María Eugenia R. Palop
Inmigrantes irregulares y refugiados:
antes muertos que enfermos
(Zona Crítica/eldiario.es, 30 de agosto de 2014).

Hace dos años que entró en vigor el fatídico Real Decreto 16/2012 por el que perdieron su tarjeta sanitaria más de 870.000 personas. Los inmigrantes irregulares, cosificados y criminalizados, quedaron excluidos de la sanidad pública con escasas excepciones. A fin de garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y de mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, como reza el RD, sus vidas fueron simplemente canjeadas por las nuestras.

Y después de estos dos años ahí seguimos y persistimos como el rayo que no cesa. De nada han servido las denuncias de Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y la Red Acoge, que han recordado al Estado español que tiene obligaciones legales en materia del derecho a la salud, también con respecto a las personas migrantes en situación irregular. Desprecio absoluto por la marea blanca de personal sanitario, que organizó su indignada disidencia alrededor de plataformas como Yo Sí, Sanidad Universal. Oídos sordos a las palabras del Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, que calificó la reforma sanitaria como un hecho lamentable. Oídos sordos frente a los seis Relatores Especiales y Expertos Independientes de Naciones Unidas que recordaron al Gobierno español que las normas básicas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales. Oídos sordos al Comité de Derechos Económicos y Sociales del Consejo de Europa, que destacó que la reforma era contraria a la Carta Social Europea, de la cual España es Estado parte. Oídos sordos.

En abril de este mismo año, un auto del Tribunal Constitucional restauraba la validez de la Ley Navarra de Asistencia Sanitaria, que garantizaba la atención a inmigrantes en situación irregular, señalando que el derecho a la salud "no puede verse desvirtuado por la mera consideración de un eventual ahorro económico". En diciembre de 2012, el alto tribunal se había pronunciado en este mismo sentido sobre la suspensión cautelar de la normativa del País Vasco, y aún tendrá que resolver algunos otros recursos de inconstitucionalidad.

Sin embargo, una vez más, se impuso el ostracismo de este gobierno de insignes humanistas. El texto constitucional se utiliza heroicamente en el caso catalán, en defensa de la unidad del Estado y de la Monarquía, se apela a su articulado para desmantelar la ley de igualdad, la de violencia de género, la del aborto o el matrimonio homosexual, pero, señores, si se trata de aplicarlo en perjuicio de los intereses económicos de unos pocos, entonces ni Constitución, ni nada.

Y todo esto a pesar de que hace tiempo que sabemos, por CEAR y por el propio FRONTEX, que una buena parte de las personas que llegan a nuestras fronteras son refugiados (no inmigrantes) que huyen de la pobreza, los conflictos, la discriminación, la violencia sexual, y otros muchos tratos inhumanos y degradantes. En su calidad de refugiados estas personas tendrían derecho a pedir asilo, y, en todo caso, a ser asistidos de inmediato por un intérprete y un abogado. España, sin embargo, los recibe con concertinas, palizas y expulsiones “en caliente", violando a diario la Ley de Extranjería y la legislación internacional sin que a nuestros gobernantes se les mueva una ceja.

La cuestión es que, según el Ministro del Interior, nuestro perímetro fronterizo no es España así que no se está cometiendo delito alguno, y aunque la defensoría del pueblo le ha intentado convencer de lo contrario, al PP le duele España, incluso cuando no sabe bien ni donde empieza ni donde acaba. Lo que tiene muy claro, eso sí, es que una cosa son "ellos" y otra "nosotros"; que "nosotros" somos "españoles" y que ese privilegio no podría extenderse a los "otros" sin perder todo su valor. Los "otros" ni siquiera tienen derecho a tener derechos, como diría Arendt, porque la ciudadanía es el expediente de exclusión por el que algunos hemos accedido al banquete de la naturaleza donde los cubiertos están contados.

En todo caso, saber dónde empieza y acaba España tampoco es tan importante porque si se nos escapa alguno de estos irregulares y logra acceder al territorio español (ya reconocido), lo encerramos en uno de esos CIE donde cientos de personas viven hacinadas y en condiciones infrahumanas, en un régimen prácticamente carcelario, solo por haber cometido una infracción administrativa, por ser un sinpapeles.

Pasado un tiempo, si no lo sacamos del CIE para deportarlo en algún avión hacia ninguna parte y consigue salir de este circuito, el irregular tiene tres largos años por delante para merecerse el arraigo. Tres años para vagar por las calles, comer lo que pueda (eso sí, pagando religiosamente el IVA que mantiene nuestro sistema sanitario) y, fundamentalmente, luchar por no ponerse enfermo. Porque a no ser que se trate de un menor o de una mujer embarazada, el sistema público de salud solo le atenderá si requiere atención urgente. Ni prevención, ni diagnóstico, ni tratamiento, ni recuperación...nada de nada, salvo que esas calles estén situadas en las Comunidades Autónomas que han decidido incumplir el RD.

En fin, irregulares, refugiados, personas-mercancías en sus países, en nuestras fronteras y en territorio español, apaleadas en las vallas, desangradas en las concertinas, encerradas en los CIE, esclavizadas (con suerte) en la economía sumergida, siempre sospechosas, y eternamente sometidas a un inútil control policial, a las que animamos a salir de sus escondites con los pies por delante, antes muertas que enfermas. Pero ya lo dijeron algunos: "Todo avance exige aplastar flores inocentes en el camino y cuando los muertos hablan, no hay más remedio que rematarlos a base de olvido".