Las cortes de justicia argentinas han retomado la investigación sobre los crímenes durante la ultima dictadura militar en la nación. Estos juicios marcan un hito en derechos humanos y son una de las tentativas de mayor alcance para traer a los crímenes del sangriento pasado de América Latina ante la justicia.

            Por más de tres décadas, sobrevivientes y familiares esperaron el juicio que, finalmente, comenzó el 11 de diciembre del 2009. Durante la dictadura en Argentina de 1976 a 1983, la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA sirvió como centro clandestino de detención, usado para torturar y desaparecer a miles de personas. Actualmente, diecisiete ex oficiales de la ESMA enfrentan cargos por abusos a los derechos humanos, tortura y muerte.

            El juicio a la ESMA fue programado para comenzar en Noviembre, pero fue pospuesto a pedido de la defensa. Entre los que están enjuiciados figuran Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Ricardo Cavallo y Adolfo Donda, citados por los grupos de Derechos Humanos como los represores más brutales y siniestros de las fuerzas argentinas de seguridad. En total, trece marinos, dos policías, un guarda costero y un oficial del Ejército están siendo enjuiciados.

            Más de doscientos testigos darán testimonios en este juicio histórico. Los grupos de derechos humanos han enfatizado la necesidad de proteger a los testigos, luego de una ola de amenazas y la desaparición de un testigo clave, Jorge Julio López, hace tres años. Inclusive la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ha apoyado los juicios a los militares vinculados a los crímenes cometidos durante la dictadura, ha recibido amenazas. Mientras viajaba en el helicóptero presidencial, la señal de radio de tránsito del helicóptero fue interceptado casi en el mismo momento exacto en que se abría el juicio de la ESMA. Voces anónimas fueron transmitidas diciendo las palabras "mátenla", seguidas por el himno militar que se tocó cuando Jorge Rafael Videla asumió el poder en el golpe de estado del 24 de marzo de 1976. El Ministro del Interior Aníbal Fernández dice que las amenazas podrían estar "estrechamente ligadas" al juicio a la ESMA:

ESMA, símbolo del terrorismo de Estado

            Durante la dictadura militar argentina de 1976 a 1983, más de 30.000 personas fueron desaparecidas. Secuestradas por grupos comando en medio de la noche que se los llevaban a centros clandestinos de detención. El más grande y notorio centro de tortura, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires aún se erige hoy, pero como museo para recordar a la nación del terror de los regímenes de facto.

            Victor Basterra dentro de la ESMA. Víctor Basterra está entre los "afortunados" que sobrevivieron a la tortura en la ESMA, donde estuvo detenido desde 1979 a 1983. Mientras camina por el sótano de los Cuarteles de Oficiales, Basterra recuerda el lugar donde él y otros detenidos padecieron un terror inimaginable. Señala un pequeño cuarto: "A esta área le decían 'la huevera', porque, aparte de los paneles insonóricos que tenía, estaba todo forrado con envases de huevos para que se ahogaran los gritos".

            Oficiales navales, junto con otros grupos policiales y militares, diseñaron un complejo sistema para la desaparición forzada de personas usando las instalaciones de la ESMA. La mayoría de los prisioneros fueron detenidos en los Cuarteles para Oficiales donde vivían oficiales de alto rango, mientras mujeres y hombres eran torturados en el sótano y altillo.

            "Tenían distintos equipos de torturadores", dijo Basterra. "Había equipos de torturadores de la policía federal, de la prefectura, del servicio de inteligencia naval y del servicio penitenciario federal. Rotaban, pero siempre estaban en actividad. Más cuando tenían un prisionero que tenía un tipo de información. Podían llegar a darle días. A mí me torturaron dos días sin parar. Permanentemente ellos estaban rotando porque se cansaban, los tipos".

            Los sobrevivientes a la tortura de la ESMA proporcionaron mucha de la información de lo que se conoce sobre cómo operaba la ESMA. Basterra, que testificará en el juicio, tomó fotos de oficiales y prisioneros durante su detención en la ESMA, arriesgando su vida para sacarlas de contrabando para proporcionar más tarde evidencia para los juicios. Las fotos fueron usadas en el primer Juicio a las Juntas en 1985.

            Este juicio incluyó sólo un puñado de los militares involucrados en el complejo entramado de la tortura dentro de la ESMA. Más de cinco mil personas fueron detenidas y desaparecidas en la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA. Cientos de oficiales, cadetes y oficiales de alto rango trabajaron en lo que fue comparable a un campo de concentración.

            Juan De Wandelaer, del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) dice que el juicio a la ESMA es un caso que marca un hito para Argentina. "La marina nunca ha sido tocada por juicio. La ESMA es un edificio simbólico que tiene mucho peso para la sociedad. Es un lugar donde pasaron miles de personas, la mayoría fueron tiradas al mar adormecidas desde aviones."

            "Es un juicio donde hay más de un acusado. Muestra la forma de funcionamiento de la ESMA por que hay prefectos, hay policías, hay civiles. En ese aspecto, es importante este juicio porque va desmontar un poco más la pared de la impunidad."

Juicio que marca un hito

             Tambien se usó la ESMA como sala de maternidad. Muchos de los crímenes que el juicio examinará fueron presentados previamente en la corte a mediados de los 80. Los represores disfrutaron de libertad por mas de veinte años gracias a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final aprobadas a principio de los 90, los que impidieron cualquier enjuiciamiento exitoso de ex-militares por violaciones de derechos humanos por parte de los cortes.

            Apropiadamente llamado "el ángel rubio de la muerte", Alfredo Astiz tenía 22 años cuando se infiltró entre las Madres de Plaza de Mayo, haciéndose pasar por hermano de uno de los desaparecidos. El marcaba a las víctimas besándolas afuera de la Iglesia Santa Cruz. El 8 de diciembre de 1977, las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Esther Careaga y María Eugenia Ponce fueron secuestradas de la Iglesia Santa Cruz junto a otras ocho personas. Azucena Villaflor, otra madre fundadora fue secuestrada afuera de su domicilio unos días después. Las tres mujeres fueron llevadas a la ESMA y luego arrojadas al mar en los vuelos de la muerte. El Equipo de Antropología Forense Argentino identificó sus cuerpos en el 2005. Astiz fue juzgado en Argentina en 1985 pero las leyes de amnistía detuvieron los procedimientos. Desde entonces, ha estado sentenciado a prisión de por vida por un tribunal de Francia en relación con la desaparición de lasl monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon.

            En el tribunal, Astiz usó jeans, un sweater azul marino y una siniestra sonrisa. Durante los alegatos de apertura, que incluyeron más de ochenta acusaciones de desapariciones forzadas, tortura y violaciones, los acusados estaban sentados bajo el escrutinio de docenas de medios informativos que filmaban y tomaban fotos. Luego de siete horas de acusaciones, mientras los ex oficiales eran esposados para ser transportados a sus celdas carcelarias, activistas de derechos presentes en el salón cantaban: "Como a los Nazis, les va a pasar". Astiz miró a los activistas y, con una sonrisa, exhibió el libro que había optado por leer durante el juicio: "Volver a Matar", de Juan Bautista Yofré, ex-jefe de la Agencia de Inteligencia del Estado. Los defensores de los derechos respondieron "30.000 desaparecidos – ¡Presentes! Ahora y Siempre".

            Fuera de los tribunales, sobrevivientes y familiares reiteraron la necesidad de mantener viva la memoria historica y buscar la verdad.

            "Trataron de negarnos justicia por tantos años", dijo Enrique Fukman, un sobreviviente de la tortura detenido en ESMA. Fukman habló a cientos de presentes en la apertura del juicio, expresando su alivio de que el juicio hubiera comenzado. Otra sobreviviente de la ESMA, Graciela Daleo dijo que "los oficiales militares que decidieron quién viviría y quién moriría son ahora vulnerables en el sistema de justicia. Aquéllos de nosotros que sobrevivimos a la detención, al volver de la ESMA por primera vez colectivamente comprendimos el poder de esos edificios, porque esos edificios alojaron a la gente dueños de la vida y la muerte. Ahora son ellos los que son fotografiados y esposados".

Justicia lenta y retrasada

            Desde que la Suprema Corte anuló las leyes de amnistía que impedían a las cortes juzgar a oficiales involucrados en abusos a los derechos durante la dictadura, comenzaron veintiseis juicios y cincuenta y ocho ex oficiales militares y policiales han sido sentenciados hasta ahora. Carolina Varsky, abogada de derechos humanos y directora del Centro para Estudios Legales (CELS) dice que "aunque la justicia ha sido lenta, los abogados deben seguir procedimientos estrictos para asegurar que las sentencias cumplidas sean largas. Argentina ha progresado en los juicios, usando su propio sistema judicial y no un tribunal internacional. Aunque estamos orgullosos que podemos llevar adelante la justicia en nuestro propio país, ojalá los juicos fueran más rápidos. Porque los familiares de las víctimas están muriendo, los que fueron nuestros represores están muriendo. El número de acusados que no han testificado porque fueron declarados incompetentes o que han muerto antes de ir a juicio es bastante alto".

            Unos grupos se manifiestan fuera del juzgado. CELS es una organización de derechos humanos formada en 1979. El empuje del CELS por Juicios de la Verdad en los 90, cuando la justicia no era posible bajo la ley de amnistía, llevaron a la Corte Suprema a tomar la decisión en el 2003 de cambiar las leyes. "Debemos seguir las reglas de juego de las cortes. La dificultad es presentar evidencia ante las cortes 33 años después que los hechos reales se produjeron, y luego que el Estado destruyó mucha de la evidencia, quemando papeles que podrían incriminar a los militares", dice Varsky.

            El trabajo persisten de sobrevivientes, familiares y propulsores de los derechos humanos en las últimas tres décadas ha resultado en la recolección de aplastante evidencia y más personal militar enfrentará juicios en el próximo año. Los procedimientos en el juicio a la ESMA se espera concluirán en un período de seis a ocho meses. "Estos no son los juicios que queremos, pero son los juicios que tenemos", dijo Daleo, deseando que "los grupos de derechos humanos puedan continuar haciendo avances contra la impunidad por crímenes contra la humanidad":

            Los derechos humanos siguen siendo una herida abierta para gran parte de Latino América, especialmente los países que sobrevivieron a dictaduras militares brutales en los 70 y 80, tales como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

            Patrick Rice, un ex sacerdote irlandés detenido por un grupo comando en una villa de emergencia de Buenos Aires en 1976, dijo que mientras muchos países han avanzado en la búsqueda de justicia para crímenes cometidos por juntas militares, algunos países aún tienen leyes de impunidad que protegen a los militares. "Tenemos una situación ambigua en Latino América respecto a derechos humanos, con un golpe en Honduras y bases estadounidenses en Colombia. Ha habido un número de gobiernos progresistas en Chile, Brasil y Bolivia que han avanzado a zancadas en el amplio sentido de los derechos humanos. Argentina está llevando un claro liderazgo en derechos humanos, con sus juicios a crímenes cometidos en el pasado. Esto es muy esperanzador para Latino América".

            El juicio a la ESMA es un bienvenido paso hacia la justicia; sin embargo, queda mucho por saberse sobre el paradero de 30.000 personas que fueron desaparecidas por la fuerza. Los militares argentinos continúan negándose a los pedidos de los abogados por derechos humanos para dar a conocer archivos e información ultra secreta sobre los crímenes que cometió el golpe militar. La desaparición del testigo Jorge Julio López en el 2006 ha vuelto a encender dolorosos recuerdos de represión selectiva con impunidad y temores sobre la posibilidad de repercusiones violentas contra sobrevivientes y testigos que participan en los juicios sobre derechos humanos.

            A pesar de las claras evidencias que llegan a la conclusión que miles de oficiales estuvieron involucrados en los crímenes contra la humanidad y desapariciones, sólo 280 ex oficiales están enfrentando juicios, y muchos de los que están acusados de crímenes están bajo arresto domiciliario en vez de esperar el juicio en la cárcel. Sin las décadas de dedicación por parte de los sobrevivientes, familiares de las víctimas y defensores de los derechos humanos, asesinos convictos como Alfredo Astiz podrían no haber sido jamás juzgados en el país donde cometieron los crímenes. Aunque hay esperanzas para Latino América, aún en Argentina los juicios por derechos humanos tienen un alcance limitado en la lucha contra la impunidad.

Para mayor información

Capellán enfrenta juicio por crímenes durante la dictadura militar en Argentina
http://www.ircamericas.org/esp/4441

¿Por qué Pinochet divide a los chilenos?
http://www.ircamericas.org/esp/3799

La extradición de Alberto Fujimori: implicancias y perspectivas
http://www.ircamericas.org/esp/4758

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Marie Trigona es una periodista con base en Argentina y escribe regularmente para el Americas Program (www.americaspolicy.org).

Cita recomendada:
Marie Trigona, "Caso sobre derechos humanos en Argentina que marca un hito lleva a juicio a la tortura," Programa de las Américas Reporte (Washington, DC: Center for International Policy, 13 de enero de 2010).

Ubicación en Internet:
http://ircamericas.org/esp/6649

Información de producción:
Escritor: Marie Trigona
Traduccion: María Luisa Etchart
Editor: Michael Collins
Producción y diseño: Chellee Chase-Saiz