Reyes Maqueda Sánchez
Los desafíos de la Universidad y sus descontentos
(Página Abierta, 201, marzo-abril de 2009)

La reforma universitaria y su adaptación al llamado Plan Bolonia es vista de muy diversas maneras en la comunidad educativa española.

            La enseñanza en España se ha visto sometida, en el transcurso de unos pocos años, a un continuo festival de cambios. Todos los niveles, sin excepción, han transitado, independientemente del color del Gobierno de turno, por un interminable proceso de reformas, en muchos casos sin que transcurriese tiempo suficiente para una necesaria evaluación de la fase anterior.

            Los niveles de los años ochenta en la enseñanza superior eran muy inferiores a los existentes en los países de nuestro entorno. El número de estudiantes de enseñanza universitaria era espantosamente bajo, aunque éste se ha multiplicado, de manera considerable, en las últimas décadas. Y, tal vez, por abrir las puertas de la oportunidad y el progreso educativos, en un intento por hacer frente a la injusticia que privó a sectores importantes de la población del acceso a la educación superior, en ese difícil equilibrio, se ha primado más la cantidad que la calidad, y esto se ha traducido en una igualación por abajo. La obsesión por mejorar rápidamente las cifras y la falta de un horizonte bien definido, con mucha improvisación y poco diálogo, han marcado, de manera importante, las medidas adoptadas.

            En efecto, una de las críticas más extendidas entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa es la falta de diálogo, de debate. Y la insuficiente participación en el proceso de las partes interesadas. O la escasa predisposición de las administraciones educativas a hacer efectiva la participación activa de los sectores afectados y de la población en general en la toma de decisiones en un tema de gran importancia, como es el de la enseñanza. Todo ello ya se puso de manifiesto en la respuesta a la reforma anterior, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) promulgada por el Gobierno del Partido Popular.

            Realmente, existe un descontento bastante generalizado tanto en la Universidad como en los niveles medios de la educación en España. Y éste no se ha sabido canalizar a lo largo de estos años. Pocos defienden el estatus actual, son muchas las voces que vienen reclamando desde hace tiempo una reforma en profundidad. Pero también son muy escasos los entusiasmos que despiertan los cambios que ahora se proponen, así como la manera en que están llevándose a cabo estos últimos al amparo del denominado proceso de Bolonia. Si se desea aprovechar este contexto para mejorar, aunque sea parcialmente, la actual situación por la que atraviesa la educación en España, la reflexión y el concurso activo de los sectores afectados no sólo garantizaría una aplicación más efectiva de las medidas que han de emprenderse sino, y esto tal vez sea aún más importante, unos mejores resultados.

            El proceso actual es parcialmente distinto. La construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se enmarca en un proceso más amplio. Una apuesta que surge en el seno de la Unión Europea (UE) y al que se han ido incorporando otros países europeos hasta alcanzar la cifra de 46 en la actualidad. Ha sufrido, por tanto, modificaciones en su recorrido, en su composición y en sus contenidos. No es, por lo demás, un proceso cerrado. Tampoco obligatorio, aunque hay quienes opinan que sí obligado.

            Al hilo de la puesta en marcha de esta iniciativa y a tenor del malestar que ésta suscita se plantea la necesidad de conocer algo más en qué consiste, cuáles son las críticas concretas que está recibiendo y cuáles las posibles consecuencias que de ella se derivarían. Entendemos que una breve descripción de alguna de las principales directrices marcadas a lo largo de estos diez años que abarca ya el proceso, ayudaría a entender mejor qué se está proponiendo.

Proceso en la creación de un EEES

            Aunque la fecha de referencia más conocida en relación con el proceso de Bolonia es de 1998, el primer impulso hacia la formación de un Espacio Europeo de Educación Superior se dio en 1988 en esta misma ciudad con motivo de la celebración del IX Centenario de su Universidad, donde se redactó la Carta Magna de Rectores de Universidades Europeas. En ella se concebía a la Universidad como depositaria de la tradición humanista europea,  vehículo para fortalecer las diferentes culturas en un enriquecimiento recíproco, y generadora y transmisora de la cultura por medio de la investigación y la enseñanza.

            El proceso propiamente dicho comienza en 1998 en París con la Declaración de La Sorbona. En esta Universidad se dan cita los ministros de Educación de cuatro países: Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Deciden poner en marcha una iniciativa para mejorar el reconocimiento externo de las universidades europeas y facilitar tanto la movilidad estudiantil como las oportunidades de empleo, así como reforzar la presencia de Europa en el mundo como lugar de referencia y atracción del conocimiento.

            En 1999, veintinueve países europeos suscriben la Declaración de Bolonia. En ella se expresa la voluntad de incrementar la competitividad del sistema europeo de educación superior. Es una iniciativa de marcado carácter político en el contexto de la construcción europea. Es de esta Declaración de la que parten las principales líneas de cambio en la carrera hacia la armonización de la Educación Superior.

            Se decide dar continuidad a este plan a través de reuniones ministeriales bianuales: Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005), Londres (2007), y el próximo mes de abril en Lovaina (2009). En cada reunión se van revisando los objetivos anteriores e incluyendo diferentes aspectos. A lo largo de estos años se han ido incorporando nuevos países, como se comentó anteriormente, hasta alcanzar los 46 actuales. Se establece la libertad de gestión de los países participantes, leyes que facilitan la autonomía universitaria, estrategias, posiciones, financiación propias... Se fija como fecha 2010 para armonizar sus sistemas educativos. Y son distintos los ritmos de implantación de sus directrices. En España está en marcha ese proceso desde 2001. En 2003, el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte estableció el cómo y el cuándo: créditos, titulaciones, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)...

Las líneas directrices

            Los ejes sobre los que se asientan las líneas directrices, que se han ido incorporando a lo largo de todo el proceso, giran en torno a la calidad, movilidad, diversidad y competitividad. Destacamos algunos de los aspectos que han ido acordándose:
            · Reconocimiento de titulaciones: sistemas universitarios más compatibles y comparables (homologables). Expedición del Suplemento Europeo al Título (en los idiomas más utilizados para mejorar la capacidad de empleo), que consiste en detallar lo que ha aprendido cada estudiante para facilitar el reconocimiento.
            · Estructuras de ciclos: Grado, Primer Ciclo (de 180 a 240 créditos). Posgrado, Segundo Ciclo: Máster (de 60 a 120 créditos). Tercer Ciclo: Doctorado (aún no armonizado).
            · Sistema de Créditos ECTS (estándar para la medida de los estudios). Crucial para favorecer la movilidad. Se podrán conseguir también fuera de las instituciones de Educación Superior, incluyendo experiencias adquiridas, siempre que estén reconocidas por la Universidad.
            · Calidad: evaluación permanente mediante agencias independientes que otorgan también acreditaciones (aquí ANECA), criterios y metodologías comparables...
            · Movilidad de estudiantes, personal docente y administrativo de la Universidad (acuerdos de Bolonia y Berlín).
            · Educación y formación continua y permanente: necesarias para afrontar la competitividad y el uso de las tecnologías emergentes (acordado en Praga).
            · Mejora de las características sociales del EEES y su contribución al fortalecimiento de la cohesión social y la reducción de las desigualdades sociales y de género (acuerdo de Berlín).
            · Orientación hacia la gestión de empleo y crecimiento. Sistema de enseñanza superior como polo de atracción internacional. Hacer de la economía europea la más competitiva del mundo.
            · Participación: de las universidades, de otras instituciones de enseñanza superior, de estudiantes, empleadores y organizaciones profesionales (en la reunión de Praga se plantea que las reformas “de arriba abajo” no garantizan el logro de los objetivos en 2010).
            · Cambios en la forma de enseñar y en la forma de aprender: menos clases magistrales; más trabajos y tutorías; más actividades no presenciales; más materias comunes entre carreras; evaluación continua; establecer un número de aprobados; tanto por ciento de abandono; porcentaje de inserción laboral...
            · Adecuación de las enseñanzas a las necesidades del mercado laboral: adquirir habilidades y competencias tales como idiomas; manejo de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC); capacidad de manejar información, de trabajar en equipo, desenvolverse socialmente...

El movimiento anti-Bolonia

            Con el ánimo de no ser exhaustiva, puesto que es un proceso inacabado, con incorporaciones y discontinuidades, desigual en su forma, desarrollo y contenido, es conveniente ilustrar, a través de algunas pinceladas, la contestación de los colectivos afectados, el llamado “movimiento anti-Bolonia”. Ha habido distintas expresiones en diferentes lugares, que no han respondido siempre a las mismas causas. De cualquier modo, son la cara del descontento.

            En España: Movimiento asambleario, fundamentalmente de cinco universidades (Sevilla, Valencia, Madrid y dos de Barcelona). Se parte de que hay falta de información y de participación de todos los sectores implicados y, por supuesto, de la ciudadanía en general. Se establece una pinza entre el descontento que parte del profesorado por la forma y el fondo de cómo se están llevando a cabo los cambios en los nuevos planes de estudio; por la manera en que se establece el acceso a los cargos de responsabilidad institucional (con escasa excelencia académica); por el exceso de burocracia y poder. Los rectores, por su parte, denuncian la falta de financiación para llevar a cabo los cambios, así como el poco esfuerzo que se ha hecho desde el Estado para explicar sus aspectos positivos.

            Los temores de los estudiantes, por último, están centrados, entre otros, en que las empresas acaben interviniendo en qué y cómo se enseña en la Universidad: mercantilización del mundo universitario, donde más que desarrollar y transmitir conocimiento se trataría de formar trabajadores; que las carreras de letras desaparezcan o estén más amenazadas por no ser de interés desde el criterio de la rentabilidad económica; que los máster sean la clave para obtener trabajo y, al ser más caros, no poder acceder cualquiera (en doble sentido hablan de privatización: matrículas más caras y que, aunque la Universidad siga siendo pública, responda a intereses privados). Por otro lado, la CREUP (Coordinadora de Representante de Estudiantes de la Universidad Pública), formada por 20 de un total de 45 universidades públicas, se muestra a favor del Plan, pero plantea que para hacer frente a estos desafíos es necesario una mayor libertad en la gestión, una financiación adecuada, asunción de estrategias propias adaptadas a las necesidades de las universidades…

            En Italia: La protesta responde a un intento más general, a través de los planes propuestos, para desmantelar la educación pública. Ha habido una huelga general de todos los sectores de la enseñanza contra la Ley de Educación que se intenta implantar.

            En Grecia: Va unida a otros problemas más profundos de representación política y situación social. Por otro lado, está el problema del intento de creación de universidades privadas, lo que allí es anticonstitucional.
También ha habido movilizaciones en Francia, Reino Unido…

Las medidas gubernamentales

            Recientemente, en nuestro país se han planteado, desde el Gobierno, algunas medidas en la dirección de alguna de las peticiones de los distintos sectores: campaña informativa, más becas, atención a las Humanidades, 127 millones extras este año para financiar el Plan (una parte en partida extraordinaria y el resto vía financiación autonómica)...

            El Consejo de Ministros del pasado 30 de enero aprobó el “Plan de Acción 2009 para el apoyo y la modernización de la Universidad española”. Cada medida tiene su partida específica: becas (37 millones de euros), adaptaciones de títulos (85 millones de euros), proyección humanística (5 millones de euros). En cierto modo, modifica la posición inicial que se regía sobre el criterio de “adaptación a coste cero”.

            El 3 de febrero pasado, el Gobierno central se reunió con las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria, para concretar la puesta en marcha de estas medidas. El sistema se acabará de perfilar con los rectores en la reunión del Consejo de Universidades. Éste se basará en el número de títulos que cada Universidad haya acreditado en la ANECA y en el número de alumnos que cursen ya los nuevos planes.

Algunas consideraciones generales

            La apuesta es compleja, difícil. El intento de armonización de una realidad tan plural –casi cincuenta países–, con experiencias y tradiciones tan diversas, es ciertamente arriesgado. Algunos aspectos, sin duda discutibles, sobre los que centrar la atención podrían ser los siguientes:
            · Hacer valer la importancia del conocimiento. La Universidad, para hacer frente a los grandes problemas a los que se enfrenta el mundo contemporáneo, debe estar unida a la lucha por el libre pensamiento. Las crisis actuales habrán de ser afrontadas por personas de formación sólida, tal vez superior a la actual. La devaluación del conocimiento, tanto en la Universidad como en otros niveles de la enseñanza y en la sociedad en su conjunto, se orienta en sentido contrario. ¿Responde el nuevo diseño universitario a este desafío?
            · La idea de extender estudios universitarios al conjunto de la población aligerando los estudios de Grado (como se ha hecho con otros niveles inferiores de la enseñanza) es una incorrecta interpretación de la idea de igualdad de oportunidades. Todas las personas tienen el derecho a acceder a la educación superior, pero sin menoscabo de la excelencia académica.
            · No se pone el acento en el esfuerzo, la dedicación, la autonomía (igual que en otros niveles de la enseñanza, donde se está viendo un aumento del fracaso escolar), sino en tutelar más al alumnado universitario.
            · Pérdida de calidad global del sistema público, con el consiguiente deterioro de su imagen: contratas o concesiones de servicios, conciertos, evaluadores alejados de la práctica docente e investigadora...
            · Cada vez más personal externo, que no ejerce docencia (comisiones de evaluación, comisiones técnicas, expertos...), con poca experiencia real, acaban decidiendo sobre cuestiones fundamentales. Y que, en ocasiones, se traduce en cierta mediocridad en el desempeño de responsabilidades institucionales.
            · En nombre de la calidad se hacen barbaridades, eliminando la autonomía de los centros y la participación real de sus componentes. Calidad más bien formal que real, y en buena medida muy burocratizada.
            · Se intenta medir la calidad de la Universidad (también en otros sectores educativos) con los baremos de competitividad (no competencia), productividad y eficiencia.
            · Problemas que puede suponer la financiación de másteres por empresas privadas. Podría condicionar sus contenidos, así como establecer una división entre aquellos que tengan una utilidad para los intereses empresariales y aquellos otros que no la tengan. Medir la utilidad social con el criterio estricto de rentabilidad económica puede suponer renunciar a otros aspectos importantes para la vida en sociedad, tales como la música, la poesía, la metafísica... Esto podría significar que proyectos académicos que previamente no hayan demostrado su interés para fines empresariales no dispondrían de financiación privada o pública.
            · Los problemas de homologación para los países no comunitarios no quedarían resueltos. Situación que se agrava en la medida en que son cada vez más las personas que, con elevada formación, conviven con nosotros procedentes de países no europeos.

Reyes Maqueda Sánchez es profesora de Enseñanza Secundaria.