Manuel Llusia

Inmigrantes subsaharianos en la frontera de Ceuta y Melilla.
Algunas convicciones y numerosas dudas
(Página Abierta, 164, noviembre de 2005)

Los masivos intentos de traspasar la frontera de Ceuta y Melilla por parte de inmigrantes subsaharianos ha removido de nuevo los cimientos en los que se asienta la frágil estrategia europea y española sobre la regulación de los flujos migratorios.
El drama humano que nos ha estallado en la cara no ha sido esta vez el apreciado por unas imágenes lejanas de esa África “doliente”, las que nos han hablado –este verano pasado, por ejemplo– del hambre y de la guerra, las que acompañan a los llamamientos a la solidaridad, las que empujan a los dirigentes del mundo a declarar sus buenas intenciones de futuro. Una muestra de ese drama se ha acercado a nuestras fronteras de tal forma que ha encogido nuestro corazón y nos ha dejado con la perplejidad que emana de los dilemas mal resueltos y a los que no sabemos cómo responder.
Centenares de personas en busca de trabajo y de otra vida saltando las vallas y produciéndose numerosas heridas; trece muertos, cobrados por la valla, las avalanchas y sobre todo por la acción de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, además de numerosos heridos y contusionados, algunos con lesiones graves; inmigrantes maltratados y abandonados a su suerte en el desierto..., ésa ha sido la imagen.
Cuando se ha afrontado lo sucedido en Ceuta y Melilla, cuando en ocasiones se ha hablado de qué hacer ante este problema, sobre todo para decir que no tiene solución o que sólo la tiene yendo a la raíz, a sus causas, se ha eludido, bien o malintencionadamente, que el problema a responder se compone más bien de una serie de problemas que reclaman acciones inmediatas y respuestas a plazos muy distintos, aunque mantengan entre sí hilos conductores. Y que se trata, en resumidas cuentas, de compartir la inquietud de qué se debía hacer ante un problema y otro, y otro, unos más concretos, otros más generales. Sólo así nos unimos mejor a las víctimas de estos hechos y nos hacemos más responsables, animando a su vez a la sociedad a que lo sea. La crítica y las exigencias a quienes tienen en sus manos el poder de decidir se hará más justa y precisa (1).
Decía la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en el diario del viaje realizado a Ceuta y Melilla (2) que hay que acercarse al problema desde la razón y desde el corazón: «Es precisa la razón para entender que debemos garantizar nuestra seguridad. Es necesaria para darnos cuenta de que hay que canalizar el fenómeno de la inmigración de una manera legal y ordenada. Hace falta para comprender que las soluciones hay que buscarlas desde la cooperación entre todos y de todos a nivel internacional. Pero también resulta imprescindible la sensibilidad para no olvidar nunca que los rostros que nos miran desde detrás de las vallas, los ojos que nos ven a través de las alambradas son los de seres humanos que luchan cada día por sobrevivir; seres humanos que caminan semanas y meses buscando un futuro, seres humanos que en muchos casos caen en manos de las mafias. En fin, seres humanos a los que no podemos abandonar a su suerte». Conclusión del diario que chocaba y habría de chocar más aún con algunas actuaciones y decisiones de su Gobierno.

Garantizar nuestra seguridad

El primer problema planteado es el de la “valla” levantada y el de su objetivo declarado: para “garantizar nuestra seguridad”. Y “seguridad” suele asociarse en el imaginario social a “peligro” y a “enemigo”.
Ahora todo el mundo ya sabe que hay dos vallas, una hace frontera con Marruecos y la otra corre paralela a la primera, dejando una franja en medio, que lógicamente es territorio español. Y ahora también se sabe cómo están hechas y qué le puede pasar a quien intente saltarlas.
Pero, ¿cuál es la historia de estas vallas?, ¿cuándo y para qué se hicieron?
Las vallas fueron hechas entre 1999 y 2000, gracias al Fondo Europeo para el Desarrollo Regional. Un proyecto, sin embargo, que parte de la aplicación de los acuerdos del Tratado de Schengen de impermeabilización de la frontera africana a mediados de los noventa. El objetivo: tratar de impedir el paso de inmigrantes a territorio español-europeo.
Fruto de ello, se intensifica, también, en esos años de la década pasada la persecución de la inmigración considerada ilegal, incrementando las expulsiones con o sin expediente previo, denegando el derecho de asilo y desmantelando, a la par, los campamentos de inmigrantes en Ceuta y Melilla, todo ello con métodos, muchas veces, de dudosa legalidad y contraviniendo las obligaciones de tratados como el Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (3). 
Son, todos ellos, pasos en consonancia con el principio de que nuestras fronteras son demasiado permeables a la inmigración creciente y que quedará plasmado en la Ley de Extranjería de 2000 y en su reforma de 2003.
Aunque bien cierto es que el desmantelamiento de los asentamientos de inmigrantes en Ceuta y Melilla fue sustituido entre 1999 y 2000 por los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), legalmente  diferentes de los centros de internamiento y en donde el trato y condiciones de vida eran y son mucho mejores, pero con capacidad para admitir bastantes menos inmigrantes que los que libremente iban llenando los campamentos (4).
Esa política de mayor control de la frontera Sur, con los medios indicados y algunos más a los que luego me referiré, dispuso también ya desde 2004 de un plan para reducir la entrada por mar: el SIVE (Servicio de Vigilancia Integrado Exterior). Reducción que, en principio, parece haberse logrado (5).
Al final de este proceso, la inmigración subsahariana ha ido concentrándose en Marruecos en diversos puntos, unos de paso (El Aaiún y Dejla, en el Sáhara; Oujda, en la frontera marroquí del Sáhara) y otros de espera, próximos estos últimos a la frontera europea (Mesnana, en Tánger; Monte Gurugu, en la frontera con Melilla, y Beniunesh, en la lindando con Ceuta). Y si a lo largo de estos años atrás la persecución,  el hostigamiento y las tropelías de las fuerzas de seguridad marroquíes han sido constantes, desde comienzos de este año se han intensificado, en una mayor colaboración, a pesar de lo que ahora se ha dicho, entre las autoridades españolas y marroquíes. Desmantelaron Mesnana y Gurugu, practicaron numerosas detenciones en estos lugares y en diversas ciudades marroquíes, trasladando a los detenidos a la frontera de Argelia –algo parecido llevaron a cabo en el Sahara– y, por fin,  Beniunesh recibió el continuo acoso violento de las fuerzas del orden marroquíes (6). 
Pero volvamos de nuevo a la valla y a lo sucedido de agosto para acá.
Ya hemos dicho que la valla y las fuerzas de seguridad tienen como función impedir el paso ilegal de personas (se supone que de mercancías también, pero eso no se vigila ni se resuelve igual). Y hemos dado por supuesto de qué tipo de personas hablamos: gente que busca la supervivencia, que en la mayoría de los casos portan una experiencia de gran sufrimiento en su viaje migratorio, a veces repetido una y otra vez, y que no tiene más que su cuerpo para salvar la frontera.
¿Qué peligro entraña este enemigo? ¿De qué modo proporcionado debe responderse a él? La respuesta no es fácil. Pero abordarlo así obliga a cálculos de prevención diferentes que si se habla de “defender nuestra seguridad”.  Luego se ha visto.
Si la valla tiene las características que tiene es para disuadir, pero si unas personas como las descritas deciden, apremiadas, de todas formas arriesgarse –lo que ya se sabe desde que se inauguró– y lo que resulta es inhumano, quizás quepa preguntarse si no es ése el mal mayor que hay que evitar, y no insistir en más metros y más concertinas (al final hubo de hablarse de levantar otro tipo de valla).
Es posible que con otra “mirada” –pensando menos en añadir más y más elementos tan peligrosos al muro levantado– se cuele más gente y no se cumpla bien entonces el deber de controlar la frontera, y que eso produzca algunos males a la sociedad española: alarma social, incremento de la población inmigrante internada, difíciles procesos de expulsión y repatriación, tensiones diplomáticas con Europa... pero ¿a qué parte de las “víctimas” es mejor mirar?
Junto a la disuasión de la valla cortante está la acción de detención de la Guardia Civil y de todas las fuerzas de seguridad puestas a su disposición. En primer lugar, parece evidente que no se preveían esos intentos masivos de salvar la frontera. Y no debe ser fácil actuar frente a unas avalanchas como las ocurridas. Hasta ahora el “juego”era más simple: en pequeños grupos, algunos hombres y mujeres lograban saltar –o pasar por los acantilados, en el caso de Melilla– y burlar la vigilancia hasta llegar a Ceuta y Melilla, mientras que otros eran detenidos entre las dos vallas e inmediatamente expulsados a territorio marroquí, no sin antes, en muchos casos, haber recibido palizas y vejaciones de todo tipo, según relatan los propios inmigrantes, e incluso algún disparo, que puede ser mortal, como fue el caso, al parecer, de un joven camerunés el pasado 29 de agosto (7).
Evidentemente no se puede pedir a las fuerzas de seguridad que no actúen, pero sí que asuman la responsabilidad –ellos y sus responsables a todos los niveles– si los medios empleados tienen como fin o producen algo más que la detención. Si actúan con saña o con una violencia desmedida (8). Tal violencia hace suponer que se debe a varias razones: la mala formación para esa compleja y delicada misión; la aceptación de una orden inhumana; el cumplimiento de un objetivo político sea como sea o el resultado, al fin, de una estrategia de disuasión (para que no vuelvan a intentarlo), o todas ellas juntas.
Y con esa opción de la disuasión o de la detención como sea, el Gobierno adopta otra decisión claramente contraproducente por el sentido y la imagen que tiene y el peligro que encierra: el uso del Ejército para labores que no le son propias y sin medios ni preparación para ello. Y uno se pregunta por la razón: ¿es que era menor el coste que desplazar de la península más unidades de la Policía o de la Guardia Civil?, ¿resulta imposible o muy difícil detraer esas fuerzas de otras misiones? o ¿se trata de meter más miedo, sin pensar en más?

Expulsiones y repatriaciones

El segundo problema que se plantea, del que ya he comentado algo, es el paso siguiente a la detención por parte de las fuerzas del orden de inmigrantes que han pasado la primera valla.
También hay suficientes datos de que las órdenes taxativas eran que debían ser devueltos de modo inmediato –salvo los heridos de consideración, eso sí– a territorio marroquí, incumpliendo los convenios de derechos humanos referidos a extranjeros y la propia legalidad (9). Puesto que, como señalan Pascual Aguelo y Ángel G. Chueca, directores de Intermigra, «cuando algunas personas se hallan en el perímetro situado entre las dos vallas, no por eso están en “tierra de nadie”; dicho perímetro sin duda es territorio español y de su situación responde España. Por tanto, deberá aplicar a esas personas las garantías jurídicas que nuestro derecho atribuye a los extranjeros».
Aquí ya sería más difícil para quienes defienden esas órdenes considerar que así evitan al mal mayor de tener más gente extranjera en situación, de entrada, ilegal en nuestro territorio. Por eso recurrirán a la idea de que todavía no han cruzado la frontera, que España empieza tras la segunda valla.
El tercer problema guarda relación con éste. Es lo concerniente a la expulsión o repatriación de los inmigrantes que lograron entrar. 
En este caso, parece que los trámites, a diferencia de tiempos atrás, se respetan más. Otra cosa es la crítica que se pueda hacer de la ley y de la política de escasa aceptación de las peticiones de asilo.
Una vez en suelo español, las comisarías respectivas expiden una documentación que permite a los inmigrantes el ingreso en el Centro de Estancia Temporal y se les abre un expediente de expulsión o de petición de asilo. En uno u otro caso, los inmigrantes tienen el derecho a ser oídos y, por lo tanto, a un intérprete, si es necesario, y a la asistencia letrada. En ambos casos, la devolución al país de origen no puede llevarse a cabo antes de 72 horas. A partir de ese momento, si no es aceptado por el país al que se pretende devolver o no puede llevarse a cabo por razones humanitarias, se quedan en el CETI hasta que la autoridad judicial permita tramitar la medida de internamiento, el envío a los centros de internamiento de la península, donde pasados 40 días deben ser puestos en libertad, con la obligación de abandonar el país.
Los menores y otras personas en situación física especial son enviados a centros de acogida gestionados por alguna ONG. 
Otra decisión controvertida del Gobierno español ha sido la del uso del acuerdo de 1992 con Marruecos para la devolución a su territorio de inmigrantes subsaharianos que pasaron la frontera ilegalmente (10). Por dos motivos. Uno, por lo que trasluce de insolidaridad y comercialización del problema propio: en vez de quedarse con los inmigrantes y resolverlo en mejores condiciones, el Gobierno español  decide –suponemos– pagar, políticamente o con dinero, para que otros hagan –Marruecos en este caso– la labor que nos correspondería y que podemos hacer nosotros mejor.
Y otro, por lo que supone violar, con esa decisión, el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe la expulsión de cualquier persona a un país donde puede ser sometida a tortura o tratos inhumanos o degradantes.
El trato dado por Marruecos a los inmigrantes subsaharianos era previsible y pronto pudo comprobarse. Ante ello, las autoridades españolas no han debido hacer la vista gorda o encogerse de hombros mientras gestionaban esas devoluciones (11), porque España sí es responsable de lo que Marruecos haga con la gente inmigrante que le devolvemos por haber entrado ilegalmente en nuestro país desde el suyo. Población inmigrante que, por otro lado –y no se ha solido tener en cuenta–, también entró ilegalmente en territorio marroquí, sin que, en la mayor parte de los casos y hasta hace poco, los países norteafricanos o subsaharianos hayan estado dispuestos a aceptar la repatriación de sus ciudadanos en situación irregular en territorio marroquí (12).
Aquí cabe hacer otro inciso sobre Marruecos para reconocer la difícil situación en la que se encuentra en relación con la inmigración subsahariana. Una corriente migratoria que toma Marruecos “no como tránsito, sino como sala de espera permanente”, en palabras de las autoridades marroquíes: “si pasan a España, se esparcen por Europa; si no pasan, aquí se quedan”. A este país acceden ilegalmente decenas de miles de inmigrantes que desde el Sahel llegan a Argelia o a Mauritania. Una vez en Marruecos, resulta casi insalvable su devolución o que a su vez estos países se obliguen a colaborar con Marruecos para impedir el paso de la frontera común.

La inmigración subsahariana

Hablemos ahora del “problema principal”: la presión en nuestra frontera de la inmigración africana, en especial de la subsahariana, sin olvidar la ya clásica marroquí y la otra menor, la argelina.
Primero, un apunte sobre algo –colateral– que nadie quiere mencionar: tener una frontera terrestre en África para dos plazas “coloniales”, Ceuta y Melilla, supone un especial quebradero de cabeza en nuestro control del flujo migratorio hacia España. 
Hablar de ello ahora es mentar un asunto delicado, que puede sonar a excusa frente a los problemas más peliagudos y fundamentales. Sobre todo porque su solución lógica –abandonar estos territorios– no ha estado ni está en la agenda de ningún Gobierno, ni en el programa de los principales partidos españoles. También porque muy buena parte de la población de esas ciudades, y quizá de algunos estamentos del Estado español, hoy por hoy, pondrían el grito en el cielo. Es decir, que para resolver ese contencioso, se necesitaría un proceso largo y puede que no sea este asunto de la inmigración el mejor para iniciarlo, al menos públicamente. Pero ahí está. 
La imagen de asalto y avalancha de los inmigrantes africanos se convierte en la idea del peligro de una “invasión”, ahora que no deja de crecer la inmigración en España. Y aunque sea una exageración, con eso hay que contar, además de con la lógica dominante de la opción de una regulación del flujo migratorio, basada en la dificultad de absorber e integrar contingentes mayores de inmigrantes.
¿Cómo es la inmigración subsahariana? Estamos hablando de Senegal, Nigeria, Mauritania, Malí, Guinea-Bissau, Guinea (Conakry), Ghana, Camerún, Gambia, Liberia, Costa de Marfil... (13). Los datos muestran que España sólo cuenta con un 4% del total y en Europa no supera el 5% de media. Antonio Izquierdo Escribano precisa que «el grueso de las migraciones en el África subsahariana se agotan en el interior del continente africano. Son desplazamientos intrarregionales y están protagonizados esencialmente por refugiados». Y concluye que «es una migración expulsada más que atraída» (14). Aunque hay razones para pensar que esa corriente migratoria hacia Europa va a ir creciendo.
¿Qué hacer en ese caso? Para dar respuesta a este complejo problema hemos de partir de algunos datos.
Por de pronto, las relaciones de España con estos países en materia de extranjería son muy escasas. De entrada, ninguno de los países africanos está en la lista de los cuarenta y uno que no precisan visado para estancias inferiores a tres meses en nuestro país. Algo muy lógico a la luz de las relaciones exteriores que mantiene España. Aunque hay que precisar que no necesitan visado aquellas personas a quienes se les reconozca la condición de refugiados, a los apátridas y  quienes se hallen en circunstancias especiales según el Gobierno.
Sólo existen con Marruecos, Argelia, Mauritania y Guinea-Bissau convenios de readmisión –es decir, de aceptación por parte de esos países de la devolución o repatriación de sus ciudadanos que se hallen, por ejemplo, en situación irregular en nuestro país–. Con Nigeria hay un convenio ya firmado por ambos países, pero está congelada su aplicación, porque aún no se ha ratificado por su parte. Con Ghana se ha firmado un preacuerdo que nuestro Gobierno considera ya firme, pero está pendiente de que haga lo propio ese país. Y por último, existe la voluntad, aunque aún no se han abierto negociaciones, de llegar a acuerdos en esa dirección con Camerún, Gambia, Guinea-Conakry y  Malí.
Y Marruecos es el único país con el que, entre otros acuerdos, se han firmado convenios de establecimiento de un cupo de empleos temporales para inmigrantes. Pero no se ve ninguna perspectiva de extender a estos países esa política. Hasta ahora no se planteaba por parte española y, dadas las características de estos Estados, no resulta fácil.  

Exigencias posibles y soluciones

Retomemos ahora el interrogante planteado: ¿qué hacer ante la previsible presión migratoria subsahariana? Y aquí podemos tropezar con respuestas que no se fijan en el tiempo o no tienen en cuenta los plazos posibles, ni las condiciones existentes y los cambios necesarios.
Una primera respuesta está relacionada con la disyuntiva regulación de los flujos migratorios o fronteras abiertas. Posición esta última que no se suele explicitar, pero que está sin duda detrás de algunos análisis de este fenómeno y de las soluciones que se proponen frente a él. Como tal, no se ve que pueda aplicarlo un país por su cuenta en un mundo con fronteras.
Existe, no obstante, una posición que aparece como intermedia (hay muchas graduaciones), la que habla de que la rigidez causa más problemas que la flexibilización. En algunas reflexiones sobre esa posición se dice que una política de muy amplia apertura hace que entre sin duda más gente, pero también permite que salga con la seguridad de que puede volver a entrar. El resultado final será más acorde con las necesidades de cada país receptor, evitando así los problemas que trae la emigración clandestina tanto para los inmigrantes como para los países que la reciben o tienen que controlarla en frontera (15).
Más allá de lo discutible de esta opción, ponerla en marcha en nuestro caso llevaría aparejado dos cambios profundos y por lo tanto de difícil logro: ganar a una mayoría parlamentaria para hacer cambios importantes en la ley y política de extranjería y ganar a la sociedad para esta causa (16).  Pero además, y en primer lugar, habría que tener en cuenta otra realidad: no parece posible integrar, de forma inmediata  o en un breve plazo de tiempo, a miles de inmigrantes subsaharianos en las ciudades españolas.
Otra línea que parte de la necesidad de una mayor flexibilización, y por lo tanto también crítica con la ley y la política existente sobre esta materia, pero dentro de una opción de la necesidad, hoy por hoy, de una regulación de los flujos migratorios generosa por solidaria, tampoco encontrará soluciones idóneas que eviten la presión migratoria clandestina, pero puede, en cambio, promover, dentro de los límites impuestos, exigencias para el corto y medio plazo aceptables para una buena parte de la sociedad.
Veamos algunas de esas exigencias, de las que, en parte, ya hemos hablado.
Una general partiría de la necesidad de impulsar una política amplia de relaciones con los países subsaharianos. Aunque hay que tener en cuenta que el resultado no depende sólo de nuestra voluntad (17). En ese campo de relaciones podría exigirse al Gobierno medidas como:
– La fijación de cuotas de empleo para inmigrantes de estos países africanos mediante acuerdos intergubernamentales, como medida de discriminación positiva en consideración a la situación creada (18). Aunque no resulta fácil definir las áreas de trabajo para muchos de estos potenciales inmigrantes.
– El establecimiento de flujos temporales, premiando el retorno, ofreciendo formación profesional y dando préstamos u otro tipo de ayudas materiales que permitan a los retornados establecerse en su país.
Y un cambio en nuestra política de asilo, al margen de las relaciones intergubernamentales, que obligue a analizar con detenimiento la situación de origen de quienes emigran y llegan a nuestras fronteras provenientes de África y a aplicar sin restricciones el estatuto de asilado conforme a la situación real de los países de los que proceden.
Una última cuestión que el espacio no permite tratar con más amplitud es cómo plantear las ideas que apuntan a la necesidad de cambios estructurales y que hacen referencia a las obligaciones internacionales: el 0,7% de ayuda al desarrollo, la cancelación de la deuda externa, la eliminación de las condiciones desiguales en el comercio internacional entre países ricos y pobres, junto con la eliminación de muchos de los condicionantes impuestos por el FMI y el BM en la política económica y social de los países receptores de la ayuda.
No vale contraponerlas, más aún de modo tan general, a las exigencias que pueden derivarse de lo inmediato o del medio plazo porque, suponiendo su puesta en marcha ya, queda lejos el inicio de los cambios que se piensan lograr con ellas. Y menos cuando se olvida un lado del problema: las responsabilidades de las elites y de los Gobiernos de muchos de los países, en este caso africanos, en la miseria económica y moral de las sociedades que controlan y en las dificultades y fracasos de algunos planes, por ejemplo, de ayuda al desarrollo.
Pero no cabe duda de que pueden y deben formar parte del capítulo de reclamaciones frente a nuestros Gobiernos y nuestras sociedades, si se expresan con más detalle, precisando en cada capítulo lo que puede hacerse y no se hace, tal y como en muchos ámbitos de la solidaridad se señala (19). 
Dentro de este capítulo, una línea de exigencia al Gobierno podría ser la de instarle a que mantenga una postura en la Unión Europea, y ante la Cumbre africano-europea que acaba de proponer, acorde con las exigencias planteadas a lo largo de este artículo, y en particular, en los dos apartados anteriores. Y eso porque los aires que corren en Europa no se acercan mucho a lo aquí expuesto.
Sobre esta cuestión quizá convenga fijar la atención en una de las políticas europeas, que se presenta como intermedia y que plantea, cuando menos, algunos interrogantes sobre su “bondad”. Suele proponerse como solución a la presión inmigrante sobre Europa que se incentiven planes de ayuda para el desarrollo de la periferia inmediata europea, es decir, de los países, como es el caso de Marruecos, frontera de Europa, con un gran diferencial de riqueza. Lo que se llama países tapón y que pueden servir para jugar con el volumen de inmigración que precise en cada momento Europa. 
Esta política defensiva supone tres problemas. Primero, estamos hablando de una limitación posible de la inmigración que desea alcanzar suelo europeo, pero que puede durar poco tiempo. Segundo, no resulta fácil que se produzca ese desarrollo y mucho menos que esos países integren esa inmigración. Y tercero, y lo más importante, no se corresponde con cómo aplicar los objetivos de la Declaración del Milenio que debe tener en cuenta a los más necesitados... Aunque a lo mejor sí sirve para ayudar a poblaciones cercanas que también lo necesitan. 

________________
(1) «Sobran, por ello, tanto las hipócritas condenas generalizadas de las decisiones que se adoptan como las apelaciones 'buenistas' a supuestas soluciones globales que, por acertadas que fueran, no resolverían las situaciones urgentes que día a día se presentan y que día a día hay que afrontar (José Luis Zubizarreta, “Indecencia y bienquedismo”, El Correo, 9 de septiembre de 2005).
(2) “Diario de un viaje a la frontera”, El País, 9 de octubre de 2005, página 26.
(3) María Gascón, PÁGINA ABIERTA núm. 70, marzo de 1997.
(4) Se calculaba que en verano de 1997 habría unos 1.300 inmigrantes norteafricanos y subsaharianos en Melilla, distribuidos en un campamento al que llamaban “granja agrícola” y algunos centros de acogida particulares (Sergio Cebrián, PÁGINA ABIERTA núm. 81, marzo 1998). En Ceuta se levantó un campamento en 1995, Calamocarro, por el que posiblemente pasaron en menos de 5 años unas 15.000 personas (Rafael Lara, PÁGINA ABIERTA núm. 104, mayo 2000). Los Centros de Estancia Temporal de Ceuta y Melilla se crearon para acoger a unas 500 personas. 
(5) Según la Secretaría de Estado para Inmigración y Emigración, el número de inmigrantes llegados en embarcaciones este año ha descendido un 37% respecto del mismo periodo, enero-septiembre, del año pasado.
(6) Rafael Lara, PÁGINA ABIERTA núm.159, mayo de 2005.
(7) Caso denunciado por diversas ONG y del que no parece querer responder la Administración española.
(8) «Les ruego tomen medidas de inmediato para asegurar que todos los agentes encargados de hacer cumplir la ley destacados en las fronteras que separan Ceuta y Melilla de Marruecos, se ajustan estrictamente a las normas internacionales que regulan el uso de la fuerza; en particular, que respetan estrictamente los principios de necesidad y de proporcionalidad y que emplean armas de fuego únicamente si hay vidas en peligro y como último recurso para responder a tal peligro» (De una carta promovida por Amnistía Internacional de recogida de firmas dirigida al presidente y a la vicepresidenta del Gobierno español de España y al primer ministro de Marruecos). Han sido muchos los hechos demostrados con imágenes, no sólo con testimonios, de actuaciones brutales a uno y otro lado de la frontera.
(9) Ver Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España (Ley de Extranjería), artículos 58  y ss.
(10) Este convenio, llamado ahora eufemísticamente de “readmisión”, ha tenido una aplicación difícil a lo largo de estos años. Esto se ha debido, además de a los periodos de crisis de las relaciones, a la interpretación sobre a qué inmigrantes readmitir por parte de Marruecos, si sólo a sus ciudadanos, como pensaba el Gobierno marroquí, o también a los de otros países que atravesaron nuestra frontera desde territorio marroquí, como pensaba el español.
(11) «El ministro del Interior se escudaba el otro día frente a toda crítica afirmando, sin vergüenza alguna, que “ningún país es responsable de lo que pueda hacer otro”. Y la vicepresidenta del Gobierno recordaba, no se sabe si con ingenuidad o con cinismo, que el Gobierno marroquí estaba obligado en ese convenio [el del año 92 suscrito entre España y Marruecos] por las leyes internacionales de derechos humanos. Hemos hecho, por tanto, lo que debíamos hacer» (José Luis Zubizarreta, “Indecencia y bienquedismo”, El Correo, 9 de septiembre de 2005).
(12) La diplomacia de Senegal y Malí se hizo cargo de la situación de sus ciudadanos deportados a Oujda, unos 1.200 dice la prensa, y la segunda semana de octubre negoció con Marruecos su repatriación. Existe de todas formas un problema previo de identificación de los inmigrantes, muchas veces son ellos los que no quieren o disponen de documentación falsa.
(13) Senegal (10 millones de habitantes); Nigeria (135,6 millones); Mauritania (2,7 millones); Malí (11,7 millones); Guinea-Bissau (1,5 millones); Guinea-Conakry (7,9 millones); Ghana (20,4 millones); Camerún (16,1 millones); Gambia (1,4 millones); Liberia (3,4 millones); Costa de Marfil (16,8 millones). Fuente: Anuario El País 2005.
(14) “Solos y en el cruce”, La voz de Galicia, 5 de octubre de 2005. Interés especial para conocer más el movimiento migratorio en particular de Malí, tanto el que trata de llegar a Europa, como el interregional, además del drama de los niños esclavos malienses, tiene el documental emitido por La 2 en su programa “En Portada”, el miércoles 26 de octubre.
(15) Bernabé López García, “Pértigas de esperanza”, El País, 5 de octubre de 2005.
(16) La Ley de Extranjería ha sido y es apoyada por casi todas las fuerzas parlamentarias.
(17) Estados en crisis o corruptos, en sociedades desestructuradas, poco cohesionadas, separados de su población y desatentos a ellas, con pocos medios. Un pequeño ejemplo: algunos de ellos ni siquiera disponen de embajada en nuestro país.
(18) El papel que juegan las remesas en el bienestar inmediato de las familias podrían ser un buen recordatorio a los Gobiernos locales para que facilitaran la salida ordenada de esas migraciones.
(19) Ver, por ejemplo, “Los objetivos del Milenio: la lucha contra la pobreza”, PÁGINA ABIERTA número 162, de septiembre de 2005, en páginas centrales.