Gesto por la Paz
Las víctimas de actuaciones indebidas
del Estado en la lucha antiterrorista
INTRODUCCIÓN
Deslegitimar el uso de la violencia como herramienta para conseguir fines políticos constituye, desde sus inicios, el pilar fundamental de Gesto por la Paz y el eje que inspira todas sus actividades. En este sentido, Gesto por la Paz ha trabajado por agitar las conciencias de los ciudadanos contra toda clase de terrorismo y, fundamentalmente contra el terrorismo de ETA, en la medida en que el resto de grupos terroristas iban desapareciendo de forma paulatina. Esta ha constituido y constituye la labor por la que es más conocida esta organización. Además, también desde el primer momento, Gesto por la Paz ha exigido el respeto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacia los derechos de todos los ciudadanos y ha denunciado sin paliativos los abusos cometidos, cuando se ha tenido evidencias de que hubieran ocurrido.
Gesto por la Paz es firme defensora del Estado de Derecho y de sus instituciones. Asimismo, considera que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen la obligación de velar por la seguridad y de hacerlo de una manera escrupulosamente respetuosa hacia los derechos de todos los ciudadanos. Precisamente por ello, Gesto por la Paz sostiene y defiende que la eficacia nunca debe convertirse en argumento o justificación de un delito, porque la vulneración de los derechos de las personas detenidas o del derecho a la integridad física, no son un precio asumible.
Por desgracia, la lucha contra el terrorismo no siempre ha sido ejemplar y ha causado víctimas, algunas de ellas mortales, que, de manera parecida a las víctimas del terrorismo, han vivido durante muchos años en el ostracismo. En general, la sociedad las ha ignorado y las instituciones democráticas no las han atendido. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son servidores públicos de una sociedad que, necesariamente, también debe reaccionar ante estos delitos y sus consecuencias.
Gesto por la Paz considera imprescindible matizar estas generalidades y definir bien los conceptos para evitar cometer injusticias con las víctimas de actuaciones indebidas del Estado en la lucha antiterrorista -lo que vamos a denominar las otras víctimas-, con las víctimas del terrorismo, con los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con las instituciones –debemos recordar que recientemente, el Parlamento Vasco acordó por unanimidad reparar y reconocer a estas otras víctimas-.
A qué grupo de víctimas se refiere gesto por la paz
Es necesario realizar una serie de clarificaciones previas que permitan entender mejor el mensaje.
Cuando Gesto por la Paz habla de víctimas, se refiere exclusivamente a aquellas personas que han padecido la violencia específica que se genera en Euskal Herria. Esto es, las víctimas producidas por el terrorismo y por la lucha contra este.
En 1999, Gesto por la Paz editó un documento titulado “La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria ante la situación de las víctimas de la violencia”. En dicho documento, delimitaba las víctimas de la violencia a estos tres grupos de víctimas:
a) las víctimas del terrorismo de ETA, del GAL y de otros grupos terroristas, es decir personas asesinadas o afectadas, física o psíquicamente, y sus familiares o allegados, así como las víctimas de amenazas, extorsiones o secuestros; b) las víctimas de la violencia callejera; y
c) las víctimas de actuaciones desproporcionadas o indebidas y que hayan supuesto una extralimitación no accidental en las atribuciones legales de las fuerzas de seguridad en su lucha contra el terrorismo.
En este documento, se quiere ofrecer una reflexión específica sobre el grupo c), al que se va a denominar como las otras víctimas.
Hay que recuperar una evidencia: una persona es víctima a partir del momento en que sufre la agresión. Su comportamiento previo –su modo de vida, sus creencias, sus actuaciones...- no deberían condicionar el reconocimiento debido, entendiendo éste como el reconocimiento de la injusticia de la que ha sido objeto. Por lo tanto, la consideración de víctima para todas ellas es igual. Por poner unos ejemplos extremos y clarificadores, fueron objeto de una injusticia tanto Melitón Manzanas asesinado por ETA en 1968, como José Miguel Beñarán, Argala, asesinado por el Batallón Vasco Español en 1978. Ambos, víctimas del terrorismo.
Así pues, como objeto de una injusticia, todas ellas son merecedoras de un reconocimiento (el reconocimiento de una injusticia). Tienen derecho a conocer y que conozcamos la verdad, a que se haga justicia con la consecuente reparación y a que “su relato” -esa verdad- se incorpore a nuestra memoria, a la memoria de nuestra sociedad.
Las otras víctimas
Como se ha mencionado anteriormente, para tratar el tema de las otras víctimas, es necesario profundizar sobre una serie de cuestiones.
En primer lugar, Gesto por la Paz considera absolutamente necesario eliminar una serie de prejuicios que están muy enraizados en nuestra sociedad:
La persistencia del terrorismo, bajo ningún concepto, explica ni justifica la existencia de abusos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De la misma manera, la vulneración de derechos ciudadanos por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tampoco justifica la existencia del terrorismo.
Un alto porcentaje de las víctimas mortales ocasionadas por actuaciones indebidas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tenían nada que ver con grupos terroristas y uno de los ejemplos más claros es el caso de Mikel Zabalza en 1985. En cualquier caso, debemos desterrar de nuestra mente el “algo habrá hecho” que pudiera contextualizar el delito o el abuso y que, salvando las distancias, se ha aplicado tan injustamente también a las víctimas de ETA.
Reconocer, reparar, reclamar justicia, conocer y dar a conocer la verdad de lo ocurrido e incorporarla a la memoria colectiva de nuestra sociedad no puede ser interpretado, de ningún modo, como un menosprecio a las víctimas del terrorismo. Debemos escapar de esa doble moral que pretende impedirnos reconocer todas las injusticias y mediante la cual se nos coloca en la falsa dicotomía de ‘o con las víctimas del terrorismo o con los victimarios’, como si reconocer a estas “otras víctimas” supusiera estar cerca de los victimarios.
Nos referimos a víctimas mortales y a personas que han visto gravemente vulnerada su integridad física como consecuencia de delitos o abusos que han ocurrido, fundamentalmente, al final de la época franquista y durante la transición a la democracia. La mayoría de estos delitos no han sido aclarados, ni sus víctimas reparadas ni ha habido, hasta ahora, un proceso de deslegitimación claro de los mismos ni a instancias del propio Estado ni de la sociedad. Asimismo, no podemos obviar que hay sentencias que demuestran que continúan produciéndose torturas y que hay dictámenes de organismos internacionales que reclaman al Gobierno español la investigación de denuncias por torturas.
El reconocimiento a estas víctimas no se puede concebir como una negación al servicio y a las actuaciones legítimas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Defender un Estado de Derecho pulcro y respetuoso con los derechos de todos los ciudadanos debe ser el motor guía de las actuaciones de los cuerpos de seguridad y de sus mandos. Este reconocimiento no puede interpretarse como una falta de respeto o un ataque a nadie, sino como una defensa a ultranza del Estado de Derecho.
En segundo lugar, Gesto por la Paz desea incluir algunas reflexiones sobre el papel desempeñado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Gesto por la Paz valora positivamente la labor que realizan los cuerpos de seguridad en la lucha contra el terrorismo durante la democracia. Sin embargo, esto no puede ser óbice para denunciar aquellas actuaciones puntuales que no son correctas. Es más, Gesto por la Paz tiene el absoluto convencimiento de que su corrección engrandece a las propias fuerzas de seguridad y al Estado de Derecho del que forman parte y, consecuentemente, los legitiman aún más frente a quienes las atacan mediante el ejercicio de la violencia terrorista.
Así pues, se debe reconocer también la injusticia cometida con estas otras víctimas. Además, al no haberse investigado muchos de estos casos ni haberse castigado a los culpables, estas víctimas padecen una doble victimización: por un lado, sufren la agresión propiamente dicha y, por otro, la negación y la omisión del reconocimiento de ese hecho injusto que han sufrido.
Por otra parte, la falta de investigación y la no identificación de los culpables, debilita al propio Estado de Derecho y se corre el riesgo de que la culpa se extienda al conjunto de las fuerzas de seguridad del Estado, con el consiguiente peligro de que derive en una deslegitimación global de la lucha antiterrorista, del Estado y de la propia democracia.
Gesto por la Paz cree que es necesario distinguir dos periodos en las actuaciones de los cuerpos de seguridad: el primero, hasta la consolidación del Estado democrático y el segundo, desde que el Estado democrático se ha afianzado como forma de convivencia.
En el primero, las actuaciones abusivas de los cuerpos de seguridad tenían el “amparo” del Estado y, como se ha dicho anteriormente, las vulneraciones de los derechos de los ciudadanos fueron especialmente graves y más frecuentes.
En el segundo, ya asentada la democracia, disminuyen mucho estas vulneraciones de derechos, pero persisten, aunque no de manera sistemática, los malos tratos y la tortura.
En cualquier caso y para el asunto de referencia, Gesto por la Paz considera que tiene que haber el mismo reconocimiento para todas las víctimas causadas, sean de la época que sean.
Qué hacer y cómo actuar
Gesto por la Paz considera que es necesario dar pasos en el sentido de incorporar a estas víctimas al reconocimiento que está recibiendo el conjunto de víctimas ocasionadas por la violencia específica que se genera en Euskal Herria.
Esos pasos que, según el parecer de Gesto por la Paz, se deben dar son:
1. Conocer las injusticias sufridas.
Es necesario saber qué ocurrió y quiénes fueron las personas que sufrieron tales injusticias para poder desarrollar sobre ellas todo un proceso de reparación y reconocimiento.
2. Reparar a las víctimas de la violencia indebidamente ejercida desde el Estado.
Concretamente, se trata de todo un proceso de indemnizaciones y ayudas como las que se han otorgado a otras personas que han sufrido injusticias similares, aunque por parte de diferentes sujetos.
3. Crear un clima de empatía hacia este tipo de víctimas que han permanecido, años y años, en el ostracismo desterrando la creencia de que “algo habrán hecho”. Además, así se contribuirá a superar la idea de que este acercamiento pudiera suponer una vinculación con determinadas estrategias políticas que pretenden apropiarse en exclusividad de la gestión de los derechos de estas víctimas.
4. Reconocimiento público de la injusticia cometida contra estas personas y de su doble victimización sufrida a lo largo de los años.
Se deberán buscar fórmulas de reconocimiento respetuosas con la diversidad de las víctimas y de los procesos de victimización, siendo exquisitos con el respeto a todos los sufrimientos.
Convendría insistir en que todas son víctimas, porque todas han sido objeto de un ataque injusto y todas ellas merecen ese reconocimiento y su correspondiente reparación. Sin embargo, hay unos casos que no son exclusivos de este grupo de víctimas, sino que también están presentes - incluso en un número mayor- entre víctimas del terrorismo: las víctimas que también han sido victimarios o verdugos. En los actos públicos que se vayan a organizar será imprescindible distinguir el reconocimiento, que no homenaje, en cuanto a víctima y la condena en cuanto a verdugo (1).
5. IIncorporación a nuestra memoria.
Se deben procurar procesos de recuperación de memoria, abiertos a recopilar todas las experiencias (inclusivos) y decididamente contrarios a la legitimación de la violencia.
Construir una memoria de lo ocurrido compartida por todos es un proceso complejo. Para ello, será necesario desarrollar procesos de memoria de manera coordinada, no enfrentada y con voluntad de confluir.
6. Compromiso con un futuro mejor.
El Estado democrático no puede asumir como responsabilidad propia las actuaciones de un Estado ilegítimo como el franquista –lo que no le exime de reparar lo reparable-, pero sí puede hacer gestos públicos de resarcimiento importantes, como reconocer que el propio Estado democrático y la sociedad en general hemos tardado años en reconocer a esas víctimas.
En cuanto a las víctimas producidas en el periodo de consolidación de la democracia, el Estado, las instituciones democráticas, no se pueden limitar a reparar y reconocerlas, porque incorporarlas a la memoria de nuestra sociedad implica un compromiso mayor: que nunca más se vuelvan a producir este tipo de vulneraciones de derechos. Esto es, asumir de forma radical las medidas de prevención, la investigación de las denuncias y la aplicación de la justicia. En otras palabras, que se asuma un firme compromiso con la deslegitimación de este tipo de delitos, de esta violencia.
Gesto por la Paz
Julio 2011
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(1) Tomamos como nuestra la reflexión que hace Galo Bilbao en su documento “Jano en medio del terror”: “el victimario-víctima tendría acceso directo e inmediato a las compensaciones y ayudas económicas, laborales, sanitarias, etc. en régimen de igualdad con el resto de los damnificados... en ningún caso (al menos en el del victimario-víctima no arrepentido o no convertido a los valores democráticos) podría acceder a recibir una distinción oficial de carácter meritorio u honorífico. En definitiva, la sociedad, a través de los mecanismos legales correspondientes, ha de reconocer al victimario-víctima su condición de víctima en el alcance justo de la misma, con sus correspondientes derechos de verdad, justicia y memoria, pero también, y a la vez, juzgarlo por su condición de victimario. No sería aceptable éticamente ni que se rechazara su carácter de víctima porque también sea victimario, ni que se olvidara su condición de verdugo porque es damnificado de una acción terrorista, ni que se considerara que su condición de víctima hace justicia a su carácter de victimario”.
Retomamos las palabras de Galo Bilbao en relación al reconocimiento público, como reconocimiento de la injusticia sufrida: “Todas las víctimas del terrorismo (incluido el victimario-víctima) pueden recibir un reconocimiento público de su condición de tales. De todas ellas, de manera general, se destaca su “inocencia” (no han hecho nada por grave que haya sido en algunos casos, que las hiciera merecedoras del trato recibido) y su “pasividad” (han padecido de manos de otros una grave violación de sus derechos fundamentales), y de ese modo, simultáneamente se denigra y deslegitima un modo de actuar inaceptable en democracia (el terrorismo como violencia ilegítima de intencionalidad política). Y, posteriormente, realiza una interesante matización entre lo que es el reconocimiento en el sentido expresado anteriormente y el homenaje como ensalzamiento de lo realizado en vida por esa persona: “es de todo punto necesario impedir el homenaje público y social (consideración de hijos predilectos, dedicatoria de calles...) a quienes han sido o son victimarios y también a quienes a esa condición añaden la de ser víctimas, en la medida en que en este tipo de iniciativas no es posible expresar de manera adecuada, clara y completa las complejidades del mensaje que hay que dirigir a la sociedad respecto a la figura del victimario-víctima.”