1. ¿Qué pone en juego la ampliación al Este de la UE?

Los países del Este candidatos a la adhesión están ya integrados, con desigual intensidad, en los mercados comunitarios. Esa inserción económica forma parte de un proceso de inserción más general que incluye aspectos políticos, jurídicos, institucionales, sociales y culturales. Lo normal y lo más probable es que la próxima adhesión a la UE de buena parte de los 10 países del Este que hoy son candidatos permitirá fortalecer y desarrollar los robustos vínculos económicos actuales, al eliminarse los obstáculos que aún dificultan la movilidad de los recursos y factores productivos.
La inserción económica desarrollada en la pasada década se ha concretado especialmente en un crecimiento espectacular del comercio y en el desarrollo de las inversiones directas extranjeras, aunque este último sea un fenómeno más limitado y localizado, al que la adhesión dará probablemente nuevos impulsos. La integración comercial ha promovido la instalación en los países del Este de numerosas empresas comunitarias que han sabido aprovechar las oportunidades que brinda una mano de obra barata y cualificada, monedas infravaloradas, extensa estructura industrial y una demanda insatisfecha y en crecimiento. Al tiempo, el incremento del comercio entre las economías del Este y la UE ha sido también consecuencia de muy diferentes estrategias de segmentación de la producción que llevan a cabo las empresas multinacionales y de la localización en las economías del Este, especialmente en las más cercanas y desarrolladas, de grandes y pequeñas empresas comunitarias.
Ese escenario de creciente dependencia de las economías del Este respecto a las comunitarias forma parte de la nueva etapa de intensificación de la mundialización del sistema y los mercados capitalistas y es un componente esencial de las formas que adoptan en Europa los avances en la globalización de la producción y la creciente movilidad internacional de mercancías, mano de obra, servicios y capitales financieros y productivos.
La integración de las economías del Este en la UE está provocando cambios en la división internacional del trabajo y en la distribución territorial de la actividad económica; cambios que cuando se consoliden van a determinar la especialización productiva y comercial de cada país, el lugar que cada Estado y cada región va a ocupar en las próximas décadas en el nuevo orden económico mundial en construcción y, como consecuencia, los niveles de renta y bienestar de las poblaciones de cada territorio.
La integración genera un escenario de desigual interdependencia. Los países que forman parte de la UE y los países del Este candidatos están muy desigualmente vinculados a los mercados comunitarios, como consecuencia de una distribución de recursos y capacidades competitivas totalmente asimétrica en sus stocks de capitales financieros y productivos, una gran disparidad en el asentamiento y funcionamiento eficiente de sus mercados y entramados legales e institucionales y una enorme desigualdad en aspectos tan decisivos para su productividad como la calidad del capital físico, la especialización productiva y comercial, la estabilidad macroeconómica, la capacidad de gestión empresarial o el dominio del conocimiento, la información y la tecnología.
Si las transformaciones económicas que impulsa la integración en la UE son numerosas y de gran trascendencia, no lo son menos los interrogantes que se plantean en torno a sus posibles consecuencias.
El primero de estos interrogantes es si el impulso integrador que previsiblemente va a generar la adhesión fortalecerá las tendencias a la modernización de las economías del Este y a la equiparación, lenta o rápida, con los niveles medios de productividad y de renta de los 15 países que en la actualidad forman la UE o si, por el contrario, consolidará un espacio económico dual en el que se perpetúe la situación atrasada y dependiente de los países candidatos o de una parte significativa. En todo caso, convendría no descartar de forma apresurada ninguna hipótesis. Puede que un proceso negociador mal gestionado llegue a provocar la no adhesión de alguno de los países candidatos o puede culminar en una adhesión que no genere convergencia real (2) ni implique un nuevo impulso integrador sino una nueva frustración y el estancamiento y deterioro de la integración alcanzada antes de la adhesión.
Un segundo grupo de interrogantes está relacionado con la influencia de la ampliación de la UE en la definición de las contradictorias tendencias que caracterizan, especialmente en los últimos años, el proceso de integración europeo. ¿Se modificarán de forma decisiva los cimientos o alguno de los aspectos esenciales que han sustentado en los últimos años las políticas de construcción europea? Más concretamente, ¿la incorporación de nuevos socios en la UE debilitará el poder comunitario y las instancias y métodos de decisión supraestatales frente a los gobiernos y a los acuerdos intergubernamentales?, ¿se ampliará la integración a terrenos sociales y políticos?, ¿se fortalecerá la integración en los ámbitos económicos que sobrepasan los límites estrictos de la unión monetaria y que afectan, por ejemplo, a temas fiscales, estructurales o sociales?

2. Una prioridad política y un proceso difícilmente reversible

La desaparición del bloque soviético y, como consecuencia, del mundo bipolar, la fragilidad posterior demostrada por el coloso ruso y la transformación radical de los países del Este han supuesto un enorme éxito político del sistema capitalista, que ha conseguido añadir nueva legitimidad a su extenso dominio y nuevas fuentes de rentabilidad económica para los capitales y empresas comunitarios.
Tras las revoluciones de 1989, una UE encastillada en el oeste de Europa corría el grave riesgo de levantar sobre nuevos cimientos otro telón de acero y de instalar definitivamente la incertidumbre en el continente europeo, con el peligro añadido de importar la inestabilidad y los conflictos de unos países marcados por la desintegración económica, la pobreza y el autoritarismo.
La perspectiva de la adhesión a la UE favoreció en los países del Este la orientación procapitalista del cambio sistémico y la viabilidad sociopolítica de las reformas, contribuyó a generar estabilidad en una región que vivía una crisis general tras la ruptura revolucionaria que simbolizó la caída del muro de Berlín y multiplicó la capacidad de la UE para influir en los asuntos internos de los países del Este y en la orientación de los cambios; capacidad que no siempre ha sabido o podido ejercer con acierto y autonomía. El horizonte de la adhesión se mantuvo vivo en los momentos más duros de la estabilización monetaria y del derrumbe productivo y permitió que la mayoría de la población, incluso parte de los sectores más perjudicados por las reformas, aceptase acríticamente la aparición y extensión de fenómenos como la precariedad, el desempleo, la pobreza, la desigualdad económica y la incertidumbre asociados a las estrategias y programas de reforma aplicadas.
La continuidad de la transformación sistémica debe mucho a que el horizonte de la adhesión se haya mantenido vivo. La paulatina concreción de la perspectiva de la adhesión en un itinerario, un calendario y unos contenidos de la negociación cada vez más precisos, junto a los solemnes acuerdos y declaraciones adoptados en los máximos niveles de la UE, que han logrado arropar esa mayor concreción técnica, proporcionaron legitimidad y respaldo social a las reformas que se aplicaron y dieron una señal inequívoca, a los gobiernos que gestionaban las reformas y a los ciudadanos que sufrían los cambios o se beneficiaban de ellos, de que las transformaciones que estaban produciéndose eran obligatorias y, por tanto, que los costes económicos y sociales asociados a las reformas eran además de inevitables una condición necesaria para su incorporación al club de los países capitalistas desarrollados.
La ampliación al Este aumenta los riesgos y las incertidumbres que están inevitablemente asociados a la construcción europea, relacionados, por ejemplo y entre otros muchos temas, con la pericia de los poderes comunitarios para gestionar un espacio poco cohesionado y crecientemente diverso, con las dificultades financieras que puede causar la ampliación en las políticas comunitarias, en algunos sectores económicos y en algunos países o con la capacidad efectiva de decidir y actuar políticamente como Europa. Desde el lado de los países candidatos, las prevenciones han empezado a surgir más tardíamente y están vinculadas al descontento que la marcha de las negociaciones está extendiendo en estos países, a la capacidad real de sus economías para resistir una mayor presión competitiva y a la dificultad de que los mercados realmente existentes y los agentes e instituciones que predominan en esos mercados puedan transformar en modernización esa mayor presión competitiva.
A pesar de los interrogantes y de las dificultades que plantea la incorporación de los nuevos socios, la ampliación al Este de la UE puede ser considerada hoy, con mínimos riesgos de errar, como un hecho que culminará en tres o cuatro años (anexo 2), aunque la adhesión del último de los 10 países candidatos pueda tardar muchos años más o, en el caso de algún país, no llegar a producirse. A estas alturas, un bloqueo o una decisión que frenase la ampliación generarían incertidumbre, riesgos de inestabilidad en los países del Este, aumento de las disensiones en el seno de la propia UE, un ambiente poco propicio a los negocios y mayores dificultades para intervenir y gestionar posibles situaciones de crisis.
Pocas fuerzas políticas se plantean desarrollar una alternativa plausible al actual proceso de ampliación de la UE. Para la inmensa mayoría de los partidos políticos que gobiernan o aspiran a gobernar en los países del Este y para los grupos económicos y sociales dominantes, la adhesión implica la oportunidad de cimentar la transición, superar definitivamente las amenazas de subdesarrollo y anclar a sus países en un área de estabilidad y prosperidad. Ninguna fuerza política con vocación de convertirse en gobierno en los países candidatos aceptaría defender una alternativa que no contemple la perspectiva real y a corto plazo de la adhesión.
Pese al carácter prácticamente irreversible alcanzado por el proceso de ampliación, en el último año se han acumulado factores de incertidumbre y se ha reducido el apoyo de la ciudadanía, en el Este y en el Oeste, a la ampliación. Uno de estos factores, quizás el más llamativo, ha sido generado por la extrema sensibilidad mostrada por Alemania y Austria a la posible ola migratoria proveniente del Este y se ha plasmado en la imposición de un periodo transitorio que limitará durante siete años la libre circulación de personas y que ya ha sido aceptado provisionalmente por varios países candidatos. Otras causas que han contribuido a minar la confianza en la ampliación al Este han sido la incapacidad para afrontar las reformas institucionales mostrada en los debates que culminaron en el Tratado de Niza; la táctica negociadora del Estado español y de otros estados, receptores netos de fondos comunitarios, que no han sabido insertar la defensa de sus intereses particulares en una estrategia global de convergencia real y cohesión social de todos los países que conformen el mercado único que exigiría la ampliación de los fondos estructurales a los nuevos socios; el rechazo irlandés al Tratado de Niza y los esfuerzos de la Comisión Europea para minimizar ese rechazo y sus consecuencias políticas sobre el proceso de ampliación; y por último, la dificultad de reformar la política agraria común y la imposibilidad de extender todas las líneas de financiación que hoy cubre la PAC a las agriculturas del Este.
En la UE falta convicción para defender, ante sus propios ciudadanos, la importancia y la atención prioritaria que merece la ampliación al Este y para hacer compatibles los intereses económicos legítimos de los actuales socios con las necesidades específicas de las economías y de las poblaciones de los países candidatos. Cuando apenas han comenzado las negociaciones sobre los capítulos más sensibles (agricultura, política regional e instrumentos estructurales, presupuestos y financiación), que se desarrollarán, según el calendario previsto, en el primer semestre del año 2002, esas insuficiencias de la UE pueden hacer descarrilar el proceso negociador con algunos países o, más probablemente, dificultar que lo negociado sea ratificado por los parlamentos de todos los países implicados y, en su caso, por los ciudadanos convocados a referéndum.
Los países del Este tienen parecidas carencias, faltan también grupos políticos y económicos con el liderazgo y la convicción necesarios para defender proyectos de desarrollo nacional que no contemplen la adhesión y la mayor integración económica como fines, sino como instrumentos útiles para conseguir los objetivos últimos de cualquier proyecto de desarrollo económico: un mayor bienestar de la población y equilibrios (o desequilibrios) macroeconómicos compatibles con un crecimiento sostenible y con estabilidad política y social. Esos deberían ser los verdaderos objetivos de la adhesión y a ellos deberían supeditarse las formas y la intensidad de la integración económica.

3. La muy desigual capacidad negociadora de candidatos y socios

La adhesión a un espacio comercial, económico y monetario ya constituido y a un proyecto de construcción de Europa es un fenómeno político que requiere la voluntad de compromiso de las partes para concretar las condiciones para la adhesión de nuevos socios y las modificaciones, períodos transitorios o excepciones temporales que van a afectar a las reglas, normas, instituciones y presupuestos comunes.
La adhesión presupone voluntad en ambas partes, pero esa voluntad política de cada parte descansa en un potencial económico muy desigual y en percepciones muy diferentes de los costes, riesgos y beneficios que se asocian tanto a las modalidades que puede adoptar la incorporación formal a la UE como a una alternativa de no adhesión. El rumbo y los contenidos de la negociación dependen en gran medida de la capacidad de cada parte para barajar diferentes escenarios; sin embargo, los gobiernos y las principales fuerzas de oposición de los países del Este candidatos no se plantean diferentes formas de adhesión ni, menos aún, una alternativa a la adhesión, lo cual reduce sus márgenes de maniobra, multiplica los costes que implicaría la no adhesión y disminuye la probabilidad de que los acuerdos de adhesión alcanzados incorporen las políticas y los recursos necesarios para minimizar los riesgos que ocasionará la adhesión.
En el mercado mundial y en los grandes bloques económicos regionales que configuran y sustentan el sistema capitalista mundial, los países se articulan en torno a jerarquías económicas precisas (vinculadas casi siempre a la fuerza político-militar) que determinan la posición hegemónica, subalterna o dependiente de cada país y que propician un orden económico que contiene mecanismos discriminatorios y asimétricos que favorecen a unos países, regiones y sectores mientras perjudican a otros. La UE no es ahora ni será tras la ampliación una excepción a esta norma; antes bien, lo más probable es que la ampliación sirva para reforzar el muy desigual reparto de posiciones de dominio y subordinación que existe en la actualidad. Pocas dudas pueden albergarse de que los intereses y objetivos defendidos por las grandes potencias de la UE, por los países periféricos de la actual UE y por los ahora candidatos quedarán muy desigualmente reflejados en los tratados de adhesión.
Las negociaciones para la adhesión discurren por los estrechos cauces de unas condiciones establecidas por la UE. No parece que esté de más explicitar lo obvio: la adhesión de los países del Este candidatos a la UE no responde a un esquema de construcción pactada de un espacio político, institucional y económico común entre los países que negocian, sino a un modelo de incorporación a un bloque ya constituido y de aceptación de unas reglas, normas e instituciones consolidadas. Los países candidatos parten de una situación de extrema debilidad en los muy reducidos márgenes en los que se establece el proceso negociador, con escasa capacidad para defender sus intereses particulares-nacionales y sin fuerza económica ni política para desarrollar un proyecto alternativo de conexión (o desconexión) controlada al mercado comunitario.
En el informe de 1999, la Comisión Europea concluía que todos los países del Este que negociaban su adhesión satisfacían los criterios políticos (3) establecidos en el Consejo Europeo de Copenhague (1993), aunque algunos países deberían seguir haciendo progresos en muy diversos terrenos, especialmente en materia de protección de los derechos humanos y las minorías étnicas. En el informe de 2000 se seguía considerando válida la apreciación, contenida en el informe del año anterior, de que la corrupción era un grave problema y se señalaba que, pese a los progresos realizados, el fraude y los delitos económicos eran moneda corriente en la mayoría de los países candidatos, provocando pérdida de confianza en los ciudadanos, descrédito de las reformas y una situación que seguía siendo alarmante. El último informe de 2001 mantiene la conclusión de que los 10 países candidatos cumplen con mayor o menor rigor los criterios políticos y se felicita por los progresos realizados en el último año, pero mantiene también muchas de las críticas y recomendaciones contenidas en informes anteriores, especialmente las que se refieren a la necesidad de mejorar la situación de los gitanos y de reforzar la lucha contra la corrupción y contra el tráfico de mujeres y niños, que lejos de mitigarse muestra indicios de fortalecimiento.
Respecto a los criterios económicos, también definidos en Copenhague y precisados en la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda 2000 -existencia de una economía de mercado viable y capacidad para resistir a la presión de la competencia y las fuerzas de mercado en la Unión Europea-, las conclusiones del informe de la Comisión de 2000 establecían una minuciosa clasificación encabezada por Estonia, Hungría y Polonia, que eran consideradas como economías de mercado viables que podrían alcanzar, en un futuro próximo, la capacidad para resistir el aumento de la presión competitiva originada por la adhesión. A ese grupo de cabeza le seguían otros dos, el de Eslovenia y la República Checa y el de Letonia, Lituania y Eslovaquia. Los últimos lugares eran ocupados por Bulgaria y Rumania, que no cumplían ninguno de los dos criterios económicos, aunque Bulgaria había hecho progresos mientras en Rumania los avances eran demasiado limitados. El informe de 2001 sigue valorando que ni Bulgaria ni Rumania cumplen por el momento ni estarán a corto plazo en condiciones de cumplir los criterios económicos, mientras que los otros 8 países del Este candidatos son economías de mercado en funcionamiento que podrían a corto, de perseverar en las reformas, hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas de mercado dentro de la UE.
Además de vigilar si los países candidatos cumplen los criterios políticos y económicos establecidos, el examen de la Comisión se centra en valorar la capacidad de los candidatos para adoptar, aplicar y cumplir el acervo comunitario. Las negociaciones se basan en el principio de que los países candidatos aceptan el acervo comunitario (conjunto de leyes y normas reguladoras que suman alrededor de 80.000 páginas), lo incorporan a su legislación nacional y estarán en condiciones de aplicarlo efectivamente y hacerlo respetar en el momento de su adhesión (4), gracias a la puesta en pie de las estructuras administrativas y judiciales adecuadas.
Por tanto, no se ha diseñado, en sentido estricto, un marco negociador entre las partes, la UE y los países candidatos, sino un marco de evaluación en el que una de las partes, la UE, examina individualmente los avances logrados por cada candidato respecto a los criterios políticos y económicos definidos previamente por la propia UE y respecto a la capacidad para asumir las obligaciones vinculadas a la adhesión, reservándose la UE amplios márgenes de interpretación sobre el grado de cumplimiento de los criterios, la capacidad de cada país para aplicar la normativa comunitaria y las condiciones y el momento de la adhesión de cada candidato.
Con ese diseño y esos principios, no era difícil predecir que las negociaciones iban a discurrir, como así está sucediendo, por una vía excesivamente formalista en la que lo fundamental consiste en examinar el ritmo al que se aprueba la nueva normativa legal y su grado de armonización con el acervo comunitario y evaluar el nivel de adaptación de las instituciones y estructuras administrativas nacionales a las exigencias de dicho acervo y lo de menos, valorar si esas instituciones pueden funcionar adecuadamente, identificar las condiciones y necesidades específicas de las economías del Este para que la adopción y puesta en práctica del acervo ocasione los menores costes posibles, posibilite el desarrollo de mercados competitivos y aumente las posibilidades de que la mayor integración económica genere modernización, crecimiento sostenible y mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad.

4. Los dividendos de la integración

Los 10 países del Este candidatos a la adhesión (anexo 3) suman 1.078.000 km2 y 105.000.000 de habitantes y ampliarán la superficie de la UE en un 34% y la población, en un 28%. El PIB de los países del Este candidatos apenas representó en el año 2000 algo más de un 5% del producto de la UE a los tipos de cambio del mercado o de un 10% si se utiliza un tipo de cambio que iguale el poder adquisitivo de las monedas. El PIB per cápita del conjunto de los países candidatos representa, equiparando la capacidad adquisitiva de las monedas, un 39% de la media comunitaria (anexo 4). En una comparación más cercana, esos datos implican que con una superficie que dobla la del Estado español y una población que multiplica por 2,5 la española, los países del Este candidatos aportarían al PIB comunitario una cuantía parecida a la española (algo más del 60%, a los tipos de cambio de mercado, o un 125%, en paridad de poder adquisitivo)
A veces se utilizan los datos anteriores para mostrar que la ampliación al Este, a pesar de su gran valor simbólico o de la notable importancia numérica de los países implicados, no tiene gran relevancia económica, ya que no originará grandes beneficios para la UE; prolongando el razonamiento, se subraya que la ampliación es principalmente una cuestión política, con un interés económico para la UE relativamente pequeño y que, por tanto, requiere exclusivamente voluntad política, es decir soluciones y decisiones políticas.
La argumentación anterior no puede sostenerse en una realidad que expresa la notable envergadura económica alcanzada por la integración antes de la adhesión formal de los países candidatos en la UE. La integración económica es muy desigual pero, en todo caso, intensa: incluye la vinculación creciente de las monedas nacionales al euro, el acercamiento institucional y legal al acervo comunitario y el desarrollo de los flujos comerciales, financieros, productivos o migratorios.
En la pasada década, el valor en euros de las exportaciones de la UE a los países del Este candidatos se ha multiplicado por 5 mientras el de las importaciones se multiplicaba por 4,1. Como resultado de ese impulso, los países del Este candidatos se han convertido en el segundo socio comercial de la UE, a mucha distancia todavía de Estados Unidos (los flujos comerciales totales con los países del Este candidatos representaron en el año 2000 la mitad, aproximadamente, de los alcanzados con EE.UU.) y sus saldos comerciales muestran en los últimos años importantes déficit que en conjunto suponen el 5% del PIB global de los países candidatos. Desde el lado de la UE, el pequeño déficit del que partían sus intercambios comerciales con estos países se ha transformado diez años después en un notable excedente, 17.200 millones de euros en el año 2000, que contribuye a equilibrar la balanza comercial comunitaria.
Aunque los mercados de los países candidatos resultan ya muy accesibles a los bienes y servicios comunitarios (5) y es difícil que, tras la adhesión, aumente significativamente la participación relativa de los actuales mercados comunitarios en el comercio exterior de los países del Este (para Hungría o Estonia los intercambios con la UE representan en estos momentos alrededor del 70% de su comercio exterior), lo normal es que el comercio entre las economías del Este y las comunitarias tenga todavía márgenes para su desarrollo en términos absolutos, es probable que las cuotas de mercado respectivas (las del conjunto de los países del Este en la actual UE y la de la UE en los mercados del Este) también aumenten y es previsible que el desequilibrio comercial siga siendo desfavorable a los países del Este, aunque no haya en la mayoría de los países demasiado margen para un mayor deterioro de los déficit exteriores que mantienen en los últimos años.
El stock de inversiones directas comunitarias en los países del Este candidatos suponía tan sólo un 5% del total de las inversiones directas extranjeras que han realizado las empresas comunitarias fuera del espacio de la UE; pero la vinculación productiva entre las economías candidatas a la adhesión y las comunitarias tiene mucha mayor relevancia de lo que indica ese 5%, pues permite a numerosas multinacionales comunitarias ejercer en estos momentos, antes de la adhesión, el control de sectores estratégicos (automoción, banca, telecomunicaciones, electricidad,...) y un amplio dominio sobre extensas redes de proveedores nacionales. Otra vía de vinculación productiva, quizás menos espectacular que las inversiones directas pero no menos decisiva, es la de las empresas comunitarias que utilizan de forma bastante generalizada los regímenes de tráfico de perfeccionamiento activo y pasivo, tanto en las transacciones entre empresas pertenecientes al mismo grupo como en acuerdos con terceras empresas; gracias a esos acuerdos, las multinacionales comunitarias dominan las exportaciones de las industrias de la confección y una parte muy notable del tejido productivo de las regiones fronterizas con la UE, las de algunas industrias intensivas en trabajo y materiales, como el textil o el cuero y calzado y las exportaciones de sectores más intensivos en capital y tecnología como los de automoción, electrónica, material eléctrico o maquinaria.
Las mayores garantías jurídicas y políticas que se asocian a la futura pertenencia de estos países a la UE, la estabilidad política, la consolidación de nuevos mecanismos de regulación de los conflictos laborales y sociales y la disminución de los desequilibrios macroeconómicos que exige y propicia la adhesión ofrecen todavía un amplio recorrido al desarrollo de las inversiones directas comunitarias y a una vinculación productiva todavía más intensa.
Las repercusiones de la integración económica alcanzada antes de la adhesión se extienden más allá de la intensificación de los flujos económicos, financieros y productivos anteriormente reseñada. Las empresas y los consumidores comunitarios también se han beneficiado de unas monedas infravaloradas que han permitido diversificar y abaratar los aprovisionamientos y de unos niveles de remuneración de la fuerza de trabajo que a los tipos de cambio de mercado, que son los que determinan los costes, las cuentas de resultados de las empresas comunitarias y los precios de los artículos, apenas alcanzan una quinta parte de los costes laborales comunitarios o un tercio de los españoles.
La integración económica producida hasta la fecha difícilmente podría haberse saldado con mayores beneficios para la UE, especialmente para algunos países, como Alemania o Austria, que tienen fronteras con los candidatos; para la economía española, en cambio, la integración económica de los países del Este ha tenido menores repercusiones positivas: los países candidatos apenas representan para el comercio exterior español la mitad del porcentaje que alcanza para el conjunto de la UE y las inversiones directas realizadas por empresas españolas en aquellos mercados alcanzan un porcentaje mínimo, que no llega al 1% del total y que supone una décima parte del nivel porcentual que alcanza en la UE. Datos explicables, dada la lejanía geográfica y cultural, pero que desvelan el insuficiente apoyo institucional a la presencia de las empresas españolas en los mercados postsoviéticos y la menor capacidad de los emprendedores españoles para aprovechar las oportunidades y apreciar las posibilidades de unos mercados emergentes que cuentan con un gran potencial de crecimiento.
Desde el lado de los países candidatos, el saldo de la integración económica (6) producida presenta perfiles más confusos: priman los aspectos favorables en algunos países, como Eslovenia, Hungría, Polonia o la República Checa, mientras en otros, Bulgaria o Rumania, predominan las consecuencias económicas negativas.
La distribución de la renta en todos los países candidatos muestra una clara tendencia al aumento de la desigualdad (7), aunque todavía las desigualdades siguen siendo más reducidas que en la UE. En el mismo sentido, todos los organismos internacionales (desde el Banco Mundial a la UNICEF) muestran numerosos datos que confirman que las condiciones de vida de una parte importante de la población de los países del Este se han degradado en los últimos años de forma evidente y significativa (8).
Ese deterioro de las condiciones de vida no ha impedido que las reformas hayan seguido su curso. Con intensidad desigual, algunos países han aprovechado la mayor vinculación con las economías comunitarias para renovar y modernizar partes significativas de su aparato productivo, obtener financiación externa suplementaria, aumentar sus ventas al exterior, mejorar y diversificar la oferta de bienes de consumo en sus mercados nacionales y conseguir un crecimiento económico que ha mejorado las condiciones de vida de una parte importante de su población. En otros países, en cambio, la integración ha amplificado la destrucción de su tejido productivo y el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría, mientras que los progresos estabilizadores parecen demasiado precarios y la especialización productiva sigue siendo muy similar a la que predominaba en los desaparecidos sistemas de tipo soviético.

5. Condiciones y criterios económicos de la ampliación

El proceso de integración económica que vive Europa tras las rupturas revolucionarias de 1989 es, en parte, un fenómeno espontáneo que surge de la propia lógica de acumulación del sistema capitalista y de la búsqueda de máxima rentabilidad, no dependiendo estrictamente de criterios políticos ni de la voluntad de países o gobiernos. La integración económica tiene una dinámica autónoma: los agentes económicos toman las decisiones que impulsan la integración -comerciar, endeudarse, invertir en sus mercados de valores, subcontratar o deslocalizar parte del proceso productivo- con objetivos económicos diversos (sean estos reducir costes, ampliar mercados, especular, obtener rentas, fortalecer alianzas o debilitar competidores) y con relativa autonomía respecto a la evolución de las negociaciones para la adhesión e, incluso, de que las negociaciones existan.
La marcha concreta de las negociaciones para la adhesión y la percepción que tienen los agentes económicos sobre los intereses políticos, económicos y geoestratégicos que alientan o dificultan la ampliación influyen en los objetivos empresariales, en las decisiones económicas que toman las empresas y en los riesgos que asumen, pero no determinan, al menos en exclusiva, la actuación de los agentes económicos ni, por tanto, el proceso de integración económica. De igual forma, la vinculación económica entre empresas, grupos económicos, sectores, industrias y regiones de la UE y de los países del Este y los intereses que genera dicha vinculación tienen efecto sobre las prioridades y políticas que aprueba la UE e influyen en los objetivos que se marcan las fuerzas políticas y en las posiciones negociadoras de los gobiernos de la UE y de los países candidatos.
Las negociaciones para la adhesión se ven influidas por un complejo entramado de factores que impulsan o dificultan la integración, pero los problemas económicos relacionados con la adhesión no pueden reducirse a su perfil político ni quedar simplificados en un problema exclusivo de voluntad política.
En el seno de la Unión Europea pugnan diversas tendencias para desarrollar, mantener o minimizar las políticas y acciones económicas comunes, los instrumentos supraestatales de decisión, los métodos comunitarios de regulación y los terrenos de integración. A la espera de qué tendencias resulten finalmente vencedoras, la mecánica diaria de la integración europea sigue descansando, como desde sus inicios, en el terreno económico, siendo ahora el mercado único y el euro los raíles básicos por los que discurre la integración europea.
Aunque los objetivos y criterios políticos han sido determinantes en todo el proceso integrador y resulten igual de decisivos en el examen de los requerimientos que deben cumplir los países candidatos y en la concreción del momento y los protagonistas de la adhesión, la ampliación al Este de la UE tiene componentes y bases económicas que requieren decisiones y soluciones económicas. El análisis de las condiciones económicas específicas que son imprescindibles para que la integración resulte beneficiosa para los países del Este y, por lo tanto, para la construcción de Europa no puede sortearse apelando al papel clave que juega la política en el proceso de integración europeo, a la necesidad de clarificar el proyecto de la UE o al interés que tendría fortalecer los componentes sociales y políticos de la integración europea.
Ese imprescindible debate económico no debería quedar restringido al estrecho círculo de los especialistas, por mucho que la discusión tenga inevitablemente un contenido técnico que exige cierta familiaridad con herramientas analíticas que, por no ser simples, parecen un difícil obstáculo para captar la atención de la mayoría de los ciudadanos por las cuestiones socioeconómicas en juego.
Algunos de los problemas económicos relacionados con la adhesión que deberían ser analizados y debatidos por la ciudadanía europea e incorporados a las negociaciones para la adhesión podrían ser sintetizados en los siguientes puntos:
a) Los desequilibrios comerciales y por cuenta corriente que sufren los países candidatos son consecuencia de un desigual proceso de modernización de su base productiva y, entre otros factores, de la aproximación a los niveles y formas de consumo comunitarios, principalmente entre la población con mayor renta. La renovación de la estructura productiva y el surgimiento de una nueva especialización productiva y comercial exigen déficit comerciales que serán más o menos intensos en función del ritmo modernizador. Optar por un equilibrio inmediato y estricto de las cuentas exteriores implicaría retrasar la incorporación de nuevas tecnologías y disminuir las posibilidades de desarrollar nuevas ventajas comparativas. Optar por desequilibrios externos razonables y manejables que posibiliten la vía modernizadora implica también costes, relacionados en este caso con la obtención de la necesaria financiación exterior a un interés aceptable y con los mayores riesgos de inestabilidad financiera y monetaria.
b) En un sentido similar puede hablarse de la gestión de las cuentas públicas, aunque en este caso apostar por un presupuesto equilibrado o por un déficit asumible que minimice su potencial inflacionista implicará una menor o mayor capacidad para impulsar la modernización y proteger a la ya muy numerosa población damnificada por el discurrir de la transformación sistémica, a la que se sumarán los nuevos sectores que resultarán afectados por el nuevo impacto económico que ocasionará la adhesión, y, en consecuencia, mayores o menores posibilidades de generar estabilidad social y de asegurar un apoyo suficiente de la ciudadanía a la integración europea. Hay que tener en cuenta, además, que los países del Este están llevando a cabo reformas estructurales (saneamiento del sistema bancario, cumplimiento de la normativa comunitaria de protección medioambiental, reforma de los sistemas sanitario y de pensiones, modernización de las fuerzas armadas,...) que van a ocasionar un importante aumento del gasto público y una carga financiera para los próximos años difíciles de cuantificar pero notables.
c) Dado el muy inferior desarrollo de las estructuras productivas y el menor potencial competitivo de las economías del Este, la adhesión debería ser compatible con una protección selectiva, durante un período transitorio y claramente delimitado, de sectores y empresas que manifiesten cierto potencial competitivo, aunque a corto plazo, tras la adhesión, no puedan encajar un nuevo aumento de la presión competitiva. La ampliación ocasionará nuevos ajustes económicos y nuevos costes sociales que pueden desestabilizar el proceso de integración y que exigen un esfuerzo compensador y una financiación suplementaria que difícilmente puede generarse en el interior de aquellas economías u obtenerse a bajo coste en los circuitos financieros internacionales de carácter privado.
d) La ampliación va a suponer una brutal confrontación entre un sector agrario moderno y muy subvencionado y las atrasadas agriculturas de los países candidatos, que cuentan con estructuras de propiedad imprecisas y atomizadas, una productividad agrícola que en el mejor de los casos alcanza un 35% de la media comunitaria y una mano de obra agrícola (9,5 millones de personas) que supera en un 34% la de la actual UE. La modernización de las estructuras agrarias ocasionará desempleo, tensiones inflacionistas, trasvase de población activa a otros sectores económicos y subida del precio de los alimentos, aumentando las penurias de los sectores más empobrecidos de la población y añadiendo nuevos factores de inestabilidad y crispación social que exigen una negociación del capítulo agrícola que tenga en cuenta tanto la conveniencia de impulsar las reformas estructurales como la necesidad de amortiguar sus efectos más perjudiciales.
e) La convergencia con las estructuras de precios comunitarias es un proceso avanzado, pero al que todavía le queda cierto recorrido que implica un importante potencial inflacionista, cuya gestión requiere mayor autonomía de las políticas monetarias de los países del Este y mayores márgenes de divergencia respecto a los niveles medios comunitarios durante un periodo de tiempo que puede ser largo hasta alcanzar la estabilidad monetaria de la que hace gala la UE. Utilizar tipos de cambio muy rígidos como anclas nominales externas puede imponer bajas tasas de inflación, pero no puede consolidar una estabilidad monetaria compatible con crecimiento económico durante un periodo prolongado.
f) La obligada perspectiva de integración en la unión monetaria, en un momento indeterminado (9) posterior a la ampliación, y de sustitución de las monedas nacionales por el euro, debería implicar, antes y después de la adhesión, una vinculación creciente y suficientemente flexible al euro (10), que permita fluctuaciones en los tipos de cambio nominal y una paulatina apreciación real de sus monedas frente a la divisa comunitaria (apreciación a la que necesariamente conduce el mantenimiento tras la adhesión de un significativo diferencial de inflación) que no ocasione pérdidas inasumibles de competitividad y su consiguiente repercusión negativa en las cuentas exteriores y en el crecimiento.
g) La adhesión implicará mayores garantías y menores riesgos para la entrada en las economías del Este de inversiones extranjeras, tanto de las más volátiles como de las que tienen perspectivas a más largo plazo, que complicarán el control de la inflación y del tipo de cambio y que exigirían un compromiso firme, público y creíble de la UE en defensa de las monedas de los nuevos socios, para limitar las fluctuaciones cambiarias en relación al euro y para minimizar las posibilidades de éxito de los ataques especulativos.
Los gobiernos de los países del Este están, por lo general, tan interesados en la adhesión a la UE que aumentan la presión en las negociaciones subrayando que la ampliación es un problema de voluntad política y que las resistencias de la UE a precisar una fecha es consecuencia de la debilidad de sus convicciones europeístas y de su pretensión de obtener mayores ventajas en las negociaciones.
A pesar de que esas críticas a la UE, a menudo compartidas por las fuerzas de izquierda, tienen una base real, los problemas económicos relacionados con la adhesión son también reales y no pueden ser reducidos a una cuestión presupuestaria y, en el extremo de ese razonamiento, a un problema de voluntad política de los países comunitarios (porque la de los países candidatos se supone o se menosprecia). Esa simplificación no sólo empobrece el debate sobre la integración económica, lo peor es que dificulta cualquier intento de analizar qué necesidades tienen y qué objetivos pueden lograr las economías del Este con su adhesión a la UE, facilitando así que la ciudadanía europea pueda conocer las ventajas y los costes de unas u otras alternativas y propuestas económicas, sus previsibles repercusiones, los intereses que subyacen tras los argumentos y, finalmente, respaldar a las políticas económicas que parezcan más convenientes.
Los retos económicos que enfrentan los países del Este en su proceso de integración en los mercados comunitarios no pueden quedar reducidos a un problema financiero, aunque ese problema financiero exista. Las ventajas e inconvenientes, al igual que los riesgos y oportunidades de todo proceso de integración económica se generan y concretan en el funcionamiento cotidiano de los mercados y de las relaciones sociales de producción. Por eso, entre otras razones, los países más desarrollados de la UE están interesados en financiar las políticas comunitarias que favorecen directamente en mayor cuantía a los socios más atrasados.
Las oportunidades y los retos que originará la nueva fase integradora, tras la adhesión, irán perfilando su alcance y limitaciones en el funcionamiento normal del mercado interior. Sólo podrán aprovechar las oportunidades que ofrezca la pertenencia al nuevo espacio económico los países con mercados, instituciones y agentes capaces de generar nuevas especializaciones productivas que permitan el acceso a los mercados en crecimiento que concentran la tecnología, el valor añadido y los beneficios.
El acceso a una financiación suplementaria más o menos generosa y a bajo coste puede fortalecer esa capacidad, pero no puede suplantarla; puede también compensar transitoriamente las debilidades de un tejido económico potencialmente competitivo, que de no contar con ese apoyo suplementario, estaría condenado a desaparecer a corto plazo, pero no puede sustituir los requerimientos básicos de todo proceso modernizador: estabilidad macroeconómica, crecimiento estable y un entramado legal e institucional que propicie el ahorro y lo canalice hacia las inversiones más productivas, rentables y con mayor incidencia en la transformación del entramado productivo y empresarial.
Así lo han demostrado, en los últimos años, algunos países del Este que, en condiciones muy difíciles de reconstrucción de sus vínculos internacionales y de recimentación de sus instituciones estatales (11) y de sus formaciones sociales, han tenido capacidad para modernizar una parte de sus estructuras económicas, transformar más o menos intensamente su paisaje productivo y empresarial y construir un tejido económico relativamente competitivo y saneado, a pesar de no haber contado con las ayudas estructurales comunitarias de las que han disfrutado los socios más atrasados de la UE.
En el mismo sentido, el Sexto Informe sobre la situación y la evolución socioeconómica de las Regiones de la UE (Comisión Europea, 1999) muestra como la convergencia real entre las regiones comunitarias se produjo fundamentalmente en los años sesenta y en la primera mitad de los años setenta; a partir de entonces las evidencias de esa convergencia se debilitan o desaparecen, incluso tras el impulso que recibieron, con la entrada en vigor del Acta Única Europea en 1987 y de las primeras perspectivas presupuestarias para el periodo 1988-1992, los fondos estructurales y las políticas e ideas favorables a la reducción de las disparidades internas, a la redistribución de la renta y a la cohesión social.
Los topes presupuestarios aprobados en los últimos años por la UE (o, siendo más precisos y sinceros, impuestos por las grandes potencias en las que recae el peso fundamental de financiar los gastos comunitarios) nos ayudan a percibir que los dirigentes europeos no contemplan ni la extensión a los nuevos socios de todas las políticas y acciones comunitarias hoy existentes ni su profundización entre los actuales socios y que no pretenden tratar en el futuro de forma similar a como se hizo en los años noventa ni con medios financieros parecidos unas divergencias internas que irán aumentando a medida que vaya siendo efectiva la entrada de nuevos socios cada vez más pobres y menos preparados. De hecho, los fondos destinados a financiar las actuaciones estructurales de los socios actuales disminuirán en los próximos años, tanto en términos relativos como en cuantía absoluta. Más aún, si no fuera porque la UE ha aumentado las ayudas a los países candidatos, en el marco de la preadhesión durante el periodo 2000-2006, la cuantía total de los presupuestos comunitarios seguiría una trayectoria ligeramente descendente (anexo 5).
Las perspectivas presupuestarias para el periodo 2000-2006 nos revelan la radiografía de un proyecto de ampliación sometido de forma extremadamente rígida al techo del 1,27% del PIB comunitario, en lugar de aproximarse a ese tope se aleja de él, y que financia una parte de los gastos previstos para la preadhesión (en total 22.000 millones de euros, que representan aproximadamente una media anual del 1% del PIB de los países candidatos) a costa de disminuir los fondos estructurales.
Al mismo ritmo que pierden peso en los presupuestos de la UE los fondos destinados a financiar las reformas estructurales que generan convergencia real y cohesión social, retroceden las ideas favorables a utilizar políticas e instrumentos comunitarios para compensar las diferencias de partida en los niveles de renta y productividad y ganan terreno los argumentos de que la integración económica y el mercado generan espontáneamente mecanismos de convergencia entre las regiones y los países más prósperos y los más atrasados. Atrás queda el énfasis que en los años noventa se puso en la conveniencia y en las ventajas económicas, políticas y sociales de reducir las disparidades internas.
Los actuales dirigentes de la UE, las fuerzas políticas hegemónicas en Europa y los círculos de opinión que representan los intereses de los grandes grupos empresariales comunitarios parten bien de la hipótesis de que el mercado único va a impulsar el proceso de convergencia de los países y regiones atrasados con los más desarrollados, bien de la hipótesis alternativa de que el mercado único puede funcionar perfectamente en un espacio económico y social marcado por los desequilibrios regionales, la desigualdad económica y la falta de cohesión social, a condición de que no se generen grandes conflictos políticos o sociales y de que se mantengan con rigor las políticas económicas que dan prioridad a la estabilidad monetaria.
Es difícil decantarse por cual de las dos hipótesis puede resultar más dañina para el desarrollo de una Europa en la que primen los valores de cohesión social y territorial, desarrollo económico y bienestar para la mayoría de la población. En todo caso, en ambas hipótesis se intuye el objetivo común de tratar de limitar las posibilidades de que la sociedad y los poderes comunitarios compensen la falta de convergencia producida por el mercado, si la consideran insuficiente, e influyan con más decisión (o, al menos, con la misma que mostró en los años noventa) en la orientación y en el ritmo de esa convergencia.

6. Características del modelo de integración europea que desvela la ampliación al Este

La Comisión Europea reclama la participación de los ciudadanos en el debate de qué Europa se quiere construir e impulsa el apoyo de la sociedad a una renovación imprecisa de la UE que no define ni las formas ni los objetivos de la integración europea. Europa se mueve y la integración avanza sin que ese avance genere necesariamente más Europa. El actual modelo de integración tiene un destino desconocido y, por tanto, no puede definir sus instrumentos políticos e institucionales ni su itinerario. Esa indefinición del modelo de integración contrasta con los perfiles precisos de un proceso de ampliación al Este que no apunta en la dirección de propiciar la convergencia real ni la cohesión social y que está siendo gestionado (12) por líderes que despiertan con sus declaraciones y, más aún, con sus decisiones recelos en la ciudadanía de los países candidatos y que favorecen en sus conciudadanos lecturas ramplonas y miopes de las oportunidades que para Europa supone la ampliación.
Algunas de las características principales de este modelo de integración europea podrían resumirse en los siguientes puntos:
1ª. La unión monetaria es la prioridad máxima de la UE, al menos durante el año 2002. El éxito en la implantación del euro condicionará la valoración sobre el ritmo al que avanza la integración europea y, al mismo tiempo, influirá en las fechas y en la selección de los países del Este que protagonizarán la próxima ampliación. El desarrollo de la unión económica, sin embargo, permanece en un discreto tercer plano, se estanca y como consecuencia pierden relevancia las políticas económicas destinadas a reducir las disparidades internas o favorecer la cohesión social y se olvidan las medidas destinadas a armonizar los sistemas fiscales o las condiciones de empleo y, en definitiva, a aproximar las sociedades.
2ª.- El examen al que se someten los países candidatos discurre por vías muy diferentes. Se examina con rigor un hecho objetivo, el grado de incorporación del acervo comunitario a cada legislación nacional, pero se evalúa con criterios muy imprecisos el nivel de adaptación y la capacidad de las estructuras administrativas e institucionales para hacer cumplir dicho acervo y no se explicitan qué evidencias permiten juzgar la viabilidad de las economías de mercado existentes en esos países y si podrán seguir desarrollándose en un entorno más competitivo. En los documentos comunitarios que dan cuenta periódica de esos exámenes, apenas encontramos referencias a los costes (13) asociados a la integración económica que se ha producido ni a los riesgos que implica la adhesión; tampoco hay rastros de preocupación por precisar qué requisitos deberían cumplir las economías y los países candidatos para esperar que el cumplimiento del acervo comunitario generará mayores posibilidades de conseguir un crecimiento sostenible y una mejora de las condiciones de vida de la población.
3ª.- La UE ha establecido tres límites al presupuesto comunitario: el primero, el más global, limitando su cuantía total al 1,27% del PIB comunitario; el segundo, relacionado con cada socio y basado en el criterio de utilización eficaz, limitando la financiación que puede recibir cada país al 4% de su PIB; y el tercero, específico del sector agrario, excluyendo la extensión a los nuevos socios de las ayudas directas que reciben los productores. El presupuesto comunitario queda maniatado, justo en el momento en el que la ampliación hará aumentar el peso de los países atrasados y la heterogeneidad en la UE, en un intento de sofocar cualquier tentación futura de dedicar recursos financieros adicionales a impulsar la productividad y la modernización de los nuevos socios. La convergencia económica real queda así al albur del funcionamiento espontáneo de los mercados comunitarios, tras limitar la capacidad de la ciudadanía europea y de las instancias comunitarias para influir en los ritmos de la convergencia.
4ª.- Los cerrojos financieros impuestos al presupuesto comunitario podrían ser compensados, al menos en parte, por una mayor movilidad de la mano de obra hacia los países más desarrollados de la UE, que tendría efectos favorables si en esa emigración no predominasen los trabajadores más cualificados y productivos y no provocase una grave descapitalización de la mano de obra en los países de origen. Sin embargo, el temor infundado y poco razonable de una parte significativa de las opiniones públicas de Alemania y Austria se ha impuesto a los intereses y derechos de los países candidatos y a las necesidades de las economías que necesitan más esa libre movilidad para sus ciudadanos.
5ª.- Los criterios de convergencia nominal acordados en Maastricht (diciembre de 1991) para seleccionar a los países que posteriormente adoptaron como moneda el euro se han consolidado como un compromiso de estabilidad permanente en el que también los países del Este candidatos pueden verse implicados a corto plazo (14). De hecho, algunos países candidatos ya han comenzado sus intentos de aproximación al objetivo de un déficit de las administraciones públicas no superior al 3% del PIB, en lo que parece ser una condición no escrita para la adhesión y posterior vinculación al euro. Si la adhesión obliga a los futuros socios a aplicar políticas restrictivas que intenten igualar los objetivos de mínima inflación y estricta disciplina de las finanzas públicas que deben cumplir los socios actuales se confirmaría la renuncia a la convergencia real en un futuro previsible y la disposición a mantener un mercado único en un espacio muy heterogéneo y con niveles de desarrollo muy desiguales.
6ª.- Las mayores diferencias en los niveles de desarrollo económico y su prolongación en el tiempo propiciarán los procedimientos de cooperación reforzada entre espacios económicos con un mayor grado de homogeneidad y potenciarán las diferencias en los compromisos de cada socio con las políticas comunitarias. El predominio de los procesos de cooperación reforzada significaría la consolidación de una UE de geometría variable para cada uno de los temas que son objeto de cooperación, con diferentes formas de actuación y decisión en cada tema. Surgiría así una nueva mecánica de integración europea que aumenta el riesgo de que se asienten las diferencias actuales y se consoliden varias europas con diferentes velocidades y categorías.
7ª.- La cumbre de Berlín (1999) acordó estabilizar los gastos agrícolas de la UE y, en consecuencia, no hacer plenamente extensible a los nuevos socios del Este las ayudas directas a los productores que compensan las reducciones de los precios de garantía. Se abrió la puerta, con esta decisión, a una injustificable Política Agrícola Común a dos velocidades, concretada en las perspectivas presupuestarias del periodo 2000-2006. Para el año 2003 está previsto el próximo examen de la doble cuestión recurrente en las discusiones comunitarias de la orientación y la financiación de la PAC; será la ocasión para comprobar la solidez de los acuerdos para la adhesión alcanzados en el capítulo agrícola con los países candidatos y las posibilidades de resolver un conflicto de intereses que deberá estar solucionado antes de que se formalice la adhesión de los nuevos socios y antes de que se aprueben las próximas perspectivas financieras para el periodo 2007-2013.
La UE debe definir a corto plazo (15) la reforma institucional que fue incapaz de realizar en el Tratado de Niza. A expensas de lo que resulte en este nuevo intento de reforma institucional -que pretende definir con mayor precisión competencias y reparto de poderes, simplificar los instrumentos de la UE y aumentar la democracia y la transparencia en su funcionamiento-, la mayor heterogeneidad en el interior de la UE y el aumento de las disparidades dificultará el nacimiento de un cuerpo político europeo y el desarrollo de instituciones supragubernamentales, revalorizará el principio de subsidiariedad y facilitará el protagonismo de fuerzas políticas e instituciones nacionales o regionales. El resultado de estos movimientos podría ser una mayor debilidad de las actuaciones y políticas comunitarias, excepto en los temas relacionados con la gestión del mercado interior, el euro y, tras los atentados del 11 de septiembre, con las políticas de seguridad nacional, legislación antiterrorista y cooperación policial.
La crisis del actual modelo de integración europea y la debilidad de las instituciones y políticas comunitarias añaden nuevos obstáculos al desarrollo de la integración europea, pero no necesariamente desembocan en escenarios de menos integración y menos Europa. La crisis puede también abrir espacios políticos para el surgimiento de otra Europa, basada en un nuevo modelo de construcción europea más democrático y popular, menos tecnocrático y economicista.

7. Los posibles escenarios tras la adhesión

Entre 1989 y 1993, las economías del Este padecieron una fase recesiva caracterizada por una descomunal caída del producto (principalmente de la producción industrial), la desaparición del CAEM y el hundimiento de sus mercados. Afectó a todos los países, aunque con mayor intensidad a los más dependientes, y todos mostraron una enorme capacidad para reorientar hacia los mercados comunitarios (más exigentes) una parte muy importante de sus antiguas ventas al CAEM, aprovechando la infravaloración de sus monedas y las ventajas comparativas que habían sobrevivido al desmantelamiento de los sistemas de tipo soviético (bajos costes salariales, cualificación laboral, proximidad geográfica y, en algunos casos, cultural).
A partir de 1993, la evolución de las economías postsoviéticas no siguió un patrón similar. Algunas economías mostraron mayor capacidad para impulsar el crecimiento económico y la modernización de su tejido productivo sin aumentar los desequilibrios macroeconómicos. Las diferencias entre los países del Este también se plasmaron en sus relaciones comerciales exteriores, mientras algunas economías reforzaban las especializaciones generadas en los desaparecidos sistemas de tipo soviético, otras, las sustituyeron por nuevas especializaciones, más perdurables, que provocaron el aumento del peso relativo de productos y actividades intensivos en capital y tecnología y de mayor valor añadido. Así, la primera posición exportadora pasó a ser en Hungría, República Checa y Polonia la sección mecánica eléctrica (que representa en esos países un 55%, 45% y 30%, respectivamente) mientras en Bulgaria y Rumania alcanza un porcentaje mucho menor (alrededor del 10%) y es la del textil-cuero la que ocupa la primera posición exportadora, seguida de la siderurgia y la metalurgia no ferrosa.
El análisis de la evolución de las ventajas comparativas del comercio exterior permite afinar la comprensión del proceso de diferenciación entre los países del Este. Curiosamente, todos los países candidatos mantienen sus ventajas comparativas reveladas en los sectores de textiles y cueros, siderurgia, metalurgia no ferrosa, madera y papel, y agricultura, es decir en sectores tradicionales de demanda débil e intensivos en trabajo, materiales y energía. También todas las economías mantienen importantes desventajas comparativas en las secciones más exigente en capital y tecnología, como la mecánica eléctrica, en la que sólo Hungría muestra una desventaja comparativa mínima. A pesar de los cambios, las viejas estructuras de ventajas y desventajas comparativas sobreviven a la desaparición de los sistemas de tipo soviético.
Mientras lo viejo sigue influyendo en la nueva situación, lo nuevo no logra romper ni superar la matriz de las viejas estructuras de ventajas comparativas, ni siquiera en los países en los que la transformación ha sido más notable. Las afirmaciones anteriores, siendo ciertas, nos dejan en la superficie del fenómeno del cambio sistémico, ya que junto a los rasgos compartidos por todos los países candidatos las diferencias en las tendencias son también muy notables, puesto que los países más avanzados consolidan una nueva estructura de ventajas comparativas y una nueva especialización (16).
La sección mecánica eléctrica aumenta su desventaja comparativa en Rumania, mientras la mantiene en Bulgaria, lo cual tiene como consecuencia que el peso de esa sección sea poco significativo en sus exportaciones totales; en cambio, en las economías más avanzadas de la región la desventaja se mitiga considerablemente y el peso de la sección mecánica eléctrica aumenta con fuerza, convirtiéndose en el principal capítulo exportador.
En las secciones de textiles y cueros y siderurgia y metalurgia no ferrosa pasa todo lo contrario, así, en Bulgaria y Rumania aumentan su ventaja comparativa y su peso en las exportaciones, mientras que en las economías que han desarrollado con más intensidad las reformas estructurales pierden, en general, ventaja comparativa y peso, excepto en el caso del textil polaco, que sale reforzado.
Las reformas desarrolladas en Bulgaria y Rumania no han sido capaces de impulsar una inserción de calidad en los mercados comunitarios y han reforzado o mantenido su especialización y sus ventajas tradicionales; en cambio, las economías que han avanzado más en la transformación sistémica, sin lograr superar completamente la vieja especialización productiva y comercial, se han aproximado a las estructuras económicas y exportadoras de los países menos desarrollados de la UE.
La aceleración del ritmo de las negociaciones a partir del Consejo Europeo de Helsinki (diciembre de 1999) y la proximidad del momento de la adhesión han impulsado la elaboración de diferentes previsiones sobre los efectos que tendrá la adhesión en las economías de los países del Este, que podríamos clasificar en función de su mayor o menor grado de optimismo.
Las previsiones más optimistas esperan una rápida convergencia real, como la conseguida por los países centrales de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial o, más recientemente (17), como la desarrollada en la pasada década por Irlanda y en menor medida por Portugal a partir de 1986, o más modestamente por la propia Irlanda hasta 1990 o por España tras su incorporación a la UE en 1986. Esos escenarios suponen que la adhesión favorecerá la adopción de medidas fiscales y monetarias que fomentarán la estabilidad macroeconómica y otras medidas liberalizadoras que alentarán el comercio exterior y un entorno más propicio para la inversión extranjera directa. Se originará, como consecuencia, un círculo virtuoso que partiendo del aumento de una financiación externa barata incidirá en la modernización del aparato productivo, en la mejora de la oferta de productos exportables y en el aumento de la productividad y de los salarios reales que sostendrán el crecimiento económico e incentivarán que el capital humano mejore y se mantenga en sus respectivos países.
Los escenarios pesimistas, por el contrario, hacen mayor hincapié en las dificultades para desarrollar las reformas estructurales que acaben con el predominio de instituciones de mercado frágiles y una débil cultura mercantil y para lograr que esas reformas puedan a corto o medio plazo fomentar la suficiente estabilidad macroeconómica. Las consecuencias de esa doble dificultad serán una insuficiente reforma de los mercados y del tejido empresarial, una exigua entrada de inversiones extranjeras, mayores presiones para que la mano de obra cualificada emigre y, en definitiva, un aumento de las divergencias reales, tal y como le ocurrió a Grecia en los años 80, y una difuminación de las posibilidades de modernización.
Lo más probable es, en mi opinión, que la adhesión no origine un escenario único para el conjunto de países del Este que se incorporen formalmente a la UE, sino la combinación y convivencia de diferentes escenarios que no garantizan que las oportunidades que ofrece la adhesión se materialicen en modernización y convergencia real (18).
Algunos países pueden repetir experiencias parecidas a las de la más o menos rápida convergencia de España y Portugal o quizá puedan aproximarse al impetuoso crecimiento conseguido por Irlanda en los últimos años; en otros, puede predominar el estancamiento y el mantenimiento de la brecha existente en el PIB per cápita, como ocurrió con Grecia en las dos últimas décadas; en los peor parados, podrían afirmarse varias de las características definidas por los escenarios pesimistas, con el infausto resultado de que la adhesión añada fragilidad a los precarios equilibrios macroeconómicos conseguidos, acabe dislocando sus sistemas productivos, no produzca convergencia real ni progrese la integración económica alcanzada antes de la adhesión.
No debe menospreciarse tampoco la posibilidad de que esa multiplicidad de escenarios sea compatible con un proceso de suma cero, en el que lo que algunos países del Este ganen con la adhesión lo pierdan algunos socios actuales.
Las especializaciones productivas y exportadoras de algunos de los países más avanzados del Este se han acercado, gracias principalmente al impulso recibido por las multinacionales implantadas en sus mercados, a las estructuras vigentes en los países menos desarrollados de la actual UE. No es improbable que tras la adhesión se revaloricen las ventajas de ubicación geográfica, cualificación de la mano de obra, menores costes laborales, normativas muy competitivas de apoyo a la inversión extranjera, perspectivas de fuerte crecimiento... de algunos de estos países y se produzca un desplazamiento de los flujos de inversión directa que antes se dirigían a los países de la periferia comunitaria hacia algunas de las economías del Este, trasladándose también hacia el Este una parte de la cadena de valor que en los últimos años era generada en economías como la española.
No hay por qué ocultar que la ampliación de la UE, además de una oportunidad para reestructurar el espacio político y económico europeo en beneficio de la mayoría de la ciudadanía europea, implica riesgos también importantes, especialmente para algunas economías, como la española, que pueden resentirse del aumento de la competencia en algunos mercados y de mayores dificultades para conseguir financiación exterior.
La integración del Este en la UE es un proceso de cambio lento, complejo y de largo aliento, en cuyo desarrollo se producirán avances, estancamientos y retrocesos como consecuencia de la pugna de tendencias contradictorias que surgen del enfrentamiento entre agentes económicos, sociales y políticos con ideas e intereses diferentes, a veces contrapuestos, y con capacidades desiguales para aceptar las transformaciones, para aprovechar los cambios y para impulsar o frenar las reformas.
La historia de la integración europea no acabará con la adhesión a la UE de los países del Este. La ampliación al Este de la UE tiene todavía que revelar cómo acabarán concretándose y combinándose las oportunidades y los riesgos que conlleva y si su resultado es una huida hacia adelante, un escalón más en la construcción europea o un paso atrás.

Anexo 1

Indicadores económicos básicos

NOTAS: PIB, porcentaje de variación anual; los datos de 2001 son previsiones oficiales realizadas en octubre.
Producción industrial, porcentajes de variación anual en 1999 y 2000; en el año 2001 es el porcentaje de variación del primer semestre respecto al mismo periodo del año 2000.
Inflación , tasas de variación de diciembre respecto a diciembre del año anterior en 1999 y 2000; en el año 2001, tasa de variación de junio respecto al mismo mes del año anterior.
Paro, tasas de desempleo en diciembre de 1999 y 2000; en 2001, tasa de desempleo en junio.
FUENTE: Economic Survey of Europe, n. 2. Secretariat of the Economic Commission for Europe. United Nations, Geneve, 2001.

Anexo 2
Negociaciones pendientes, fecha para la ampliación de la UE y selección de los nuevos socios

En el primer semestre de 2002, según el plan de prioridades previsto, las negociaciones se concentrarán en las cuestiones aún no resueltas de los capítulos abordados a lo largo del año 2001, incluidas las posiciones sobre todas las solicitudes de medidas transitorias, y en los últimos capítulos aún pendientes de negociar.
La Unión Europea debe definir a principios de 2002, según el plan de trabajo aprobado en el Consejo Europeo de Göteborg (junio de 2001), posiciones comunes sobre el último grupo de capítulos relacionados con el acervo comunitario que deben ser negociados en el primer semestre de 2002 (agricultura -en particular las cuestiones distintas a las fitosanitarias y veterinarias que fueron negociadas en el semestre anterior-, política regional e instrumentos estructurales y disposiciones financieras y presupuestarias) y que por tener componentes presupuestarios importantes requieren un acuerdo previo y una posición común entre los actuales 15 países miembros de la UE.
Además de los 29 capítulos en los que se ha dividido el acervo comunitario existen otros 2 capítulos, el de las instituciones y el de otras cuestiones, cuya negociación también está previsto realizar en el primer semestre de 2002. El capítulo de las instituciones trata de la inclusión de los nuevos países miembros en el marco institucional de la UE (en ampliaciones precedentes este capítulo se ha debatido después de los 29 directamente relacionados con el acervo comunitario) y la negociación tendrá que basarse provisionalmente en los acuerdos adoptados en Niza, en diciembre de 2001. El capítulo de otras cuestiones sirve como marco para negociar asuntos y problemas varios que no están relacionados directamente con el acervo comunitario.
Si como está previsto, y de seguir el actual ritmo de las negociaciones, buena parte de los 10 países del Este candidatos (quedarían excluidos al menos Bulgaria y Rumania) concluyen las negociaciones a finales de 2002, comenzaría el plazo para ratificar los tratados de adhesión, que duraría, atendiendo a experiencias anteriores, alrededor de dos años.
Aunque las incertidumbres ligadas a este proceso de ratificación son mayores que en las adhesiones anteriores (por las incertidumbres geoestratégicas y económicas de la coyuntura mundial, por la mayor entidad del conjunto de los países candidatos, por la naturaleza de la transformación sistémica realizada en apenas una década y por la propia situación de la UE y las dificultades de llegar a acuerdos y a posiciones comunes entre los actuales socios sobre temas tan polémicos como la reforma de la política agraria, el futuro de los fondos estructurales y de cohesión, los temas institucionales que quedaron pendientes tras el Tratado de Niza y la propia estrategia de selección de los candidatos), de cumplirse los plazos señalados, existiría la posibilidad de que la mayoría de los países candidatos pudiera participar en las elecciones europeas de 2004.
No obstante, faltan demasiados temas pendientes de acuerdo con los países candidatos y mucha negociación entre los actuales socios como para apostar incondicionalmente por una fecha tan cercana, por mucho que cuente con el respaldo del Consejo Europeo de Göteborg, que estableció un plan de trabajo que "debería permitir que, para finales de 2002 concluyan las negociaciones con los países candidatos que estén preparados, siempre que se mantengan a buen ritmo los progresos en el cumplimiento de los criterios de adhesión. El objetivo es que éstos participen en calidad de miembros en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004"
A la dificultad de establecer la fecha en la que previsiblemente se producirán las primeras adhesiones se añade la de prever los candidatos a participar en la primera hornada de adhesiones.
La cumbre de Helsinki (diciembre de 1999) abandonó el criterio de separación previa de los candidatos adoptado en la cumbre de Luxemburgo (diciembre de 1997), al determinar los 5 países que iniciarían las negociaciones (30 de marzo de 1998), y respaldó un nuevo principio: a cada país se le tratará según sus méritos sin que ninguno de los 10 países candidatos tenga que esperar a que otro u otros cumplan los requisitos.
El escenario oficial de adhesión, diseñado en Helsinki como una competición de regatas (se irían adhiriendo en la medida en que estuviesen preparados, con independencia de cuántos fueran y cuándo hubieran comenzado las negociaciones), se ha ido desvaneciendo, en parte por la vertiginosa carrera emprendida por los candidatos para cumplir el acervo comunitario y, en parte, por los múltiples malentendidos políticos que entrañaría la aplicación de esa opción de regata.
Las dos opciones fundamentales que se barajan hoy son la adhesión conjunta de un gran número de países, con las únicas excepciones de Bulgaria y Rumania, y una adhesión paulatina que comenzaría por un pequeño grupo de países, los más avanzados, entre los que estarían con seguridad Hungría y Eslovenia, probablemente la República Checa y quizá Estonia.
El escenario más probable y por el que ha apostado públicamente el Consejo Europeo de Laeken (diciembre de 2001) es el denominado de big bang, en el que se adherirían en 2004 y al mismo tiempo la mayoría de los países candidatos, fundamentalmente porque resuelve la cuestión central de no dejar fuera del pelotón de cabeza a Polonia, el país con mayor peso en la región, y porque tiene la ventaja añadida de alentar los esfuerzos que, durante los tres años que en el mejor de los casos aún faltan para la adhesión, deberán realizar todos los países candidatos para desarrollar las reformas estructurales e institucionales aún pendientes.
Junto a las ventajas señaladas, la opción de big bang plantea, al menos, dos problemas importantes: primero, algunos países estarán en condiciones de concluir las negociaciones en 2002 y de ratificar los acuerdos antes de 2004, por lo que tendrían que esperar uno o dos años hasta que el resto de los países seleccionados concluya todo el proceso; segundo, una adhesión masiva de 10 países (entre los que estarían 8 países del Este) concentra en el tiempo los posibles efectos negativos de la ampliación y exige, por tanto, mayor capacidad de gestión en las instituciones de la UE.
¿La solución a la incógnita?, en los próximos meses... o años.

Anexo 3

Principales indicadores socioeconómicos

NOTAS: El PIB per cápita del año 2000 es una estimación. El indicador de desarrollo humano que elabora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano señala el lugar que ocupa un país en una clasificación que incluye a la mayoría de los países del mundo. El último indicador recoge el porcentaje de la población que dispone de 4 dólares o menos por día y por persona; considerando dólares constantes de 1985 y en paridad de poder adquisitivo.
FUENTE: Le courrier des pays de l’Est, n. 1016, junio-julio 2001.

Anexo 4

PIB per cápita de los países candidatos en relación al de la UE (año 2000)

NOTAS: El PIB per cápita del año 2000 en euros no permite hacer una comparación afinada en relación a la UE a causa de las distorsiones de precios y de la evolución del tipo de cambio nominal en los países del Este. Para hacer una comparación más ajustada entre niveles de vida o capacidad económica relativa se utiliza el método de paridad de poder adquisitivo (ppa) para estimar un PIB per cápita que parte de la estimación de un tipo de cambio teórico que iguala los precios de una cesta de bienes y servicios de calidades similares.
FUENTE: Gaspard, Michael. 2001. "L'intégration des PECO. Scénario pour l’avenir". Le courrier des pays de l'Est. n. 1014, abril.

Anexo 5

Presupuesto comunitario, perspectivas financieras 2000-2006 (Agenda 2000)

NOTAS: En miles de millones de euros a precios constantes del año 2000. No se reflejan en este cuadro los gastos presupuestados directamente relacionados con la ampliación: ni los de preadhesión (en total 16,36 miles de millones de euros en los 7 años) ni los disponibles para la adhesión a partir de 2002 (en total 47,22 miles de millones de euros en 5 años, de 2002 a 2006)
FUENTE: Comisión Europea, SEC (2000) 1200.

Notas
1. Las políticas de estabilización monetaria aplicadas a principios de los años noventa en los países del Este se han revelado como poco adaptadas a la situación específica de sus economías, desproporcionadas en su atención prioritaria a las variables monetarias y contraproducentes, tanto en sus consecuencias económicas, al destruir innecesariamente tejido productivo, como en sus consecuencias sociales, al debilitar el necesario apoyo de la mayoría de la sociedad a las reformas. El excesivo compromiso de los autores de los programas de transformación sistémica con los principios e hipótesis defendidos por las corrientes liberales más dogmáticas dieron a las reformas un enfoque demasiado unilateral y simplista.
2. No sería el primer caso en la UE. Grecia contaba en 1981, cuando se convirtió en el décimo Estado miembro de la por entonces denominada Comunidad Europea, con un PIB per cápita que representaba el 62,4% del promedio comunitario; en los diez años siguientes, Grecia experimentó un significativo retroceso; posteriormente, en la década de los noventa, se recuperó y hoy se sitúa en un nivel similar al de partida, aunque con veinte años de diferencia.
3. El Consejo Europeo de Copenhague estableció que "la adhesión requiere que el país candidato haya alcanzado una estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías".
4. Documento estratégico sobre la ampliación. Informe sobre los progresos realizados por cada uno de los países candidatos en la vía de la adhesión. Comisión Europea, 2000.
5. Como consecuencia de la liberalización y de las concesiones comerciales bilaterales contempladas en los Acuerdos europeos con los 10 países del Este candidatos y, más recientemente, de los protocolos adicionales sobre agricultura; estos últimos plantean nuevas concesiones comerciales recíprocas con las que se espera que los productos agrícolas no sometidos a aranceles superen los actuales porcentajes del 36% de las importaciones agrícolas comunitarias y del 18% de las exportaciones.
6. Los lectores interesados en conocer con mayor profundidad los dispares resultados de la integración económica en un aspecto esencial, el de la reestructuración productiva de las economías postsoviéticas, pueden consultar: Luengo, F. y Flores, G. "Cambio estructural y transformación industrial en los países poscomunistas de Europa central y oriental". Revista electrónica "Papeles del Este. Transiciones poscomunistas", nº 1, 2001. http://www.ucm.es/bucm/cee/papeles/01/actas.htm.
7. El último Informe periódico de la Comisión Europea, de noviembre de 2001, considera el aumento de la desigualdad como un resultado normal y previsible de las reformas, debido a que los países del Este partían de una situación "bastante igualitaria" en la distribución de la renta y a que el crecimiento económico conseguido a partir de 1992-1993 ha sido muy desigual y ha propiciado el desarrollo de unos sectores económicos y cualificaciones laborales y el desmantelamiento de otros.
8. Los costes sociales de la transformación sistémica pueden sintetizarse en un dato escalofriante: la población que vive por debajo del umbral de la pobreza (menos de 4 dólares diarios por persona) se ha multiplicado por 12, pasando de 14 a 168 millones de personas. Los pobres son hoy mayoría en los países que formaron parte del antiguo bloque soviético, aunque su distribución es muy desigual: en la mayoría de los países de la antigua URSS superan el 50% de la población total; en Polonia, los Balcanes y los países bálticos suponen entre un 13% y un 46%; mientras en el resto de la Europa central apenas alcanzan un 1% o 2% (anexo 3).
9. Se han determinado tres etapas sucesivas en el proceso de adopción del euro por parte de los países candidatos: una primera etapa de preadhesión, la etapa posterior a la adhesión y, por último, la etapa específica de adopción del euro. Es en la segunda etapa, la inmediatamente posterior a la adhesión, en la que se espera que los nuevos Estados miembros se adhieran a un mecanismo de tipos de cambio (MTC II) que no permitirá la vinculación a otras monedas distintas del euro y que excluirá los tipos de cambio móviles y los plenamente flotantes.
10. Algunos economistas defienden una "euroización" de los países del Este candidatos que implica la sustitución de sus monedas nacionales por el euro antes incluso de la adhesión a la UE. Se trata de una apuesta absoluta por la estabilidad monetaria (a la que identifican con estabilidad macroeconómica) que no deja ningún margen a la política monetaria. La Comisión Europea se ha manifestado claramente en contra de esta posibilidad en su último Informe periódico de 2001: "Cualquier adopción unilateral de la moneda única por medio de la ëeuroizacióní sería contraria a los razonamientos económicos subyacentes a la UEM que contempla el Tratado y que prevén la posible adopción del euro como punto final de un proceso estructural de convergencia dentro de un marco multilateral. Por lo tanto, la ëeuroizacióní unilateral no sería un medio de eludir las etapas previstas por el Tratado para la adopción del euro".
11. La transición ha significado una disminución de la abrumadora presencia del Estado en la economía y, en general, en la vida de la población, pero también y sobre todo ha supuesto la búsqueda de una nueva legitimidad del Estado, de unos nuevos objetivos y, en el terreno económico, el desarrollo de nuevas formas de regulación estatal y de nuevas políticas económicas. La presencia y la labor de los nuevos Estados poscomunistas lejos de minimizarse han sido claves en todo el proceso de transformación procapitalista de las formaciones sociales y sistemas económicos que han emergido en los países del Este.
12. La marcha de las negociaciones está influyendo muy negativamente en los apoyos a la ampliación de la UE en las opiniones públicas del Este (que aumentan y confirman sus sospechas de que sus países tienen reservada una categoría de socios de segunda clase) y de la UE (preocupadas por los fondos agrarios y estructurales, por la inmigración, por la pérdida de soberanía o protagonismo político, por la supervivencia de algunos sectores productivos sensibles...).
13. Costes que son coyunturales, de adaptación al nuevo orden económico y legal, o de mayor alcance, vinculados al muy desigual grado de desarrollo de sus estructuras económicas e institucionales.
14. La unión monetaria es parte integrante del acervo comunitario, aunque la Comisión Europea aclara en su informe periódico de 2000 que "Los criterios de convergencia no son criterios de adhesión. [...] La participación en la zona euro no puede ser sino la etapa final de lo que fue y seguirá siendo un proceso largo y rentable de integración económica en la UE". En el informe de 2001, la Comisión vuelve a reiterar: "Adherirse a la Unión Europea no es exactamente lo mismo que adherirse al euro. Si bien la participación en la moneda única es parte del acervo, los países candidatos tendrán que ajustarse a los criterios de convergencia para participar en ella. Esta parte se decidirá en una etapa posterior, después de la adhesión, una vez evaluado si se ha logrado un alto grado de convergencia sostenible, como en el caso de los participantes iniciales en la zona euro". No deja de ser extraordinariamente paradójico que mientras la mayoría de los actuales países comunitarios intentan flexibilizar el Pacto de Estabilidad y retrasar el objetivo del equilibrio presupuestario hasta el año 2006, dado el deterioro de sus economías y del entorno económico mundial, buena parte de los países del Este candidatos pretendan en próximos presupuestos ajustarse al límite de 3% de déficit.
15. En una nueva Conferencia Intergubernamental que se desarrollará entre 2003 y 2004 y que contará con los debates previos que se celebren en la Convención sobre el futuro de Europa, presidida por Giscard d’Estaing, convocada por el reciente Consejo Europeo de Laeken con el objetivo de simplificar los cuatro tratados con los que funciona actualmente la UE, establecer "el camino hacia una Constitución para los ciudadanos europeos" y ampliar el debate a todos los ciudadanos y a las organizaciones que representen a la sociedad civil.
16. Consultar Luengo, F. y Flores, G.: "Comercio exterior y modernización de las antiguas economías planificadas de Europa Central". Boletín ICE Económico, nº 2680 , del 29 de enero al 4 de febrero de 2001. "Cambio estructural e inserción exportadora de las economías poscomunistas de Europa central y oriental" Documento de Trabajo 2001-15 de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid; este documento de trabajo también puede consultarse en: http://www.ucm.es/bucm/cee/050501.htm.
17. Irlanda experimentó el gran impulso convergente a partir de 1988-1989, cuando en apenas una docena de años su PIB per cápita ganó 48 puntos (de 67% a 115%) respecto a la media comunitaria, a la que supera hoy con creces; con anterioridad, en los diez años que siguieron a su incorporación a la CE en 1973 apenas consiguió aproximarse a la media comunitaria en 5 puntos desde el 60% de partida. Portugal en los diez años siguientes a su incorporación en 1986 ganó 16 puntos (de 51% a 67,5%), mientras España en idéntico periodo apenas ganó 3 puntos (de 72% a 75%).
18. Está muy extendida la idea, convertida en tópico, de que la adhesión genera mayor integración económica y que ésta produce convergencia real. Esa relación mecánica entre los tres procesos es más un deseo que una contrastación empírica o el resultado de una reflexión teórica sobre las contradictorias fuerzas que en el mercado mundial actúan a favor y en contra de la convergencia. La relación secuencial que va de la adhesión a la convergencia real, pasando por una integración creciente, sirve también como coartada para no enfrentarse a los problemas más difíciles de la ampliación, los que fracturan los consensos y escaman a los ciudadanos, y para no pensar qué condiciones proporcionarían mejores resultados a un proceso de integración entre estructuras económicas muy dispares, poco competitivas entre sí y con grandes asimetrías en la calidad y disponibilidad de recursos productivos.

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