Ignasi Álvarez
El referéndum del Estatut
16 de mayo de 2006
(Página Abierta, 171, junio de 2006)
Según una estimación del resultado de un sondeo de Noxa Consulting para La Vanguardia (los resultados de este sondeo fueron publicados por el periódico catalán el pasado 14 de mayo.), el desenlace del próximo referéndum sobre el Estatut que se dibuja hoy sería el de una correlación a favor del sí del 68%, frente a un 25% de votos negativos, con un 7% de votos en blanco. Esta estimación provisional se produce a partir de un cálculo de participación que, por ahora, se sitúa en el 51%, pese a que más del 66% de los consultados aseguran que acudirán a las urnas el próximo 18 de junio. En cualquier caso, y si se atiende a las respuestas espontáneas, el apoyo de los catalanes al Estatut no deja de crecer a medida que se aproxima la fecha del referéndum, pese a que también aumenta la tasa de quienes se decantan por el voto negativo.
Ateniéndonos al resultado concreto de la encuesta, un 58% de los ciudadanos consultados –el 56% en marzo pasado– se muestran dispuestos a respaldar en el referéndum el nuevo Estatut. Asimismo, crece en tres puntos –pasa del 16 al 19%– la cuota de quienes anuncian que votarán en contra del proyecto. La encuesta detecta también que un 6% de los consultados expresa su intención de votar en blanco y que un 7% tiene previsto abstenerse. Finalmente, un 10% no tiene todavía una opinión formada.
El apoyo al nuevo Estatut es especialmente amplio entre los votantes de PSC, CiU y, en menor medida, de ICV. El no sólo es mayoritario entre los votantes del PP (60%), mientras que en el caso de ERC, la otra fuerza política que pide el no, son más sus votantes que tienen intención de votar sí (el 44%) que los que manifiestan intención de decantarse por el no (un 31%). De hecho, el perfil de los catalanes que tienen intención de votar no en el referéndum se caracteriza por una ideología de derecha y un sentimiento nacional español. Por otro lado, la impresión dominante apunta a que el electorado del PP es el que se encuentra menos movilizado y parece el más proclive a abstenerse en el referéndum.
Eso sí, el apoyo a los contenidos más polémicos del nuevo Estatut es muy amplio. Por ejemplo, un 77% está de acuerdo en que en el nuevo Estatut se recoja el derecho y el deber de conocer el catalán. Y un 76%, en que se amplíen las competencias de la Generalitat. Asimismo, un 56% apoya la nueva fórmula de financiación, frente a un 16% que está en contra. El asunto más controvertido es la denominación como nación: un 48% de los catalanes se muestra de acuerdo, pero un 31% se muestra en desacuerdo. En general, los votantes del Partido Popular expresan desacuerdo con todos los aspectos mencionados, y los votantes del PSC, CiU, ERC e ICV-EUiA se muestran a favor. Sólo en el caso de la denominación como nación se observa una cierta división de opiniones en el seno del electorado del PSC, ya que un tercio está en contra.
Paralelamente, la mayoría de los catalanes confía en un triunfo del sí en el referéndum, aunque quienes esperan una victoria clara sólo suponen un 42%, frente al 38% que prevé un resultado muy ajustado. Asimismo, una gran mayoría –del 72%– desea que el nuevo Estatut resulte aprobado, mientras que sólo un 21% preferiría que fuera rechazado. De hecho, más del 80% de los votantes de PSC, CiU e ICV prefieren que el proyecto salga adelante. Sólo los votantes del PP se inclinan mayoritariamente por el rechazo al Estatut, aunque uno de cada cuatro electores populares prefiere su aprobación. En cuanto al otro partido que apuesta por el no, ERC, nada menos que el 63% de quienes respaldaron a esta formación en 2003 preferiría que se aprobara el Estatut, frente a un tercio (34%) que apuesta por su rechazo.
Por otra parte, una clara mayoría de los consultados juzga el Estatut satisfactorio para Cataluña y España. Y un 46% cree que el rechazo al proyecto tendría consecuencias negativas para Cataluña, aunque no sería una catástrofe. Esta opinión es compartida mayoritariamente por los electores de PSC, CiU, ERC e ICV, mientras que los votantes del PP creen que apenas tendría consecuencias negativas e incluso podría ser favorable. Por lo que respecta a los electores de ERC, casi la mitad de ellos cree que el rechazo del Estatut sería negativo para Cataluña. Además, según opinión de los catalanes, un eventual fracaso del referéndum (en el caso de que el sí no ganara de forma clara) tendría como principal damnificado a Maragall, y sólo en segundo término se verían afectados Carod o Zapatero como corresponsables del fracaso.
Por lo que respecta a las posiciones que han mantenido los partidos en el proceso de elaboración del nuevo Estatut, los catalanes “aprueban” a PSC, CiU e ICV, las formaciones que respaldan el proyecto. En cambio, la actuación de ERC y PP merece un suspenso en la opinión de los catalanes. Entre los propios votantes de Esquerra en 2003, sólo un 43% cree que la decisión de pedir el no está justificada.
Opiniones sobre la ruptura del tripartito
Coincidiendo con el final del trabajo de campo de esta encuesta, el presidente Maragall anunció la crisis del Gobierno de Cataluñay la convocatoria de elecciones autonómicas para el otoño. Pues bien, con antelación a este anuncio la opinión pública catalana ya consideraba inviable el Gobierno tripartito si sus miembros mantenían opiniones enfrentadas ante el referéndum. Un 59% creía que el tripartito no podría seguir gobernando y un 34% sí lo veía posible. Y aun cuando las opiniones de los catalanes se mostraban divididas, un 34% se pronunciaba a favor de la decisión finalmente adoptada por el president de anunciar ya la convocatoria de elecciones; un 27% apostaba por anunciar esta convocatoria tras el referéndum, y sólo uno de cada tres catalanes (el 33%) se inclinaba por agotar la legislatura.
Este sondeo permitía conocer algunas muestras de la opinión de los catalanes sobre las perspectivas del actual Gobierno de la Generalitat. Veamos otras más actuales.
El portavoz del PSC, Miquel Iceta, en una entrevista publicada el 12 de mayo en El País, afirmaba que la decisión de Pasqual Maragall de expulsar a ERC era la única salida posible en las actuales circunstancias. No había alternativas a la expulsión de ERC: «En el Gobierno catalán no podía haber miembros que defendieran el no a la reforma estatutaria». La dirección de Esquerra se había comprometido a no pedir el no y rompió su compromiso. La decisión de Maragall era, pues, la única salida posible. A la pregunta de si Maragall es el mejor candidato del PSC ante los próximos comicios, Iceta se limita a apuntar que eso es lo que dicen las encuestas. Añadía que espera también reanudar la colaboración con los republicanos en el futuro.
J. Ramoneda afirmaba el 4 de mayo en El País: «La rebelión de las bases de Esquerra Republicana colocaba al Gobierno catalán en un punto en que debería ser imposible para el presidente Maragall seguir mirando a otra parte, como si no pasara nada». Todavía el martes por la mañana, el tripartito –con los consellers de Esquerra incluidos– hacía pública una nota que animaba a actuar para que el Estatuto, «pieza básica de nuestro autogobierno» sea «conocido, apreciado y valorado adecuadamente», y apelaba a la implicación en el referéndum de todos los consellers de un Gobierno «que le ha dedicado tantos esfuerzos». Por la tarde, las asambleas de militantes de Esquerra se manifestaban abrumadoramente a favor del no. La división del Gobierno respecto a lo que había sido, incluso hasta el hastío, su prioridad, hasta el punto de que muchas acciones de gobierno han quedado oscurecidas.
La dirección de Esquerra se sometió a la decisión de las asambleas de militantes. Éstos tenían el apoyo de algunos barones territoriales. Uno de ellos era el conseller Carretero, que ya se había manifestado, de manera desafiante, en contra del Estatut y a favor de defender el no en el referéndum. Maragall le había destituido pocas semanas después. Era la penúltima crisis.
ERC: de la frustración al desconcierto
Joan Puigcercós, portavoz del grupo parlamentario de ERC en el Congreso de los Diputados, afirmaba el 5 de mayo, en una entrevista en El País, que la ruptura del tripartito era una consecuencia del pacto sobre el Estatuto acordado por Zapatero y Mas el 21 de enero en La Moncloa. Puigcercós negaba cualquier responsabilidad del propio tripartito en la crisis de Gobierno. Para Puigcercós, el acuerdo alcanzado en el Parlament de Cataluña el 30 de septiembre sobre el Estatuto es ambicioso, y quien lo dinamita es el pacto del primer partido de la oposición, CiU, con el PSOE. Reconoce –algo es algo– que los partidos del Gobierno, PSC y ERC, no han sido capaces de administrar la discrepancia sobre el referéndum del Estatut y reitera que la alianza de las izquierdas catalanas era la opción estratégica de ERC y lo seguirá siendo. Tampoco quiere amenazar con retirar su apoyo al Gobierno del PSOE: «Seguiremos como hasta ahora», afirma. «Ante los ataques del PP, no haremos una pinza contra el Gobierno de Zapatero», y pone como prueba su reciente voto en el Senado para hacer posible la aprobación del Estatuto.
ERC ha perdido la llave del tripartito y ha sido expulsada del Gobierno. Su opción por el no en el referéndum le permitirá evitar una crisis dentro del partido, pero puede distanciarle de una parte de su electorado. ERC se ha desgastado en el ejercicio del poder. Ya no es un partido sin pasado reciente, que podía pescar votos en muchos caladeros. Ello no significa que ERC no pueda recuperar su posición en la Generalitat. Eso dependerá de las combinaciones que permitan los resultados de las próximas elecciones. Pero éste es un asunto, que, como diría Jordi Pujol, ara no toca.
La reacción airada de ERC al verse preterido por el acuerdo entre CiU y Zapatero era lógica. El Gobierno había conseguido el apoyo parlamentario de CiU para pactar y cerrar la negociación del Estatut, evitando una negociación interminable. Lo que no quita que la colaboración de ERC siga siendo deseable para Zapatero, sobre todo ahora, cuando ya no es indispensable. Esquerra, por su parte, es consciente de que ha perdido peso político.
La incomodidad de esta situación empujó a ERC a pasar de la crítica a las insuficiencias del Estatut negociado en Madrid, a la descalificación total del mismo. Se iniciaba así el deslizamiento político hacia el no. La necesidad de lograr protagonismo político en la recta final de la negociación del Estatut tropezó con el férreo compromiso entre CiU y el Gobierno de no reabrir la discusión de los temas ya pactados entre ellos. Como último recurso, ERC intentó una negociación, fuera ya del texto estatutario, para lograr un traspaso de competencias de puertos y aeropuertos que no acabó de fructificar y se acabó posponiendo por los problemas financieros de AENA. Nada era suficiente para tapar la herida por la que sangraba ERC.
Desconcertada, la cúpula de Esquerra ha ido difundiendo desde enero mensajes erráticos y contradictorios sobre el Estatut. Muchos se han preguntado por qué no anunció en enero mismo su voto negativo, y mantuvo durante dos meses el equívoco de que aún era posible arrancar del PSOE mejoras sustantivas. Una posible respuesta es que no sabían hacia dónde tirar. A principios de abril, la hipótesis del “voto nulo con mensaje” era rechazada por Joan Puigcercós, que la consideraba «inasumible para un partido de Gobierno». Tres semanas después, ésa fue la opción adoptada por la ejecutiva republicana. El 22 de abril, Josep Lluís Carod advertía a su militancia de que el no al Estatut sería «el voto del españolismo», el voto de los que están «contra Cataluña, contra la lengua catalana y contra la capacidad de decisión del país».
Trece días más tarde, la dirección de Esquerra se pronunciaba unánimemente por el no. La explicación de sus dirigentes es que debían atenerse a la voluntad de las bases, expresada en doce asambleas territoriales. Se trata, en mi opinión, de una legitimación democrática débil, ya que en las encuestas sobre la orientación del voto, la mayoría de los electores de ERC (un 44%) cree que el Estatut es un avance y votará sí, mientras que un 31% se decantaría por el no.
Los argumentos de ERC en favor del no suenan a discurso construido para la ocasión. Se reducen a una sola idea: «Sí al Estatut aprobado por el Parlament de Catalunya; no al Estatut negociado y aprobado en Madrid.»
ERC no quiere recordar lo que es evidente: nadie esperaba que el proyecto aprobado en el Parlament de Cataluña llegara sin modificaciones importantes al final del trayecto. Era un secreto a voces que se trataba de un Estatut de “máximos”, definido por Mas como muy exigente y de más que dudosa constitucionalidad. Se aceptaba con naturalidad que sería rebajado y modificado en la Comisión Constitucional del Congreso, como así ocurrió. Sería una ironía que un texto que formaba parte de la estrategia de los dirigentes de CiU para sustituir a ERC y al tripartito como interlocutores del Gobierno de Zapatero, acabara convirtiéndose en un icono del independentismo.
La reforma aprobada en el Congreso
No es serio fingir ignorancia sobre las exigencias constitucionales establecidas para la tramitación de un proceso de reforma de los Estatutos de autonomía. Lo aprobado en el Parlament de Cataluña era un proyecto de Estatuto de autonomía que tiene un trámite determinado constitucionalmente, al que debe atenerse. Sin ello no hay Estatuto. Las bases de ERC pueden ignorar esos “detalles de procedimiento”, pero los diputados de ERC, después de marear la perdiz del Estatut durante más de dos años, se supone que deben estar al corriente de los trámites de obligado cumplimiento.
Tampoco parecen considerar relevante que el Estatut que se presenta ahora a referéndum haya tenido el apoyo mayoritario de la delegación catalana que actuaba como representante de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. El trámite en el Congreso no es una trampa ni una broma. Un Estatuto es algo que obliga tanto a la comunidad autónoma como al Estado. Ninguna de las partes puede imponer su voluntad a la otra. La representación paritaria de ambas partes obliga a la negociación y al consenso. La representación de la comunidad autónoma y la del Estado han de votar ambas favorablemente el texto negociado para que éste pueda ser aprobado y sometido a referéndum.
Cabe suponer que el nuevo Estatuto no cumplirá las expectativas y preferencias del conjunto de la ciudadanía. Mala sería la unanimidad, aunque fuera patriótica. El Estatut dará una moderada satisfacción a unos, y resultará insatisfactorio para otros. Es lo lógico tratándose de una negociación. El Estatut resultará, por definición, irrelevante para los soberanistas más ideologizados, encerrados con un solo juguete. Para los más pragmáticos, significará una mejora indudable en materia de autonomía financiera y política, si lo comparamos con el Estatuto de 1979.
Lo que luego se haga con ese aumento de recursos y competencias pertenece al mundo de la gestión política cotidiana, que, como sabemos, se compadece mal con los arrebatos místico-patrióticos.
La estrategia de CiU
En un primer movimiento, CiU introdujo en el proyecto de Estatut demandas que, como la del concierto económico, era obvio que no podían finalmente prosperar. El objetivo era colocar en una posición delicada al PSC en Cataluña y al Gobierno de Zapatero en Madrid. Con sus votos, CiU estaba en posición de bloquear la aprobación del proyecto de Estatut en el Parlament de Cataluña. Ello obligaba a aceptar todas sus enmiendas. A partir de ese momento, ninguna de las fuerzas políticas del tripartito quería quedar como menos catalanista que las demás, incluida la parte del PSC más crítica con el texto. Se colocaba al presidente del Gobierno y al PSOE el papel de malos, con la ingrata tarea de recortar las demandas que resultaran inconstitucionales o imposibles de asumir para el Gobierno de Zapatero. Se iniciaba así el desencuentro entre Zapatero y Maragall.
El segundo movimiento de CiU fue brillante: pasa de pirómano a bombero. Abandona la pose nacionalista radical, y ofrece discretamente al Gobierno negociar los temas más importantes y delicados sólo entre las dos partes, blindando frente a terceros los acuerdos alcanzados. El pacto entre Mas y Zapatero, sellado el 21 de enero en La Moncloa, garantizaba la aprobación de un proyecto de Estatut asumible para el Gobierno de Zapatero. CiU comprometía, además, el apoyo de los representantes de su Grupo en la Comisión Constitucional del Congreso y en el Senado. La estrella de Carod comenzó a apagarse ese día. Había temido que CiU le desbordara por el lado del radicalismo, y vio cómo le adelantaba por el carril del pragmatismo.