El pasado 26 de diciembre de 2007 se aprobó en el Consejo de Gobierno el denominado Plan Vasco de Educación para la paz y los Derechos Humanos 2008-2011 que establece ya de forma definitiva un marco estable, coordinado, sistemático y permanente de trabajo para extender en la sociedad vasca, a todos los niveles, la cultura de los derechos humanos y la paz. El periodo de diseño y progresiva redacción del Plan ha durado aproximadamente unos catorce meses que es lo que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas estima como un lapso de tiempo adecuado para este tipo de procesos.
            Sin embargo la sensibilidad del tema que se planificaba ha dado lugar a un debate público más bien pobre y desenfocado: de trazo excesivamente grueso. A veces la discusión pública y la específicamente política se caracteriza en nuestro país por un nivel de depredación tan extremo que somos incapaces de distinguir lo importante de lo secundario. Parece que en determinadas materias se imponen las fórmulas de suma cero: o ganas tú o gano yo. Se esgrimen los principios abstractos y las grandes ideas y se obvia el debate concreto que, en una materia como la de los derechos humanos, es imprescindible para poder avanzar en propuestas. Como si resultara imposible buscar lugares comunes de trabajo. Ello dificulta transmitir –y percibir- lo que de bueno tienen determinados pasos, los dé quien los dé. Es por ello que, a continuación, quisiera, de forma necesariamente breve, destacar algunos aspectos que, a mi juicio, justifican presentar al Plan como una buena noticia para la sociedad vasca. Expresado de otra manera: ¿qué gana la sociedad vasca con este Plan?
            Ganamos en organización y en consecuencia en eficacia. Hasta la fecha había conciencia suficiente de la necesidad de educar para la paz y de reforzar la cultura de los derechos humanos pero esa conciencia se materializaba, con la mejor voluntad, en dispersión. Demasiadas iniciativas sin coordinación, con duplicidades, sin saber muy bien qué resultados arrojaban. Y hablo tanto de iniciativas sociales como institucionales. Probablemente en las fases iniciales de cualquier política lo importante es empezar. Pero el segundo paso, imprescindible, es planificar a dónde vamos, organizar al conjunto del país para una eficaz coordinación y dotarnos de elementos estables de diagnóstico y evaluación para ser dueños de nuestros pasos y poder medir los progresos. El Plan viene a dotarnos de esa necesaria infraestructura: se crean órganos específicos para impulsar y ejecutar las acciones, para evaluarlas, para discutirlas, para mejorarlas…y también para ser conscientes del mapa de actuaciones y tener una información adecuada que permita maximizar los esfuerzos.
            Ganamos en participación social y coordinación institucional. Por primera vez los tres niveles de la Administración vasca –Gobierno Vasco, las tres Diputaciones y los Ayuntamientos- nos ponemos a trabajar al unísono. Cada uno desde su autonomía y sus especificidades pero todos a la vez. Y además con un planteamiento de fondo de alianza con la sociedad civil. Por responsabilidad pública la educación para la paz y los derechos humanos es una tarea irrenunciable para las instituciones y, en especial, para el Gobierno Vasco. Pero la concreción de la política tanto en diseño como en contenidos y ejecución debe hacerse de forma suficientemente participada también con los agentes educativos y las organizaciones sociales. Buena muestra de esta alianza es el hecho de que, a impulsos del Gobierno, se creó en marzo del pasado año 2007 un Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz que agrupa a unas 30 ONGs de Euskadi que trabajan, día a día, en nuestros barrios, pueblos y ciudades. Este Foro, abierto y autónomo al día de hoy, ha trabajado codo con codo con el Gobierno en el diseño del Plan y será, sin duda, parte importante en su ejecución.
            Ganamos en presencia internacional de esta política de educación para los derechos humanos y la paz. El Plan responde, rigurosa y escrupulosamente, al modelo de Plan que impulsa el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con él, la UNESCO y el Consejo de Europa. Y ello es bueno porque, por primera vez, hemos incorporado a esta política sus definiciones y principios; sus propuestas de organización y gestión; sus criterios de evaluación y diagnóstico. De esta forma nos vamos a poder hacer visibles en las corrientes internacionales de educación para la paz y los derechos humanos lo que facilitará que incorporemos buenas prácticas de otros países y también aportar nuestro granito de arena. Pero sobre todo –y esta es la gran esperanza- pone bases sólidas para que esta materia salga de la arena política partidista en el medio y largo plazo. Probablemente seguirán insistiendo quienes intenten ver en esta terminología o la otra un sesgo político pero, en realidad, en materia de trabajo sistemático en derechos humanos pocas cosas están por inventar. Basta, para empezar a situar el rumbo adecuado, con dejarse embarcar en las grandes rutas internacionales en las que los conceptos y principios están definidos. Eso es precisamente lo que hemos pretendido con el Plan: ponernos a trabajar como nos dicen los organismos internacionales confiados en que su autoridad y experiencia nos ayudarán a progresar para que este sea un terreno de todos. Y ello inculturando las iniciativas en nuestras tradiciones de trabajo y según nuestras especificidades.
            A buen seguro el Plan no será al cien por cien del gusto de cada formación política. Tampoco es un Plan que responda al cien por cien a las convicciones de los partidos del gobierno ni siquiera a la de sus impulsores más directos. Porque es un Plan que ha buscado construir entre sectores y anclarse en modelos de trabajo que han sido diseñados en las Naciones Unidades por la máxima autoridad mundial en derechos humanos. Ello nos debería tranquilizar y permitir consolidar consensos parciales allí donde todavía, lo arraigado de las convicciones de unos y otros, impide que aquellos se amplíen. Pero que las ramas no oculten el bosque: Euskadi se coloca hoy con este Plan y esta densidad de acciones en la avanzadilla de los países de cabeza que se toman estas materias en serio. Y ello será aparentemente menos espectacular que otras iniciativas pero, sin duda, resulta del todo trascendental para progresar en el medio y largo plazo hacia una sociedad verdaderamente consciente de los derechos humanos y de la paz como garantía primera de una construcción social, política e institucional más justa.

NOTA. Jon-M. Landa es director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.