Diagnósticos, enfoques y medidas
(Página Abierta, 145, febrero de 2004) 

En los últimos años se han puesto en práctica nuevas medidas contra la violencia doméstica. La presión del movimiento feminista ha sido decisiva para visibilizar la violencia masculina en la pareja y lograr que las Administraciones públicas la incorporen a sus agendas. A pesar de ello, los recursos públicos son del todo insuficientes para atajar este problema, que sigue siendo grave, como se empeñan en confirmar los datos. 

El pasado año, 68 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, y cerca de 38.000 presentaron denuncia por maltrato. Casi 4.000 mujeres han solicitado protección desde que el pasado mes de agosto entrase en vigor la Ley de Protección a las víctimas de violencia doméstica (1). Por otra parte, según una encuesta del Instituto de la Mujer, cerca de 2 millones de mujeres (el 11% mayores de 18 años) sufren malos tratos (2).
Resulta imprescindible preguntarnos por las razones de este desolador panorama y apremiar a las Administraciones públicas para que emprendan medidas eficaces contra esta barbarie. Desde el campo feminista venimos reclamando un debate social amplio que  contribuya a ese fin. 
Aunque en el feminismo no hay una sola voz, sin embargo la  presencia en los medios de plataformas como la Red de Violencia contra las Mujeres, convergente con una importante iniciativa de instituciones públicas, particularmente las vinculadas al PSOE (3), dan una visión  casi unificada del pensamiento feminista. Dicho pensamiento, que aparece como  “políticamente correcto” en relación con este asunto, puede resumirse así: estamos ante un problema de malos tratos de hombres a mujeres, que tiene un origen y una causa: el dominio de los hombres sobre las mujeres, que es lo que se entiende por violencia de género. Es un maltrato progresivo y continuado que dura muchos años y anula la voluntad de las mujeres que lo sufren. La solución a este grave problema vendrá de la mano de una ley integral. 
Esta visión de los malos tratos justifica encaminar los recursos públicos en una dirección, la legislativa. Hace de la denuncia por parte de las mujeres que han sufrido maltrato el eje central de una política proteccionista hacia ellas y punitiva hacia los hombres que han maltratado.No comparto ese enfoque. A mi juicio, es necesario un tratamiento más multilateral para conocer el problema y poder así avanzar en su resolución. Algunos elementos, a mi modo de ver claves, de una mirada multilateral son los que abordaré a continuación.

 ¿Violencia de género o intrafamiliar?  

Violencia de género es un concepto acuñado por el feminismo para hacer visible una violencia ejercida por hombres contra mujeres en el ámbito público o privado que se ampara en la normativa sociocultural de superioridad masculina (4). Se puede presentar como sinónimo de maltrato doméstico, intrafamiliar, conyugal...  No obstante, las diferentes formas de nombrar el problema reflejan la propia complejidad de un análisis que contemple todos sus elementos. Cada una de éstas denominaciones da cuenta de una faceta, pero sin que necesariamente incorpore las demás. De ahí la conveniencia de precisar en cada ocasión de qué se está hablando.En este artículo me centro en el maltrato físico, psicológico (5) y abuso sexual entre las parejas o ex  parejas que se produce fundamentalmente en el ámbito familiar.
Parece demostrado, y por otra parte es lógico (6), que la violencia más extendida es la que ejercen hombres contra sus parejas o ex parejas, que evidencia la posición de poder que éstos ocupan (recursos, cultura sexista, fuerza física...) en nuestra sociedad. Diversos estudios dejan constancia de este predominio del maltrato de hombres a mujeres, aunque las cifras concretas varíen.
· En España, entre enero y septiembre de 2003, según datos  publicados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, un total de 37.959 mujeres y 6.790 hombres habían presentado denuncia por malos tratos de su pareja (7).
· Un 75% de casos de maltrato de hombres a mujeres, un 23% recíproco y un 2% de mujeres a hombres, son los datos que maneja J. Corsi (8).

· Un estudio reciente realizado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis sobre los  procedimientos judiciales en el ámbito familiar, referido a Castilla-La Mancha, daba como resultado que en el 87% de los casos el agresor es varón (9).
Estos mismos datos reflejan, a su vez, la existencia de violencia de mujeres hacia sus parejas. Un hecho que no debe ser ignorado, aunque no sean comparables sus dimensiones ni sus efectos, dado que no se apoya en los condicionantes socioculturales que subordinan a las mujeres.  
Estos hechos se deben abordar desde el ámbito familiar, donde, paralelamente a la violencia conyugal, se están produciendo otras hacia los hijos, hacia las personas mayores, o entre hermanos. Existen problemas específicos derivados  de  este espacio de relación no reducibles a la violencia de género. Y hay que responder a la pregunta de por qué la familia, lugar de satisfacción de necesidades básicas del ser humano, puede resultar un espacio peligroso para sus integrantes, y particularmente para sus miembros más vulnerables.
 Reflexiones sobre el carácter  jerárquico, cerrado y opaco de la institución familiar; la concepción romántica del amor que busca la fusión completa con otra persona, “la media naranja”,  etc., aportan elementos esenciales para un diagnóstico más acertado de este problema.      
Esta óptica permite, a su vez, abarcar a las parejas homosexuales y lesbianas, entre las que también se están produciendo malos tratos.Las actuaciones, por lo tanto, deben dirigirse a todos los afectados: mujeres, hombres e hijos, porque están interrelacionados, aunque, a su vez, cada uno de ellos requiera tratamientos diferenciados.  
¿Una o varias causas? 
Otro elemento clave de este enfoque subraya la multicausalidad como explicación de los malos tratos. Existen muchas teorías y controversias sobre las causas del problema. Yo me identifico con quienes en cada hecho  subrayan que son varias y no una sola causa, como por ejemplo J. Corsi (aunque no coincida con la representación exacta que hace) en el gráfico que figura en estas páginas (10).  
La interacción entre fenómenos sociales y elementos individuales de quienes maltratan parece explicarlo mejor que aquellas teorías que lo reducen a una única causa (la patología u otros condicionantes biológicos de los individuos, el dominio masculino, etc.) 
Factores sociales destacados son la cultura sexista e individualista en la que nos socializamos los unos y las otras; el recurso a la violencia como forma de resolución de conflictos, incluidos los interpersonales, y particularmente entre los chicos. Igualmente,  efectos derivados de concepciones sobre las relaciones interpersonales y familiares a los que he aludido anteriormente.
Y en las historias y características personales  interrelacionadas con lo anterior pesan diversos factores. Entre ellos conviene tener presente los de “riesgo” o “factores asociados”, como el alcohol u otras toxicomanías y haber vivido situaciones de violencia en la infancia (11). Sin ser causa, y menos justificación, ayudan, no obstante, a interpretar el maltrato y, sobre todo, deben ser tenidos en cuenta para acertar en las soluciones.   

Diversidad  de maltrato 

Un último factor esencial de la mirada multilateral tiene que ver con la visión uniforme que se está dando del maltrato. No hay un tipo concreto de conducta, una forma única en que se desarrolla la violencia en la pareja. Sin embargo, se ha impuesto una visión, la que lo identifica con el maltrato más cruel.
Resulta imprescindible comprender la diversidad de malos tratos existentes. No hay que mirar sólo los casos que ocupan las páginas de los sucesos en los periódicos, sino los casi dos millones de mujeres que contestaron afirmativamente a la encuesta del Instituto de la Mujer que figura en estas páginas (12). Un dato que, a su vez, apunta a dos millones de hombres y a otras tantas criaturas implicadas en el problema. 
En los gráficos A y B se pueden ver dos representaciones del problema de los malos tratos de hombres a mujeres.
1. El círculo de la violencia refleja la espiral en la que se ven atrapadas muchas mujeres que sufren maltrato cruel. Ayuda a interpretar por qué resulta tan difícil salir de una  relación en la que se combinan episodios de agresión con otros de arrepentimiento y muestras de amor (13). Los intervalos entre unos y otros episodios pueden ser más o menos largos, aunque tienden a acortarse. Van  minando la autoestima de la persona maltratada, y pueden llegar a atraparla, hasta anularla.

Conocer estas circunstancias puede contribuir a la necesaria solidaridad con las víctimas, y comprender por qué  hay quienes pueden llegar a aguantar tanto tiempo (5, 12 años, o más). Por otra parte, la existencia de este maltrato cruel, que en ocasiones es preludio de asesinatos,  apremia para adoptar medidas de emergencia.  
Sin embargo, tal violencia, como representación única del maltrato, tiene serios problemas. Gran parte del conocimiento que se tiene de las características de esta violencia y de las circunstancias de cómo se produce se adquiere a través de las mujeres que acuden a los servicios sociales, lo que da una visión sesgada si se toma como único referente.
2. El maltrato y abuso sexual realmente existentes son más diversos. La encuesta del Instituto de la Mujer citada anteriormente tiene la virtud de ofrecer una mirada más amplia del concepto de maltrato, incluyendo desde el más cruel hasta el de “menor potencia” o situación de sometimiento, como lo denominan Inés Alberdi y Natalia Matas, autoras del Informe sobre malos tratos en España (14). Los indicadores de la encuesta reflejan una variedad de circunstancias y de personas que, a su vez, requieren tratamientos también diversos.

Sin embargo, la representación social que existe del maltrato es el que he citado primero, el que queda reflejado en el círculo de la violencia. 

Consecuencias de un enfoque unilateral    

La unilateralidad en la mirada, además de dificultar la comprensión del problema,  propicia el acomodo, y no estimula a seguir investigando. Sin embargo, es del todo insuficiente el conocimiento que tenemos de un asunto que sigue estando oculto (15). Diversos estudios apuntan que sólo entre un 10% y un 30% de mujeres que sufren maltrato lo denuncian (16). 
La unilateralidad también dificulta las salidas o soluciones al problema. La canalización de los recursos públicos hacia ámbitos legislativos y punitivos se justifica por esa  visión uniforme y cruel del maltrato en la que, a su vez, las víctimas siempre son  mujeres y los victimarios hombres.  
Ese enfoque dicotómico “hombres maltratadores-mujeres víctimas” produce efectos muy negativos. Encasilla a las mujeres como seres pasivos, asustados, frágiles, incapaces de salir de esa espiral de violencia en la que están atrapadas, y a los hombres como seres violentos, con poder, que tienen el control de la vida de aquéllas. Ignora que hay mujeres victimarias (17) y hombres víctimas, y lo que es peor, parece hacer de esa circunstancia una condición para los unos y las otras. Como si de una categoría de personas se tratara: las maltratadas y los maltratadores (18).   
Resulta imprescindible criticar este negativo discurso poniendo el acento en la autonomía y, por tanto, en la capacidad de decisión y transformación de mujeres y de hombres. Una autonomía que explica por qué se puede salir de esas situaciones, incluso de las más brutales, habiendo sido víctimas o victimarios. Hay que esforzarse por mostrar modelos de referencia positivos, imprescindibles para lograr cambios de conducta en los unos y en las otras.  

Una mirada más amplia 

Sin negar que son necesarias medidas legislativas y punitivas, resulta imprescindible un enfoque más amplio, también, de los derroteros por los que deben discurrir las soluciones. Señalo a continuación algunos criterios básicos para ese  enfoque.    
· Es preciso tomar en cuenta a las mujeres como sujetos y no sólo como objetos de intervención externa, considerando su autonomía y la diversidad de mujeres y circunstancias de maltrato.
Los recursos para las personas que sufren violencia conyugal deben dar prioridad al protagonismo de la mujer en el proceso, para que pueda ser reparado el mal ocasionado. Las leyes aprobadas, y particularmente las de protección, no tienen en cuenta este importante criterio. La misma  “ley de protección”  aprobada el pasado mes de agosto no concede a aquéllas la posibilidad de elegir entre distintas medidas, como sí sucede en otros países (19). 
La  propia denuncia, como eje central y universal de la actuación de las víctimas, ha demostrado no servir para resolver el problema, y ha evidenciado otros: la nula iniciativa de las víctimas, cuando aquél ha entrado en el sistema penal, y la poca eficacia de la denuncia para protegerlas (20). Ambas cuestiones constituyen frenos importantes para que las mujeres  se decidan a denunciar.
Dejar a las víctimas sin protagonismo y sin iniciativa en el proceso penal, anteponiendo el castigo al infractor a la reparación del mal ocasionado, es una limitación del sistema penal vigente que no afecta sólo al asunto que nos ocupa. La singularidad está en la cuestión que tratamos. Nos enfrentamos a un delito (perseguible de oficio, tras la reciente modificación del Código Penal) en el que la víctima, a diferencia de otros delitos, tras haber sido presentada la denuncia, no se puede “olvidar” del agresor.Por el contrario, en muchos casos el agresor puede ser el padre de sus hijos, y ella no tener la  intención de romper la relación. De hecho, entre el 35% y el 50% de mujeres que recurren a los servicios públicos en busca de ayuda no se separan (21). No puede tratarse éste como cualquier otro delito, porque no lo es.
Estos problemas no se solucionan añadiéndole la coletilla “denuncia con seguridad”, como se ha hecho desde algunas instituciones públicas. Requiere una reflexión más profunda y desprejuiciada que dé cabida a otras fórmulas para abordarlos y resolverlos. Lo anterior supone aceptar que las mujeres que sufren maltrato pueden tener proyectos de vida propios no necesariamente separados de quienes las han maltratado ni tampoco guiados por una actitud sumisa ante ellos.
· Es necesario un conjunto de recursos acordes con la mirada multilateral del maltrato que he expuesto anteriormente.   
Ninguna medida –tampoco la denuncia– vale para todos los casos ni puede tener prioridad siempre frente a otras. Resulta imprescindible un conjunto de recursos en los más diversos ámbitos económicos, sanitarios, jurídicos, etc.
Son necesarias medidas de emergencia, como la recién aprobada orden de protección, pero que no se limiten a ellas. Que abarquen al conjunto del maltrato existente en las parejas y que se orienten también a la prevención.
Que se dirijan a todos los agentes afectados en el conflicto. Medidas directas para las víctimas (por ejemplo, el tratamiento terapéutico [22] ),  o a veces indirectas, como la agilización y abaratamiento de los trámites de separación y divorcio. Unos trámites que siguen siendo costosos económicamente y demasiado largos, pues la ley obliga a alegar causas para divorciarse cuando no existe mutuo acuerdo (23).
Con esa perspectiva, habría que apostar también por otros recursos, como por ejemplo:
· Limitar la judicialización de los conflictos interpersonales, desarrollando otras vías para gestionarlos, como puede ser la mediación. Una medida rechazada por la corriente feminista que antes he criticado (24), a pesar del uso que de hecho se viene haciendo de este recurso en procesos de separación civiles, o incluso en casas de acogida (25), etc.,  en donde se ha demostrado su eficacia. En otros casos, éste, como cualquier otro medio, no servirá.
· Resocialización de quienes han maltratado, mayoritariamente hombres, como garantía para que cese el maltrato y para que no se reproduzca esa conducta con futuras parejas. Los modestos tratamientos terapéuticos que se están haciendo en el Estado español dan resultados satisfactorios, teniendo en cuenta que están por encima del 30% de éxito, que es el referente común en el ámbito de modificación de conductas antisociales. La experiencia más significativa en este terreno (por ser la más antigua y por el volumen de casos tratados) es la del País Vasco, que se describe en estas mismas páginas.
· Esenciales son los recursos económicos, generalmente ignorados o minimizados en los planes de las diversas Administraciones, contra la violencia de género o por la igualdad. Son necesarias ayudas sociales de todo tipo (vivienda, salarios, subsidio para hijos e hijas, empleo...) que servirían de verdad para que muchas mujeres desfavorecidas socialmente pudiesen decidir qué hacer con su vida, y salir de la situación de sumisión en la que se encuentran. Medidas que no se ponen en marcha porque requerirían mucha mas dotación económica que el frenesí legislativo en el que está instalado el Gobierno del PP, con el apoyo de otros partidos y también de algunas corrientes feministas.
· Poner el acento en las leyes y medidas que garanticen la igualdad de las mujeres respecto de los hombres, frente a las que encapsulan esos recursos en el corsé del maltrato. El maltrato requiere, desde luego, que se aborde de forma integral, pero eso no implica que deba hacerse en una ley, ni que esta sea la mejor forma de hacerlo. De hecho, la  ley integral que se propugna (26) tiene, desde mi punto de vista, dos problemas básicos. Sigue poniendo el acento en la vía legislativa, generando expectativas que en ningún caso pueden satisfacer ésa ni otra ley, y además encapsula medidas de igualdad entre hombres y mujeres  –como, por ejemplo, la labor educativa en los centros de enseñanza– en una ley de maltrato. La coordinación judicial para los casos de violencia doméstica u otras medidas similares contempladas en la propuesta de ley integral  pueden resolverse por otras vías.
El “encapsulamiento” que critico puede tener serios inconvenientes en el terreno social si además de pocos recursos, éstos se limitan a las mujeres que han presentado denuncia por maltrato (27). La mayoría quedaría fuera, ya que, como he apuntado, son minoría las que denuncian. Además, puede estigmatizar a quienes la presenten (por ejemplo, para acceder a un empleo [28]) o disuadir de hacerlo por miedo a ello. Aunque el maltrato puede producir una mayor vulnerabilidad, habría que tender a distribuir los recursos atendiendo al conjunto de circunstancias socioeconómicas que produce la desigualdad que se trata de compensar, incluyendo la violencia doméstica.
Por esas razones, sería mejor empeñarse en leyes por la igualdad de mujeres y hombres que, además, contemplen la obligatoriedad de cumplimiento, con penalización incluida, de las instituciones públicas que no ponen los medios para que dichas normas se apliquen. 
· Implicación solidaria y activa de toda la sociedad, de mujeres y de hombres,  en lo que es una lucha en defensa de derechos humanos elementales: derecho a la vida, a la integridad física, a vivir en paz y en libertad. Resulta imprescindible movilizar a la sociedad y desarrollar redes de solidaridad y apoyo a las víctimas, implicando a todos los colectivos de mujeres, de hombres o mixtos. Para lograrlo, hay que comprender que no estamos ante una pelea de mujeres frente a hombres. Por el contrario, se trata de comprometernos los unos y las otras en alcanzar el objetivo común de erradicar la violencia de nuestras vidas, para que podamos establecer relaciones de igualdad  entre los unos y las otras.
Abordar de forma multilateral este problema, implica no ignorar que sigue siendo necesario visibilizar la violencia masculina en la pareja, responsabilizando de su conducta a los que agreden; y combatiendo el sexismo, que sigue gozando de buena salud en nuestra sociedad, como lo refleja ese 46,5% de hombres y mujeres europeos que, según la encuesta del Eurobarómetro del año 1999, achacaba la violencia doméstica a las provocaciones de las mujeres.
Tampoco se puede olvidar que, más allá del tratamiento presente y urgente del problema, estamos ante una carrera de fondo cuyo objetivo es cultivar valores más igualitarios y solidarios que contribuyan a mejorar la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Un fin en el que debemos estar implicadas todas las personas.

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(1) La Ley de Protección a las víctimas de la violencia doméstica contempla medidas civiles (atribución de vivienda, custodia, visitas y comunicación con hijos, prestación de alimentos, protección al menor) y penales (privativas de libertad, orden de alejamiento, prohibición de comunicación, prohibición de volver al lugar donde ocurrieron los hechos...). Concede, igualmente, una ayuda social de 300 euros al mes. 
(2) Macroencuesta “La violencia contra las mujeres” que se hizo en el año 2000 y que se ha repetido en 2003 sin que se expresen diferencias sustanciales.
(3) Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Castilla-La Mancha, etc.
(4) Es un concepto que han hecho suyo diversas instituciones públicas del Estado español e internacionales. No obstante,  el contenido concreto puede variar según quienes lo empleen y la realidad específica a la que se refiera.
(5) Ciertamente más difícil de precisar, aunque es imprescindible considerarlo, ya que puede resultar incluso más destructivo que el maltrato físico. Se  refiere a una situación crónica, una conducta permanente de humillaciones, posturas y gestos amenazantes, de restricción y control (de amistades, de salidas, del dinero)…, que no tiene que ver con episodios aislados de conflictos en la pareja..
(6) Los hombres, en general, tienen conductas más violentas como resultado de una socialización que, entre otras cosas, hace de la violencia un elemento de identidad  masculina.  
(7)  El País,  26 de noviembre de 2003.
(8) Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social, Paidós. Jorge Corsi es director de la carrera de especialización en violencia familiar en la Universidad de Buenos Aires (Argentina).
(9) “La violencia familiar en el ámbito judicial”. Publicado por la Junta de Castilla-La Mancha en 2003.
(10) Op. cit.
(11) En diversos estudios se constata la existencia de estos dos problemas, aunque varíen bastante las cifras que se manejan. Respecto a que los agresores hayan vivido situaciones de maltrato en la infancia, los porcentajes suelen ser altos. Un 64%, por ejemplo, en una encuesta del Instituto de la Mujer publicada en 1999.  Por lo que hace al alcoholismo, el informe del Defensor del Pueblo del año 1998 baraja la cifra del 45% de casos, que la socióloga Mary Pepa García Rey elevaba a un 80% de casos, en un artículo publicado el pasado 13 de octubre en El País.
(12) Medio millón de ellas se consideraban maltratadas. El otro millón y medio contestaba haber sufrido en varias ocasiones una o más situaciones como las que describe la encuesta, sin considerarse maltratadas.
(13) Como queda reflejado en la magnífica película de Iciar Bollaín Te doy mis ojos.
(14) Fundación La Caixa, 2002.
(15) Las cifras sirven sólo como referencia que apuntan tendencias. Los estudios son pocos, parciales y recientes, de las dos últimas décadas. La polémica sobre las cifras suele ser frecuente, ya que difieren los parámetros usados para la investigación. Éste es un terreno en el que se abusa de las opiniones sin fundamentarlas empíricamente o extrapolando cifras parciales referidas a casas de acogida, sentencias judiciales, etc.
(16) Por ejemplo, el informe presentado en las VII Jornadas Nacionales para Médicos Residentes de Medicina de Familia señala que el 70% de las mujeres que han sufrido maltrato no presenta denuncia (Diario de Sevilla, 24 de mayo de 2003).
(17) En el año 2003, hasta noviembre, 13 hombres habían sido asesinados por su pareja, según los datos publicados por el Instituto de la Mujer.  
(18) Para evitarlo, es preferible incluso emplear otros términos. Por ejemplo, hombres que maltratan o han maltratado,  o mujeres que han sido maltratadas...
(19) Por ejemplo, en Puerto Rico, con una ley similar, las mujeres pueden elegir entre una gama de medidas de protección. 
(20) Sólo el 25% de las mujeres asesinadas el pasado año  habían presentado denuncia. En otros casos, las sentencias no se han cumplido, y ha habido mujeres asesinadas por hombres que cumplían condenas. Habrá que esperar para comprobar los resultados de la nueva ley de protección.
(21) Como confirma E. Echeburúa en Manual de violencia familiar, Siglo XXI.
(22) En muchos lugares no existe este recurso público, y en  donde lo hay resulta muy insuficiente. Ciudades como Bilbao o Sevilla tienen enormes listas de espera para que las mujeres puedan ser tratadas. El tratamiento terapéutico para hombres que han maltratado es todavía más escaso. Y prácticamente inexistente para hombres víctimas de maltrato y mujeres victimarias.  
(23) El 46% de quienes se han separado en los últimos 10 años señalan algún tipo de maltrato como razón para la ruptura.
(24) Con argumentos referidos a la poca eficacia y a la desigualdad en la que se encuentran las mujeres que sufren maltrato respecto a su agresor, con lo que pueden aceptar acuerdos que no les favorezcan. 
(25) Lo contaba, por ejemplo, Esperanza Rivero, psicóloga de las casas de acogida del Estado español y trabajadora durante 15 años en el Centro Asesor de la Mujer de Ciudad Real. Decía que desde el centro han mediado cuando la situación lo permite (PÁGINA ABIERTA,  febrero de 1998). Hay otros ejemplos de mediación, aunque sigue siendo modesto lo que se hace en esta dirección.
(26) Existen varias propuestas de contenido, aunque no difieren sustancialmente unas de otras.
(27) O peor aún, como sucede con los 300 euros que se le asigna sólo a quienes hayan solicitado orden de protección.
(28) Como contempla la propuesta del ministro Zaplana.