María Gascón
La regularización extraordinaria.Diferentes valoraciones
(Página Abierta, 160, junio 2005)
Cuando apenas han pasado dos semanas desde la finalización del procedimiento de normalización, nos encontramos ya con toda una serie de valoraciones sobre sus resultados. Todavía pasará un tiempo hasta que contemos con los resultados definitivos del proceso, por lo que no es prudente realizar una valoración prematura. De hecho, bastantes organizaciones sociales y partidos han preferido abstenerse de momento, y esperar a los resultados finales. No obstante, el número total de solicitudes presentadas (1) ya es un dato fijo que permite hacerse una idea de la envergadura de los resultados y de algunas de sus consecuencias.
Precisamente en relación con ese dato, los que lo han valorado más, además del propio Gobierno y los sindicatos CC OO y UGT (2), han sido algunas de las organizaciones de inmigrantes más representativas (3), para las que los resultados han superado las expectativas que tenían al inicio del proceso. Algunas de estas organizaciones han sido un motor crítico permanente de los aspectos más limitadores del proceso, gracias a la posibilidad de cierta participación directa en él, tanto por los contactos periódicos que han mantenido con la Administración como por su labor de proporcionar información y apoyo logístico a los inmigrantes para facilitarles la tramitación de sus solicitudes, en tanto que entidades colaboradoras. El apoyo de estas organizaciones al proceso no ha sido sin condiciones, y exigen ahora la inmediata aplicación del arraigo para ampliar la regularización a una cantidad de personas (familiares, sobre todo menores, y otros) que puede aproximarse a las 400.000, así como medidas reales de integración para este sector de la población.
Del lado opuesto se ha situado el PP que, con lágrimas de cocodrilo y varios años de retraso en mostrar algo de sensibilidad por la situación de los inmigrantes, ha lamentado «haber visto las colas, la angustia y la desesperación en las oficinas» (4), y ha cifrado en un millón los que se quedarán sin regularizar. Para quienes no hemos perdido la memoria sobre quién frustró con su mayoría aplastante la Ley 4/2000, la que más derechos reconocía a los inmigrantes y más flexibilidad ofrecía para su regularización, y promulgó las leyes y medidas más restrictivas que generaron cientos de miles de indocumentados, no podemos calificar esas declaraciones sino de cínicas, y denunciar que, una vez más, el PP instrumentaliza la inmigración en beneficio político propio, esta vez en forma de arma arrojadiza contra el Gobierno.
En la línea de la crítica al Gobierno se han situado también algunas organizaciones sociales que consideran que el proceso ha sido un fracaso al haber excluido de él a mucha gente que podía haber participado de haber sido más flexible, al cumplir con determinadas condiciones, como la de la estancia o la de la realización de un trabajo, pero no contar con los estrictos medios de prueba que el Reglamento exigía.
El hecho de que la mayoría de estas valoraciones se apoye no sólo en la cifra ya definitiva de solicitudes presentadas, sino en los cálculos relativos al número de extranjeros sin papeles que quedan fuera del procedimiento, unido al hecho de que las cifras que originan dichos cálculos provengan de las mismas fuentes (INE, MIR, MTAS [5], etc.), no deja de llamarnos la atención. Ello nos lleva a observar estas valoraciones con tanta curiosidad como su propio objeto y a preguntarnos a qué se debe que para unos la medida adoptada por el Gobierno haya sido un éxito y para otros un rotundo fracaso. ¿Alguien ha calculado mal? ¿Alguien miente? Al menos dos razones explican las diferencias.
El cálculo de las cifras
En primer lugar, los datos no han sido seleccionados siguiendo el mismo criterio. Cada cual ha elegido aquellos que han aproximado más el resultado a sus propias y previas convicciones. Parece que no ha prevalecido el afán por conocer y comprender la realidad, y buscar explicaciones a su complejidad y salidas a sus límites, sino el deseo de identificarse con un determinado campo político. Por cierto, refleja una realidad, permanentemente cambiante y complejísima, en la que la mayoría de los datos nunca son exactos al 100%, lo que obliga, en general, a ofrecer diferentes hipótesis si se pretende rigor, y a ser mucho más prudentes en las conclusiones definitivas.
Por poner un ejemplo de esta disparidad, mientras el Gobierno ha hecho sus cálculos sobre la base de la población en edad de trabajar –entre los 16 y los 65 años–, y a esta franja le ha aplicado la tasa de actividad establecida por la EPA (6), con lo que el número inicial de extranjeros indocumentados ha quedado reducido a aquellos que podían cumplir con el requisito de ocupar un puesto de trabajo, las organizaciones más críticas han estimado los totales de población extranjera indocumentada sin discriminación de edad, como si de una regularización general se tratase.
La diferencia entre un cálculo y otro no es pequeña. Mientras para el primero quedarían algo más de 100.000 personas sin regularizar, para las segundas éstas alcanzarían las 800.000. El PP afirma que serán más de un millón, aunque no nos explica sus cálculos.
Otra de las diferencias que distorsiona los resultados está en las fechas y periodos de los que se han tomado los datos, que son tremendamente variables de unos meses a otros, como lo demuestra el hecho de que en el primer trimestre de 2005 se hayan inscrito en el padrón unos 200.000 extranjeros, según el INE. Así, no es lo mismo tomar los datos de la población extranjera irregular a 7 de agosto de 2004, fecha a partir de la cual, si no se estaba empadronado, no era posible acceder al procedimiento, que tomarlos a 1 de enero o a 1 de abril de 2005.
Esta diferente utilización de las cifras, que forzosamente lleva a conclusiones tan dispares, no se explicaría sólo por la necesidad de acercar los resultados a las previas ideas y posiciones propias, sino también porque se juzga el resultado partiendo de hipótesis distintas, de objetivos diferentes, según se apoye la medida o no.
Distintos objetivos, distintas referencias
El Gobierno nunca dijo que fuera a abrir un procedimiento de regularización. Es más, explicó por qué estaba en desacuerdo con ello. Lo que dijo que iba a hacer es lo que ha hecho: legalizar puestos de trabajo sumergidos. Se le puede criticar por hacer eso y no lo primero, como de hecho muchas organizaciones sociales hicieron en su momento; pero lo que no se puede hacer es valorar el resultado de su acción como si de una medida distinta de la adoptada fuera. Por su parte, el Gobierno ha mantenido una actitud innecesariamente inflexible, tomándose sus propias palabras al pie de la letra y aparentando ignorar que lo que realmente estaba haciendo, algo muy loable, por cierto, y que era tratar de arreglar el desaguisado que le dejaba en herencia el PP: un millón de irregulares, la cifra más alta de Europa. Su empeño en no enfadar al PP más de lo imprescindible, quizás para no perder la posibilidad de lograr el anhelado –y necesario– Pacto de Estado para la Inmigración, le ha mantenido en unos límites excesivamente estrechos, incluso en relación con sus propios objetivos.
Un ejemplo –entre otros– que ha casado mal con la anunciada voluntad de facilitar la inclusión de los trabajadores inmigrantes en el proceso, ha sido limitar los documentos de prueba de estancia al empadronamiento, vulnerando el derecho de prueba, y desconsiderando que su carencia, en la mayoría de los casos, lo ha sido por razones ajenas a los inmigrantes. La parcial rectificación adoptada (7) apenas 15 días antes del cierre definitivo de ventanillas puede haber sido una de las causas de la avalancha de solicitudes en los siete últimos días, casi un 25 % del total. Habrá que esperar al final del recuento para ver cuántas de estas solicitudes de última hora cumplen con los requisitos exigidos o no, y por lo tanto, en qué medida pueden hacer variar el resultado final.
Aspectos positivos y negativos del proceso
El primer e indiscutible aspecto positivo es la propia adopción de la medida y su resultado provisional, que habrá permitido la regularización de más de medio millón de trabajadores extranjeros: sacar de la marginación y de la angustia a tantos miles de personas tiene un indudable valor. En 2002, el PP regularizó a 450.000 personas, sin exigencia de contrato de trabajo. La obligatoriedad en el actual proceso de formalizar el alta en la Seguridad Social servirá para hacer más difícil el abuso laboral, y para aportar a las arcas del Estado varias decenas de millones de euros al mes (8).
Un efecto positivo consecuente, cuya realidad sólo se podrá comprobar a medio o largo plazo, será la educación en el conocimiento, por parte de empleadores o empresarios y los propios inmigrantes, de los derechos de éstos –al menos los laborales–y la obligación de respetarlos. De esa forma, estarán más presentes los mecanismos de defensa laboral de la inmigración.
La otra cara de la moneda es la incógnita sobre si los sectores a los que pertenecen esos trabajadores soportarán el gasto o se lo harán pagar también a ellos y, por lo tanto, cuántos de esos contratos se renovarán dentro de un año y cuántos trabajadores quedarán de nuevo en la irregularidad si no pueden renovar sus permisos.
El perfil de la contratación pone de manifiesto una realidad interesante y preocupante a la vez: una tercera parte de las solicitudes (9) lo ha sido para el servicio doméstico (10). Interesante, porque desvela una creciente necesidad social, que es el apoyo al entorno familiar que hoy recae fundamentalmente en el ámbito de lo privado, y preocupante por el riesgo de identificación de un trabajo de servicio con el origen nacional o un fenotipo determinado.
Un aspecto negativo por defecto ha sido la no inclusión de los menores de edad entre los regularizables, contradiciendo la protección total de sus derechos que el Estado les debe garantizar. Esto ha traído nefastas consecuencias en la Comunidad de Madrid, donde muchos han perdido el curso o han tenido que abandonar definitivamente sus estudios al ser expulsados por no acreditar residencia.
Esta omisión –entre otras– ha sido consecuencia del criterio de selección para el procedimiento: estar trabajando. Lo que ha visibilizado aún más el principio de legitimación de la inmigración como mano de obra, que es uno de los pilares de la legislación de extranjería desde sus inicios, por lo que no cabe achacárselo exclusivamente a este procedimiento.
Pero la aplicación de ese criterio también ha demostrado que la inmigración es social y económicamente necesaria, que no ocupa un lugar por derecho propio en el desarrollo de la sociedad, y que, por lo tanto, se debe atender también a sus propias necesidades si se pretende que siga desempeñando ese papel sin conflictos. De ahí que lo que también pone de manifiesto este procedimiento es la necesidad de abordar con urgencia medidas de integración reales, poner dinero sobre la mesa (ya lo han puesto los inmigrantes con su trabajo) para atender a la educación de sus hijos, a sus necesidades sanitarias, a su vivienda, etc., y pensar en ellos no sólo como fuerza de trabajo, sino como ciudadanos de hecho a los que se deberá proporcionar la posibilidad legal, política y social de serlo de derecho.
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(1) 687.138.
(2) Principales valedores del proceso de entre las entidades sociales partícipes.
(3) AESCO, ACULCO, ACHE, ARI-PERU, FEDROM, Federación Panafricana de Comunidades Negras en España, FENADEE (Madrid), RUMIÑAHUI y VOMADE. ATIME también ha mostrado su satisfacción por los resultados.
(4) Declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría.
(5) Instituto Nacional de Estadística, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
(6) Encuesta de Población Activa. Tasa, 70%.
(7) El empadronamiento por omisión, que permitía la inscripción en el padrón aportando 7 documentos diferentes como medio de prueba de estancia.
(8) Sobre las estimaciones más optimistas, se calculan 118 millones al mes.
(9) 31,67% del total: 217.627. 181.500 mujeres y 36.127 hombres.
(10) 83,40% mujeres.