Otras Voces Feministas
Conclusiones del IV Encuentro
(Página Abierta, 227, julio-agosto de 2013).

La corriente de opinión Otras Voces Feministas ha celebrado su IV Encuentro los días 7 y 8 de junio en Alcalá de Henares (Madrid), en el que participaron un centenar de personas. En anteriores encuentros, las feministas hemos analizado los avances en los derechos de las mujeres, impulsados por la lucha feminista y recogidos, en parte, en las reformas legislativas de los Gobiernos socialistas; hemos criticado, también, las lagunas, insuficiencias y errores de las políticas institucionales y hemos propuesto modificaciones y nuevas reformas en diversas materias.

En esta ocasión, nos hemos encontrado con un panorama mucho más oscuro y con un importante desafío: frenar la ofensiva del Gobierno de Rajoy contra los derechos de las mujeres. Con el lema Contra la democracia del saldo y la igualdad en liquidación hemos analizado las repercusiones de la política del Gobierno del PP en los siguientes campos: derechos reproductivos y aborto; educación y la LOMCE (llamada ley Wert); diversidad sexual y de género; reforma laboral y derechos laborales; recortes en el Estado de bienestar: dependencia, sanidad, educación, servicios sociales...

Educación y la LOMCE

En lo que se refiere a la educación, la política del Gobierno supone, por una parte, la pérdida de empleo debido a los recortes presupuestarios, lo que repercute, indudablemente, en la calidad educativa. Por otra parte, la llamada ley Wert está inspirada en una ideología fuertemente conservadora que afecta de lleno a los derechos de las mujeres y a la consecución de la igualdad. La ley rechaza la educación en valores, refuerza la asignatura de la Religión y suprime la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos. Con ello se carga de un plumazo los esfuerzos que en estos últimos años se estaban haciendo en las aulas para impulsar la educación en la igualdad de los sexos y en la no violencia, el respeto a la diversidad de orientación afectivo-sexual, y se ponen en peligro los programas de formación afectivo-sexual. Además, se diseña un retroceso en la coeducación al potenciar, mediante subvenciones a determinados centros concertados, la educación segregada en función del sexo.

Otras Voces Feministas considera que la educación tiene un papel fundamental en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres y en la lucha contra la discriminación. Por lo tanto, rechazamos el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, pues, además de entrar en contradicción con otras leyes vigentes, como la Ley de Igualdad, no sólo no contribuye a mejorar la calidad, sino que supone un obstáculo para los objetivos feministas en pro de la igualdad.

Creemos que hay que mantener una “resistencia activa” contra ella. Es necesario que todos los sectores implicados en la educación refuercen su trabajo y su vinculación para llevar a cabo, en la práctica educativa cotidiana, el objetivo de la coeducación, la igualdad de los sexos y el reconocimiento de la diversidad de género y de orientación sexual. En esta labor consideramos de vital importancia el papel del profesorado, por lo que entendemos que, en lugar de recortes, se fomente la formación continua y proponemos crear de nuevo redes de renovación pedagógica. Asimismo, valoramos la participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros educativos, participación que en la LOMCE queda cercenada.

Por último, consideramos que la educación es un pilar fundamental para corregir las desigualdades sociales de todo tipo y para perseguir un futuro mejor, por lo que rechazamos los recortes de gasto que se están produciendo estos años y reclamamos de toda la sociedad y de todas sus organizaciones sociales y políticas un compromiso social por la educación. Hacemos un llamamiento a la movilización de toda la comunidad educativa y de toda la ciudadanía hasta conseguir que no llegue a aprobarse este proyecto de ley.

Diversidad sexual y de género

El Gobierno mantiene la llamada ley de matrimonio homosexual; sin embargo peligran las adopciones por parte de las parejas del mismo sexo, y no parece que se vaya a modificar el proceso de filiación de los hijos habidos fuera de España por maternidad subrogada (aquí prohibida) ni de la filiación por parte de parejas lesbianas. Por otra parte, con la desaparición de la Educación para la Ciudadanía y los ataques a los programas de educación sexual, nos tememos que aumente la homofobia en los centros escolares.

Los recortes en la sanidad pública están afectando al tratamiento del sida y a la distribución de retrovirales, y la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes “sin papeles” deja a muchas mujeres en situación irregular sin acceso a la sanidad pública. Otra de las medidas aprobadas, la subida de la edad de consentimiento en la  reforma de la Ley del Menor, no nos parece que sirva para reforzar la lucha contra los abusos.

Por lo que se refiere a la transexualidad, los enfoques en la sanidad pública siguen basados en considerarla como una patología; es decir, se sigue exigiendo su diagnóstico como trastorno basado en la aplicación bastante arbitraria de la Experiencia de Vida Real como instrumento de diagnóstico. Asimismo, los recortes en sanidad hacen que haya aumentado la lista de espera para las intervenciones de cambio de sexo.

En cuanto a la prostitución, frente a la política abolicionista del PSOE, que desde Otras Voces Feministas hemos criticado y rechazado, desde las posiciones neoliberales que existen dentro del PP podría establecerse una regulación que pasa por tolerar la prostitución sólo en locales cerrados, lo que implicará mayor control de las trabajadoras, más penalización y mayor explotación laboral.

Por todo ello, Otras Voces Feministas exige la desaparición de las discriminaciones legales en la filiación por parte de parejas lesbianas y el reconocimiento de los hijos de parejas homosexuales habidos fuera de España por maternidad subrogada. Una educación afectivo-sexual en la enseñanza que considere la diversidad sexual y de género como un bien y que propague valores de respeto a la diversidad. La no consideración de la transexualidad como una enfermedad; rechazamos los diagnósticos patologizantes y exigimos el acceso a la sanidad pública para los tratamientos.

Seguimos demandando derechos para las trabajadoras del sexo. No aceptamos la regularización de la prostitución dado que no se tiene en cuenta la regulación de las relaciones laborales cuando median terceros y la defensa de la parte más vulnerable, que son las trabajadoras. Reclamamos la derogación de las normativas municipales que persiguen y acosan a las trabajadoras del sexo, criminalizándolas y exponiéndolas a una situación de mayor riesgo.

En lo que se refiere a la sanidad pública, pedimos la derogación de la prohibición de atender a inmigrantes en situación irregular y reclamamos el acceso en la sanidad pública a los retrovirales.

Recortes en el Estado de bienestar. Reforma laboral

Rechazamos las políticas de austeridad y de recortes de los servicios públicos, que acentúan las desigualdades y generan mayor pobreza. Igualmente, estamos en contra de la reforma laboral, que ha precarizado el mercado laboral, en especial, para las mujeres trabajadoras; además, aunque ha aumentado levemente la tasa de actividad femenina, aumenta también la tasa de paro y disminuye la tasa de empleo.

Preocupa especialmente el paro entre las mujeres jóvenes, las que han sido expulsadas del mercado laboral o que no pueden acceder a él debido a las tareas de cuidado: maternidad o atención a la dependencia de los mayores. Es preciso desvelar también los efectos del paro en la salud física y mental.

Consideramos imprescindible la labor de denuncia ante la opinión pública de los efectos de los recortes y de la reforma laboral; hacer visible el impacto de la crisis y del desempleo. Sin caer en la defensa del modelo anterior, es preciso hacer ver los retrocesos y cómo han ido desapareciendo algunos logros y avances en nuestro precario Estado de bienestar, entre ellos, la incipiente corresponsabilidad masculina en las tareas de cuidados, que es preciso seguir animando, a pesar de los retrocesos legislativos.

Los recortes en dependencia, sanidad, educación, pensiones y servicios sociales empobrecen a toda la ciudadanía, pero afectan de forma especial a las mujeres. En la medida en que los servicios públicos no cubran las necesidades de cuidado de la población, esas necesidades son asumidas en los hogares y, por ende, fundamentalmente por parte de las mujeres.

Sin embargo, nuestro objetivo no es solamente eliminar los recortes y derogar la reforma laboral, porque la situación anterior tampoco nos gusta, pues se trata de un sistema que no persigue el bienestar de la mayoría, sino el máximo beneficio para unos pocos.

Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo basado en una economía que no tenga como centralidad el capital y los beneficios, sino la sostenibilidad de la vida, y en el que sea visible el trabajo de los cuidados.

Es una función del Estado redistribuir la riqueza y los recursos. Pero, aunque sea la Administración la que deba cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía y cubrir sus cuidados mediante servicios públicos, vemos positivas las redes de solidaridad ciudadana. Y huimos de la caridad y la beneficencia, que no transforman la realidad. Estas redes de activismo y solidaridad que pretenden resistir, combatir e incluso cambiar situaciones, son formas que sirven para dotar de poder a la ciudadanía. Son actuaciones desde lo micro para cambiar lo macro. Transforman la lucha individual en activismo colectivo.

Derechos sexuales y reproductivos y aborto

Ni un paso atrás en el derecho al aborto. Rechazamos las pretensiones del PP de volver a una despenalización parcial del delito de aborto,  ya que supone una grave limitación del derecho a la salud sexual y reproductiva amparado por la OMS, la ONU y diferentes convenciones internacionales, con graves repercusiones para las mujeres con embarazos no deseados.

Es preciso incidir en los argumentos que nos llevan a defender el derecho al aborto.

Al margen de las opiniones y formas en que cada sociedad regula el aborto, las mujeres abortan. No dar respuesta a esta realidad constituye un problema de salud pública que afecta de forma particular a las mujeres con menos recursos y en situación de mayor vulnerabilidad.

Su prohibición y restricción se ha mostrado como una estrategia fallida a la hora de reducir el número de abortos. Los datos muestran de forma clara cómo el número de abortos no depende de la forma en que este se regule sino de las políticas de educación sexual y de la facilidad de acceso a los métodos anticonceptivos, y es preciso constatar el retraso existente en nuestro país en lo referente a la educación sexual, por lo que hacemos de este asunto una de nuestras reivindicaciones centrales.

Es pertinente la distinción que hace la sentencia del Tribunal Constitucional entre los seres nacidos, que son sujeto de derechos, y los no nacidos, como objeto de derecho, no pudiendo prevalecer de forma absoluta la protección del no nacido sobre el derecho de los nacidos.

Ante el conflicto que se produce entre la decisión de las mujeres y la protección de la vida en gestación, abogamos por una protección gradual de la vida en gestación en función de su desarrollo, de tal forma que a un mayor desarrollo corresponda una mayor protección, estableciendo como criterio para marcar el límite el mismo utilizado por la OMS, la viabilidad fetal –24 semanas–, el momento en el que el feto, con soporte sanitario, puede ser viable fuera del útero materno. Hasta este momento, primaría de forma absoluta la decisión de las mujeres. A partir de este plazo y hasta el nacimiento, aumentaría la protección otorgada a la vida en gestación, interviniendo “terceros” (comités clínicos) en esta decisión, y estableciendo supuestos, como el de riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformaciones fetales graves o incompatibles con la vida, y se equipararían totalmente como sujetos de derechos en el momento del nacimiento.

En definitiva, Otras Voces Feministas hace suya la defensa de que los niños y las niñas vengan a este mundo siendo deseados. Por ello, exigimos la despenalización total del aborto y una regulación que tenga como eje el derecho de las mujeres a decidir libremente si desean o no ser madres y en qué momento de sus vidas; una regulación que dé respuesta a la realidad del aborto en nuestro país. Ello incluye la defensa de la edad de consentimiento a los 16 años, la misma exigida para otras intervenciones en la Ley de Autonomía del Paciente, como forma de garantizar que las chicas entre 16 y 18 años puedan interrumpir su embarazo sin interferencias.

Finalmente, apostamos por unir fuerzas en defensa de los derechos sexuales y reproductivos con otros feminismos y movimientos sociales, con el objeto de impedir el grave retroceso que supone el proyecto del Gobierno.