Ioseba Eceolaza
Un voto por las víctimas
Hika, 217 zka. 2010ko apirila-maiatza
El pasado 31 de marzo, Batzarre decidió votar a favor de la Ley de Víctimas en la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior del Parlamento de Navarra. No es la primera vez que decidimos no asumir la postura de Nafarroa Bai, ya lo hemos hecho cuando se votó una moción relativa al Plan Ibarretxe o cuando tuvimos que pronunciarnos a favor del laicismo en los centros educativos.
En esta ocasión creímos que en el fondo, en la forma, y como deuda histórica de nuestras izquierdas había razones suficientes para hacerlo.
En primer lugar porque es esencial para reparar una injusticia secular de nuestra sociedad con las víctimas. Y porque es fundamental hacerlo desde fuerzas que no hemos afrontado bien el tema de las víctimas de ETA en el pasado. Creemos que es un deber de justicia elemental.
Porque recoge una razón elemental de solidaridad humana para con unas personas, para sus familiares, que han padecido y padecen un sufrimiento extremo e injusto.
Porque es una piedra angular para colocar unos cimientos sólidos de cara a la sociedad del futuro, sin revanchismos, sin venganza, con la reconciliación hasta donde sea posible. Esto es, un futuro diferente y sin hipotecas del pasado para las generaciones venideras.
Porque, aunque la ley contenga errores o insuficiencias que hemos tratado infructuosamente de subsanar, queremos estar con el dolor de las víctimas. Lo cual consideramos que es un tema central, de conciencia, de ética en la vida pública de nuestra sociedad a pesar, insistimos, de que la proposición de ley propuesta por el PSN es manifiestamente mejorable.
A juicio de Batzarre nuestra sociedad debe una reparación a las víctimas del terrorismo.
Las víctimas de ETA, a lo largo de su historia, son unas 858 personas muertas y más de 4.000 heridas; de ellas más del 90% en democracia. A ellas hay que sumar personas secuestradas, miles de personas amenazadas, miles de personas que se han visto obligadas a abandonar su tierra…
También se encuentran las víctimas de la extrema derecha, del GAL, etcétera, que en el período 1975-1990 son más de 66 personas muertas. Así mismo, tanto en el contexto de la convulsa transición política, como en los primeros años de régimen democrático, se produjeron diversas violaciones de derechos humanos con muertos en algunos de los casos, realizadas por funcionarios del Estado, cuyas víctimas ni han sido reparadas justamente ni han obtenido una justicia mínimamente satisfactoria: son los casos de Germán Rodríguez, Gladys del Estal, Mikel Zabalza, Ángel Arregi, etc. En otros casos, como a las personas asesinadas en Montejurra, se les han reconocido los derechos propios de las víctimas del terrorismo. A ellas hay que añadir las personas que han sufrido torturas o la vulneración de los derechos humanos hacia los presos de ETA. En este sentido hemos tratado de contribuir a que estos casos de violación de derechos humanos sean también contemplados en la Ley Foral.
La situación de las victimas de ETA ha sido muy penosa. Al daño inflingido -irreversible con la muerte, como en el resto de víctimas sean del color político que sean, se añade hasta fechas recientes la insensibilidad de una parte fundamental de nuestra sociedad vasco-navarra, su invisibilidad, una desconsideración a veces extrema y humillante. Aspectos todos ellos que han constituido una gran injusticia.
Es necesario un reconocimiento de la dignidad humana de las víctimas y una restitución moral como personas de las mismas. Esto es lo fundamental. Y esto debe estar avalado por toda la sociedad, pues pertenece al contrato esencial y elemental del que nos dotamos en un Estado democrático de derecho: el respecto a los derechos fundamentales y a los valores democráticos. En una democracia la existencia de víctimas por estos motivos, el sufrimiento que generan, son siempre inaceptables e ilegítimos, pues los actos u opiniones de las personas se pueden criticar, rechazar o si fuera necesario sancionar legalmente, pero nunca han de merecer el castigo de una organización que se erige antidemocráticamente en juez inapelable. En este sentido, las víctimas merecen reparación al margen de sus ideas políticas, simplemente como ciudadanas o ciudadanos.
Es necesario, igualmente, que la sociedad imparta una reparación en todos los órdenes: económico, social, psicológico, de atención a sus demandas judiciales, etc. De igual forma, sería conveniente el reconocimiento del daño causado por parte de los victimarios. En una sociedad democrática como la nuestra no se le puede arrebatar la vida a nadie en nombre de ningún ideario, ni siquiera en nombre del rechazo a una injusticia manifiesta o de un derecho que se considere conculcado. Nada justifica la pena de muerte aplicada por ETA.
Asimismo, son pilares básicos en los derechos de las víctimas: el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la memoria; y son derechos compartidos con toda la ciudadanía el derecho a la paz, a la libertad, a la convivencia, a la tolerancia, a la seguridad ciudadana, al pluralismo…
Batzarre -y pensamos que en general las izquierdas radicales y las fuerzas nacionalistas-vascas- debe un apoyo a las víctimas de ETA bajo una perspectiva autocrítica.
Batzarre ha mostrado una permanente solidaridad con las víctimas de la extrema derecha, del GAL o de las cloacas del Estado, así como con las víctimas de la tortura o con la vulneración de los derechos humanos sufrida por los presos de ETA. Lo cual ha constituido una actuación correcta por nuestra parte.
Sin embargo, el trato que les hemos otorgado a las víctimas de ETA en el pasado ha sido claramente deficitario: no las hemos reconocido, no hemos apreciado su sufrimiento, han sido invisibles para nosotros y hemos guardado un injusto silencio durante demasiado tiempo. Esto se inscribe en una cadena de errores o deficiencias comunes a las gentes que hemos formado parte de las organizaciones antes citadas: el trato otorgado a las víctimas de ETA; la infravaloración de las consecuencias negativas de toda índole que acarrea la persistencia de ETA y las enormes dificultades para desmontar una organización de esas características; cierta ambigüedad y cierta condescendencia en la consideración de ETA; la no-separación entre el problema de ETA y las controversias políticas existentes en una sociedad pluri-identitaria como la nuestra...
Nuestra autocrítica no es solamente una mirada hacia atrás, hacia un pasado que fue como fue y que ya no podemos modificar. Es además, y sobre todo, una afirmación de los valores e ideas con las que ahora queremos que nos identifiquen. Debemos tener una actitud abierta, a superar la situación actual, a abrir un escenario nuevo, a cerrar bien este período, y a ello puede ayudar el reconocer los errores que hemos cometido…
Por lo tanto la idea central de Batzarre para apoyar esta ley es la de estar con el dolor de las víctimas, una posición, un argumento que se coloca en la pre-política porque tiene que ver con lo fundamental, a saber, con los derechos humanos. Pero además Batzarre hace ya tiempo que decidió que era necesario, imprescindible, contribuir a la deslegitimación social de la violencia, por eso sin complejos decidimos apoyar esta Ley.
Es obvio que ninguna guerra, ningún hecho violento, tiene la honestidad de confesar que el dolor que genera, en la mayoría de las ocasiones, es más poderoso que la justicia por la que pretende luchar. Así las cosas se suman una serie de exageraciones, deseos, realidades a capricho que permiten hacer el intento, contra los tiempos que corren, de reproducirse para seguir en la tragedia.
Estamos en guerra, el ellos y el nosotros, la literatura exagerada, son conceptos que permiten la reproducción social de ETA, de ahí que sea necesario de una vez por todas desmontar ese andamiaje conceptual y sentimental que nos hace seguir pendientes de los que se tapan los oídos a cañonazos, de los que están más acostumbrados a sus ecos que a las voces, estirando una supuesta guerra mentirosa y cruel, que asesina por pensar diferente.
Ya lo hemos comentado, durante el franquismo y la transición, las fuerzas de izquierdas y las abertzales dieron un plus de rebeldía a ETA, tal vez cegados por el mito guerrillero, por la contestación a un régimen dictatorial que también, vaya paradoja, asesinaba desde el poder por pensar diferente. A partir de esa idea, existió y existe demasiada consideración hacia ETA y su mundo, y poco o ninguna atención hacia las víctimas que su actuar producía y produce. Y se infravaloraron las consecuencias negativas de toda índole que acarrea la persistencia de ETA
Volvíamos la cara para otro lado, teníamos enormes dificultades para mostrar nuestra solidaridad sin matices hacia la persona que había sido víctima.
La deslegitimación social de ETA, por lo tanto, es una condición, seguramente imprescindible, para la desaparición de ETA. Por eso desde las izquierdas y el vasquismo debemos reafirmar unos valores que contribuyan, como he comentado, a desmontar el andamiaje y los pluses de una organización antipluralista, y sobre todo a trabajar contra la deshumanización de las víctimas.
La deshumanización es aquella actitud que pretende arrebatar el rostro a la víctima y sustituirlo por una toga, un tricornio o una ideología. Deshumanización es romper la lógica de la persona como ser social, frente a la barbarie que supone matar. Deshumanización es cuando los mecanismos de inhibición biológicos de la violencia se paran y se sustituyen por otras categorías. En fin, deshumanización es la construcción del otro como objeto del odio, para hacer una valoración asimétrica del dolor.
De ahí que se produzca, en ese mundo, lo que se llama una desconexión moral, por ejemplo en la valoración de la vulneración de los derechos humanos, o cuando se impone una muerte para luchar contra la supuesta imposición del Estado español.
ETA no es una fuerza abertzale emancipatoria, ETA es un retroceso para muchas reivindicaciones, porque su entramado de intimidación sólo aporta realidades muy negativas. ETA no es la expresión del conflicto Euskadi-España, en principio porque el principal problema de la sociedad vasca, y la navarra, es la mala gestión de su secular pluralidad. El conflicto de ETA es contra la propia sociedad democrática.
Por eso sorprende que haya quienes den credibilidad a ciertas verdades sociales para el universo abertzale y de la izquierda radical que no se sostienen, y lo que es peor, permiten construir una literatura exagerada que agranda la identidad, falsa, de resistente. Se ha dado, y se da, la exaltación de valores y visiones duras, que son más estéticas que rigurosas, como si decir que nada ha cambiado fuera más radical que no decirlo.
Matar o intimidar a la otra parte por pensar diferente o por ser de la otra identidad es absolutamente ilegitimo. Es ilegitimo lo que hacen a sus víctimas, es ilegitimo el por qué lo hacen, y es ilegítimo para qué lo hacen. En todo caso sostenemos que la sociedad sí debe una reparación a las víctimas, cuya situación ha sido y es muy penosa porque al daño sufrido suman su invisibilidad y la insensibilidad social, sobre todo desde la parte que está políticamente más alejada de ellas.
Es obvio que no todo vale contra ETA. Los casos de torturas y arbitrariedades minan la legitimidad y credibilidad del estado democrático de derecho, y generan un dolor, también, innecesario.
ETA debe formalizar su abandono de las armas de manera inequívoca, con certeza absoluta para sus víctimas potenciales, que han de poder vivir sin la amenaza que pende sobre ellos. Por eso me pregunto, ¿para qué tener un proyecto para las tierras sino tenemos un proyecto para las personas?
Por estas razones y reflexiones Batzarre mantendrá su voto afirmativo a la ley de víctimas en el pleno del Parlamento de Navarra, para su aprobación y entrada en vigor, porque en definitiva no sólo entran en vigor unas ayudas económicas o sicológicas, entra en vigor otra forma de estar, otra mirada hacia las víctimas.
Ioseba Eceolaza es miembro de Batzarre y parlamentario foral.