Organizadas por la Federación de Planificación Familiar Estatal, se celebraron en Madrid unas jornadas sobre la interrupción voluntaria del embarazo los días 21 y 22 de mayo, donde profesionales de la salud de diversas disciplinas debatieron sobre los múltiples problemas que esa prestación comporta, aun hoy en día, en vísperas de una posible modificación de la ley en esta materia.

          Estas jornadas han supuesto una aportación peculiar al debate público sobre el aborto. Peculiar porque viene de sanitarios y sanitarias, expertos en distintas facetas, todos ellos implicados desde hace años en la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (en adelante, IVE) y, en general, comprometidos profesionalmente con la defensa, prestación y asistencia en salud sexual y reproductiva y vinculados a ella.

          Existe un estereotipo que muestra al sector sanitario, prácticamente en su conjunto, y a los médicos y ginecólogos en concreto, como un todo que está en contra del aborto o como un todo que es objetor de conciencia en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, y, en particular, con la interrupción voluntaria del embarazo. Y aunque esto es una exageración, ciertamente, la realidad es que en nuestro país, donde existen muchísimos sanitarios, una gran mayoría no ven el aborto como un problema de salud que les incumba o que les comprometa. La planificación familiar –la píldora del día siguiente, la IVE– es más una cuestión engorrosa, incómoda, fastidiosa, que directamente no se atiende y se acaba derivando a terceros. En definitiva, esta prestación no está normalizada en la cartera de servicios y prestaciones de salud en el sistema público nacional.

          Frente a este panorama existen, sin embargo, profesionales que desde hace décadas desarrollan su trabajo atendiendo esta faceta de la salud de las personas. Con una dedicación casi militante, afrontando dificultades provenientes de todo tipo de instancias.

          La IVE, en cierto modo, ha llegado a legitimarse socialmente, a asumirse mayoritariamente. Se acepta socialmente y se entiende, de una forma calmada, que haya personas, mujeres, que recurren a esta solución. Sin embargo, los profesionales que hacen la tarea permanecen en una especie de clandestinidad, se les invisibiliza, se les coloca en el lugar más oscuro para que no se les vea. Su tarea no es reconocida, sino censurada y mal vista; estos profesionales, finalmente, soportan un cierto estigma.

          Desgraciadamente, muchos de estos profesionales ven cómo en sus currículos se incluye el “mérito” de haber estado en libertad provisional varios años, o el haber sido inhabilitados para ejercer su profesión, o el haber sido imputados en diversas causas penales por ejercer un trabajo consistente en el asesoramiento y la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Algunos han permanecido encarcelados por cierto tiempo.

          En las jornadas se ha manifestado, por parte de los participantes, que este era un momento muy oportuno para reflexionar y debatir una vez más. Casualmente, en las fechas en que se celebraron las jornadas se conoció el anteproyecto de la ley que sobre la materia prepara el Gobierno.

          La prestación y asistencia a una mujer que quiere interrumpir un embarazo es un proceso largo, difícil, complejo, que involucra muchos aspectos de la mujer, aspectos emocionales, físicos, familiares, laborales, sociales. Son muchos los profesionales que se ven apelados para la atención de un caso de IVE, que requiere una asistencia compleja, delicada, paciente. Y los hay, mujeres y hombres, que llevan 25 años desarrollando este tipo de intervención.

          Es preciso señalar que antes del año 1985, cuando se aprobó la ley de despenalización del aborto, que luego fue impugnada ante el Tribunal Constitucional por Alianza Popular, ya había profesionales que trabajaban para solucionar los problemas de la planificación familiar y la interrupción del embarazo.

          Fueron mayoritarias, en el contexto de las jornadas, la exigencia y la esperanza de que los cambios legislativos impliquen una corrección de la situación actual de vulnerabilidad penal, y que esos cambios faciliten la realización del trabajo a los profesionales que materializan este derecho de las mujeres. Es obligado hacerlo si se pretende no pasar otros 20 años de penalidades, inseguridad jurídica, denuncias, cárcel para los sanitarios, inhabilitaciones profesionales y sufrimiento para las mujeres.

          Antes de seguir con lo tratado en estas jornadas, conviene destacar algunas anécdotas que señalan o muestran el contexto en el que hay que realizar el trabajo cuando se trata del aborto. Conseguir un lugar para la celebración de las jornadas resultó una odisea. El problema era, sistemáticamente, su contenido. Finalmente, tras 15 intentos en otros tantos lugares, se celebraron cómodamente en el salón de actos de la Fundación Altadis en Madrid.

          Por supuesto, no fue posible contar con la subvención o el patrocinio de ninguna institución pública, cosa que sí sucede habitualmente en la organización de los numerosos eventos científicos que se celebran continuamente en el ámbito de la medicina. Ha sido imposible contar con la Acreditación de Actividades Docentes de Formación Continuada, que suele otorgarse a este tipo de jornadas y cursos, y que concede la Agencia Laín Entralgo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, las ministras de Sanidad, Trinidad Jiménez, y de Igualdad, Bibiana Aído, se disculparon a última hora por no poder acudir a los actos de inauguración y clausura, respectivamente, de las jornadas.

Debate plural

          Las jornadas fueron una ocasión para debatir y compartir las experiencias desde distintos enfoques, dada la diversidad de profesionales que participaron. Expertos y expertas en salud pública, epidemiología, trabajo social, juristas, ginecólogas, médicos, enfermeras, expertos en diagnóstico prenatal, expertos y expertas en bioética. Es de agradecer la posibilidad de llevar a cabo un debate tan multidisciplinar, diverso, donde han tenido cabida puntos de vista diferentes, a veces no acordes. Cabría decir que ha podido darse un debate desprejuiciado y tal vez sería un ejemplo de debate desideologizado, muy basado en la realidad material y en los problemas reales que todos y todas vivimos cada día en el lugar de trabajo cuando afrontamos las necesidades de las mujeres que deciden abortar.

          En las diversas mesas redondas se pudo analizar la situación actual del aborto en España, su incidencia, las características y problemas asociados al contexto político y social actual .

          A lo largo de los dos días de jornadas, han quedado sobre la mesa las cuestiones que más preocupan a los profesionales. A modo de resumen mencionaremos:

          · Los cambios legislativos previstos por el Gobierno y su impacto en la materialización de la prestación del aborto. El problema de los plazos, el problema de las indicaciones, la autonomía de las menores de edad.

          · La repercusión de los resultados de esos cambios legislativos en los países vecinos.

          · La falta de equidad en la prestación de la IVE en las distintas comunidades autónomas.

          · El impacto de la emigración en las tasas de aborto.

          · La insuficiencia y pobreza de las políticas en materia de prevención y promoción de la           salud sexual y reproductiva.

          · La controversia sobre el aborto en la sanidad pública o en la privada.

          · El análisis de las dificultades para organizar servicios para la prestación del aborto en           hospitales públicos.

          · El aborto farmacológico con RU 486 y la inexplicable disparidad en su aplicación en las           diversas comunidades autónomas.

          · La importancia de incluir en los currículos para la formación de profesionales de                     enfermería, medicina y ginecología materia relacionada con la salud sexual y reproductiva           y con la interrupción del aborto en particular.

          · El problema del diagnóstico y el pronóstico de las lesiones y defectos hallados en el           estudio prenatal. El problema de los comités de expertos recogidos en el anteproyecto de           ley.

Cambios legislativos

          Desde la despenalización del aborto en 1985 hasta hoy, se ha recorrido un camino en el que progresivamente se ha ido logrando que una mayoría de mujeres que necesitan recurrir a un aborto puedan resolver su demanda en buenas condiciones. Esto ha sido así, en buena parte, gracias al papel jugado por las clínicas autorizadas, sus profesionales y por los relacionados con la antaño llamada planificación familiar.
Sin embargo, el actual marco legislativo se ha mostrado ineficaz e inseguro para las mujeres que hoy deciden abortar y para los profesionales que llevan a cabo la intervención. Es el momento de que se produzca un cambio normativo. El impacto que puedan tener en el futuro los cambios de la ley previstos para la normalización de la prestación del aborto está por ver.

          Varios han sido los aspectos debatidos y criticados. En algunos de estos aspectos no se han alcanzado posiciones unánimes, aunque es preciso señalar que no era un objetivo expreso alcanzar posiciones de consenso en todas las cuestiones.
En especial, se debatieron ampliamente los siguientes aspectos:

          - La persistencia en el Código Penal del artículo 145, que penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en determinadas circunstancias. En ese artículo se indican las penas para las mujeres y para los profesionales sanitarios que realicen un aborto. La discusión llevada a cabo señala como muy amenazadoras las penas de multas e inhabilitación para el ejercicio profesional previstas en él. Llegó a plantearse que en el Código Penal debería figurar únicamente el supuesto de que el aborto fuera realizado sin el consentimiento de la mujer o en contra de su voluntad. Se planteó la necesidad, no obstante, de regular la práctica de la IVE desde un punto de vista administrativo pero no penal.

          – Los límites y plazos para la interrupción del embarazo a petición de la mujer. El límite de las 14 semanas que marca el anteproyecto resulta escaso. Si bien resuelve un porcentaje muy importante de las IVE que se hacen en España, quedan fuera muchos abortos que superarían ese plazo. En 2007 se realizaron en España 112.138 abortos, lo que supone una tasa de 11,49 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil, entre los 14 y los 44 años. El 88,15% de los abortos se practicaron antes de la semana 12 de gestación. Si el plazo se estableciera en 12 semanas, quedarían fuera algo más de 13.000 abortos. Si el plazo se fijara en 16 semanas, quedarían fuera algo más de 6.000 abortos.

          Cuando el plazo se supera, el aborto se despenaliza en el caso de determinadas indicaciones médicas que requieren evaluación por terceros. Comparativamente con otras leyes del contexto europeo que marcan plazos mayores, esta ley sería de las consideradas restrictivas. No obstante, alivia enormemente y simplifica la realización de la IVE en un porcentaje muy importante de casos.

          Como alguien dijo en los debates, «ya era hora de que se considerara a las mujeres mayores de edad y legitimadas para tomar decisiones sin tutelas. Por fortuna, ya no será necesario que miles de mujeres firmen en un papel que son enfermas mentales». Es sabido que hasta ahora el riesgo de la madre de enfermar psíquicamente si progresaba el embarazo ha sido la causa del 97% de los abortos en nuestro país en 2007. Por cierto, que se señaló con énfasis la invisibilidad histórica de los psiquiatras que firman los dictámenes mentales y que nunca han tomado parte en los debates sobre el aborto.

          Volviendo al referente internacional, en Europa existe una gran diversidad en la materialización de la prestación de la IVE. Lo que resulte del nuevo ordenamiento legislativo que está proponiendo el Gobierno será mirado y escrutado en el resto de países europeos. España ha sido en algunas iniciativas legislativas relativas a derechos sociales e individuales un referente. En este momento también estamos siendo mirados por otros países europeos que pueden aspirar a una ampliación de los márgenes de sus leyes en materia de regulación del aborto.

          Uno de los puntos criticados del anteproyecto por parte de los asistentes a las jornadas fue la obligatoriedad de entregar a la mujer información por escrito relativa a los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad en sobre cerrado y la necesidad del plazo de reflexión de 3 días. Se tiene la sensación de que estos requisitos son una especie de trampas que dificultan, más que aseguran, los derechos y las garantías de los profesionales, de las mujeres y de los nonatos. Quizá faltó algún jurista que nos explicara mejor el sentido de esas obligaciones y requisitos.

          En relación con lo que el nuevo anteproyecto recoge sobre la minoría de edad y la IVE, las opiniones generales respecto a la toma de decisiones en menores de edad eran acordes con la idea de que debe hacerse una valoración no restrictiva de las capacidades y madurez de las jóvenes adolescentes para tomar decisiones. La madurez tiene que ver con la capacidad del joven o la joven de entender las consecuencias de las decisiones que toman. Se valoraba el hecho de que el anteproyecto contemple el que la mujer menor de edad, hasta los 16 años, pueda decidir una interrupción del embarazo sin el consentimiento materno o paterno.

La nueva ley debe resolver problemas pendientes

          La nueva ley, que en el sector sanitario se espera se promulgue en esta legislatura, debe dar solución a la penuria de la educación para la salud. Se deben materializar planes de educación para la salud sexual y reproductiva, en particular en sectores sociales más vulnerables, como la adolescencia y la inmigración. Han de implementarse planes para hacer accesible a todos por igual la prestación de la planificación familiar y de la IVE en el sistema público, y esta prestación debe incluirse en la Cartera de Servicios en todas las comunidades autónomas.

          A lo largo de estos años de desarrollo de la actual ley, la prestación de estos servicios en la red pública ha ido disminuyendo, mientras que, por el contrario, las cifras totales de IVE han ido aumentando. El nuevo proyecto ha de subsanar esta cuestión. No sólo debe proveer de medidas de información y de obtención de métodos anticonceptivos fiables y seguros, y garantizarlas, para evitar situaciones de demanda de aborto, sino que debe asegurarlas en la red pública de manera normalizada. La IVE debe ser una prestación médica y clínica como cualquier otra.

          Debe marcarse un “precio social” para el preservativo, debe garantizarse y facilitarse el acceso a la píldora poscoital. La Federación de Planificación y la Sociedad Española de Contracepción, así como otras organizaciones vinculadas a la salud sexual y reproductiva, han defendido desde hace años la libre dispensación en las farmacias de la píldora del día siguiente sin necesidad de prescripción médica.

          La ley debe garantizar la programación de planes de formación en salud sexual y reproductiva para matronas, enfermería, medicina y ginecología.

          La ley debe resolver el problema de la objeción de conciencia, garantizando la prestación de la IVE en todos los centros médicos o servicios clínicos que sean necesarios para una prestación normalizada.

          La nueva ley debe resolver el problema inadmisible de la inequidad en el acceso a la IVE en las distintas comunidades autónomas.

          En las jornadas se debatió mucho sobre cómo y dónde prestar el servicio a la IVE, si en hospitales públicos o en clínicas privadas acreditadas. Se ha valorado el trabajo que han realizado las clínicas privadas acreditadas para la IVE, así como la profesionalidad, el tesón, la paciencia, con que estas clínicas han ido resolviendo la “papeleta del aborto”, a pesar de la inseguridad jurídica, las detenciones, las denuncias, los procesos penales, las inspecciones continuas. Sin las clínicas acreditadas, hoy, con la ley vigente, no se realizarían en España interrupciones de embarazo.

          En algunos hospitales públicos, un puñado de profesionales han realizado también un trabajo ejemplar y difícil. Ha habido muy buena práctica pero muy invisibilizada, poco o nada reconocida. Frente a esta situación, la opinión mayoritaria en estas jornadas es que ha de tenderse a normalizar la prestación; lo problemático es cómo organizar los servicios en los hospitales, cómo resolver la cuestión de la objeción de conciencia. Es imposible, por ejemplo, montar un equipo para hacer abortos si el jefe de servicio es objetor. Es muy variada la forma en que esto se ha resuelto en los distintos hospitales del país donde se hacen IVE. A este respecto se considera muy difícil, casi imposible, la obligatoriedad de generar un registro de objetores, dado que esto vulneraría los derechos individuales de las personas. Nadie está obligado a ser requerido sobre sus ideas religiosas, morales o éticas y a ser discriminado por ellas. Sí es general la idea de que la prestación de la IVE debe estar garantizada siempre.

          De lo que tampoco cabe duda es de que, se realice en el hospital o se realice en las clínicas acreditadas, la financiación de la IVE debe correr a cargo de la sanidad pública. Esto hace necesario que las gestiones burocráticas necesarias para llevarla a cabo se agilicen a fin de que pueda cumplirse el plazo de las 14 semanas que marcará previsiblemente la nueva ley.

Apéndices

Diagnóstico prenatal, difícil disciplina

          El plazo es ilimitado cuando el motivo sea la detección de anomalías fetales incompatibles con la vida o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable. Esto resuelve el conflicto que se crea en estas circunstancias con la ley actual, que marca el límite en las 22 semanas. Con el nuevo anteproyecto se salva este límite, pero se intuyen otras dificultades como es la necesidad de que sean dos los especialistas necesarios para firmar el dictamen que autorice el aborto en el caso de la detección de anomalías incompatibles con la vida, y el hecho de que ha de ser un comité clínico cuando se refiere a una enfermedad grave e incurable del feto. Este aspecto del anteproyecto es controvertido.

          El diagnóstico prenatal es una disciplina difícil y compleja, que requiere especialistas con mucha experiencia para valorar los defectos fetales y las consecuencias que éstos tendrán en la vida posnatal. Por encima de la semana 22 se admite mayoritariamente que el feto es viable. Es obligado determinar muy ajustadamente el pronóstico de las lesiones o defectos que se detecten. Estos comités no pueden estar contaminados con miembros que aleguen consideraciones particulares de índole moral o religiosa.

          También se ve necesario que la ley marque un límite muy concreto y breve a los plazos de tiempo en que el comité clínico debe emitir su dictamen. Por debajo de las 22 semanas, la obligatoriedad de dos especialistas complicará y retrasará la intervención de la IVE.

El aborto farmacológico con RU 486

          Otro de los aspectos que fue debatido ampliamente y que preocupa al sector sanitario implicado en la IVE es todo lo relativo al aborto farmacológico con RU 486.

          Por aborto farmacológico se entiende aquel en el que se produce la completa expulsión de los productos de la concepción sin instrumentación quirúrgica. Este método abortivo es visto de la misma manera que el quirúrgico por la legislación española. Esta interrupción del embarazo es provocada por diversos fármacos, principalmente la mifepristona o RU 486 y el misoprostol (registrado como cytotec), aplicados en diversa forma, juntos o separados. No está autorizado el uso del misoprostol solo para la realización de abortos, sin embargo es masivamente así utilizado en el mundo, particularmente en Latinoamérica (práctica que al parecer se extiende en nuestro país).

          En España existe una utilización inexplicablemente irregular del aborto farmacológico. La CAV es la comunidad autónoma que más utiliza la RU. Más del 30% de las IVE se realizan con RU. La media en España es del 4%, pero hay comunidades que no alcanzan ni siquiera un 1%. Madrid es una de las comunidades que menos utiliza el método farmacológico para la IVE. Es opinión muy generalizada que el aborto farmacológico resulta más difícil y complicado para el médico que interviene; pero hay que trabajar atendiendo más al interés de las mujeres y no únicamente al interés del médico y del personal sanitario que actúa en cada caso. No es explicable, ni se puede justificar, que esté resultando tan complicada la puesta en práctica del aborto farmacológico en España, cuando países vecinos como Francia llevan realizándolo con éxito desde hace años. Mención especial merece el caso portugués que, desde que se aprobó la despenalización del aborto en el año 2004, ha logrado una excelente prestación de la IVE en la red pública y, en cierto modo, la práctica del aborto con RU 486 ha facilitado esta normalización de la prestación.