Miguel Laparra
Un sistema más ágil que se adapte a la complejidaddel proceso migratorio
Entrevista realizada por Txema Mauleon
(Hika, 166 zka. 2005ko maiatza)
En tu estudio, se afirma que en Navarra contamos ya con 35.000 personas inmigrantes, habiéndose incrementado el número de personas que llega cada año hasta una cifra de entre 7.000 y 10.000 personas. ¿Qué estimaciones se realizan para los próximos años? ¿Hasta qué límite se calcula que puede llagar, si es que cabe hablar un límite?
MIGUEL LAPARRA. Empiezas por lo más difícil. Da la sensación de que el flujo de entrada es un poco menor, pero me imagino que seguirá siendo más de 5.000 anuales. Va a depender mucho del mercado de trabajo. Cabe pensar que el modelo de desarrollo que ha recogido hasta ahora el grueso de esta población se va a estabilizar y, si bien es cierto que todavía hay muchas necesidades tanto en la agricultura como en el sector servicios, a medio plazo se prevé un cuello de botella en el sector industrial, lo que hace pensar que una parte de la población inmigrante ocupará esos puestos de trabajo. En los últimos años, hemos tenido un ritmo de llegada de dos personas por cada 100 habitantes, lo cual es un ritmo muy alto, difícil de mantener en ese sentido; lo más probable es que, pese a lo difícil que resulta la previsión en una situación de tan alta irregularidad, se estabilice en torno a una persona por cada 100 habitantes, lo cual es un ritmo importante.
En tu estudio se habla también de una carencia importante en la Ley, de cara a facilitar la regularidad de las personas inmigrantes. ¿En qué ha fallado la ley, y cómo ve las nuevas medidas del gobierno del PSOE?
M.L. Ha sido un fracaso si tenemos en cuenta las dos promesas o los dos objetivos con los que nacía la Ley, esto es, que llegasen menos inmigrantes y en situación regular, que es lo que prometió el gobierno del PP. Lo cierto es que durante estos años ha llegado más población que nunca antes en la historia del Estado español y, encima, la inmensa mayoría en situación de irregularidad; todo ello, marcado por un discurso de tinte xenófobo, creando una fuerte alarma social.
El problema es que, aunque la Ley tuviera unos objetivos pretendidos y aunque no haya pruebas de ello, probablemente en el fondo lo que se buscaba es lo conseguido, es decir, la llegada de un buen número de inmigrantes, que presionara los sueldos a la baja y satisficiera las demandas de ciertos sectores económicos que sufrían situaciones particulares de presión sindical, necesidad de mano de obra barata...
El sistema de puertas abiertas, en un contexto internacional como el actual, creo que resulta inviable; ahora bien, creo que es posible una política de control de flujos que consiga que la inmensa mayoría de la población inmigrante esté regularizada. Para ello, el sistema actual de regularizaciones extraordinarias supone un parche que se produce cada cierto tiempo. El problema de la irregularidad hay que verlo en la sociedad de acogida y en la existencia en el mercado de trabajo de espacios que no son regulares.
Hoy, la mayoría de inmigrantes vienen para trabajar, inicialmente en el sector doméstico y en la agricultura, donde hay una alta permisibilidad en cuanto que no son trabajos regulares; de esta manera, el inmigrante sabe que, cuando llega, tiene la posibilidad de trabajar de manera irregular en esos sectores e ir tirando hasta que construye su estrategia de mejora de vida.
¿Cuál sería el modelo adecuado de regularización?
M.L. Con el paso del tiempo, el proceso migratorio se va haciendo más complejo, y ya hoy los motivos de inmigración no son exclusivamente laborales sino que hay otros motivos que ya están funcionando de hecho, como las reagrupaciones familiares, motivos de estudio, etc.
Hoy día, sabemos que más del 80% de la población inmigrante llega a través del aeropuerto y con visado de turista. Por tanto, aunque un control de los flujos migratorios es imposible, si el sistema de regularización fuera más sencillo, podríamos conseguir que la inmensa mayoría de la llegada de inmigrantes fuera regular, y no como hoy, que es a la inversa. Hoy, la gente está utilizando el visado de turista como un sistema para, en unos meses, encontrar trabajo y, en algunos casos, si no lo encuentra, se vuelve a su país; pero las cifras son muy pequeñas, en la medida de que existe miedo a no poder volver, dado el complejo sistema burocrático y la precariedad del sistema de regularización.
Yo creo que tenemos que ir por la vía de un sistema más ágil que se adapte a la complejidad del proceso migratorio. Si pensamos en algo sobre lo que quizás hemos reflexionado poco, esto es la inmigración interior, por ejemplo en el caso de la gente que venía de otras comunidades a trabajar al sector agrícola y donde no había irregularidad, la opción elegida por las personas ha sido muy variable: unos elegían durante muchos años venir por temporadas y luego volverse; otros se han quedado definitivamente; y otros, incluso, después de años de vivir aquí, se han vuelto a sus lugares de origen; era además un proceso complejo en el sentido de que muchas personas conseguían dinero con el que comprar tierras, arreglar sus casas, etc. Esto quiere decir que, si la ley es capaz de adaptarse a la complejidad, será capaz de darle más cobertura legal a esa realidad.
Una conclusión que me ha parecido muy preocupante de su estudio es el dato de que 4 de cada 10 inmigrantes no encuentra trabajo después de 9 meses desde su llegada. Ante esta situación, ¿cómo sobreviven estas personas y qué medidas se podrían poner en marcha para paliar esta situación?
M.L. De este asunto tenemos poca información. Sabemos que una parte importante está accediendo a la Renta Básica, y que de esa manera resuelve las situaciones más dramáticas. Otras, en la medida en el que ya tienen lazos familiares, se benefician aquí de esa solidaridad familiar; y otras sabemos que están cayendo en cierta marginalidad, buscándose la vida como pueden.
En un sistema regulado, y de hecho ya hay experiencias en otros países, si calculas más o menos la gente que va a venir y que es necesaria, se puede ofrecer un conjunto de prestaciones, desde ayudas económicas, alojamiento, formación, etc. Hay que tener en cuenta que una persona autóctona que se incorpora al mercado laboral hacia los 20 años, su integración al mercado laboral ha supuesto un desembolso a razón de un millón de pesetas al año. Pretender que una persona llegue y que se incorpore al mercado laboral no deja de ser una ilusión económica poco realista.
No se trata de que nada más llegar todo sea Jauja pero, de ahí a la nada que supone la irregularidad de hoy, habría muchas cosas por hacer para beneficio mutuo, para el que llega y para la sociedad de acogida.
Aunque ha aumentado, ustedes constatan que sólo un 9% de la población inmigrante cuenta con vivienda en propiedad; sin embargo, existe cierta sensación social de que estas personas resultan especialmente beneficiadas en la adjudicación de Vivienda Protegida. ¿Qué hay de cierto en todo ello? ¿Estamos ante un claro ejemplo de xenofobia o cuando menos de actitudes xenófobas?
M.L. Actualmente, aunque los datos sobre el porcentaje de población que está accediendo a viviendas protegidas no se facilita, en su día se facilitaron de manera muy parcial una serie de datos que fueron utilizados de manera torpe por algunos medios de comunicación. Si tenemos en cuenta que el 95% de la población autóctona accede a una vivienda en propiedad frente al 9% de la población inmigrante, hablar de agravios comparativos parece bastante ilógico. Lo sorprendente de estos años es que se ha dado alojamiento a casi 40.000 personas sin que hayan aparecido fenómenos de chabolismo, etc. En su inmensa mayoría, los inmigrantes se han alojado en segundas viviendas que han entrado en el mercado del alquiler, en viviendas viejas que la población autóctona considera no aptas pero que esta población se adapta a ellas (entre otras cosas, porque no les queda más remedio), y un pequeño porcentaje accede a la propiedad. Ahora bien, como los alquileres están tan caros y el sistema ofrece muy poca vivienda en alquiler barato, el inmigrante, como está ocurriendo entre la población autóctona, empieza a intentar adquirir una vivienda en la medida en que sale más barata la hipoteca que el alquiler, y de esa manera la lógica que se aplica es la siguiente: "aunque dentro de unos años me vaya, si posteriormente vendo el piso, eso que tengo ahorrado".
Ustedes constatan una importante concentración de alumnado inmigrante en la escuela pública, así como un importante fracaso o abandono escolar. ¿Qué está fallando y qué se puede hacer para remediarlo?
M.L. Hay que estudiar más el tema. Ahora mismo hay dos hipótesis posibles. La primera induce a pensar que este índice de fracaso escolar se debe en gran parte al desarraigo sufrido por el cambio de residencia, la llegada a un país nuevo e incluso unos sistemas educativos de origen más deficientes y en algunos casos problemas con el idioma. Si ésta fuera la cuestión principal, la cosa no sería excesivamente grave, en la medida en que es un fenómeno pasajero hasta que el grueso de los niños que se escolaricen sea de segunda generación, es decir, nacidos aquí. Por eso es demasiado pronto para decir que exista un fracaso del sistema educativo para con los escolares inmigrantes. Si esa es la hipótesis fundamental, habría que ensayar lo que ya se hizo en los años 80 de intentar ampliar al máximo la oferta educativa orientada hacia modelos de talleres profesionales, de tal manera que formen a esta población todo lo posible y con una orientación de inserción laboral.
En todo caso, como te decía, creo que es un fenómeno a estudiar a fondo, porque si realmente barajamos la segunda hipótesis, es decir, la inadaptación del sistema educativo a las necesidades de esta población, habría que tomar medidas lo más inmediatamente posible.
En el ámbito de la salud destaca un mejor uso de los recursos sanitarios. ¿Quedan cuestiones pendientes de mejorar? Por otro lado, existe cierta sensación de que las jóvenes inmigrantes cuentan con una tasa más alta de embarazos no deseados. ¿Es esto cierto? ¿En qué situación se encuentra la educación sexual entre este colectivo?
M.L. Parece ser que efectivamente se está universalizando el acceso a la salud; ahora bien, hay que tener en cuenta que, como fruto de la desinformación, es gente que llega a una sociedad nueva en la que no conocen como funcionan los sistemas públicos. Se está detectando algún uso no eficiente del sistema, como por ejemplo la excesiva utilización de las urgencias sanitarias, lo que quiere decir que hay una necesidad de informar a este colectivo del funcionamiento del sistema sanitario.
El segundo aspecto que me preguntas tiene que ver más con la prevención y la educación para la salud; es obvio que los colectivos de inmigrantes, como del resto de la sociedad, deben ser objeto de actuaciones decididas en materia de prevención.
Si bien todos los colectivos de inmigrantes padecen algún tipo de discriminación, lo cierto es que el colectivo del Magreb, tanto por los datos referidos al empleo como por la percepción subjetiva de ellos mismos, parece ser más discriminado. ¿Hay pruebas de la llamada islamofobia? ¿Puede haber también en este fenómeno cierta voluntad de aislacionismo de una parte de la población de confesión islámica? ¿Puede el 11-M agravar este fenómeno? ¿Por dónde podemos incidir para evitarlo?
M.L. Las diferencias en cuanto a las nacionalidades se han acortado en lo que se refiere al empleo y la vivienda. Ahora bien, en especial con los argelinos se ve que el proceso para la integración no ha cuajado; de hecho, es uno de los colectivos con más disposición a volverse. En parte, porque es un modelo de inmigración diferente de los demás.
De todas maneras, hay mucho de artificial en el análisis de estos hechos, en las razones por las que se puede entender este fenómeno, cuánto de eso se debe a distancia cultural objetiva y cuánto de eso se debe a un mito construido socialmente, sobre la identidad nacional que se construye tras la reconquista frente a los moros, etc.
Finalmente, constatáis que las ONGs y los sindicatos son las entidades que más atienden a la población inmigrante. ¿Qué papel crees que deben jugar estas organizaciones y qué papel los ayuntamientos en la atención a la persona inmigrante?
M.L. La proporción de las personas que han visitado los servicios sociales ha aumentado. La tendencia es positiva, y además no creo que haya problemas de duplicidad; lo que sí hay, en todo caso, es un problema de articulación de la intervención. Lo que no tienen sentido es que cada uno haga pequeñas intervenciones sobre los mismos casos.
En todo lo que es tarea de primera acogida, de información, de trabajo, con los problemas que aparecen, se está haciendo muy poco; ahora lo que se soluciona es sólo lo de los papeles. Hay trabajo para todos; en todo caso, lo que convendría es pensar mecanismos de articulación.
Sería recomendable abordar ya el aspecto político. Es decir, hay 40.000 personas que no tienen derechos políticos, y esto sí que me parece grave. Pagan impuestos, tasas de basuras, contribuciones urbanas, pero no eligen a sus gobernantes: eso es un déficit en cuanto a la democracia. Como mínimo, habría que empezar a desarrollar consejos de participación que tengan en cuenta a los inmigrantes.
NOTA: Miguel Laparra es profesor de la UPNA y autor de Evaluación y situación actual de las familias inmigrantes extracomunitarias en Navarra.