Ramon Casares
¿Catalunya independiente? Realidades y argumentos
(Página Abierta, 231, marzo-abril de 2014).

El auge del independentismo en Catalunya ya no debería resultar una sorpresa. En la manifestación del 11 de septiembre de 2012 se puso de relieve un cambio importante no sólo en la conciencia de los sectores más activos del nacionalismo, sino también de una parte importante de la opinión pública catalana. Lejos de ser flor de un día, este cambio en favor de la independencia se ha consolidado en las diferentes encuestas de opinión, se ha reflejado en las urnas (en las elecciones al Parlament de noviembre de 2012) y ha vuelto a medirse en la cadena humana del 11 de septiembre de 2013. La asunción del objetivo de la independencia por parte del partido nacionalista mayoritario (CDC) refleja la importancia tanto del movimiento como del cambio en la opinión pública.

La verdadera novedad de este panorama reside en el ascenso del independentismo. De acuerdo con el barómetro del CEO (1), la independencia recibía un apoyo de cerca del 14% a principios de 2006. En la última oleada, este se situaría en el 48,5% (tercera oleada de 2013). De acuerdo con el siguiente cuadro, el ascenso es paulatino hasta finales de 2012, en que pasa del 34 al 44%.

El último salto coincide con la movilización del 11 de septiembre de 2012 y el giro de CDC.

A pesar de estos datos, el PP ha atribuido, y sigue atribuyendo, la responsabilidad única en el incremento del independentismo en Catalunya a una maniobra de carácter populista de CiU, y especialmente de Artur Mas, con el único fin de mantenerse en el Gobierno de la Generalitat (“el plan secesionista de Artur Mas”, en boca de muchos dirigentes del PP). Una parte importante de la prensa editada en Madrid ha mantenido un punto de vista parecido, aunque lentamente se ha impuesto la evidencia de que había otros factores para explicar el cambio de tendencia en Catalunya. Entre estos factores, se suelen destacar tres:

· En primer lugar, la crisis económica y el consiguiente ahogo financiero de la Generalitat. De aquí la exigencia de una pacto fiscal que dejaría Catalunya en una posición similar al País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra. Es cierto que la crisis ha tenido una incidencia importante en el malestar de la sociedad catalana, pero es posible que este factor se esté exagerando a partir de un prejuicio sobre el carácter catalán. También es cierto que uno de los temas básicos en la propaganda en favor de la independencia ha sido el denominado “expolio fiscal”. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que éste es un punto de vista que se extiende mucho más allá de la opinión soberanista, y alcanza, por ejemplo, a la patronal de Fomento del Trabajo, cuyas posiciones no han ido nunca más lejos del apoyo a la reivindicación del pacto fiscal. La opacidad y resistencia histórica del Gobierno central a la publicación de las balanzas fiscales contribuye a incrementar la desconfianza sobre la equidad entre las autonomías en desfavor de la catalana. Una reciente encuesta del CEO (2) ha intentado medir el peso que tendrían unas buenas perspectivas económicas vinculadas a la independencia y lo ha estimado en una variación del 5,2% (sobre el 47% que alcanza el voto en favor de la independencia en sus encuestas –40,7% en la encuesta de 8 al dia–) [3].

· En segundo lugar se suele señalar la crisis institucional derivada del agotamiento del modelo del Estado de las autonomías. Esta crisis se ha visto jalonada tanto por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatut como por otras sentencias relativas a la política lingüística o educativa, especialmente la ley Wert. El peso de dicho factor es bastante más importante, en la medida que parece existir un amplio consenso en relación con el actual modelo lingüístico. Es significativo que en la mencionada encuesta del CEO, la falta de reconocimiento del estatus del catalán por parte del Estado español incidiría en un 9,8% en el incremento del voto independentista. Asimismo, el reconocimiento oficial del castellano en una posible Catalunya independiente lo incrementaría en un 6,8%.

· En tercer lugar, una crisis política derivada de una progresiva pérdida de peso electoral y político de CiU, tanto en Catalunya como en España, que habría empujado a Artur Mas a renunciar a la política basada en apoyar al Gobierno central de turno a cambio de concesiones –política conocida como de peix al cove– y de mantener una actitud ambigua y moderada en Catalunya –política bautizada por el propio Jordi Pujol como de la puta i la Ramoneta– con el fin de contentar a sectores diversos de la sociedad catalana. Desde luego, el salto al soberanismo y a la independencia supone un giro radical –aunque largamente anunciado– en la trayectoria política de CDC.

El papel del movimiento social

Habitualmente se olvida, o se sitúa en un segundo plano, la existencia de un movimiento social organizado que es a la vez uno de los motores de los cambios en la opinión pública y un reflejo de dichos cambios. La expresión “sociedad civil” resulta poco descriptiva para ese movimiento porque comprende instituciones y grupos, como las patronales o la Iglesia, poco activos o incómodos en la actual situación. Por otro lado, expresiones como “movimiento de masas” –procedente del vocabulario de la izquierda– dificultan también la comprensión de tal fenómeno, porque evocan estructuras jerarquizadas o correas de transmisión –como las de la izquierda aberzale en el País Vasco– que tienen poco que ver con la realidad catalana. Por todo ello parece preferible hablar de un “movimiento social organizado”. Vale la pena detenerse en algunas de las características del movimiento:

· El movimiento en favor de la independencia es consistente y de largo aliento. Viene de lejos. Enlaza con la Assemblea de Catalunya (años 70), la Crida a la Solidaritat (años 80), una parte del movimiento pacifista (años 90 y 2000) e incorpora el antiguo independentismo radical del MDT. El núcleo central del movimiento se halla en la ANC (Assemblea Nacional Catalana, fundada en marzo de 2012) y tiene una  estructura organizativa y un modus operandi que constituye una síntesis de aquellos precedentes –organizaciones locales, combinación de movilización masiva, actuaciones puntuales de impacto, propaganda ideológica y relación positiva pero no subordinada con los partidos políticos–.

· La decantación por la independencia no se presenta sólo como el resultado de la influencia del viejo independentismo (MDT, etc.) o del nuevo (ERC), sino como un cambio de rumbo dentro del catalanismo. El núcleo de este cambio lo constituye una reformulación estratégica: de la idea del Estatuto como vía a la autodeterminación de la Assemblea de Catalunya, a la idea de la independencia por la vía de la autodeterminación. La independencia ha dejado de ser una opción aplazada –o una opción más– para convertirse en “la” opción. La idea es que sin un fuerte movimiento independentista no es posible cambio alguno, ni tan solo afrontar la ofensiva recentralizadora del Estado (no sólo del PP). La posición es bastante sólida: incluso la remisión de dicha ofensiva aparecería como una victoria del independentismo.

Entre los puntos fuertes del movimiento se pueden destacar:

· Una muy notable capacidad de movilización expresada en las manifestaciones del 11 de septiembre de 2012 y de 2013. Esta capacidad ha crecido a partir de iniciativas como la campaña de referendos locales celebrada en cuatro oleadas entre 2009 y 2011 en 506 municipios y una consulta final con una participación superior a las 800.000 personas.

· Un planteamiento fuerte en favor de estrategias pacíficas y no violentas. Una de las aportaciones que ha recibido proviene del movimiento anti-OTAN de los años 80 y del movimiento contra la guerra de la primera década del siglo. En este sentido, hay que recordar que, a pesar del referente báltico (4), la primera cadena humana con éxito la organizó en Barcelona el movimiento anti-OTAN.

· La capacidad de condicionar la agenda política y de generar ideología. El movimiento tiene una penetración sin parangón en los medios de comunicación. La presión de las redes sociales sobre los medios públicos y privados ha creado un escenario muy favorable a esta penetración.

· Este salto está muy relacionado con dos aspectos: a) Un cambio generacional (especialmente llamativo por lo que hace al papel de las redes sociales). b) Las amenazas percibidas en la sucesión de hechos políticos de la primera década del siglo. Básicamente, el recorte del Estatut, las amenazas a la lengua y la negación del propio derecho a decidir.

Entre las debilidades que se pueden achacar al movimiento hay que resaltar:

· En primer lugar, ser un movimiento que por su propia naturaleza no puede tejer alianzas importantes en el resto de España y tampoco en Europa. Sólo un encadenamiento de victorias políticas –y no sólo la movilización– puede allegarle aliados.

· En segundo lugar, el delicado equilibrio entre el objetivo de la independencia y el “derecho a decidir”. En realidad, el “derecho a decidir” se exige porque existe el movimiento en pro de la independencia. Este es el que le da sentido. Sin embargo, la sola exigencia del derecho a decidir implica la legitimidad de votar no a la independencia. Por lo tanto, el movimiento en pro de la independencia debe tener mucho cuidado con sus planteamientos más maximalistas, encarnados en sectores y proclamas fundamentalistas, dispuestos a pasar por encima de la realidad plural de la sociedad catalana o de las dificultades intrínsecas del denominado “proceso”.

Los consensos de la sociedad catalana

La sociedad catalana es muy diversa. Hay líneas de separación fuertes entre una clase obrera industrial en recesión, las nuevas clases medias empobrecidas y los sectores privilegiados, entre los que se cuenta la antigua burguesía catalana. Otra línea separaría los catalanohablantes familiares de los castellanohablantes. Esta línea ha estado en movimiento a lo largo del siglo XX. Otra diferencia importante se produce entre la Catalunya interior y las zonas metropolitanas alrededor de Barcelona y Tarragona. Esta diferencia también ha cambiado de sentido en la medida en que el interior se ha urbanizado. La nueva inmigración –más de un millón de personas a partir del 2000– ha añadido nuevas problemáticas.

Frente a ello, la tendencia de la política catalana ha sido generar acuerdos transversales o consensos que han conformado el llamado “oasis catalán”. Las ambigüedades de tales consensos han sido a menudo objeto de crítica y befa, especialmente por parte de la prensa madrileña y de los partidos más españolistas, pero es indudable que sin ellos la convivencia social y la vida política habrían resultado mucho más difíciles. Hoy por hoy, no se puede decir que la manera de gestionar la pluralidad de la sociedad catalana haya sido peor que la que se ha dado en el resto de España. Podemos apuntar cuatro líneas de consenso al respecto, de mayor a menor:

1. Lengua y convivencia. Como ya señalamos en un artículo anterior (5), existe un amplio consenso alrededor de la situación actual en relación con la convivencia lingüística en Catalunya. Aunque la palabra “convivencia” ha sido ampliamente usada por los contrarios a la política lingüística de la Generalitat, no puede hablarse de conflicto lingüístico sino todo lo contrario. La mayoría de los intentos de alterar por la vía judicial la llamada inmersión lingüística han recibido una fuerte contestación y, en la práctica, han fracasado.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia que impone un 25% de clases en castellano en cinco escuelas donde una sola familia lo ha pedido ha sido seguida por la presentación de 151 nuevas demandas por parte de Convivencia Cívica catalana en relación con 60 centros escolares (sobre 1.550.000 alumnos en infantil, primaria, ESO y secundaria postobligatoria en 6.030 centros). Las AMPAS de cuatro de las escuelas afectadas por la sentencia ya se han pronunciado en contra. Podría decirse que, frente a las actitudes que pretenden cuestionar el modelo lingüístico escolar, la actitud general se podría resumir en un “Si el modelo funciona, ¿por qué no nos dejan en paz?”.

2. Derecho a decidir. La realización de una consulta tiene un amplio apoyo en Catalunya, superior al 70% según diversas proyecciones. En todo caso, suma el apoyo del denominado bloque soberanista (CiU, ERC, IC y CUP) y el del PSC (favorable a una consulta en abstracto, aunque “legal y pactada”, o sea, condicionada a un acuerdo previo  con el Gobierno central). En favor del “derecho a decidir” se han manifestado desde los sindicatos UGT y CC OO hasta el abad de Montserrat. En junio de 2013, coordinado por Joan Rigol –expresidente del Parlament y miembro de Unió Democrática– se constituyó en el Parlament de Catalunya el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, con la participación de 40 entidades (entre ellas sindicatos y Diputaciones). En septiembre publicó un manifiesto al que se adhirieron más de 800 entidades (en la actualidad superan las 1.400).

¿Cuál es la postura de quienes no son partidarios de la independencia pero sí del derecho a decidir? Dejando de lado a quienes –pocos– desearían poder votar no, existe un sector significativo que se conformaría con el blindaje de las competencias de la Generalitat en materia de educación, lengua y cultura, acompañadas de un pacto fiscal. Este sector es muy difícil de medir porque su representación política está repartida (entre UDC, PSC e IC) y presenta una alta volatilidad: en la medida que no se percibe ninguna receptividad en el “otro lado” puede decantarse por la independencia como forma de presión sobre el Estado español; pero, en sentido contrario, también resulta difícil de estimar cuántos de los actuales independentistas lo son de forma “dura” y cuántos lo son de forma instrumental. La encuesta filtrada por el CEO no acaba de esclarecer este extremo.

3. El mantenimiento dentro de la UE. El nacionalismo catalán ha sido tradicionalmente proeuropeo, pero esta es una característica que excede el ámbito nacionalista. La manifestación del 2012 tenía como lema central Catalunya, nou estat d’Europa. Por ello, seguramente, los ataques más consistentes al independentismo han tendido a poner de manifiesto que una Catalunya independiente quedaría fuera de la UE o que la UE vería con malos ojos cualquier intento secesionista, a pesar del proceso escocés o de la situación en Bélgica. En la ya citada encuesta del CEO, este resulta ser el factor con mayor incidencia en un posible voto por la independencia, hasta el punto que se estima que el sí obtendría un 10% más de votos si la permanencia en la UE apareciese garantizada en el momento de la consulta.

4. La independencia. La reivindicación de la independencia había sido históricamente minoritaria incluso dentro del campo nacionalista. Lo fue dentro de la propia ERC de la República; y fue una opción fragmentada entre los años 70 y 90 del pasado siglo. Su renovación política vino de la mano de ERC, que en el 86 sufrió una transfusión de fuerzas y nuevos líderes procedentes de la Crida a la Solidaritat y del PSAN, y que en su congreso de 1989 se definió por primera vez como independentista. El independentismo entraba finalmente en el campo electoral y en la política institucional.

Al margen de ERC, proliferan pequeñas organizaciones a caballo entre el independentismo y los movimientos alternativos que se desplegarán en Catalunya en los años 90 y 2000, cada vez más alejadas del ejemplo de la izquierda aberzale. Una parte de estos movimientos optará por entrar en política municipal a través de las CUP, para presentarse finalmente a las elecciones al Parlament de 2013 y obtener tres diputados.

En la actualidad la reivindicación de la independencia une el campo nacionalista, exceptuando una parte de Unió Democrática de Catalunya. Pero se pueden encontrar muchas voces independentistas dentro de IC, en el propio PSC y, fuera de los partidos, entre gentes que de una manera explícita no se definen como nacionalistas. Uno de los primeros intelectuales que optó por este independentismo no nacionalista fue Xavier Rubert de Ventós –muy próximo a Pascual Maragall–, cuyo gesto fue considerado una excentricidad. Más recientemente encontramos al filósofo Josep Ramoneda o al historiador Josep Fontana o a gentes como el antiguo portavoz del PP en el Parlament Josep Curto. Ha aparecido, igualmente, un grupo, “Súmate”, que se define como formado por “catalanes de lengua y cultura catalana/española” favorables a la autodeterminación y al Estado propio.

A pesar de estos ejemplos representativos de la fuerza alcanzada por la reivindicación de la independencia, hay que decir que el consenso a su alrededor es mucho menos extenso y transversal que los que se producen en relación con la lengua y la autodeterminación. La mayoría de los estudios señalan una fuerte correlación entre la autoidentificación como catalanohablante y la opción independentista (6). Esta correlación se produce igualmente con la identificación como “sólo catalán” o “más catalán que español” en las encuestas sobre identidad. En lo que se refiere a la edad, según la encuesta de 8 al dia, las franjas más proclives a la independencia se encuentran entre los 18 y los 29 años (un 52,1% a favor del sí) y entre los 45 y los 59 años (un 49,4%).

En relación con la solidez de la opción independentista debe aducirse la confluencia de dos aspectos contradictorios, producto de movimientos con tiempos de desarrollo muy distintos:

· De un lado, a corto plazo, la existencia de gentes cada vez más asqueadas con la política del PP y con el PP mismo. En Catalunya existe la amplia sensación de que la derecha española es infinitamente más autoritaria, inculta, corrupta y ciega a la diversidad que la derecha catalana. En la medida en que no se ve en el PSOE una alternativa a dichos males, la independencia de Catalunya aparece, si no como la salida óptima, sí como la más plausible.

· De otro lado, con un desarrollo temporal mucho más lento, se presenta un distanciamiento emocional, sentimental y político en relación con “lo español” sobre el que alertaron diferentes presidentes de la Generalitat (desde Pujol, pasando por Maragall y Montilla, que lo caracterizó como “desafección”). Si se contempla en términos históricos –por ejemplo desde el siglo XIX–, esta “desespañolización” resulta muy notable. En este proceso se ha acabado por imponer la apuesta que desde sus inicios hizo el catalanismo: vivir en Catalunya, en todos los campos en que ello fuera posible –empezando por la literatura–, como si se estuviera en un país independiente o por lo menos “normal”, en que “normal” significaba al mismo tiempo “catalán” y “moderno”. Buena parte de la obra de gobierno de la Mancomunitat, la Generalitat republicana y de la Generalitat actual se ha basado en cultivar esta actitud. Ello ha promovido la cooperación entre sectores ideológicamente diversos –de izquierda y de derecha– y la extensión de un fuerte sentido de adhesión a las instituciones muy superior a la adhesión a los partidos. En cierta manera, se ha podido vivir de espaldas a España. Por ello, ciertos ataques, por ejemplo en el terreno de la lengua, cuya importancia objetiva puede parecer menor, se perciben como injerencias insufribles.

Las preguntas y la complejidad

A estas alturas, se puede comprender que nos hallamos ante una situación compleja, fruto de la misma complejidad de la sociedad y la política catalanas. El Parlament se concedió un plazo que expiraba a final de año para establecer la pregunta y la fecha de la consulta. La intención principal era unificar el campo de los partidarios de la consulta y, como consecuencia de ello, avanzar en el pulso con el Gobierno central. Por lo demás, el acuerdo era inevitable si no se quería hacer el ridículo.

En efecto, casi por sorpresa, el día 12 de diciembre de 2013 se anuncia la fecha de la consulta, el 9 de noviembre de 2014, y el contenido de  una doble pregunta en los términos siguientes: ¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Sí o no. A continuación, y en caso afirmativo, habrá una segunda cuestión: ¿Quiere que este Estado sea independiente? Sí o no. 

Para hacerse una idea de por qué se llega a esta formulación hay que entender que en el debate sobre lo que se debía preguntar tanto el PSC como Unió Democrática e IC habían insistido en introducir la opción federal en la consulta. Por su lado, CDC –con poca firmeza, dada su alianza con Unió– y ERC habían defendido una única pregunta sobre la independencia. El acuerdo alcanzado pretende agrupar en la primera pregunta (sobre el Estado) el consenso de que goza la realización de la consulta. En la segunda pregunta se intentaría esclarecer si este Estado debería ser independiente.

Las acusaciones de cerrar la negociación con una fecha y una pregunta antes de sentarse a hablar lanzadas por el PP, Ciutadans y el PSC son poco consistentes en la medida que Rajoy ha reiterado que no piensa negociar ni siquiera la consulta. De hecho, es indudable que si el Gobierno central entrara a negociar, fecha y pregunta serían negociables por parte catalana. La pregunta acordada refleja los equilibrios que hubo que hacer para alcanzar la máxima unidad y para, como quien no quiere la cosa, profundizar la crisis del PSC. 

De momento no existe acuerdo sobre cómo interpretar los diferentes cruces de resultados que podrían darse. Sin embargo, de las tres respuestas que se pueden obtener, tanto la del sí/sí como la del no son claras. La del sí/no carece por el momento de contenido en la medida en que el PSC se ha desmarcado del acuerdo y tanto Unió como IU condicionan un pronunciamiento definitivo a que exista, por parte del propio Estado, una propuesta de reestructuración de signo federalizante. En cualquier caso, el sí/no, unido al sí/sí, reflejaría el nivel de descontento con la situación actual y la exigencia de un incremento del autogobierno.

Sea como sea, el acuerdo ha significado un paso adelante en el “proceso”.  Lo que viene a continuación es encontrar la fórmula legal para poder llevar a cabo la consulta. Es previsible que dicha fórmula no se encuentre y el “proceso” desemboque en unas elecciones anticipadas de carácter plebiscitario que se convocarían antes de 2016.

La crisis política: un régimen gripado

En el programa Salvados, del periodista Jordi Évole, mientras Artur Mas insistía en el esquema “primero consulta, después negociación”, Felipe González planteaba “primero negociación, después consulta”. La propuesta de Felipe González acarrea dos problemas: en primer lugar, los limitados márgenes de negociación de ambas partes; y, en segundo lugar, la crisis política. El desprestigio de los políticos, la crisis de representatividad, pondría en cuestión cualquier acuerdo no sólo en Catalunya sino también en España.

Desde el momento en que el PP de Rajoy optó con éxito por hacer de la campaña contra el nuevo Estatut un instrumento para socavar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (sin importarle alimentar de paso lo que desde Catalunya se percibe como “catalanofobia”) se cerró toda posibilidad de modificar el actual cuadro constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional al respecto acabó de remachar el clavo. Hoy tenemos a los dos grandes partidos (PP y PSOE) atados por un pacto de sangre a la interpretación más restrictiva del texto constitucional, amenazados por el ascenso del partido de Rosa Díez y por la aparición de diferentes grupos de extrema derecha.

A pesar de sus proclamas, la posibilidad de que el PSOE pueda emprender una reforma constitucional en el sentido federal es muy pequeña. De hecho, el renovado federalismo acordado en Granada parece más pendiente de atenuar la pérdida de votos en Catalunya que de ser una propuesta real y de futuro.

Por otra parte, CDC se ha decantado por la independencia, entre otras, por razones parecidas: frenar una erosión progresiva de su voto, fruto de la anterior política de negociar su apoyo al partido español gobernante de turno, especialmente en los momentos en que este carecía de mayoría absoluta. En realidad, lo que parece evidenciar la evolución política de los últimos años es una cerrazón creciente de las élites vinculadas al ejercicio del poder en España, una incapacidad para negociar su reparto en un sentido territorial y una avidez que la crisis económica parece haber acrecentado.

El federalismo

El federalismo ha sido una corriente de pensamiento con profundas raíces en Catalunya. De hecho, la mayoría de los partidos –exceptuando los nacionalistas– han invocado el federalismo como solución para el denominado “encaje” de Catalunya en España. En el campo nacionalista se ha desconfiado del federalismo en la medida que podía mantener la España-nación (por ello el federalismo inicial de Unió Democrática era ibérico) y porque podía obviar la especificidad nacional catalana.

En la actualidad, el que sostiene con más fuerza el federalismo como opción es el PSC. El problema es que el planteamiento del PSC incluye la posibilidad de un referéndum en el que pueda optarse entre federalismo e independencia. El PSOE, que ha renovado su apuesta federalista en Granada (julio de 2013), excluye radicalmente esta posibilidad.

En estos momentos, el PSC, sumido en una crisis política importante (7), levanta la bandera de un federalismo que carece de interlocutores, ni siquiera en su propia organización estatal. Lo mismo puede decirse de las propuestas federalizantes de Duran i Lleida, cuyo único apoyo reside, hoy por hoy, en las páginas de La Vanguardia.

Argumentarios y argumentos

El principal argumento en contra del “derecho a decidir” se centra en el problema del “sujeto”. En propiedad, en el territorio del Estado español sólo existiría un sujeto tal: el conjunto del pueblo español que se ha dotado de un instrumento legal, la Constitución. El fundamento de la Constitución es la preexistencia de la nación española, a la que la propia Constitución da entidad y actualidad legítimas.
· Frente a este argumento sólo cabe afirmar que existe, igualmente, una nación catalana. No puede discutirse que la lengua –y no la religión o la etnia– constituye la base del hecho diferencial catalán, aunque esto no alcance a constituir la nación por sí solo. Sin embargo, la propia Constitución española, el Estatut, la existencia de la Generalitat (incluso antes de la aprobación de la Constitución), de una Administración y de órganos representativos –además de todo tipo de entidades de ámbito catalán– añaden algo más a este hecho y crean, por así decirlo, la apariencia de un sujeto. Se puede entender entonces que lo único que separa dicho sujeto de una entidad parecida a otros sujetos es la capacidad de decidir con independencia.

Un segundo argumento viene a ser: nunca Catalunya había gozado de un período tan largo de autogobierno en democracia, ni España había mantenido tanto tiempo un régimen democrático. El movimiento actual en favor del “derecho a decidir” pone en peligro esos logros.

· Este argumento vale frente a quienes, desde el nacionalismo catalán, niegan algún tipo de avance en el régimen actual. Encontramos valoraciones parecidas entre quienes niegan los avances del catalán. Se trata de actitudes que se pueden tachar de fundamentalistas o, mejor dicho, maximalistas, en la medida que equiparan toda situación que no sea la independencia o el catalán como lengua única a la opresión.

· Sin embargo, este argumento suena a amenaza si se interpreta en el sentido de que tanto la democracia como la autonomía son meras concesiones que, una vez traspasados ciertos límites, pueden ser retiradas por quien las hizo. El misterioso autor de estas concesiones tuvo en otras épocas la denominación eufemística de los “poderes fácticos”, pero asoma también bajo la etiqueta del “Estado de derecho” o de las mayorías formadas entre “todos los españoles”.

· El argumento tendría más sentido si en Catalunya no existiese la percepción de una amenaza o de un retroceso recentralizador. En la medida que esta sensación es alimentada día a día por declaraciones, sentencias judiciales y leyes, pierde consistencia.

Un argumento derivado de este afirma que Catalunya goza de algo muy parecido a un Estado, con una Administración propia y una asamblea representativa con capacidad legislativa. Algo que, en una época de cesión de soberanía por parte de los Estados en el marco de la UE, tiene un gran valor. El movimiento por la independencia pone en peligro estos logros.

· Nuevamente, este argumento es válido frente a los planteamientos maximalistas y tiene el interés de señalar el valor de lo conseguido.

· Sin embargo, tiene el defecto de no aclarar por qué lo que en cualquier Estado, aun con cesión de soberanía, sería intocable porque afecta a los consensos básicos de la sociedad (por ejemplo el statu quo lingüístico), puede, en cambio, ser amenazado desde fuera en contra de las propias decisiones del Parlament o del pueblo en referéndum.

· Este es uno de los puntos fuertes del “derecho a decidir”.

Otro argumento serio es el que pide una consulta legal y pactada, al modo del Quebec o de Escocia. Mientras no se llegue a un pacto, la consulta no tiene sentido. Este es el punto fuerte del PSC (que no del PSOE), pero Albert Ribera, de Ciutadans, también suele esgrimirlo.

· Es cierto que para que la consulta tenga algún significado debe ser legal, de otra forma carecería de garantías. Ello es relevante tanto para las minorías que concurran a tal consulta como para el reconocimiento internacional de sus resultados. Por lo tanto, debe gozar de una forma u otra del “plácet” por parte del Gobierno central.

· Sin embargo, parece suponerse que lo que hace democrática la consulta es el hecho de que sea pactada, y ello conllevaría que, si una de las partes se niega a pactar, la realización de la consulta no sería democrática. Por lo demás, este es el caso: el Gobierno central, amparado en la Constitución, la historia, el interés del conjunto de los españoles e incluso el de los catalanes, aunque éstos piensen mayoritariamente lo contrario, se niega a cualquier forma de consulta. Y tampoco el PSOE, a diferencia del PSC, la contempla como fundamento de su propuesta de vaporosa reforma federal. La pretendida “negociación” deviene, entonces, una trampa dialéctica, en la medida en que quien tiene la última palabra es una de las partes.

· En realidad la consulta en sí misma no puede ser antidemocrática. Lo que podría ser poco democrático es la manera de llevarla a cabo o la negativa a negociar. De hecho, esta es la postura del Gobierno británico en relación con el caso escocés. García-Margallo ya ha anunciado que el Gobierno español no se opondrá a los resultados del referéndum escocés. Felipe González apostilla que Catalunya no es Escocia y que por el camino de un referéndum no pactado puede quedarse como Osetia del Sur, en una especie de limbo de países que, habiendo votado la independencia, no han sido reconocidos por la comunidad internacional.

Este peligro es cierto, pero la comparación tiene, por lo menos, dos objeciones: no existe enfrentamiento violento y –es de suponer– el Estado español, sin alcanzar al Reino Unido, tiene algo más de calidad democrática que Georgia. En realidad, ambos Gobiernos, el catalán y el español, son conscientes de este aspecto y se acusan mutuamente de estar cerrados a toda negociación. El problema es que mientras las fuerzas soberanistas catalanas ofrecen la posibilidad de llenar de contenido la postura del Gobierno, tanto si esta es un no rotundo como si es un sí/no, el Gobierno de Rajoy se opone a cualquier consulta.

· De hecho, los márgenes de maniobra son muy estrechos. Para el Gobierno catalán, el acuerdo del Parlament le deja poco margen: o se lleva a cabo con la doble pregunta acordada, o se va a una sola como en Escocia. El Gobierno español también se ha autoimpuesto unos límites estrechísimos al atrincherarse en la interpretación que el Tribunal Constitucional ha dado en su sentencia sobre el Estatut.

No es infrecuente encontrarse, entre ciertas actitudes muy críticas hacia el PP, el argumento ya tópico de que el nacionalismo “siempre está al servicio de los designios de la derecha” o “divide a los trabajadores”.

· En realidad, los organismos representativos de la burguesía catalana –suponiendo que ésta exista de manera diferenciada–, como el caso de Fomento (patronal de la gran empresa catalana), han expresado mayoritariamente su prevención o su oposición a la independencia, aunque no le harían ascos a un pacto fiscal.

· Podría decirse, entonces, que CiU es, irónicamente, una derecha “al servicio del pueblo”. El populismo ha sido un componente del pujolismo. Sin embargo, el “giro soberanista” no ha sido algo tan brusco. La generación de dirigentes actuales de CDC obtuvo hace tiempo el aval de Jordi Pujol. Además, el propio Jordi Pujol ha reiterado que no le quedan argumentos en contra de la independencia. En otras palabras, CDC, entre la posibilidad de perder apoyos entre su electorado más moderado o acentuar su perfil más nacionalista para disputar el voto de ERC, se ha inclinado por esta última opción. Es decir, por el momento, la ideología se ha impuesto a los intereses.

· Por parte independentista se suele aducir que la lucha nacional y la lucha social son la misma lucha. O, mejor dicho, que los conflictos sociales deben subordinarse al objetivo de la independencia. Este argumento suele ser invocado por ERC, que ha optado por apoyar los recortes del Gobierno de CiU a cambio de que esta formación  mantenga el rumbo hacia la independencia. Hay que decir, en este sentido, que CiU fue más honesta que el propio PP al anunciar que los recortes eran necesarios. En cualquier caso, se ha impuesto una especie de sordina a los conflictos sociales en Catalunya. Los recortes en educación, por ejemplo, han tenido una oposición menor que la que se ha manifestado en les Illes por razón del decreto de trilingüismo. A pesar de ello, Catalunya ha sido la cuna de un movimiento como el de la PAH y ha mantenido un alto nivel de movilización ciudadana contra los recortes en sanidad o en transporte público.

De hecho, la propia ERC ha intentado no quedar al margen de esos movimientos; Oriol Junqueras, en su condición de alcalde de Sant Vicenç dels Horts, participa en estos momentos en una marcha contra el paro en el Baix Llobregat. Una lucha emblemática, para el tema que nos ocupa, tiene lugar en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3 y Catalunya Radio) con huelgas continuas que afectan los niveles de audiencia de estas cadenas. Lejos de comportarse como fieles cadenas de transmisión, los trabajadores de esos medios ejercen una presión muy poderosa y efectiva sobre sus dirigentes. Pero el movimiento en favor de la independencia está muy lejos de definir qué tipo –o tipos– de política o de organización social desea para la nueva Catalunya independiente.

Un último argumento interesante es el que pone el énfasis en la diferencia entre una votación meramente consultiva y un referéndum decisorio.

· Esta consideración tiene la ventaja de plantear: “Veamos cuál es la correlación de fuerzas y después, con arreglo a ella, ya se negociará una salida”.

· Ello resulta muy interesante en el caso de un triunfo del no o del sí/no, porque desactiva –o por lo menos aplaza– una solución al todo o nada. Desactiva la idea de que lo que se juega es la misma existencia de Catalunya o de España.

· Sin embargo, hay que ser conscientes de que un hipotético triunfo del sí supondría una presión irresistible no solo para el Estado español, sino para las propias fuerzas soberanistas en Catalunya. Abriría un escenario de crisis que requeriría, esta vez sí, una negociación y tal vez una mediación internacional. En este sentido, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs (8), ha trazado en una entrevista en la COPE la siguiente “hoja de ruta”:

1. Referéndum meramente consultivo para conocer el estado de opinión en Catalunya.

2. Negociaciones con el Estado con la finalidad de alcanzar un acuerdo que dé satisfacción a esta opinión expresada en Catalunya.

3. Referéndum decisorio, esta vez en toda España, en relación con tal acuerdo.
Al final lo que decide es la correlación de fuerzas, como señalaba en un artículo reciente el antiguo diputado del PSUC y senador por el PSC Ramon Espasa (9). Pero la política consiste precisamente en “cómo” se gestiona toda alteración en la correlación de fuerzas. Visto desde Catalunya, el choque frontal, o la amenaza de choque frontal, de momento no parece hacer más que incrementar las fuerzas del independentismo. Cada nueva declaración hostil, cada nueva sentencia judicial, no sólo acumulan ira o rencor, sino que tapa bocas entre las gentes menos entregadas al discurso independentista que pueden esgrimir, con razón, lo impresentable de negarse a permitir que la población vote.

Perspectivas y posibilidades

En contra de lo que sostienen con mayor o menor buena fe muchos sectores independentistas, aunque la partida ha empezado ya, se juega a corto, medio y seguramente muy a largo plazo. Las posibilidades efectivas de realizar la consulta son pequeñas. De hecho, Artur Mas contempla tres salidas en el corto plazo: una consulta pactada realizada en el marco de la legalidad española, una consulta “tolerada” por parte del Gobierno español de acuerdo con una ley de consultas del Parlament  o bien unas elecciones plebiscitarias. Para las fuerzas soberanistas esta última hipótesis es, con mucho, la peor, dada la pluralidad de las fuerzas en presencia.

Se da por supuesto que unas plebiscitarias permitirían al Parlament pronunciarse sobre la independencia de Catalunya. Pero, aunque el consenso es firme en relación con la realización del plebiscito, resulta más débil en relación con la propia independencia. ¿Qué debería contener el programa común de unas elecciones plebiscitarias? Sólo tendría sentido pronunciarse sobre la independencia votando o no a los partidos que están en favor de esta (cosa que no ocurre ni con UDC ni con IC): plebiscitar el plebiscito sería una salida menor que volvería a situar la cuestión en el día de la marmota, en el mismo punto en que nos hallamos ahora.

Por su parte, Oriol Junqueras, de ERC, prefiere no pronunciarse sobre las alternativas a la no realización de la consulta. Es más, en diferentes intervenciones ha insinuado, a menudo con poca fortuna, diversas formas de movilización o de insumisión. Ello parece obligado si quiere alimentar la caldera del movimiento social, más en la línea de ERC que en la de CiU. Pero esto no deja de constituir una debilidad política importante porque le impide hablar clara y honestamente de las dificultades casi insalvables que afronta el denominado “proceso”, por lo menos en esta fase.

El movimiento social, por su parte, es masivo, organizado y cuenta con un objetivo claro: la independencia. Sin embargo, la claridad de los objetivos le otorga un margen de maniobra menor que el de los partidos. La voluntad, esta forma laica de la fe, suele gastar bromas muy pesadas. Existen hoy en el mundo poderosos movimientos masivos, como el de Ucrania o el de las revoluciones árabes. Pero no se pueden ignorar las diferencias de contexto, empezando por la falta de aliados tan poderosos como aquellos con que cuentan esos movimientos.

Medios y fines

No hace tantos años se acuñó una aporía en relación con el País Vasco: si es cierto que los medios deben ser coherentes con los fines, existen fines que exigen medios inaceptables. Así, lo que se podía suscribir fácilmente en el sentido de que el uso de determinados medios condiciona la calidad del fin propuesto, se invertía, y se atribuía a cualquier proceso secesionista la necesidad de recurrir a medios antidemocráticos y violentos. En términos del ala derecha del PP, detrás del Estatut de Catalunya, detrás de Artur Mas, está ETA. O visto desde la Conferencia Episcopal española, la independencia es inmoral. El problema es que existe una cantidad ingente de países, coloniales o no, que han alcanzado la independencia en un momento dado de su historia. Puede considerarse, acaso con razón, que dicha historia es una sucesión horrible de actos inmorales, pero parece más sensato no meterse en tales berenjenales, a menos que se considere, como a  menudo se declara, que la nación más antigua –España– es también la nación primigenia concebida sin pecado original.

En todo caso, ambas versiones –una laica y kantiana, otra, más religiosa– parecen haber cumplido su efecto sin que se notara el cuidado: atenazar conciencias a diestro y siniestro. Me refiero a conciencias españolas. Cuando se habla de la “abducción” del pueblo catalán por Artur Mas se olvida que el silencio corderil favorece igualmente determinados designios e intereses de la casta dominante en España.

A partir de la realidad hay que poner la vista más lejos. ¿Una buena relación entre las naciones, las identidades y sensibilidades distintas, existentes en España exige obligatoriamente la pertenencia al mismo Estado?

Ante un Estado español dispuesto a suicidarse para aniquilar los nacionalismos periféricos sólo cabe imaginar un proceso catastrófico. Por el contrario, una actitud más negociadora, comprensiva y comedida favorecería un proceso posterior que, en cualquier caso, debe ser construido y negociado desde un plano de cierta igualdad.

¿Qué tipo de Estado español se configuraría obsesionándose en hundir una Catalunya independiente? ¿Y, de hecho, no se está levantando preventivamente, desde principios de siglo, un Estado con dichas características? ¿Cómo nos sentimos todos, más cómodos o más inquietos, en ese Estado? ¿Se profundiza así la democracia o se aumenta el autoritarismo?

Puestos a desear, ¿no sería mejor, también para una España sin Catalunya, una opinión favorable a las relaciones entre los pueblos, aunque estos fuesen independientes? ¿Es posible pensar todavía en una orientación hacia el entendimiento y la cooperación, prescindiendo del papel de un Estado que por su propia dinámica ha acabado favoreciendo tal acumulación de ira y despropósitos?

___________________
(1) CEO:Centre d’Estudis d’Opinió, organismo  de la Generalitat dedicado a los estudios demoscópicos. Hasta febrero de 2011 estuvo dirigido por Gabriel Colomer, actualmente concejal socialista del Ayuntamiento de Barcelona. Desde entonces está dirigido por Jordi Argelaguet, antiguo militante de CDC y de ERC.
(2) Esta encuesta, realizada por Internet, fue filtrada a la prensa y parece poco fiable, pero es el único estudio realizado en este sentido.
(3) 8 al dia es el programa informativo dirigido por el periodista Josep Cuní, de la emisora 8TV, perteneciente al grupo Godó. Los resultados de dicha encuesta se hicieron públicos el día 8 de febrero de 2014.
(4) El 23 de agosto de 1989, más de un millón y medio de personas se tomaron de las manos para formar una cadena humana de más de 600 kilómetros de longitud, cruzando las tres repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania) y pasando por sus tres capitales (Tallin, Riga y Vilna, respectivamente). La cadena se organizó para llamar la atención de la opinión pública mundial sobre el destino común que habían sufrido las tres repúblicas. En la convocatoria se solicitaba directamente la “retirada de las fuerzas de ocupación” soviéticas.
(5) Página Abierta, números 224 y 225: “Lengua y educación en Catalunya”, de Ramon Casares e Ignasi Vila.
(6) Véanse los artículos anteriormente citados publicados en esta revista en los números 224 y 225.
(7) La crisis del PSC se manifiesta en diversos campos: pérdida de votos, pérdida de poder municipal y pérdida de peso en el Parlament; disensiones con el sector “catalanista”, etc. Ello significará con toda seguridad una erosión del granero de votos socialistas en Catalunya, pero es más que posible que esta erosión sea mucho menor en unas elecciones generales en las cuales el PSOE es una alternativa frente al PP aparentemente más viable que los partidos nacionalistas.
(8) El último paso tuvo que tragárselo porque resultaba ambiguo: ¿qué ocurría en caso de triunfar el no a una independencia catalana, después de que esta fuese acordada por los Gobiernos? Tal parece que Homs estaba pensando más en la gestión de una reforma constitucional con Catalunya incluida.
(9) “Un poco de laicidad, por caridad”, Ramon Espasa, La Vanguardia, 17-1-2014.