Manuel Llusia
Inmigración: más datos y debates
(Página Abierta, 174, octubre de 2006)

            Hace un año dedicábamos este mismo espacio a los acontecimientos producidos en Ceuta y Melilla. La inmigración subsahariana era la protagonista de un drama, una esperanza y una crisis política y de conciencia social. Ahora lo ha seguido siendo en otro escenario pero con parecido resultado.
            Entonces como ahora, los problemas, y los debates sobre ellos en busca –a veces– de soluciones o alternativas, parecen repetirse: el trato a quienes eligen el camino de la emigración; el control de las fronteras, marítimas o terrestres, con África; las expulsiones y repatriaciones; las relaciones diplomáticas, de cooperación, etc., con los países africanos; los cambios demográficos y la influencia de la inmigración en la economía; los problemas de convivencia y los planes de integración de la población inmigrante; el derecho al voto de los inmigrantes... Veamos de modo esquemático algunos de ellos.

            Es difícil hacer un balance somero de la actuación de las autoridades españolas en relación con el trato a la inmigración subsahariana que está arribando a Canarias. Sami Naïr iniciaba un estupendo artículo –de muy recomendable lectura y que iba más allá de este asunto–haciendo un balance positivo de ello: «No estoy seguro de que algunos Gobiernos europeos, siempre dispuestos a dar lecciones sobre derechos humanos, harían lo que hoy están haciendo las autoridades españolas... Los campos de retención están bien gestionados y bien mantenidos, aunque algunas instalaciones estén deterioradas y saturadas» (1).
            Por otro lado, todo el mundo reconoce, aunque no se haya destacado lo suficiente, que ha sido extraordinaria la muestra de solidaridad de la población canaria cercana a las playas de arribada. Y que la alarma recreada por el Gobierno canario no se corresponde con ningún cambio en la fisonomía social de pueblos y ciudades de las islas.
            Hoy, no obstante, sabemos de algunos problemas de trato no muy digno en algunos momentos de la devolución o repatriación de inmigrantes subsaharianos y de la situación lamentable de los centros de internamiento en Canarias, algo más que desbordados. En un comunicado del pasado 14 de septiembre, Amnistía Internacional (España), aun reconociendo los esfuerzos de la Administración para dar respuesta a la llegada de miles de inmigrantes desde las costas africanas, llamaba la atención, entre otras cosas, sobre algunos de los problemas relacionados con el respeto a los derechos de estas personas: la falta de asistencia efectiva de abogado e intérprete; la invisibilidad de los solicitantes de asilo; el peligro que conlleva las expulsiones colectivas, sin el tratamiento individual obligado que permita evitar casos de posibles torturas o malos tratos en el país del que procede o de un tercer país al que se le traslada (2).
            Sobre el control de la frontera, todos los esfuerzos van dirigidos a evitar la salida o la cercanía a aguas internacionales de los cayucos. Y en ello, como otras veces, se pone el acento de cara a la información pública.  Por un parte, exigiendo la actuación de los Gobiernos de los países costeros de donde parten, y por otra, buscando su colaboración en la interceptación de las barcazas en el inicio del viaje. Vigilancia, control y detención que en estos momentos cuentan con la asistencia de la agencia europea Frontex.

            A junio de 2006, el Estado español tenía embajadas en 22 países africanos (el 41% del total) [3]. No tiene, sin embargo, representación diplomática a este nivel en algunos de los países subsaharianos y del Sahel, como son: Malí, Benin, Burkina Faso, Níger, República Centroafricana, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Sierra Leona, Liberia, Togo, Benin... Y son 19 los países africanos que tienen embajada en nuestro país (4).
            Después de los viajes que el Ministerio de Asuntos Exteriores, con Moratinos a la cabeza, realizó el año pasado en respuesta a los acontecimientos de Ceuta y Melilla –de escasos resultados a corto plazo–, el Gobierno español ha puesto en marcha un proyecto que ha denominado “Plan África”: Plan de Acción para África subsahariana.
            En función de los siete objetivos declarados de este Plan (5), se fijan tres categorías de países de especial relevancia: en primer lugar (supuestamente), los que responden a varios objetivos; luego, aquellos de interés específico relacionado con el origen y tránsito de la inmigración irregular, entre otros motivos como los económicos (pesca) o turísticos, y, en tercer lugar, los llamados de especial seguimiento (o sea, de menor esfuerzo) por lo que pueden suponer de riesgo para la paz y seguridad regionales.
            Del Plan África, tan ambicioso sobre el papel, destacamos aquí las acciones puestas en marcha sobre la cooperación para la regulación de los flujos migratorios y para el despliegue diplomático, tercer y séptimo objetivos. Para lo primero, se pone el acento en la búsqueda de cooperación para el control de fronteras en el interior de esos países y de acuerdos de cooperación migratoria y readmisión (es decir, para facilitarnos la repatriación de los inmigrantes de esos países que entran de modo irregular en España) [6]. Los países en los que se fija la atención son: Senegal (con el que se han establecido ahora unos acuerdos especiales), Malí, Ghana, Camerún, Costa de Marfil, Cabo Verde, Guinea-Conakry y Gambia.
            El “redespliegue diplomático” –así llamado por los autores del Plan– está centrado, entre otras cosas, en la apertura de embajadas en Malí, Sudán y Cabo Verde.

            Propagandas aparte, ya nadie pone en duda que nuestra economía necesita la mano de obra que aporta la inmigración. Más raro es encontrar que se afirme que el país se enriquece –unos más que otros– gracias, además, al contingente de inmigrantes indocumentados, que engrosan las filas de los trabajadores de la economía sumergida, en muchos casos –no en todos– con salarios muy bajos, y –ahora sí, en casi todos– en situación precaria y sin derechos.
            Harina de otro costal es llevar a la política, y de ésta a la conciencia social, el problema de la falta de medios para la integración plena en nuestra sociedad de la inmigración que vive y trabaja en España. A los necesarios cambios en sus condiciones laborales habría que sumar los referidos a su situación lamentable en vivienda, educación, salud, etc., en buena parte de esa población. Y en esto tropezamos con tres barreras: la primera está en la Administración central y su poca voluntad –hasta ahora– de emplear presupuestos y campañas especiales para ello; la otra está en las comunidades autónomas, cuyas competencias en este ámbito les da la posibilidad de abordarlo y les obliga a ello (unas realizan algunos esfuerzos y las más apenas se empeñan en esa tarea por no considerarlo prioritario: “antes está la población autóctona”); y la tercera, la falta de educación y conciencia social sobre lo que significa el cambio que estamos viviendo, a lo que se suman resistencias específicas cuando se habla de la atención a la población inmigrante, considerándola privilegios frente a los “nacionales”.
            En enero de este año, el Gobierno aprobaba un Real decreto por el que se regulaba la nueva composición, competencias y régimen de funcionamiento del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Se trataba, al parecer, de dar un nuevo impulso y renovación a este órgano de consulta, información y asesoramiento que fue creado por Ley Orgánica en enero de 2000. Dicho Foro, constituido de forma tripartita por las administraciones públicas, las asociaciones de inmigrantes y las organizaciones sociales de apoyo (sindicatos y empresarios), estuvo adscrito al Ministerio del Interior hasta julio de 2004, fecha en la que pasó a depender del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración. Habrá que ver si este órgano “remozado” sirve para forzar o no una política de integración más acorde con las necesidades de hoy y de un próximo futuro. 
            Una parte de los objetivos de la integración debe ser la participación de la población inmigrante en los asuntos públicos o, dicho de otro modo, que le alcancen los derechos y deberes relacionados con la ciudadanía. Uno de ellos hace referencia a su posible participación electoral activa y pasiva. Un asunto éste de cierta enjundia en su definición y aplicación práctica (7), como se ha visto ante la iniciativa de PSOE e IU-ICV, de momento congelada (8).
 
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(1) “Inmigración: ayudar a Canarias”, El País, 7 de septiembre de 2006.
(2) Protocolo 4º de Derechos Humanos de la Unión Europea por el que se prohíbe la expulsión colectiva de inmigrantes.
(3) Angola, Argelia, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea Ecuatorial, Kenya, Libia, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Túnez y Zimbabwe.
(4) Angola, Argelia, Camerún, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Egipto, Gabón, Ghana, Guinea-Cronaky, Guinea Ecuatorial, Libia, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Sudán y Túnez. 
(5) Los objetivos declarados de este Plan, por este orden, son: 1) La contribución al afianzamiento de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad; 2) La lucha contra la pobreza y la contribución a la agenda de desarrollo de África; 3) El fomento de la cooperación para regular adecuadamente los flujos migratorios; 4) La participación activa en el desarrollo de la estrategia de la UE hacia África; 5) El refuerzo y la diversificación de los intercambios económicos, así como el fomento de las inversiones; 6) El fortalecimiento de la cooperación cultural, y 7) El incremento de la proyección política y de la presencia institucional de España en la Región.
(6) Según la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Ministerio de Asuntos Exteriores, España ha firmado entre 1992 y 2003 convenios de readmisión con cinco países africanos: Marruecos (1992), Nigeria (2001), Argelia (2002), Mauritania (2003) y Guinea-Bissau (2003). Once son los países europeos con los que están establecidos convenios similares: Francia, Portugal, Italia, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Suiza.
(7) José María Ruiz Soroa argumentaba a favor de una “obligada inclusión en la ciudadanía”, para la población inmigrante en determinadas condiciones, efectuándose “pausada y prudentemente” (El País, 10/IX/2006).
(8) El pasado 10 de julio, probablemente al calor de la campaña –dicen, preelectoral– catalana, PSOE e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presentaron en el Congreso una Proposición no de Ley sobre la aplicación de la extensión del derecho al voto, en las elecciones municipales, a los extranjeros residentes legales. Su alcance, dependiente de lo señalado por el artículo 13.2 de la Constitución y de acuerdos de reciprocidad con los países de origen de la población inmigrante, es mínimo. Por otro lado, en esa Proposición se pedía un informe previo del Consejo de Estado, y ahí está.