José Sánchez Sánchez
Continuidades y cambios en los proyectos migratorios
Enero de 2013.
(Página Abierta, 224, enero-febrero de 2013).

La intensidad y extensión de la crisis económica están generando una serie de cambios en la dinámica de la inmigración, que es difícil valorar y precisar cómo van afectar a medio plazo al proceso de integración, a la vez que provocan cierto desconcierto y desorientación sobre las pautas que se deben seguir en el impulso integrador.

Hasta ahora, los estudios han venido destacando la resistencia de los inmigrantes para afrontar la crisis y cómo los proyectos de arraigo y de asentamiento de las nuevas familias no se han visto alterados en lo fundamental. Esta resistencia en el terreno del mercado laboral viene explicada en gran parte por “la complementariedad” entre autóctonos e inmigrantes. A pesar de la intensidad de la crisis, los inmigrantes ocupados en el tercer trimestre de 2011 sumaban un total cercano a los 3 millones de empleos, un 16,5% del empleo total español, según una de las conclusiones que recoge Josep Oliver (1) en la ya clásica publicación Anuario de Inmigración de CIDOB (edición 2011) Un volumen de empleo de esta magnitud hace difícil imaginar un correcto funcionamiento de la economía española con la ausencia de los inmigrantes, en especial dadas sus distintas posiciones ocupacionales y sectoriales.

Además, en algunos sectores, su participación no solo no se ha reducido con la crisis, sino que ha aumentado en términos relativos respecto del total del empleo.

Los cambios operados desde el segundo trimestre de 2008 al tercero de 2011 muestran cómo el empleo en el sector primario ha ganado posiciones sobre el empleo total, al igual que ha sucedido con los servicios, mientras que la inmigración retrocedía sensiblemente en su aporte al sector industrial y a la construcción. Una vez que se ha producido la gran contracción en la industria y la construcción, los cambios más relevantes se dan en algunas ramas de los servicios, en especial en el comercio y en la hostelería. También hay que destacar la mejora en los servicios personales y en el trabajo doméstico. Estos datos indican que la mayor presencia de los inmigrantes en los puestos de baja cualificación les sitúa en una posición ambivalente, con mayor y menor protección frente a la crisis de la ocupación (ver tabla).

Según el mismo estudio, más del 85% de los inmigrantes reside en hogares con miembros activos ocupados. De los 2,1 millones de hogares inmigrantes que tienen miembros activos, cerca de 1,8 millones, más del 83%, tenían ocupados en el tercer trimestre de 2011 y en 350.000 hogares todos sus miembros estaban en paro. Los hogares inmigrantes en los que existe como mínimo un activo concentran casi 5 millones de personas, una cifra que prácticamente abraza la totalidad de la población inmigrante (estimada por la EPA en el tercer trimestre de 2011 en los 5,4 millones para la población de 16 a 64 años).

Por el contrario, un 17% de los hogares inmigrantes tiene todos los miembros activos parados, frente al 9,9% de las familias presididas por una persona nacida en España. Además, estos 350.000 hogares inmigrantes acumulan casi 730.000 personas, el 14,7% de la población inmigrante (frente al 9,3% de personas nativas).

La distribución de la destrucción del empleo en la inmigración ha sido muy asimétrica según edades, al igual que lo sucedido con el resto de la población residente. Así, del total de cerca de 500.000 empleos perdidos por los inmigrantes, unos 345.000 los ocupaban individuos entre 16 y 29 años, otros 200.000 entre 30 y 39 años, y el resto, hasta los 64 años, no solamente no ha experimentado retrocesos en su empleo, sino que ha aumentado en cerca de 50.000 (del segundo trimestre de 2008 al tercero de 2011), medido por la EPA. Si al principio de la crisis los jóvenes de 16 a 29 años aportaban el 32,7% del total de los empleos perdidos, en el tercer trimestre de 2011 se había reducido al 27,5%, con lo que los mayores de 30 años han ganado posiciones en la distribución: de un 67,3% al 72,5%.

Tendencias negativas

Sin embargo, esta situación podría estar cambiando. Al freno en la entrada de los inmigrantes se sumarían otras tendencias negativas a partir del verano de 2011. Como afirma Josep Oliver, aunque hasta el otoño de 2011 la inmigración fue capaz de reabsorber de forma relativamente satisfactoria el choque ocupacional español, el futuro que se adivina para los próximos trimestres podría dar un vuelco más negativo para su empleo. La estructura ocupacional que emerge a finales de 2011 no define una especial resistencia de la inmigración a un endurecimiento de la crisis ocupacional.

En relación con el mercado laboral, cabe destacar:
· El fuerte aumento del paro se debe más a la destrucción de empleo que al aumento de la población activa (2), que era lo que venía ocurriendo hasta la segunda recesión del verano 2011.
· El importante aumento del desempleo de larga duración (cerca del 50% desempleado estructural [3]) constituye otra tendencia altamente preocupante (4), compartida con la fuerza de trabajo de los españoles.
· Un tercio de los desempleados estructurales de origen inmigrante tiene más de 40 años y muchas más responsabilidades familiares.
· El bajo nivel de estudios de muchos de ellos hace especialmente difícil su posible integración en el mercado de trabajo los próximos años.
· El porcentaje de extranjeros que cobran el desempleo no ha dejado de disminuir: desde el tercer trimestre de 2011 hasta junio de 2012 ha pasado del 61% al 40%, una caída muy radical que agudiza el problema anterior.
· Se mantiene la caída de la tasa de actividad de los inmigrantes acompañada de la salida de España de la población joven.
Además, según indican diversos informes, las consecuencias negativas de la crisis en las estructuras familiares serían:
· Entorpece el proceso de reagrupación familiar de los hijos, con más incidencia sobre la población latinoamericana que marroquí; disminución de matrimonios (5).
· Se están dando rupturas de vínculos entre los miembros de la familia, como forma de afrontar mejor la crisis (envían al hijo al país de origen, un miembro de la pareja se va, emigración circular…), según se recoge en informes de Cáritas y Unicef.
· Aumento de los conflictos generacionales y las dinámicas familiares más conflictivas (6).
· Problemas de hacinamiento y otros relacionados con los desahucios.

Es en el colectivo ecuatoriano donde el peso de los retornos de niños y adolescentes (7) es mayor, y también el que está sufriendo más los problemas de hipotecas y desahucios. Entre los colectivos no comunitarios más numerosos, son los ecuatorianos y, por extensión, los latinoamericanos los que peor preparados están para afrontar la crisis y sus consecuencias. Así lo indican las cifras de residentes oficiales a fecha del 30 de septiembre de 2012, en las que los marroquíes siguen aumentando mientras que ecuatorianos, colombianos, peruanos y argentinos disminuyen con relación a los datos de hace un año.  

Por último, sí puede establecerse un antes y después de 2010 en el mantenimiento de las política sociales, como señala Miguel Laparra en su estudio Crisis y fractura social en Europa. Hasta este año no se modificó sustancialmente el funcionamiento del Estado de bienestar, que fue capaz de mantener los riesgos sociales como antes de la crisis. Es decir, la crisis de empleo y el hundimiento de los ingresos en los sectores más desfavorecidos no se tradujeron en un aumento de las privaciones más severas de los bienes esenciales y básicos. Y es a partir de 2011 cuando los cambios en materia de protección social siguen la lógica de su reestructuración/reducción y las consecuencias se traducen en un aumento de las privaciones más severas. Existe el riesgo de que la crisis financiera de 2007 esté evolucionando hacia una crisis de la cohesión social a partir de 2011. Que el incremento de la desigualdad social dentro de nuestro país esté aumentando de manera alarmante (8) es uno de los factores causantes.

Como resultado de la crisis, el riesgo de pobreza en España afecta a más de uno de cada cinco hogares y la tasa de pobreza se sitúa más de cinco puntos por encima de la media de la UE-27 (9). Para las familias inmigrantes esta tasa se eleva a un escandaloso 47,20% (10). Es decir, el riesgo de pobreza o exclusión social es el doble para las familias inmigrantes que no procedan de la Unión Europea que para las familias españolas (11). Queda por ver cómo estos cambios pueden deformar los proyectos migratorios, aunque, como dice Miguel Laparra, nos falta saber la importancia de su incidencia (12).

Debilidades del Estado de bienestar

Las políticas de inmigración vienen explicadas por el tipo de Estado de bienestar y, en general, estarían constituidas por las normas y reglas que gobiernan las posibilidades de los inmigrantes de convertirse en ciudadanos, adquirir permisos de residencia y trabajo, y participar en la vida económica, cultural y política de su sociedad receptora.

En nuestro caso, el Estado de bienestar formaría parte de lo regímenes conservador o corporativista, siguiendo la clásica división de Gosta Esping-Anderson, y dentro de esta categoría estaría la especificidad de los sistemas de protección social de los países del Sur, lo que ha llevado a algunos autores a hablar de un modelo de bienestar mediterráneo específico, caracterizado por que el papel de la familia es clave para su sustento y se convierte en imprescindible en momentos de crisis como la que vivimos. Del papel de la familia como amortiguador social en esta crisis está el dato de que en uno de cada cinco hogares con desempleo total de todos los activos vive alguna persona mayor de 65 años. La pensión del abuelo puede convertirse en un recurso esencial para la supervivencia de todos. El número de estos hogares se ha triplicado en estos cuatro años (2007-10) y ya representa unas 300.000 familias en España.

¿Puede nuestro modelo de Estado de bienestar hacer frente a los procesos de vulnerabilidad social de los inmigrantes provocados por la fragilidad laboral o la situación de regularidad? (13).

Según Antonio Izquierdo, el modelo de inmigración que se consolida a partir de la última regularización de 2005 es un modelo familiar al completo con suficiente estabilidad legal, aunque con empleos discontinuos y de subsistencia. Por ello estamos asistiendo a un doble proceso de integración y exclusión, exclusión de aquellos que llevan menos tiempo en el país y con menos redes familiares (retorno y ilegalidad sobrevenida) [14].

Parece, entonces, que nuestro Estado de bienestar no está suficientemente armado de recursos para amparar a los inmigrantes, pues su estructura familiar, aun siendo importante, es inferior a la de los autóctonos. Además, según informes de Cáritas, la mayoría de los servicios sociales públicos suprimidos prestaba atención a personas inmigrantes. Indudablemente, si los inmigrantes presentan tasas de pobreza sustancialmente superiores a los autóctonos, apenas suponen el 6,4% del total de las intervenciones de los servicios sociales, lo que evidencia la existencia de una brecha entre las necesidades objetivas y las respuestas desde el ámbito de las políticas públicas (15).

Es este modelo de bienestar familiarista el que explica que en los países del sur mediterráneo los puestos de servicio doméstico sean mayores que en los países del norte y del centro de Europa. Aparece así lo que se llama “servicio doméstico inmigrante”, que genera, junto al modelo familiarista, un nuevo sistema de prestación de cuidados familiares basado en los inmigrantes. Ambos modelos se complementan y explican por qué a pesar de la crisis aumenta el empleo dentro de la economía sumergida, donde el servicio doméstico tiene un papel principal (el 60% de la actividad doméstica remunerada no cotiza a la Seguridad Social) [16].

La ciudadanía

Desde los años ochenta del siglo pasado, los debates sobre la ciudadanía plantean que su conceptualización está viviendo una aguda mutación. Esta alteración viene definida, por un lado, por la aparición de múltiples actores, grupos y comunidades, lo que provocó que gran parte de los debates relacionados con la inmigración estuviesen centrados en deshacer la ecuación que une la ciudadanía a la condición nacional, tanto en lo que supone romper con la idea de homogeneidad nacional, para dar cabida a la diversidad cultural, como también para que la residencia sea una vía de acceso a la ciudadanía. Y por otro, por los procesos de globalización y el papel de los Estados-nación (desde las privatizaciones y desregulaciones económicas hasta la constitución progresiva de un régimen internacional de derechos humanos).

Sin embargo, como señala Saskia Sassen (17), en estos momentos el protagonismo está ligado a cambios que ponen en cuestión una de las premisas básicas del Estado de bienestar: el Estado es responsable del bienestar básico de sus ciudadanos y sus funciones son diferentes a las de las empresas. De este modo, deja de ser verdad la afirmación de que «la ciudadanía que se inscribe en las instituciones del Estado de bienestar es un amortiguador contra los caprichos del mercado y las desigualdades del sistema de clase».

O como advierte Danilo Zolo, en una tradicional lógica de las relaciones Estado/mercado, «el problema que afronta la ciudadanía democrática es determinar si en las sociedades posindustriales hay o no espacio para una experiencia democrática y un Estado de derecho que no estén totalmente subordinados al modelo de mercado y su lógica competitiva» (18).

Javier de Lucas plantea los retos de la ciudadanía en el sentido de las dificultades para poner en pie las garantías de igualdad efectiva para los sujetos que no pueden alcanzar este estatus y para quienes ese estatus no garantiza la igualdad (19).

En esta misma idea insiste Lorenzo Cachón (20) a la hora de interpretar los actuales conflictos sociales. Subraya que algunos de los argumentos que se emplean con cierta frecuencia es el relativo fracaso del binomio «democracia igual a bienestar», sobre el que se fundamentó una buena parte del análisis sociopolítico de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo. Por otro lado, no se puede olvidar que, paralelamente, se está asistiendo desde hace ya algún tiempo al debate acerca de la crisis en el que estaría sumido el Estado democrático. Al igual que sucede con el Estado de bienestar, uno de los interrogantes principales es si los actuales sistemas democráticos son capaces de dar una respuesta adecuada a los principales conflictos sociopolíticos a los que se enfrentan.

Entre los aspectos principales a la hora de defender la ciudadanía como la categoría que culmina el proceso de integración de los inmigrantes, estaría la dimensión inclusiva que le acompaña desde sus inicios. A través de esta capacidad inclusiva se ha ido agrandado su círculo para integrar cada vez más colectivos y también se ha ido ampliando desde el punto de vista de los derechos (civiles, políticos y sociales). Sin embargo, lo que en estos momentos vivimos es una profunda erosión de esta capacidad, y la ciudadanía está dejando de ser la categoría con la que se construye la igualdad en nuestras sociedades. Si ello afecta a los nacionales, las consecuencias para los inmigrantes son aún peores. Esta igualdad es el fundamento de la cohesión social.

Esta misma preocupación manifiesta Car-Ulrik Schierup cuando plantea que el dilema europeo es el callejón sin salida en que se encuentran las políticas de inclusión de los inmigrantes. Por un lado, el éxito del proyecto de integración europeo depende del fortalecimiento de un marco de nuevos modelos de inclusión y extensas formas de solidaridad social; y, por otro, de enfrentarse a la gran transformación que supone la globalización y las migraciones globales. Ello no se puede hacer con políticas restrictivas para mantener el problema fuera de las instituciones centrales de la sociedad. La inmigración y la exclusión son un dilema común y forman parte de la crisis europea de los Estados-nación y del Estado de bienestar (21). 

La ciudadanía, que es una meta en el terreno discursivo de la integración de los inmigrantes, está siendo diezmada y por ello su reivindicación como el espacio a través del cual articular nuestras sociedades no está pasando por su mejor momento.

Asistimos a una cierta invisibilidad de la “cuestión inmigrante”. La crisis es de tal dimensión y afecta tanto a la población autóctona que parece poco apropiado centrarse en los inmigrantes. Sin embargo, siendo verdad que los nacionales están siendo maltratados por la crisis, cabe preguntarse si en esta situación es pertinente hablar de la ausencia de un discurso proactivo (22) sobre la inmigración (más allá del discurso de los derechos humanos en relación con la sanidad y los indocumentados). ¿Qué ha pasado con los planes de integración de las comunidades autónomas? La mayoría se encuentran ya caducados y no renovados. ¿Cuánto debate ha generado el PECI 2011-2014 [Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración]? 

Todo esto ocurre en un momento especialmente delicado para la inmigración en España que, siguiendo el planteamiento de ciclo migratorio de Dasseto, sería el momento de «la coinclusión». Momento en que «se procederá, implícita o explícitamente, a una negociación que lleve a un reajuste de la noción de equilibrio y orden social existente en cada realidad social, institucional e imaginario, tanto de los autóctonos como de los neoautóctonos». De acuerdo con este mismo autor, es importante señalar que, precisamente cuando comienzan a producirse los procesos de coinclusión, es el momento –típico– en que es más fácil que aparezcan conflictos ligados a la inmigración.

En este periodo del ciclo migratorio, las nuevas poblaciones están muy diferenciadas por diversos elementos, lo que conduce a dinámicas sociales que pueden ir desde «una tentativa de disolución individual en la estructura social», a una «fuerte utilización de la red “étnica” o “etnonacional” para asentar sobre ella una estrategia social y económica» (23). Son momentos que coinciden con el protagonismo de las nuevas generaciones descendientes de inmigrantes y que difícilmente van a aceptar ser tratados como no iguales.

Advertir sobre esta ausencia de discurso es importante no tanto por resaltar lo peor que están los inmigrantes en relación con los autóctonos, sino porque esta falta de iniciativa puede acabar siendo sustituida por otros marcos de referencia más problemáticos en el futuro.

Según Saskia Sassen, el uso de la religión y la “cultura” para construir la pertenencia en lugar de la ciudadanía bien puede ser un efecto de cambio en la relación entre Estado y ciudadano, con la correspondiente inseguridad que esto produce. Recurrir a las religiones no sería un anacronismo, sino un fenómeno que surge de las modificaciones específicas de nuestra época (24).

Por ello conviene recordar que, si miramos los cambios que están afectando a los conflictos en nuestras sociedades actuales, debería admitirse que una gran parte puede englobarse bajo la categoría de conflictos o luchas por la ciudadanía. En definitiva, son conflictos por la inclusión, por el reconocimiento y por la extensión o profundización de ciertos derechos. Y a partir de aquí solo hay que dar un paso adelante relativamente sencillo para considerar los conflictos vinculados con la inmigración como luchas por la ciudadanía (25).

 



(1) Oliver, J., “El empleo inmigrante ante la nueva fase de la crisis y la integración de los inmigrantes”, en Aja, E., Arango, J., Oliver, J.,  La hora de la integración. Anuario de inmigración en España, Barcelona, 2012. pp. 27 y ss.
(2) El aumento del paro, entre el tercer trimestre de 2007 y el de 2011, en los inmigrantes solo cerca del 40% era por destrucción de empleo (371.000), frente al casi el 88% en los nativos, mientras que los aumentos de activos explicaban más del 60% del aumento del paro inmigrante (560.000), que hay que comparar con escasamente el 12% en los nativos.
(3) Hay 1.358.000 parados inmigrantes en el tercer trimestre de 2011.
(4) Dato corroborado por otros estudios. Según el boletín sobre Vulnerabilidad social, nº 05 de abril de 2012 de la Cruz Roja, se incrementa notablemente el porcentaje de personas inmigrantes en situación de desempleo de larga duración,  y supera el 61,7%.
 (5) Torres, F., La inserción de los inmigrantes, Talasa, 2011, p.110.
(6) Infancia, adolescencia y familias inmigrantes en situación de riesgo social, 2011, Unicef-Fundación Pere Tarres; VI Informe de Cáritas, 2011.
(7) Mejía, W., Yeim, C., Retorno de migrantes a la Comunidad Andina, Bogotá, Fundación Esperanza, 2012.
 (8) Uno de los datos más novedosos del siglo XXI en relación con el XX es el aumento de la desigualdad en la distribución de la renta en los países desarrollados y particularmente en España. Ontiveros E. y Guillen M., Una nueva época, Galaxia Gutemberg, Barcelona,  2012, p. 110.
(9) En 2010, alrededor del 43% de la población española habría estado en riesgo de pobreza si no hubiesen recibido transferencias sociales. El sistema de bienestar, al menos hasta 2010, era aún capaz de mantener los riesgos sociales como en los tiempos previos a la crisis, ya que, por ejemplo, en el período 2005-2010, las personas expuestas al riesgo de pobreza aumentaron como máximo un punto porcentual. Tomado del estudio anteriormente citado.
(10) Lago, M. (dir.), “Condiciones de vida de los hogares inmigrantes en España”, EAE Business Scholl, 2011.
(11) En cualquier caso, en la comparación de las tasas de pobreza de nativos e inmigrantes hay que tener en cuenta que en los nativos la población jubilada, menos expuesta a la crisis, tiene un peso muy superior al de los inmigrantes.
(12) Sin embargo, y a pesar de la alarma social, los instrumentos disponibles en cada país para el seguimiento del impacto social de la crisis son escasos. Están mejor desarrollados los indicadores relacionados con el empleo y los salarios, y los que recogen razonablemente la respuesta de los sistemas de protección social –pensiones y prestaciones sociales–. Los cambios en las condiciones de vida de la población están prácticamente ausentes y la evolución de los fenómenos de pobreza y de exclusión social se mantienen en parte desconocidos.
(13) Laparra M. (coord.), Crisis y fractura social en Europa, Obra Social “la Caixa”, 2012, p. 31.
(14) Izquierdo A. y Cornelius W. (eds.), Política de control migratorio, Bellaterra, 2012, p. 98.
(15) Ibídem, 171 y 185.
(16) García C. (ed.), Inmigrantes en el servicio doméstico, Talasa, 2011, pp. 37 y 60.
(17) Sassen, S., Territorio, autoridad y derecho, Buenos Aires, 2010, pp. 358 y 359.
(18) Cachón, L., “La integración de y con los inmigrantes en España, debates teóricos, políticas y diversidad territorial”, Política y sociedad nº 45, Madrid, Universidad Complutense, 2008. Monográfico dedicado a las políticas migratorias en España.
(19) Lucas, J., “¿Qué transformaciones precisan los formatos tradicionales del Estado-nación  y la ciudadanía?”, La política de lo diverso,  CIDOB, Panel IV, 2008.
(20) Cachón, L., Conflictos e inmigración: experiencia en Europa, Madrid, Área de Gobierno y Seguridad, 2008, p. 44.   
(21) Schierup, C., “El atolladero europeo”, Inmigrantes. El continente móvil, dossier de La Vanguardia, 2007.
(22) Zapata Barrera, R., Fundamentos de los discursos políticos en torno a la inmigración,Trotta, 2009, p. 93.
(23) Tomado de Cachón L., La España Inmigrante: marco discriminatorio, mercado de trabajo y políticas de integración, Anthropos Editorial, 2009, p. 106. También Torres, F., La inserción de los inmigrantes, Talasa, 2011, p. 26.
(24) Sassen S., ob. cit., p. 517.
(25) Cachón, L., ob. cit., p. 51.

Los procesos de reagrupación familiar

En general, los comportamientos de reagrupación de los hijos ponen de manifiesto una intensidad menor que en el caso de los cónyuges, lo que sugiere que en estos procesos de reunificación familiar la pareja precede a los hijos, con lo cual se encuentran en mayor medida con hijos aún pendientes de reagrupar. Sólo un 55% de los que tuvieron hijos convive con todos ellos, un 15% con algún hijo no conviviente y un 30% con todos los hijos habidos separados. Representan un contingente de 1,087 millones de reagrupantes (1).

En España, los inmigrantes con hijos menores de 17 años habían reagrupado en 2007 en torno al 60% de ellos, con algunas variaciones  en función del origen de nuevo: los padres o madres de origen comunitario (EU-15) y magrebí parecen ser los que han reagrupado ya a una mayor proporción de sus hijos menores, lo que coincide con la mayor antigüedad de su asentamiento en España; por el contrario, comunidades de llegada más reciente como los ecuatorianos o colombianos han reagrupado en torno al 55% y 58% de sus hijos menores (2).

La mayoría de los inmigrantes, más de dos tercios de los inmigrantes de países en desarrollo, siguen en situación de cesión o alquiler, contrastando con el escaso 17,4% de los hogares españoles. Sin embargo, también aumentan los que son propietarios. Son los marroquíes quienes en mayor medida disponían de una vivienda en propiedad (35,5%), seguidos por los ecuatorianos (27,5%). Estos últimos se encuentran con mayor proporción de viviendas en propiedad que aún están pagando, y pagan mayores cantidades de hipoteca, mientras que los marroquíes son, con gran diferencia, los que tienen, en mayor proporción, una vivienda en propiedad totalmente pagada (3).

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(1) Tomado del artículo publicado por Miguel Requena y María Sánchez Medina, “Familias inmigrantes en España”, La inmigración en España: perspectivas innovadora, en  RIS, 2011.
(2) Tomado del artículo publicado por Amparo González Ferrer, “La inmigración de origen familiar (II): control de flujos y proceso de integración”, Instituto Elcano, 2011.
(3) En Leal, J. y Alguacil, A., “Vivienda en inmigración”,  publicado en  Aja, E., Arango, J., Oliver, J., La hora de la integración. Anuario de inmigración en España, Barcelona, 2012.