEXO II.  Las previsiones económicas a medio plazo (en lo que resta de década)

Ya hemos visto en el anexo anterior como las previsiones dan por descontada una incipiente mejora económica del conjunto de la eurozona a finales de 2013 que no afectaría a los países periféricos. En el caso de la economía española existe un amplio consenso en conceder muy escasa probabilidad a que esa incipiente reactivación comience este año. El Gobierno parece ser el único que no pierde la esperanza y, como consecuencia, es la excepción que confirma la regla de unas previsiones de recesión de la economía española que afectaría a todo el año 2013 y a buena parte del 2014.

La disminución de la inestabilidad financiera de la eurozona, la disminución de las primas de riesgo de las deudas soberanas de los países periféricos, el mayor compromiso del BCE con la puesta en pie de nuevos instrumentos comunitarios en defensa de las deudas soberanas y los sistema bancarios de las economías periféricas y las menores probabilidades de que se materialice un escenario de implosión de la eurozona o, incluso, de salida de Grecia del euro han llevado a que analistas e inversores adelanten a finales de 2013 la reactivación económica de la eurozona.

Sin embargo, hay también razones para pensar que la crisis de la eurozona va a durar más años. Podría ser, incluso, que la recesión del conjunto de la eurozona pudiera efectivamente dejarse atrás en la segunda mitad de este año sin que la crisis pudiera darse por superada. Esa aparente paradoja nos remite a una importante distinción: no se debe confundir el fin de la recesión con el final de la crisis. Y, de igual forma, a distinguir la evolución y los datos del conjunto de la eurozona de los que cabe esperar de las economías periféricas. El fuerte retroceso de la inversión productiva y la destrucción de capacidad de producción de la industria manufacturera en los países con dificultades del sur de la eurozona en los últimos cinco años indican que el proceso de recuperación tardará en los países periféricos, en el mejor de los casos, lo que resta de década. Algunos de los factores objetivos que empujan en dirección contraria a la reactivación de estas economías son los siguientes:

El proceso de desendeudamiento de los agentes económicos privados, hogares y empresas, que en el caso de la economía española es el más elevado de la eurozona se va a prolongar, necesariamente, más de una década. Y más tiempo aún si las tasas de interés a largo plazo siguen siendo muy superiores a las tasas de crecimiento del PIB. O si no se produce un alza de la inflación que contribuya a absorber la deuda.

Las altas tasas de paro, que duplican la media de la eurozona, van a mantenerse en niveles muy elevados durante años, sin que sea posible imaginar en qué sectores y actividades podrán generarse los millones de empleos perdidos. Menos aún, si no hay un compromiso activo de las instituciones comunitarias y las autoridades españolas en promover, como prioridad, la creación de empleo.

El paro es el más eficaz factor de presión sobre los costes laborales. Mientras el paro no retroceda hasta los niveles previos a la crisis, los salarios seguirán reculando y la demanda interna seguirá retrocediendo sin que pueda asegurarse, más bien podría garantizarse lo contrario, que la demanda externa será capaz de compensar ese retroceso.

Las políticas presupuestarias restrictivas para lograr estabilizar las tasas de deuda pública (que son muy elevadas y aún siguen creciendo) van a prolongarse en la eurozona durante años, por mucho que pueda suponerse una relajación en los ritmos de reducción del déficit que impida el derrumbe de los países periféricos. A esta restricción al crecimiento se suma un multiplicador presupuestario que, como ha mostrado el FMI, es muy elevado. En tales condiciones, el mantenimiento de la austeridad se convertiría en un obstáculo insalvable para la recuperación del crecimiento, ya que un recorte del gasto público de un punto del PIB tendría un impacto negativo sobre el crecimiento del producto de más de un punto.

La solvencia de los bancos en los países del sur de la eurozona no mejorará significativamente mientras no se recupere la capacidad adquisitiva de los hogares y la demanda interna, por mucho rescate bancario o banco malo que se pongan en acción. De igual modo, la morosidad y los créditos bancarios de dudoso cobro no pueden dejar de aumentar mientras la solvencia de los deudores siga degradándose. La fuerte correlación entre el riesgo soberano y el riesgo bancario y la segmentación que sufren los mercados financieros de la eurozona han vaciado de contenido la unión monetaria (los costes financieros son muy elevados y los capitales no circulan de Norte a Sur de la eurozona) y traban la financiación de los agentes económicos privados.  

La mejora de la rentabilidad de las empresas no puede desembocar en decisiones de inversión productiva, porque la baja utilización de las capacidades productivas y las malas perspectivas de la demanda invitan a mantener el proceso de desendeudamiento y aumentar los niveles de autofinanciación de las empresas, que así consiguen rebajar su dependencia de más créditos bancarios tan escasos como caros.

ANEXO III. Más respuestas a la pregunta ¿qué se entiende por salir de la crisis?

Para considerar superada la crisis en sentido estricto sería necesario conseguir una economía equilibrada capaz de generar tantos empleos como se han perdido, sin aumentar la precariedad ni reducir la calidad de esos empleos ni el poder adquisitivo de los salarios. Habría que hablar, además, de recuperar los niveles de protección social y los derechos sociales y laborales que se han recortado. Restituir a su nivel anterior la oferta de bienes públicos. Intensificar la transparencia, la democracia y la capacidad de control de la ciudadanía sobre sus representantes y las instituciones del Estado. Impulsar la modernización del aparato productivo, la calidad de los factores productivos, el esfuerzo de innovación y la inversión educativa. Intensificar las medidas de inspección, control y regulación de los mercados financieros para disminuir los elevados riesgos asociados a su actividad.    

Los desequilibrios macroeconómicos que muestran las economías periféricas son consecuencia, en parte, de las deficiencias productivas acumuladas antes de su incorporación al proyecto comunitario; pero son también el resultado del normal funcionamiento del mercado único y la lógica económica asociada a la existencia del euro que han favorecido su desindustrialización y una especialización productiva basada en actividades y servicios de escasa densidad tecnológica y muy intensivos en la utilización de fuerza de trabajo poco cualificada y mal remunerada. Tras el estallido de la crisis, la pésima gestión realizada por las instituciones europeas y la nefasta estrategia de salida de la crisis que se obstinan en aplicar no han hecho sino agravar esas deficiencias.

Para que los países periféricos encuentren la puerta de salida de la crisis no basta con resolver los problemas relacionados con la inestabilidad financiera derivados de las debilidades e incoherencias institucionales del actual diseño de la eurozona. Hay otras muchas tareas, tanto o más importantes, que deben ser abordadas. Por ejemplo, fortalecer y ampliar los, en general, menguados sectores manufactureros de las economías periféricas. O impulsar un cambio en sus especializaciones productivas y exportadoras que disminuya la prominencia de los sectores, bienes y servicios que se caracterizan por su baja gama, escaso valor añadido y mínima cualificación laboral. Problemas relacionados con el progreso técnico, la innovación, el esfuerzo educativo, la cualificación de la fuerza de trabajo o la importancia de la renovación del aparato productivo.

Naturalmente, no todas las personas ni todas las organizaciones piensan de este modo. El Gobierno, por ejemplo, cree que salir de la crisis consiste simplemente en empezar a crecer y que ese crecimiento y la mayor rentabilidad de las empresas conducirán automáticamente a impulsar la inversión, el empleo y la demanda (en este caso más exportaciones que demanda interna, porque pretenden prolongar durante años tanto la austeridad del sector público como los recortes salariales). No harían falta, en su opinión, grandes cambios en el sistema económico, en la estructura o las especializaciones productivas o el modelo de crecimiento. Tampoco en el sistema político. Bastaría, por tanto, con lo que ya están haciendo: menos gasto público, menos presión fiscal para las empresas y potenciales inversores, menos costes laborales, algunas reformas legales encaminadas a eliminar trabas en el funcionamiento del mercado laboral, más libertad para las decisiones empresariales y ayudas para favorecer nuevos campos de negocio a la iniciativa privada y nuevas fuentes de ganancias. Y, durante algún tiempo, aguantar el chaparrón contra la corrupción política y el descrédito de los partidos y las instituciones. Parecen convencidos de que desde el momento en que haya señales de reactivación y creación de empleo, por muy incipientes y precarios que sean, toda la indignación acumulada se hará agua de borrajas.       

En las antípodas, otros colectivos y personas piensan que no hay salida con este sistema económico (o en este sistema capitalista) y que, por tanto, de lo que se trata es de multiplicar la apuesta: no sólo hay que salir de la crisis, hay que salir del sistema. Algunos llevan esa opinión hasta el límite y consideran esencial e irrefutable su idea de que no se puede salir de la crisis sin acabar con el sistema capitalista o, bien, que no merece la pena salir de la crisis para mantener un sistema que sólo es capaz de destruir, empobrecer y generar nuevas crisis. Entendámonos, no tratan tan sólo de expresar un juicio ético en contra del sistema capitalista o señalar con más o menos acierto sus graves deficiencias y contradicciones y la lógica que conduce a la destrucción de recursos naturales y energéticos irreproducibles, la consiguiente degradación medioambiental y el predominio de unos seres humanos, grupos sociales y naciones frente a otros. Estas propuestas pretenden algo más, tienen voluntad de ser estrategias políticas y económicas de salida de la crisis y de confrontarse con otras propuestas alternativas a las que tachan de reformistas o irrealistas por no llegar a su altura o no coincidir con sus valoraciones.

ANEXO IV. Planteamientos básicos de una alternativa progresista

Conviene empezar por diferenciar prioridades, criterios de actuación, medidas concretas de política económica y consignas. No creo que ninguna de esas facetas esté de más en la tarea esencial de elaborar una alternativa progresista de salida de la crisis y explicar los objetivos y tareas que conlleva, pero es recomendable diferenciarlas.

Las prioridades establecen una jerarquía de los objetivos que se pretenden basada, en el caso de un programa progresista, en la voluntad o la importancia que le concede la ciudadanía o la mayoría electoral (y no intereses de grupo o poderes establecidos); también definen una secuencia lógica en la aplicación de las medidas. Una prioridad, para entendernos, podría ser la siguiente: las políticas de austeridad deben, en el corto plazo, ceder su prominente posición a medidas encaminadas a mantener y generar empleo.

Los criterios de actuación son indicaciones, razonamientos o argumentos que explican qué se puede hacer para lograr los objetivos que se propugnan y llevar a cabo las transformaciones de calado estructural o de más largo plazo que se pretenden. Un criterio de actuación podría formularse así: necesidad de explorar nuevos patrones de crecimiento que se sustenten en la calidad y la utilidad social de los bienes y servicios a producir, no tanto en la cantidad, y sean compatibles con el mantenimiento de los ecosistemas.

Las medidas concretas plasman en acciones y decisiones los criterios de actuación definidos previamente y suponen la elección de una alternativa determinada frente a otras muchas disponibles, tras sopesar con rigor distintas posibilidades, costes y potenciales impactos. Medidas concretas serían: paralizar los desahucios durante un año; aprobar un presupuesto de 1.000 millones de euros para ofrecer una renta mínima de 600 euros mensuales a un número determinado de hogares que cumplan los requisitos que se establezcan; aprobar que el BCE pueda financiar una parte de la deuda soberana de los países periféricos mediante la emisión de eurobonos.

Las consignas son la condensación publicitaria de las medidas que se propugnan. Sufren necesariamente de diferentes grados de simplismo, pero pueden ser muy efectivas para identificar objetivos y medidas y alentar la movilización de la ciudadanía. Creo que no hace falta elegir ejemplos entre las muchas consignas que se escuchan todos los días.

Por muchas razones, creo que la reflexión colectiva debe centrarse menos en las consignas y medidas concretas y conceder más importancia a las prioridades y su plasmación en criterios de actuación.

Hay ya un buen número de prioridades y criterios de actuación que conforman la base que comparten buena parte de los programas alternativos. Sirvan de ejemplo los siguientes:

1º. Generación de empleos decentes y rentas dignas suficientes para todos.

2º. Mantenimiento de bienes públicos y derechos sociales y laborales. Educación, sanidad, pensiones, reforma laboral y vivienda son los espacios en los que se desarrollan los conflictos más agudos para tratar de evitar nuevos recortes o agresiones.   

3º. Obtención de ingresos tributarios bastantes para crear esos empleos o disponer de esas rentas básicas, pero también para empezar a corto plazo la imprescindible tarea de modernizar la estructura y las especializaciones productivas. Esta prioridad tendría su desembocadura lógica en la reivindicación de una reforma fiscal progresista.

4º. Restablecimiento del crédito a la pequeña y mediana empresa, especialmente del orientado a financiar la inversión productiva y sostener actividades viables que cumplan criterios de responsabilidad social (por ejemplo, eficiencia en el consumo energético, intensidad y calidad del empleo o servicios de especial interés social). La lógica conduciría a la creación de una banca pública que pudiera desarrollar esta tarea imprescindible de financiación y al establecimiento de una regulación pública estricta y transparente que impida la repetición de los problemas derivados de los excesos financieros.

5º. Mejora de la oferta productiva que debe inscribirse en la búsqueda consciente de nuevos patrones de crecimiento compatibles con un cambio del modelo energético que favorezca a las energías renovables, aliente el ahorro y la eficiencia energética y limite la producción y el consumo de materiales y energías que supongan mayores riesgos, dependencia externa, costes y externalidades negativas.

6º. Democracia y calidad democrática. Responsabilidad de los partidos y representantes políticos con sus programas electorales y con sus promesas a la ciudadanía. Mayor transparencia y control de la labor y el funcionamiento de los partidos políticos. Respeto por la opinión y las propuestas de la ciudadanía que debería concretarse en nuevas leyes de referéndum e iniciativa popular. 

En el ámbito de la UE, podría hacerse un ejercicio similar de precisar prioridades encaminadas a superar las debilidades e incoherencias institucionales de la UE, favorecer la cohesión económica, social y territorial, superar la segmentación que sufren los mercados financieros y la creciente heterogeneidad de las estructuras productivas e impulsar una estrategia de salida de la crisis económica menos influida por los mercados y con más carga solidaria y cooperativa entre los Estados miembros. Sin embargo, resulta evidente que, en el ámbito europeo, los problemas económicos e institucionales ganan en complejidad y resulta más difícil perfilar a día de hoy los niveles básicos de acuerdo que existen.

Podría apuntarse, como ejemplo, que hay bastante coincidencia en considerar imprescindible una más intensa y coherente intervención del BCE, actuando como un auténtico banco central en todas sus funciones, incluida la de prestamista en última instancia para el sector público, que permitiera estabilizar en un nivel aceptable el coste de financiación de la deuda pública. Pero ni siquiera en este punto estarían claros los niveles de acuerdo y los disensos existentes. El análisis de los detalles técnicos de las diferentes modalidades en las que se podría concretar la intervención del BCE o de cualquier otra transformación institucional de la eurozona requiere conocimientos pormenorizados y valoraciones matizadas de sus implicaciones e impactos. Más allá de la denuncia del papel que está jugando el BCE desde el inicio de la crisis, los desencuentros y las diferencias sobre las transformaciones a realizar son frecuentes.

ANEXO V. Crecer o decrecer, ¿es esa la cuestión?

Junto a los muchos temas compartidos que permiten hablar de un amplio campo de acuerdo en los programas progresistas y de izquierdas en torno al diagnóstico de la crisis y de lo que debe hacerse para superarla, hay también diferentes prioridades y propuestas que están muy lejos de despertar el mismo consenso. Comentaré una de esas cuestiones, la del crecimiento, entre los muchos temas discutibles que concentran mayores desencuentros y disputas.

Cada vez más personas sospechan con razón que los recortes y la austeridad forman parte de una gran estafa que hace recaer todos los costes de la crisis sobre la mayoría de la población y castiga principalmente a los sectores más vulnerables. Por el contrario, elites económicas y financieras consolidan su privilegiada posición, amplían su cuota de mercado y, en connivencia con las elites políticas, han conseguido reducir costes, ampliar márgenes y arrebatar al sector público nuevos espacios económicos en los que desplegar su iniciativa y mejorar sus expectativas de rentabilidad.

Si las políticas de austeridad no sirven para salir de la crisis, ¿podría encontrarse la solución en que el sector público incentive el crecimiento y propicie la reactivación económica?

Un primer acercamiento a los argumentos que defienden los partidarios de las propuestas de reactivación económica nos remitiría a la descripción de un gravísimo retroceso de la demanda interna que arrastra en su caída a parte del tejido empresarial y la correspondiente actividad económica, provocando decrecimiento, destrucción de empleos, penosas e injustas consecuencias sociales y dificultades para reducir los desequilibrios de las cuentas públicas o disminuir los altos niveles de endeudamiento de los agentes económicos públicos y privados. Tal diagnóstico describe tan sólo una parte de las causas y problemas y, en consecuencia, ofrece un remedio parcial que se resume en intentar sostener la demanda.

No se puede desconocer que existen también, junto a una demanda insuficiente, graves deficiencias en la oferta productiva, fruto de muchos años de desindustrialización y afianzamiento de especializaciones productivas poco adecuadas, que han contribuido a provocar pérdidas de empleos, actividades económicas y tejido productivo que, en parte, eran insostenibles e inviables. La fragilidad de la oferta productiva está en el origen del retroceso de la demanda interna o ha contribuido a incrementar sus insuficiencias. Dicho de otra forma, una parte significativa de la caída de la demanda interna ha sido causada por las deficiencias de la oferta productiva: retroceso del empleo y el valor añadido del sector industrial, escasa innovación en los sectores que han permanecido a resguardo de la competencia internacional, debilidad de la inversión pública y privada en investigación, escaso nivel educativo de un porcentaje muy importante de la población activa o reducida inversión por alumno del sistema educativo y especialmente en la educación terciaria. Las consecuencias finales de estas deficiencias se han concretado en una escasa y decreciente productividad global de los factores productivos en gran parte de los sectores económicos.

La economía española no tiene únicamente un problema de insuficiente demanda que pudiera ser subsanado con presupuestos expansivos u otras medidas orientadas a sostener la demanda interna. Más aún, afrontar la crisis y el retroceso de la actividad económica y el producto exclusiva o principalmente con medidas de estímulo al crecimiento podría ser contraproducente y terminar provocando un hundimiento aún mayor de la actividad económica. Por otra parte, el incremento de la demanda interna no presupone ni, menos aún, implica que la producción doméstica sea capaz de reaccionar y atender a ese incremento de la demanda inducido por políticas expansivas. Podría suceder que el impacto más importante de esa mayor demanda afectara a las importaciones, incrementándolas, y degradara la balanza comercial, complicando aún más algunos de los principales problemas de la economía española, el déficit exterior y los consiguientes problemas de financiación y endeudamiento externos.

En mi opinión, la política económica tiene que atender al tiempo la debilidad de la demanda interna y las deficiencias de la oferta productiva que atenazan a la economía española. Se requeriría diseñar una política económica compleja que incluyera medidas que no siempre resultan armoniosas o compatibles entre sí.

Junto a la existencia de una fuerte y creciente corriente de opinión pública que reivindica políticas presupuestarias expansivas para limitar el retroceso de la actividad económica o que busca en las medidas de estímulo al crecimiento una esperanza o alguna posibilidad de crear empleos y salir de la crisis, también existen sectores sociales de importancia no despreciable que apoyan diferentes versiones del decrecimiento como vía para afrontar los problemas derivados de la crisis y del funcionamiento del sistema capitalista.

La idea del decrecimiento me parece muy útil como herramienta crítica de la lógica económica de acumulación que sustenta el sistema capitalista, los valores competitivos e insolidarios que promueve, su incapacidad para frenar el consumo irresponsable de materiales y energía, la sistemática subordinación de la calidad del aire, el agua o los alimentos a intereses privados o el desprecio manifiesto que muestra frente a los desequilibrios y la destrucción que su funcionamiento provoca en los ecosistemas. Me parecen de gran interés las propuestas que defienden, entre otros, los partidarios del decrecimiento al promover una austeridad solidaria que aboga por prescindir de lo superfluo y propugna un reparto de empleos y rentas con el objetivo de garantizar condiciones de vida dignas a toda la ciudadanía y maximizar el bienestar colectivo. Reducir el consumo de materias primas que no pueden producirse y que, en algunos casos, están próximos al agotamiento, aumentar la eficiencia energética y promover un mayor respeto por las futuras generaciones, son objetivos más que recomendables, imprescindibles.

No comparto, sin embargo, las posiciones que entienden el decrecimiento como una receta para salir de la crisis o que propugnan el decrecimiento como remedio universal, con independencia de la situación, características estructurales, desequilibrios y problemas específicos de cada país.

No entiendo de qué forma o cómo el decrecimiento puede contribuir a disminuir los costes de financiación, crear empleo neto, financiar la extensión de la protección social, mejorar la productividad, impedir la destrucción de tejido económico y empleos viables, impulsar la solvencia presupuestaria, lograr niveles aceptables de estabilidad financiera o solucionar una larga lista de graves problemas económicos ante los que no parece recomendable cerrar los ojos o derivar su resolución a un futuro o a un cambio sistémico más que inciertos.

Menos aún comparto la hipótesis que defiende que el decrecimiento es una estrategia de ruptura con el sistema capitalista que permitirá sustituirlo por otro; suposición que entra de lleno en el campo de las creencias o, si se quiere, de los valores. Convendría no confundir los objetos de análisis y los temas en debate. Creo que son perfectamente separables los argumentos orientados a criticar al sistema capitalista y presentar las ventajas y valores de posibles sistemas alternativos de una propuesta menos ambiciosa, pero no menos importante, que pretende establecer un diagnóstico sobre las causas de la crisis económica y adelantar criterios de política económica y prioridades que apunten a una salida de la crisis menos injusta y menos dañina que tenga en cuenta la defensa de los derechos y las necesidades de la mayoría de la sociedad. 

Un debate centrado excesivamente en los desacuerdos que enfrentan a partidarios y detractores del decrecimiento o en las políticas expansivas que pretenden una reactivación económica inmediata podría empobrecer, desorientar y, probablemente, dificultar la reflexión crítica y la mejora del diagnóstico de la crisis económica y las medidas de política económica necesarias para superarla. No encuentro ninguna razón para que no se puedan desarrollar ambos debates, pero creo que hay buenas razones para intentar no confundirlos.