José Sánchez
Estado de bienestar, democracia e inmigración

Desde los años 70-80, las democracias europeas se encuentran en una situación que recuerda lo que ocurrió al finalizar la II Guerra Mundial, cuando continuaron los dos conflictos heredados del periodo de entreguerras, que tanta convulsión, inestabilidad y polarización política generó. Por un lado, el conflicto entre el orden capitalista y el estado de derecho democrático (más o menos intervencionismo, capitalismo frente a socialismo), que se neutralizará con el desarrollará el Estado de Bienestar. Y por otro, la compatibilidad entre el nacionalismo y el estado de derecho democrático, entre la ideología nacionalista y el universalismo republicano1. Los ciudadanos de Europa occidental ya no podían ser “nacionales” en el mismo sentido que eran antes del conflicto, pues nace la Declaración de los DDHH, que introduce una nueva perspectiva moral.

A este parecido en el sentido de acertar con los retos a los que se enfrenta la democracia se han referidos desde diferentes disciplinas, autores como Habermas, Dani Rodrik, o Zolo, entre otros. Para Habermas2, la más urgente tarea  del primer mundo en la próxima década será cuadrar un círculo con los siguientes elementos: bienestar, cohesión social y libertad política. La versión de Dani Rodrík con su famosa paradoja de la globalización (hiperglobalización, nación-estado y democracia). O en palabras de Zolo, el reto es doble, por una parte, en una tradicional lógica de las relaciones Estado/ mercado, el problema que afronta la ciudadanía democrática es determinar si en las sociedades postindustriales hay o no espacio para una experiencia democrática y un Estado de derecho que no estén totalmente subordinados al modelo de mercado y su lógica competitiva; pero por otra, a aquella visión homogeneizadora, se añade en la actualidad el reconocimiento de la diversidad cultural como un hecho de nuestras sociedades3.

A) Crisis del Estado De Bienestar

Tras la II Guerra Mundial el impulso del EB fue la clave para redistribuir los recursos, embridar al mercado y armonizar el antagonismo de clase en el Estado Social. Surge la ciudadanía social, que es el elemento diferenciador del EB europeo y la denominada “Edad de Oro”4 y se dota a los ciudadanos de igualdad de oportunidades. Se alcanza, con ello, la mejor expresión  del estado-nación que se identifica con el estado de bienestar y en el que la solidaridad nacional justifica la redistribución de los recursos5.

Los estados de bienestar corresponden a la 4ª fase del modelo europeo, propuesto por Stein Rokkan, que se inicia con los procesos de formación estatal, continua con la construcción nacional y la democratización y culmina con el EB6.

A partir de los años 70-80 se produce una doble falla, la globalización, como si de un movimiento tectónico se tratara que va cambiar nuestro paisaje. Asistimos en estos momentos a la primera falla, es decir a la subordinación del estado de derecho democrático al mercado, situación en la que el estado ha declinado de ejercer su función de velar por el interés general, y en la que el mercado queda descargado de todo responsabilidad social y moral. Hecho que la población no ha dejado de percibir y que se manifiesta en la forma de “desencanto con la política” (que no es apatía, que es falta de interés, sino desconfianza). Los ciudadanos tienen la sospecha de que las decisiones de los poderes estatales redundan en beneficio de los intereses económicos. Ocurre entonces que la idea de un poder representativo deja de tener validez, como Habermas ha criticado, pues los sistemas democráticos liberales representativos son incapaces de implementar soluciones políticas reales al dejar de ser los centros de decisión política.

Con respecto a la función del estado del bienestar, hay que tener en cuenta que la globalización afecta no solo a las políticas sociales sino que también es el fin de las políticas keynesianas.

La consecuencia es que el EB está en crisis y en retroceso (Edad de Oro, de Plata y de Bronce). Entre los elementos más significativos cabe destacar los siguientes:

Retroceso de los derechos sociales y estigmatización de los pobres

Asistimos a un empobrecimiento general y aumento de la desigualdad, sobre todo para los inmigrantes7. El tratamiento que se hace de la pobreza en la actualidad nos recuerda épocas decimonónicas, cuando empiezan a surgir las primeras leyes de pobres y su consideración de beneficencia, en la que se les estigmatizaba y se les hacía responsable de su situación7.

Cuando a partir de los años 80 la pobreza se extiende y aumenta en la mayor parte de los países europeos, se tiende a definir a los pobres no en términos económicos sino morales (sobre todo en Inglaterra). Ello forma parte de la ofensiva de la nueva derecha, que emprende una lucha contra la cultura de la dependencia, es decir contra los derechos sociales. Con ello quiere favorecer la cultura de la empresa en la que los individuos se aseguran su bienestar a título particular gracias a su esfuerzo y el Estado (o la caridad privada) limita su papel a proporcionar ayuda a los que son incapaces de salir adelante por sí mismo. De este modo se da un paso atrás importante pues ni siquiera se considera el avance que supuso el paso del pauperismo a la llamada “cuestión social” cuando se asociaba la pobreza con el mercado capitalista8.

En definitiva se está socavando la idea de que los derechos sociales sean un atributo de la ciudadanía y se relega a los pobres como ciudadano de segunda9.

Qué ocurre con el trabajo 

La severa pérdida de derechos laborales hace que el trabajo se convierta en un espacio de vulnerabilidad y esté dejando de ser un espacio de consolidación de derechos.

Aparece una gran paradoja pues si para no ser pobre hay que trabajar, es una contradicción flagrante que sean las propias condiciones laborales las que están haciendo que crezca el número de trabajadores pobres, “del precariado”. En consecuencia, el trabajo está perdiendo su capacidad para asegurar el bienestar y la integración que históricamente ha sido responsable de la estabilidad de nuestras sociedades. La flexibilización de las relaciones laborales es la principal causa del aumento del trabajo precario, expresión que se utiliza cada vez más para caracterizar la reestructuración neoliberal de los mercados de trabajo.

Es a partir de los años 70 cuando se desarrolla un nuevo mercado global inspirado en el “Consenso de Washington”10 en el que se pensaba que la deslocalización haría innecesaria la mano de obra inmigrante, la llamada política de inmigración cero. Pero la idea de que no eran necesarios trabajadores poco cualificados estaba bastante equivocada, como señala S. Sassen las economías posindustriales necesitan mucha cantidad de trabajadores de escasa capacitación, dado que existen mercados de trabajo que no se pueden deslocalizar (el servicio doméstico, agricultura...). Este hecho está siendo usado para generar un mercado global de trabajo que está diferenciado no solo según el capital humano (nivel educativo, capacitación y habilidades laborales), sino también de acuerdo con el género, raza, etnia, origen y estatus legal. Es aquí donde tiene lugar la incorporación de los inmigrantes, otorgándoles el estatus de “precario”, con derechos de segunda y más limitados.
De este modo los inmigrantes constituyen una gran parte del precariado a nivel mundial: indocumentados, inmigración de circulación, feminización, refugiados y asilados.

Dualización de la sociedad, modificación del modelo de solidaridad

La principal dimensión definitoria del EB es su grado de desmercantilización y solidaridad. Sin embargo, muchas de las medidas puestas en marcha en Europa en los últimos año, como la reforma de las pensiones y protección por desempleo, han supuesto incluso en los países nórdicos un mayor grado de “re-mercantilización” de los derechos sociales. Es decir individuos y hogares han sufrido este proceso pues la percepción de sus prestaciones depende de su participación en el mercado laboral en mayor proporción que antes. Además, este proceso se refleja también en otros aspectos como la necesidad de completar las pensiones públicas con otras privadas o el copago de los servicios sanitarios.

La transición de la sociedad industrial a la denominada sociedad postindustrial ha llevado aparejada la aparición de nuevos espacios de exclusión social, los llamados nuevos riesgos sociales11. Resultado por un lado,  de las transformaciones que han tenido lugar en los mercados de trabajo (desempleados desprotegidos y trabajadores precarios), en la familia (hogares monoparentales, incorporación de la mujer al trabajo12), y en las estructuras de protección pública (un mayor grado de “re-mercantilización” de los derechos sociales), y por otro, de la inacción política.

Lo que se está consolidando no es solo un mercado dual, sino también una sociedad dual que pierde la universalidad en los servicios básicos de bienestar social y cierra las puertas a la movilidad social13, tradicionalmente la movilidad social es la que ha impedido que fueran las mismas personas las que formaran parte siempre del grupo de excluidas. Las nuevas políticas de protección social incluyen valores tales como la libertad de elección, el merecimiento, la activación o la ética del trabajo y que dejan en un segundo plano el objetivo de la redistribución y la equidad, que tradicionalmente había diferenciado al modelo social europeo. Una dualización de la provisión de bienestar puede ser una de las consecuencias, entre ciudadanos que dispongan de una trayectoria laboral prolongada y de calidad  y aquellos que no14. Se está pasando del usuario de las prestaciones universales, basado en los derechos ciudadanos, al cliente solvente, al asegurado que acaba haciéndolos excluyentes.

Todo lo conseguido con el EB, en los años 70-80, se está desandando con el neoliberalismo, el cambio fundamental no es solo el surgimiento del precario sino la tendencia a privatizar el descontento como si fuera uno mismo el responsable del despido o de su situación precaria. Se ha producido una individuación en la atribución de responsabilidades15. Se ha impuesto una interpretación del mercado capitalista según la cual éste constituye no una esfera social sino una de libertad puramente individual. Se convierte así en una esfera descargada de justicia, moralidad y reconocimiento16.

Este vacío, es decir la desprotección de cada vez más personas, supone el fracaso como sociedad y los miedos que genera pueden ser rellenado por los nacionalismos, que acaban convirtiéndose en el nuevo factor de cohesión para unas sociedades que adolecen de seguridades. Ello explica el ascenso de los populismos antiinmigrantes en Europa.

Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurre en los servicios sociales de muchos barrios populares, donde se vive las tensiones derivadas de la tendencia incipiente a sustituir la seguridad social por mera asistencia y donde  se impone el sistema de evaluación de recursos/medios para acceder a las ayudas sociales y servicios. Lo que provoca que los que más han contribuido pierdan frente a los inmigrantes que se encuentran en peor situación, algo que los sectores de la clase obrera más vulnerable perciben como injusto y produce el efecto perverso descrito17.

Ante las expresiones sociales de esta situación conviene ser cuidadoso y diferenciar lo que son actitudes racistas y xenófobas de otras que responden a otras motivaciones. En situaciones de crisis como las que vivimos, las tensiones sociales no pueden catalogarse necesariamente como prejuicios raciales sino que reflejan también el sentimiento de abandono de estas personas por parte del Estado (recortes sociales, paro, desahucios…), el miedo, la inseguridad y la indiferencia hacia sus vidas. Es importante no confundir opiniones desfavorables con racismo (insulto, desprecio…), lo primero es legítimo lo segundo no. No contribuir así a la confusión entre lo opinable y lo intolerable18... Apreciar con sensibilidad estas diferencias y actuar sobre ellas con pedagogía es fundamental para el movimiento de solidaridad y para evitar que sobre este malestar crezca el racismo y la xenofobia.  

B) Estado de Bienestar-Inmigración

La tensión entre nacionalismo y estado de derecho, que después de la II Guerra Mundial se había debilitado19, vuelve a  surgir a partir de los años 70 y  crece en todos los países de  Europa occidental, no solo por el incremento de la inmigración sino, sobre todo, por los pasos dados para la creación de la UE y la globalización. En este contexto surge una política renacionalizadora que se traslada al EB como agente en donde se destilan las fuerzas dirigidas a la inclusión y la exclusión, y por extensión a la definición del contorno de la comunidad legítima beneficiaria de las prestaciones, con dosis importante de exclusión referida a los inmigrantes. Por ello, el Estado de Bienestar es un elemento central en las políticas actuales sobre la inmigración en Europa.

Los debates que relacionan la inmigración con el EB han estado centrados en dos aspectos polémicos, ambos relacionados con los mecanismo de cierre y de protección. Uno de ellos gira en torno a la defensa del estado de bienestar y en defender nuestra cultura e identidad nacional, el otro.

Se establece así un debate polémico y polarizado en la distinción entre inmigrantes deseados/no deseados en torno al impacto sobre los recursos del país. Seleccionando aquellos que aportan y rechazando los que suponen un gasto para el EB20. Por ello los EB se han convertido en mecanismos internos de regulación migratoria, determinando el número de inmigrantes que puede acoger un país. De esta manera el EB es el que justifica tanto el control de los flujos como el acceso a las prestaciones sociales. Tal como ocurre hoy en Europa y de manera especial en G. Bretaña.

De este modo se olvida que las controversias sobre los derechos sociales en Europa se enmarcan en procesos de cambio social y económico más generales, que no son generados por la población inmigrante. Son estos cambios en el EB y en las expectativas de los ciudadanos los que conforman el eje central de los debates. Si han disminuido las expectativas sobre la capacidad de los Estados para conseguir la integración, es de esperar que esta situación se vea reflejada con cierta intensidad en las polémicas acerca de la inmigración y sus derechos sociales. En la actualidad con la crisis económica, el debate anterior se superpone al otro debate clásico como es la distinción entre inmigrante  adecuados/no adecuados (asimilable/no asimilable) que es la manera con la que se defiende el carácter nacional, identitario de nuestras sociedades frente al peligro que supone la llegada de extranjeros. En el caso de Europa los no asimilables lo encarnarían lo musulmanes y los hispanos en EEUU.

La última versión de esta contradicción entre el EB e inmigración, es la relacionada con la tesis de Putnam que en Gran Bretaña se denomina el dilema progresista, es decir la concepción de que la diversidad socava la solidaridad21.

En estos momentos coinciden a la vez todos los dilemas anteriormente expuesto, se suman así todas las lógicas excluyentes que se extienden también a los comunitarios, pero en un contexto inviable dado que las segundas generaciones son ya residentes y ciudadanos.

Por ello los dilemas son similares en toda Europa a pesar de la diversidad entre los estados de bienestar.

El Estado de Bienestar no surgió pensado para los inmigrantes

A pesar de la larga tradición de estudios que se ocupan del Estado de Bienestar, su relación con el fenómeno migratorio no ha recibido una atención sistemática hasta recientemente. De igual modo, y salvo notables excepciones, los estudios dedicados al análisis de las migraciones han tendido a obviar el EB, como si la integración de esta población en sus sociedades de acogida solo estuviese mediada por políticas y estructuras ad hoc, orientadas a promover la integración en sus sociedades de acogida. No obstante, la realidad muestra que son los mecanismos institucionales del EB los que intervienen en la integración social de las personas inmigradas22. La incorporación de estas  personas se produce en el marco de un amplio abanico de normas e instituciones diseñadas inicialmente con finalidades ajenas al hecho migratorio23. En este sentido se entiende lo que apuntan Soysal, Freeman24 y otros autores cuando afirman que los defensores de los modelos de integración se equivocan al presuponer que la incorporación de los colectivos inmigrantes está prediseñada y cuenta con políticas propias. Desde este punto de vista, cada país receptor europeo dispone de un complejo sistema estatal para manejar la afiliación ciudadana de su población nativa, el cual ha sido adaptado y ampliado a los inmigrantes. No hay una concepción integral sobre todo el proceso, sino que según la esfera (estatal, mercado, bienestar social y cultura) de la que se trate la incorporación se produce siguiendo los marcos regulatorios existentes y con resultados también diferentes. De este modo adquiere sentido la idea de la no existencia de una estrategia de integración coherente por parte de los gobiernos de las sociedades receptoras (a pesar de los planes de integración) y de Europa. No hay un régimen nacional coherente de incorporación de los inmigrantes, y en su lugar existen diversos campos de la sociedad donde se encuentran regulaciones, instituciones, prácticas…escasamente relacionadas entre sí. Los esfuerzos por identificar modelos nacionales o por construir tipologías abstractas de regímenes de incorporación quedan desvirtuados por la naturaleza, en parte deliberada y en parte accidental, de los marcos de incorporación.

A pesar de todo ello se han establecido algún tipo de correspondencia entre el  régimen de bienestar y el de política migratoria. Sin embargo esta correspondencia ha demostrado ser incompleta y no se adecua bien a la realidad, hay países en los que puede incluir más de una categoría y además ir cambiando, pasando de un modelo a otro como respuesta a los problemas de integración. Además según Portes y otros autores la sociedad receptora no es un todo homogéneo al que se incorporan los inmigrantes, sino que está divida en diferentes grupos y desde el punto de vista de la integración la asimilación se puede dar por segmentos.

Más interesante que la perspectiva de establecer una relación entre EB y los regímenes de  inmigración es explorar de manera crítica cómo se ha producido la incorporación de esta población al EB. La crisis puede ofrecer un marco de reflexión para abordar críticas, debilidades e insuficiencias de los modelos de integración, como de las experiencias migratorias.

Es en estos momentos de crisis cuando se ponen de manifiesto la ausencia de centros planificadores capaces de diseñar estrategias integrales para consolidar los proyectos de vida de los inmigrantes. Se pone el acento en impulsar medidas para que abandonen el país25 (Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, Directiva de Retorno, reforma de sanidad…). Y también en invisibilizar el hecho migratorio, silenciar todo lo referido a la inmigración como si no existiera, poniendo el foco de atención en la emigración. Es decir, en nuestro caso, todo se ha fiado al mercado de trabajo y a la resistencia que ofrecen los inmigrantes por seguir con sus proyectos migratorios.

Asistimos a una doble crisis, por un lado, las dificultades reales que los inmigrantes tienen para incorporarse a las sociedades de acogida26 y por otro, unos modelos teóricos que no se adaptan bien a la realidad y que tienen dificultades para explicar lo que ocurre. Esto se ejemplifica en las críticas formuladas a los modelos de integración (asimilacionista, multiculturalista, meltting pot), y sobre todo en la perspectiva asimilacionista como proceso progresivo y lineal, donde las personas inmigradas con el tiempo acaban integrándose en la sociedad de acogida27. Sin embargo, la irregularidad sobrevenida y el retorno cuestionan esta idea. La integración no tiene porque contar con un final determinado, tratándose más bien de un proceso abierto. Hay que tener en cuenta que muchos avances son reversibles28 y  que a veces la integración presenta un carácter regresivo (doble ausencia de Sayad... ).

Los modelos de integración se exponen a críticas relativas a dosis excesivas de determinismo y de esencialismo siendo insuficientes para captar una realidad compleja, sometida a como las que vivimos en la actualidad29. A partir de esta constatación, cabe resaltar el esfuerzo que en las últimas décadas se viene haciendo por regular la tensión que surge entre el impulso de generalizar y unificar tendencias, por un lado, y la necesidad de prestar atención a las especificidades de cada ámbito social, por otro30.

Los años noventa no solo han sido una década de crisis asumida de los modelos de integración sino también la década en la que se ha impuesto la idea del declive de la capacidad inclusiva del estado del bienestar. La noción de integración va a estar omnipresente en el debate social y político, y constituye un reto político ineludible. Hablar de integración social es referirse, al menos implícitamente, a un horizonte común de cohesión social y de valores compartidos susceptibles de trascender los particularismos culturales y las diferencias sociales.

El paso a una economía postfordista hace necesaria la reflexión sobre la crisis del EB y los llamados nuevos riesgos sociales. Es necesario incorporar a los inmigrantes a los actuales debates para no dejarlos fuera como ocurrió cuando surgió el EB. El universalismo ciudadano marshalliano que concibió la ciudadanía desde dentro, no tuvo en cuenta los derechos de los no ciudadanos y la diversidad cultural, y eso hoy no es plausible.

La población de un país ya no es únicamente nacional, hay grupos que tienen diversas condiciones migratorias y que se reclaman parte de una ciudadanía por residencia, fundadora de derechos y filiaciones étnicas, religiosas o culturales de origen extranjero. La gestión de la religión, la lucha contra la discriminación y cómo avanzar en igualdad son algunos de los temas sobre los que reflexionar.

Es pertinente la crítica que hace Kymlicka al nacionalismo cívico cuando criticando los contratos de integración afirma que pueden estar bien, pero que han de ir acompañados de algunas adaptaciones del Estado a la población inmigrante. Quizás sea el momento de concebirnos como sociedad de inmigración y reflejarlo en nuestras instituciones y normas.

C) Democracia e Inmigración

Estamos viviendo una época de renacionalización de las políticas de inmigración y conviene recordar que, a diferencia de lo que ocurrió con los nacionales, a los inmigrantes se les han concedido antes los derechos sociales que los políticos y ésta es precisamente su debilidad como sujetos políticos.

Por ello, es importante afirmar que el avance en los derechos de los inmigrantes nos hace avanzar en derechos a todos y mejora la calidad de nuestra democracia. Es decir, que todo miembro de una comunidad gana no solo cuando su derechos se amplían, sino también cuando se extienden a un círculo más extenso de personas, cuando la comunidad se amplia en sentido social, porque ésta incluye un número mayor de sujetos por el reconocimiento de sus pretensiones de derecho. Hemos llegado a un punto en el que bien podemos ampliar al migrante lo que decía Arendt del refugiado “que son el paradigma de una nueva conciencia histórica, que representan la vanguardia de la humanidad”.

Para ello es necesario oponer a la renacionalización la lógica de desnacionalizar y europeizar más31. Fortalecer los derechos de los inmigrantes reforzaría los derechos de todos en la UE, confirmando de esta manera una continuidad histórica: la extensión de la ciudadanía en Europa se debe en parte a las exigencias de los excluidos. Las historias migratorias del pasado nos muestran la importancia del forastero en el proceso de adquisición de derechos. La defensa de esta idea se puede contextualizar en la Europa actual, donde se da una gran paradoja. Existe una animadversión cada vez mayor hacia los inmigrantes, que se expresa en la renacionalización de las políticas de integración, precisamente en un momento en el que ser miembro de una nación otorga una protección cada vez menor al ciudadano, como vemos en los retrocesos sociales y en las políticas de austeridad. Esta renacionalización tiene más fuerza ideológica que institucional, pues las instancias supranacionales son cada vez más decisivas. Estos nacionalismos que se oponen a la inmigración se intensifican justamente en un periodo en el cual, por un lado, el marco institucional de la integración europea conduce a una desnacionalización parcial (positiva) y, por el otro, a una pérdida o degradación de los derechos nacionales del ciudadano  (negativo). Es importante oponer a la lógica nacionalizadora, la lógica de desnacionalizar y europeizar más. Las sentencias judiciales de instancias internacionales europeas a favor de los inmigrantes y los ciudadanos frente a sus estados es un ejemplo de lo anterior. Vemos como los ciudadanos de los países recurren a estas instancias frente a sus Estados en busca de protección (desahucios o lo que ocurre con las restricciones a los ciudadanos comunitarios), y lo mismo ocurre con sentencias judiciales que confirman ciertos derechos de los inmigrantes que los estados habían intentado eliminar (larga tradición en el caso de los inmigrantes). Siguiendo esta práctica los ciudadanos europeos gozarían de espacios más amplio para protestar contra el debilitamiento de sus derechos causado por sus propios gobiernos nacionales. Esto daría lugar a diferentes tipos de solidaridad con los inmigrantes a lo largo de Europa.

Es también la lógica que ha funcionado para hacer frente a los datos que indican la escasa propensión de la segunda generación a naturalizarse en los países occidentales, lo que produce que una parte importante de la población no sea miembro de pleno derecho de los procesos políticos democráticos. Para subsanar esta anomalía democrática hay quienes proponen la doble nacionalidad32 en los estados de inmigración, argumentando que éstos necesitan generar condiciones favorables para la integración política de los inmigrantes. En los debates políticos la doble nacionalidad se justifica como un mecanismo para fortalecer la participación política de los inmigrantes. En síntesis, la doble ciudadanía se ha convertido en parte de la tendencia hacia la revalorización de la membresía política plena en muchos países de inmigración y en una mejora de la calidad de nuestra democracia. Visto de este modo, la creciente tolerancia hacia la doble nacionalidad bien podría interpretarse como parte de una expansión centenaria de derechos para los ciudadanos y los extranjeros naturalizados. Este mecanismo se denominaría proliferación democrática33.

Menosprecio y reconocimiento

Pero también es verdad que uno de los retos más importantes que tenemos como sociedad, y que no acertamos a encauzar tiene que ver con el no reconocimiento34 social de los individuos o grupos, en nuestro caso los inmigrantes, que contribuye a empeorar nuestra democracia y nos convierte en una sociedad más excluyente.

Hay autores que desde perspectivas diferentes hacen referencia a un mismo fenómeno, como uno de los rasgos de nuestra época. Unos hablan de exclusión, otros del fenómeno de las “expulsiones”: de proyectos y de medios de vida, del contrato social que está en el centro de la democracia liberal…expulsiones35 que van mucho más allá de la desigualdad y la pobreza. Desde la filosofía se habla, también, de menosprecio, de falta de respeto acorde con la condición superflua de sus protagonistas, de “ inútiles para el mundo”, de “vidas desperdiciadas”36.

El menosprecio contamina de ilegitimidad nuestra vida política y genera una carencia estructural para que podamos hablar de democracia, pues cada vez hay más sectores de la población, en especial inmigrantes, que carecen de las condiciones morales37 para participar, para que puedan sentir que forman parte de una comunidad que les respeta38 y les considera partícipes activos en los proyectos comunes y en las normas que como democracia nos damos. Cuanto mayor sea el reconocimiento y la realización de sus proyectos de vida, tanto en lo personal como en la esfera profesional, mejor serán las condiciones para la participación en las instancias democráticas.

____________________________