Isabel Santamaría
Los datos sobre la interrupción voluntaria del embarazo
(Página Abierta, 223, novimbre-diciembre de 2012).

Los datos sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que constan en los registros del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad son públicos. El último informe, que se dio a conocer en diciembre de 2011, antes de que el PP formara Gobierno, recoge los datos de 2010. En él se puede ver la trayectoria, año a año, de los abortos realizados desde 2001.

Aún no se han hecho públicos los datos correspondientes a 2011. Aunque todavía hay tiempo antes de finales de año, a tenor de las otras experiencias informativas, han surgido algunas dudas sobre el futuro de esta información. En una reunión de miembros de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) con una representante del Ministerio de Sanidad, esta insinuó problemas con la herencia dejada por el anterior Gobierno socialista, advirtiendo de que no podía asegurar que en años próximos se vayan a seguir manteniendo esos informes sobre las IVE. Algo que choca sobremanera con el hecho de que el ministerio sigue recogiendo, a través de las comunidades autónomas, los datos de cada caso de aborto, al ser obligatoria su notificación mediante una ficha que debe rellenar la clínica que lo practica.

Respecto de los datos referidos al año 2010, lo primero a señalar es que precisamente en ese año se produjo un importante cambio legislativo, lo que obligó, a partir del 5 de julio de 2010, a modificar el cuestionario de notificación de la IVE que presentan los centros asistenciales, adaptándolo a los cambios introducidos por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo. Esto supone una dificultad a la hora de conocer los datos reales, pues parte de ellos se hacen en función de la ley anterior y otra parte en función de la nueva.

El informe del ministerio presenta los datos comparados de los últimos diez años (entre 2001 y 2010). Pero en él no hace distinción de datos ni segrega los que tienen relevancia una vez que se aplica la nueva norma. Por ejemplo, en lo que se refiere a los distintos tramos de edad en las menores. Informa, primero, globalmente de las IVE practicadas en mujeres de “19 y menos años”, en el cuadro comparativo de 2001 a 2010. Para, luego, detenerse solo en el año 2010 desagregando ese tramo en otros dos: “menores de 15 años” y “entre 15 y 19”. Esto nos impide hacer una valoración más exacta de cuál es la situación del aborto en mujeres en edad adolescente y, en particular, en el tramo de edad correspondiente a los 16 y 17 años, etapa de minoría de edad madura y en la que la nueva ley permite el consentimiento para abortar sin la intervención de los representantes legales, padre, madre o tutores.

Igualmente, la información sobre la edad gestacional en el momento de la IVE no segrega los tramos 9-12 semanas o 13-16 semanas, con lo que no tenemos una idea clara de las IVE que se produjeron antes de la semana 14 de gestación, plazo en el que la nueva ley permite el aborto por libre decisión de la mujer embarazada, si bien es cierto que se han incorporado en el informe los cambios relativos al epígrafe “Motivo de la IVE”, donde se contempla la “libre decisión de la mujer”. Según el informe, el 63,52% de las IVE se practicaron con 8 o menos semanas de gestación, el 24,92% entre 9 y 12 semanas, el 6,68% entre 13 y 16 semanas, el 3,27% entre 17 y 20 semanas y el 1,54% entre 21 o más semanas.

A tenor de los datos difundidos por el ministerio, en 2010 se realizaron en España 113.031 abortos, lo que supone una tasa de 11,49 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil, entre los 15 y los 44 años. Esta tasa viene manteniéndose estable, sin modificaciones relevantes, desde 2007, año en el que se produjeron 893 abortos menos que en 2010.

El 65,14% de estas mujeres no se habían sometido antes a una IVE, el 23,74% había tenido una IVE previa; y el 53,81% tenía algún hijo. El 60,46% eran mujeres españolas y el 39,54% extranjeras, porcentaje que supone una sobrerreprentación de la población extranjera respecto de la autóctona.

El 98,1% de las IVE se llevaron a cabo en centros privados acreditados, si bien este dato no nos aclara cuántas han sido financiadas por el sistema público. La nueva ley aplicada a partir de julio de 2010 facilita la tramitación para la financiación de las IVE a través del sistema público (*).

El informe sí nos da el dato, a partir del 5 de julio, del motivo del aborto. Del total de abortos de ese año 2010, el 42,88% se hicieron a petición de la mujer. Antes de la fecha de entrada en vigor de la nueva ley, el motivo mayoritario, un 50,07%, era el riesgo para la salud de la madre. Sumados, estos dos motivos constituyen el 92,95% de todas las IVE.

Finalmente, las comunidades autónomas donde se registraron las mayores tasas de abortos por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años fueron Cataluña, Madrid, Región de Murcia y Baleares.



(*) El informe de 2010 muestra el número de centros que han notificado las IVE: 49 públicos y 97 privados. De estos datos destaca, en primer lugar, que en Navarra no se practicaron abortos y que no se realizaron en ningún centro público en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Región Murciana. En cuanto al número de centros, en Andalucía se registra el mayor número, 18, la comunidad de mayor número de habitantes y que mantiene una fuerte financiación pública para las IVE en los centros privados.