Manuel Llusia
Mujeres, cuidados y dependencia
(Página Abierta, 182, junio de 2007)
Para la realización de este trabajo nos basamos en diferentes ensayos y conversaciones con personas expertas en esta materia. Entre otros, textos de Gregorio Rodríguez Cabrero, Héctor Maravall, Mª del Mar García Calvente, Pilar Rodríguez Rodríguez, con quien conversamos sobre ello, a la par que lo hicimos con Arantxa Rodríguez y Yolanda Iglesias, de la Asamblea Feminista de Madrid.
La conclusión que se extraía de las diversas investigaciones sobre la atención a la dependencia en nuestro país era clara: la familia y su entorno son los que aportan el grueso del cuidado a las personas dependientes, mientras que los recursos públicos para la atención de las personas en riesgo o situación de dependencia, en particular de las personas mayores, son sensiblemente más bajos en España que en la media de los países desarrollados: somos el último de los quince de la Unión Europea en gasto social de apoyo familiar. Y aunque se extendía cada vez más la presencia de la iniciativa mercantil, ésta estaba aún poco desarrollada.
Los datos mostrados sobre ese volumen del cuidado informal indicaban que en una década, de 1994 a 2004, apenas habían variado: la familia seguía aportando más del 80% de los cuidados que reciben las personas mayores. De las familias cuidadoras de personas dependientes, según el Libro Blanco de la atención a las personas en situación de dependencia en España, sólo el 6,5% contaba en 2004, fecha de su presentación, con apoyo de los servicios sociales.
Pero, ¿de qué cantidad de población dependiente estábamos hablando? Como ya se señalaba en aquel informe, la primera advertencia que había que hacer era que, cuando se trata de conocer la estimación del volumen de población dependiente, nos encontramos con diferentes datos fruto de criterios distintos en el análisis de la dependencia. De los datos expuestos entonces recogemos aquí lo apuntado en el llamado Libro Blanco de la dependencia. Los expertos que lo elaboraron estimaban en cerca de 2,3 millones las personas con discapacidad para las actividades de la vida diaria (a las que añadían unas 200.000 personas dependientes en alojamientos colectivos). Del total, unas 950.000 constituirían el llamado “núcleo duro” de las situaciones de dependencia, es decir, la discapacidad severa y total.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por su parte, en la presentación, en enero de 2005, del proyecto de creación de un Sistema Nacional de Atención a la Dependencia consideraba que de los 3,5 millones de personas con discapacidad, 1.125.000 tenían una dependencia severa, total o moderada.
Siguiendo el hilo de la población dependiente, se recogían en el informe que estamos recordando diversos estudios desde 1999 hasta 2004 sobre las características por edad, sexo, estado civil, estudios, modo de convivencia entre la persona dependiente y la cuidadora, tiempo de dedicación, etc., de esa población que requería atención especial. De ellos destacamos aquí dos datos. El grueso de la dependencia se encuentra, lógicamente, en el tramo de edad de mayores de 65 años, y supone los dos tercios del conjunto. Y el 69% de todas las personas receptoras de ayuda de cuidadoras o cuidadores informales son mujeres, según los resultados de una encuesta del Imserso de 2004.
De esa forma llegamos a la pregunta que nos hacíamos al principio: quién se encarga del cuidado informal. Aunque la respuesta era bien sabida –fundamentalmente, las mujeres–, se trataba de constatarlo. Una experta en estos temas, Pilar Rodríguez Rodríguez, que ha trabajado muchos años en el Inserso y en el Imserso y fue miembro del equipo técnico del Libro Blanco, nos contaba la sorpresa que supuso constatar que el porcentaje de mujeres cuidadoras había subido un punto según la investigación de 2004 (Imserso) en relación con el de 1994 (Inserso), que ya era entonces un 83% del conjunto.
En relación con el papel de las mujeres en el cuidado, además de señalar algunos datos más del estudio de 2004 citado, publicábamos parte de un interesante trabajo sobre el “Impacto de cuidar en la vida de las mujeres”, publicado en Gaceta Sanitaria en mayo de 2004. Las autoras, Mª del Mar García Calvente, Inmaculada Mateo y Gracia Maroto, que pertenecen a la Escuela Andaluza de Salud Pública, exponen en él las investigaciones realizadas en Andalucía y sus reflexiones sobre el impacto en la salud de la mujeres dedicadas al cuidado informal, al que se añade también el impacto laboral, económico y social que sufren quienes se ven abocadas al cuidado de sus familiares.
Al deterioro físico y psíquico producido por la sobrecarga que suele suponer el cuidado –que puede tener, en palabras de las autoras de este estudio, repercusiones negativas en el cuidado que prestan–, hay que sumar en muchos casos la exclusión del mercado laboral, la precariedad económica, la pérdida de relaciones sociales y de oportunidades de desarrollo personal...
A los cambios demográficos y sociales y a las perspectivas que se abren fruto de esos cambios dedicábamos un último apartado en el informe de hace un año. La pregunta que venía flotando en el aire desde hacía tiempo es si nos encontramos ante una crisis de los cuidados. El propio Libro Blanco dedicaba una atención especial, lógicamente, al análisis de los cambios habidos y a los problemas que podían presentarse en el futuro más inmediato.
En primer lugar estamos ante un incremento de la demanda: por una parte debido el envejecimiento demográfico, al crecimiento relativo muy considerable de la población mayor, sobre todo de las personas mayores de 80 años; y por otra, a la aparición creciente de los nuevos sectores de dependientes –nuevos problemas de salud o discapacidades por accidentes de tráfico–.
En segundo lugar, todo apunta a que tenderá a disminuir la disponibilidad incondicional del entorno inmediato: junto a un descenso de la natalidad, existen procesos de cambio en el sistema tradicional familiar y comunitario, en los tipos de familia, por la dispersión geográfica, por una mayor presión de las mujeres a formar parte del mercado laboral y a buscar un mayor bienestar y desarrollo personal.
Ambos procesos indican la necesidad de una nueva construcción del sistema de provisión de los cuidados. Y todo el mundo apuntaba hacia el desarrollo de los sistemas de protección social a cargo de las administraciones públicas. El nivel de protección, las propuestas concretas de prestación pública, el papel del cuidado familiar, han sido y aún son, entre otros, temas a debate.