Nos quedamos atónitos al leer la noticia.  Parece un chiste malo porque una ley así sólo se concibe en una república bananera. Pero no, no es ningún chiste. Una enmienda del grupo popular a la nueva Ley de Calidad permitirá a las empresas paralizar la publicación de informes cuando no estén de acuerdo con los resultados de los mismos. Los resultados de los informes contrarios a los intereses de las empresas no podrán ver la luz hasta que éstas puedan presentar un informe alternativo, y si el resultado de los dos informes resulta contradictorio habrá que esperar a que un tercer informe los desempate. No se trata de comprobar si el informe en cuestión es erróneo o incompleto, para la cual lo mejor es someterlo al escrutinio público lo antes posible, sino de ganar tiempo para poder ‘contrainformar’. Espeluznante.

La investigación independiente, cualquiera que sea su naturaleza, juega un papel esencial como garante de la transparencia y el bienestar social, al revelar factores que amenazan cualquiera de sus componentes, sea la salud pública (impacto de la contaminación ambiental  y modos de vida sobre la salud humana, efectos de ciertas políticas sobre el bienestar o la educación), el patrimonio común (degradación del medio ambiente, pérdida de biodiversidad, externalización de costes en producción y transporte de bienes, malversación de fondos en casos de corrupción) o los derechos humanos (torturas, esclavitud encubierta). La propuesta de enmienda del Gobierno atenta contra la libertad de investigar y publicar los resultados. Esta censura es completamente incompatible con la esencia no sólo de la investigación científica, sino de los controles de calidad y fraude en general, e incluso del propio periodismo. La cuestión es por tanto muy grave, y nos retrotrae a tiempos y prácticas que creíamos superados definitivamente.

Tomemos un ejemplo bien documentado. Es de sobra conocido que ciertos metales pesados son nocivos para la salud. A nadie sorprende, por tanto, que la Secretaría General de Pesca Marítima (SGPM) firmase un convenio específico de colaboración con el Instituto  Español de Oceanografía (IEO) para “ el estudio del arsénico y los metales pesados en pescados y mariscos de interés comercial”. Si los pescados y mariscos contuviesen altas concentraciones de metales pesados nocivos el ciudadano debería ser informado de ello. El consumidor podría querer utilizar esta información a la hora de determinar qué pescados comprar. Incluso, en países donde la salud del consumidor es una prioridad política, el gobierno podría prohibir la pesca y comercialización de especies con altas concentraciones de metales pesados, o al menos recomendar a ciertos grupos de riesgo (como mujeres embarazadas y niños) que limiten su consumo.

Lo que es bueno para la empresa privada no es necesariamente bueno para la sociedad, como explicábamos en otro post. Otro tanto puede decirse sobre las élites del poder, que con frecuencia están más interesadas en mantenerlo que en velar por el bienestar de la sociedad. No es, por tanto, sorprendente que la industria y el establishment se resistan a la publicación y divulgación de información que puede perjudicar sus intereses. Que ejerzan presiones sobre los medios de comunicación para que filtren  la información antes de publicarla. Por ejemplo: Intermón Oxfam acaba de publicar un informe que enfatiza la obligación de las empresas a respetar los derechos humanos independientemente del lugar en que operen, sea España, Suecia, India o Nigeria. El informe iba dirigido en concreto al ámbito español y recogía una serie de casos de inversiones españolas donde los derechos humanos no se han respetado. Su nota de prensa mencionaba cuatro de las empresas citadas en el informe (Ebro Foods, Pescanova, Hidralia y Agrogeba). Casualmente, todos los medios, excepto Público, han eliminado el nombre de las empresas en la información que han publicado.

Si bien entendemos que la empresa privada vele por sus intereses con todos los métodos a su alcance (aunque nos parezcan éticamente reprobables ciertas formas de actuar), nos parece inaceptable que un gobierno democráticamente elegido anteponga los intereses de la industria a los de la sociedad, legislando directamente en contra de la publicación de estudios que puedan perjudicar a las citadas as empresas. Nos parece inaceptable, pero no nos sorprende. Volvamos a los metales pesados. El lector erró si pensó que la SGPM encargó el estudio para informar a la ciudadanía. Cuando, en diciembre de 2003, el IEO redactó el informe final  y se lo pasó a la SGPM, ésta se limitó a archivarlo tras constatar que se habían detectado altos niveles de mercurio en algunas especies de consumo habitual. Debemos, pues, concluir que el estudio se encargó con el propósito de esgrimirlo como reclamo turístico. Queridos amigos del norte de Europa: disfruten de España saboreando nuestro sano pescado. Como el pescado no resultó tan sano, se canceló la campaña publicitaria y se terminó la historia.

La Ley de Acceso a la Información Ambiental, de 2006, que implementa en España el Convenio de Aarhus (2001), obliga a que la Administración haga públicos todos los informes medioambientales en su poder. Pese a ello, el apéndice del informe en el que constaba la presencia de mercurio en especies de consumo habitual permaneció archivado (sin que, por cierto, el IEO protestara en lo más mínimo) hasta que en 2010, tras un litigio de más de tres años, la organización ecologista Oceana consiguió acceder al mismo. Diez años después de la elaboración del informe, la concentración de mercurio en el organismo de las mujeres españolas es más de seis veces superior a la media de 17 países europeos. Pero aquí no ha pasado nada. Nadie se ha hecho responsable de lo  sucedido. Porque el verbo dimitir no es el único que, en español, sólo se conjuga en segunda persona. No. Esa peculiaridad lingüística es común a todos los verbos que tienen que ver con depurar responsabilidades políticas.

En vista de los conflictos de intereses que existen entre diferentes grupos, en particular la empresa privada, las élites políticas y el conjunto de la sociedad, parece esencial que exista un cuerpo de investigadores y científicos que informen a la sociedad de todos aquellos aspectos que puedan resultar de su interés. Pero, para que este cuerpo pueda velar por los intereses de la sociedad, la independencia y transparencia resultan imprescindibles. Aunque ningún investigador es completamente independiente, pues cada individuo (investigador o no) tiene su bagaje de creencias, principios e intereses, el conjunto de los investigadores sí puede llegar a serlo, siempre que se eliminen las trabas que puedan sesgar los resultados que finalmente se publican.

El déficit de independencia y transparencia del sistema investigador y científico español es alarmante. Los efectos nocivos del mercurio sobre la salud eran más que conocidos hace diez años. Incluso antes del informe del IEO, un proyecto del CSIC sobre la contaminación asociada a las descargas de la cuenca de los ríos Tinto y Odiel identificaba concentraciones excesivas de mercurio en el cazón, sin que nadie hiciera nada por limitar su consumo. Además, una directiva europea obliga a hacer públicos los datos obtenidos con dinero público. Si, a pesar de todo, el gobierno silenció los resultados del informe para no dañar a la industria pesquera, ¿qué confianza podemos tener en que se hagan públicos otros datos? ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Si un producto resulta nocivo, ¿cuánto tardaremos en enterarnos? ¿Sabremos si estamos consumiendo carne de ternera o de caballo? ¿Y si la próxima vez fuese de perro? ¿Se os ocurren ejemplos de fraudes que la enmienda a la Ley de Calidad puede encubrir? A nosotros sí: demasiados.