Maitane Arnoso Martínez
México: Elecciones bajo las sombras de la represión
(Hika, 178-179zka 2006eko ekaina/uztaila)
El próximo 2 de julio se celebrarán las elecciones presidenciales en el Estado de México. Tres nombres destacan en esta competición: Felipe Calderón por el Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Madrazo por la Alianza por México (PRI-PVEM), y Andrés Manuel López Obrador, candidato de una alianza electoral conformada por el PRD, el PT y el Partido Convergencia Nueva Alianza. Unas elecciones desde arriba y a la derecha. Uno de esos acontecimientos que buscan convencernos de que participamos, que tenemos voz, que vivimos en democracia. Eso sí, en democracias perversas, de esas que desaparecen gentes, torturan y matan.
La represión en el Estado mexicano no es una práctica nueva. No empieza en Atenco, ni en Lázaro Cárdenas, ni termina en Oaxaca. Muy por el contrario, acallar el descontento social a través de la coerción es una práctica muy extendida dentro y fuera de sus fronteras. Sabemos, que los Estados, como únicos poseedores de la ¿auto atribuida? violencia física legítima, disponen de un amplio abanico de esclusas para mantener su autoridad, garantizar el orden -su orden-, y así evitar que las protestas y propuestas de la sociedad civil, se extiendan y alcancen crecientes niveles de legitimidad social. Cuando el Estado es incapaz o no tiene voluntad de responder a los inputs que su sociedad le plantea, la potencialidad de transformaciones sociales significativas pueden ser un desencadenante de la violencia estatal legal e ilegal. En la literatura parece haber cierto consenso en considerar que la violencia política institucional es más propia de los Estados autoritarios, porque se parte del supuesto que las democracias están más comprometidas con el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la realidad nos demuestra, una y otra vez, que el recurso a la misma es habitual, planificada y sistemática también en nuestras tan idolatradas democracias occidentales.
¿Qué está ocurriendo en México? Ocurre que los hombres y mujeres de maíz amenazan con hacerse escuchar, con ejercer sus derechos, con ampliar sus bases de apoyo y recordar al mundo entero que los y las indígenas de México existen. Que aunque México se encuentre, en el ranking del Índice de Desarrollo Humano, entre los países con altos ingresos, las desigualdades en el interior de sus fronteras son vertiginosas. Que el problema de la tierra está pendiente de resolver y que las relaciones de exclusión y dominación en los pueblos indígenas persisten. Subrayan el colapso del sistema de partidos, del sistema electoral, la corruptela en la clase política. Apuestan por otro modelo de país, por un mayor respeto a la pluralidad de identidades, por el respeto a los derechos no sólo de los individuos sino también de los pueblos. Insisten en combatir la pobreza, en avanzar en nuevas formas de hacer política, más participativas, en empoderar a la sociedad civil. Hombres y mujeres que se resisten a una globalización neoliberal al servicio de los poderosos y que desafían con la posibilidad de una transformación social, con el ejercicio de la autonomía. Amenazan porque están y son conscientes de sus derechos, saben que pueden exigirlos y además, están dispuestos a ejercerlos como actores y actrices protagonistas de sus propias vidas. Como sujetas y sujetos políticos activos.
Como sugería Hernández Navarro en esta misma revista hace unos meses, “el nuevo movimiento indígena mexicano ha desplegado un significativo protagonismo en los últimos trece años. En los hechos, se ha convertido en un actor político central en la coyuntura política nacional. Ha ganado visibilidad y protagonismo. Ha logrado acreditar un número creciente de voceros propios en los medios de comunicación. Su causa es reconocida como genuina, por más que haya querido ser desacreditada por sectores de la intelectualidad que ven en ella un rezago del pasado, incómodo para un futuro liberal, o por franjas de la partidocracia, que ven con recelo la existencia de formas distintas de representación política”.
En efecto, sus propósitos articulados en el marco de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la Otra Campaña, no han dejado tranquilos a quienes detentan el poder. Pero la represión de las últimas semanas, como decíamos, no es en absoluto novedosa. Desde 1994, como escribían unos muy queridos y comprometidos amigos, se ha cocinado una verdadera “apuesta al cansancio”1. La represión silenciosa, en un contexto de guerra de baja intensidad, ha dominado la estrategia militar de los últimos años. Desde el 94, se extendió la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, estableciendo un estado de sitio de facto con retenes militares, que impedían el tránsito normal de la población y creaban un clima de miedo paralizante. También se han valido de la estrategia paramilitar, incluyendo sus prácticas en el accionar de grupos de incontrolados y preservando así una buena imagen pública del Ejército mexicano. Recordemos la masacre de Acteal. Por otro lado, la guerra económica y social también ha causado sus estragos: la destrucción de cosechas o robos de almacenamientos, la destrucción de propiedades comunales, la utilización de la educación y la salud oficial como instrumentos de control, la extensión de incendios provocados, así como la introducción de patrones de conducta ajenos a la cultura han incrementado la vulnerabilidad de la región. Además, el Estado mexicano se ha especializado en estos años en el control de la información, se han perfeccionando en sus tareas de inteligencia, y para todo ello han contado con la colaboración de todos los brazos del Estado: el político, el legislativo y el judicial.
Desde que el 1 de enero de este año empezase la ruta que el subcomandante y los compañeros y compañeras zapatistas emprendieron para escuchar las necesidades y formas de organización social de la sociedad mexicana, la coerción institucional ha ido en aumento. O quizás no. Lo que sí se ha hecho, afortunadamente, ha sido más visible.
Muchos militantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, adherentes de la Sexta Declaración, han sido hostigados en estos meses. También antes de enero. Entre las múltiples personas y colectivos represaliados, recordar, tan sólo por citar algunos, la detención de Dámaso Villanueva y la orden de aprehensión girada en contra de Mario Álvarez, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); la cancelación de las cuentas bancarias de la organización No Gubernamental Enlace Civil por parte de Bancomer y HSBC. En mi memoria, el intento de asesinato de Gustavo Jiménez Pérez, en el municipio de San Cristóbal de las Casas.
Pensemos también en la dureza represiva en el desalojo de la huelga de trabajadores en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas (Sicartsa), en Michoacán, donde murieron dos obreros, al ser alcanzados por las balas disparadas directamente por el Grupo de Reacción Inmediata de la policía michoacana.
Pero quizás sea la represión en San Salvador Atenco y en Texcoco las que han puesto a México, pese a los intentos de manipulación informativa y de promoción de una imagen en la que el cuerpo policial aparecía desarmado, en el punto de mira de las organizaciones sociales y de derechos humanos también en el plano internacional. Tras estos hechos, el EZLN declaró una nueva Alerta Roja, y los testimonios de quienes estuvieron allá han circulado velozmente por la red. Esta vez, la represión comenzó contra un grupo de vendedores y vendedoras de flores, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, adherentes de la Sexta Declaración y de la Otra Campaña, y conocidos por la resistencia que opusieron a la expropiación de sus tierras y a la construcción en ellas de un aeropuerto. Ya sabemos de la trágica muerte del adolescente Francisco Javier Cortés.
María Sastres y Cristina Valls son dos de las cinco extranjeras expulsadas del país. Estas catalanas, nos informaron de las vejaciones que resistieron antes de ser deportadas al Estado español. En sus testimonios, nos advirtieron de la escalada policial, la cual estuvo manchada por presuntas violaciones a los derechos humanos y las garantías jurídicas.
En esta línea se pronuncia la Comisión Internacional Civil de Observación por los Derechos Humanos que estuvo entre el 29 de mayo y el 4 de junio investigando los brutales hechos de San Salvador Atenco, con cuyas conclusiones y recomendaciones, va a dar inicio a una campaña de denuncia en instancias europeas e internacionales. El informe deja poco lugar a las dudas: la brutalidad policial no se rigió dentro del marco del Estado de derecho, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del país, en los tratados internaciones suscritos y ratificados por México, y en las leyes y reglamentos aplicables. Los abusos policiales representaron una grave vulneración masiva de derechos humanos que se tradujo en una serie de presuntos hechos delictivos como las detenciones ilegales, allanamientos de moradas injustificados, la muerte de una persona, una agresión con resultado de muerte cerebral, actos de tortura, multitud de agresiones físicas, verbales y morales, graves atentados a la libertad sexual, vulneraciones de los derechos procesales de las personas detenidas, entre muchos otros.
Hoy, 15 de junio de 2006, las noticias nos llegan de Oaxaca. Al parecer, elementos policíacos del gobierno del Estado de Oaxaca, en número aún no determinado, atacaron el plantón que los maestros y maestras estaban manteniendo en demanda de mejores condiciones laborales y contra el gobierno de Ulises Ruiz. Según la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y Sociedad Civil, parece haber confirmadas cuatro personas muertas, varias heridas de gravedad, doce detenidas e incluso una cantidad considerable de desaparecidas.
¿Qué está pasando en nuestras pomposas democracias? ¿Qué ocurre con quienes diseñan y ejecutan estas políticas del terror? ¿Y la Comunidad Internacional? ¿Cómo validar un proceso electoral manchado de sangre?
Los testimonios circulan, las acciones solidarias se extienden. ¿Hacia dónde caminar? Habrá que insistir en cómo la impunidad se convierte en un problema estructural que reproduce la violencia. En las responsabilidades que interpelan no sólo a quienes cometieron los ¿excesos? sino al Estado mismo en su conjunto. Depuraciones pero también justicia retributiva. Desencarcelamiento de los y las detenidas. El cumplimiento de la legislación internacional en materia de derechos humanos. El derecho a las reparaciones, individuales y colectivas. El reclamo a la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos. Porque sólo desde ahí se podrá elaborar una memoria colectiva que trabaje en la prevención.
Una de las funciones clave de las elecciones, es que sirven para legitimar los regímenes democráticos. El próximo 2 de julio no olvidemos pues lo que está ocurriendo en el Otro México, con la Otra Campaña, con quienes luchan por Otro Mundo Posible. Las lecciones de acción y resistencia, de protestas y de propuestas que nos deja una sociedad civil constructora de democracias menos siniestras, de democracias, parafraseando a los y las compañeras zapatistas, desde abajo y, como el corazón, a la izquierda.
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1. Pérez- Salés, P., Santiago, C. y Álvarez, R. (2002). Ahora apuestan al cansancio. Chiapas: Fundamentos psicológicos de una guerra contemporánea. Descargable en: www.psicosocial.net
Para adherirse a la Sexta Declaración: http://zeztainternazional.ezln.org.mx/
Para firmar las conclusiones y recomendaciones de la CCIODH: http://cciodh.pangea.org