Robinson Salazar P.
Los desencuentros de los actores políticos
y crisis institucional en Venezuela
robinsson@mzt.megared.net.mx
El siglo XXI para América Latina es un escenario de desgarramientos social, conflictos multiplicados y surgimiento de nuevos actores, dado que hay nuevas formas de relacionarse, de resolver las diferencias y novedosas prácticas políticas que se dan al margen de las mediaciones a las que estábamos acostumbrados.
Venezuela, país del área sudamericana no está exento de los brotes violentos, antes por el contrario, es uno de los actores protagónicos de la historia presente y receptáculo de uno de los experimentos de gobierno más complejo, puesto que en su seno viven, persisten y resisten formas políticas añejas que se entreveran con otras que no son tan legendarias pero su constitución es híbrida, parte de lo viejo y lo nuevo, y no dejan de asomarse otras conductas políticas menos contaminadas pero sin un horizonte hacia donde conducirse o caminar, porque la ruta no está empedrada, sino agreste y llena de resentimientos.
Por la densidad del conflicto y la socialización sesgada que dan del mismo los medios de comunicación, un problema de carácter político-dialógico constructor de consenso ha derivado en una confrontación entre gobierno y oposición sin que se otee a corto plazo una salida democrática y dentro de los canales institucionales.
Ante la efervescencia y los claroscuros del conflicto, muchos analistas y ciudadanos del país venezolanos le apuestan a una salida golpista, traumática o al margen de los conductos institucionales, lo cual no es posible porque los acuerdos interactorales en la era de lo que comúnmente le llaman la globalización, es que no se altere el cuadro de leyes y el entramado institucional por una disidencia o mal gobierno, sino que se han activado otros instrumentos políticos para que un gobernante deje el cargo, en caso de no contar con la popularidad requeriente o si abusó en el ejercicio de su cargo público. La rendición de cuenta, el juicio político, los plebiscito o revocatorios son parte del entramado institucional y no medios para desplazar a gobernantes por la fuerza.
No obstante esta realidad y aceptado en el ámbito latinoamericano el acuerdo no escrito pero sí avalado por casi todos los sectores de la sociedad de cada uno de los países del mosaico latinoamericano y por las instancias económicas, gubernamentales e internacionales, de que los militares no ocuparían cargos de gobierno por la vía del golpe, además, que cualquier intento por desalojar un gobierno a la fuerza no tendría apoyo alguno, en Venezuela aún, los enclaves actorales del régimen de los partidos políticos ADECO, COPEI y acólitos, aun guarda la efímera esperanza de que los militares acudan a la solución golpista.
La solución es simple por las alternativas que se ofrecen, son complejas por las características de los actores conflictuados.
Un primer valor que tenemos que acuñar en la discusión, es que
El conflicto en Venezuela es de intereses y no valórico, por lo que la salida del mismo no debe hacerse con un mediador internacional o neutro, sino mediado por un poder de la Nación, en caso de no contar con la fuerza ética suficiente, canalizarlo a través de una demanda ciudadana que exija al gobierno y la oposición a sentarse en la mesa a dialogar con una agenda definida y de cara a la ciudadanía.
La ausencia de conflictividades valórica inutiliza cualquier intento externo por mediar, llámese OEA, Amigos de Venezuela, ONU u otra instancia que exista, por lo que hay que buscar, con fuerza y diálogo una concertación o pacto nacional.
Si estamos ante un conflicto de intereses, la vocación de las confrontaciones debe ser dialogantes, porque siempre se que presentan fenómenos de esta naturaleza, ninguno de los dos bandos conflictuados puede erigirse como vencedor, debido a que no es una competencia, sino un desacuerdo que se deriva de formas y contenidos en el ejercicio de la autoridad, el sello que le imprimen a un gobierno, los segmentos políticos y sociales favorecidos y la lógica discursiva de los actores enfrentados.
Esta conclusión parcial no es el fin del problema, tampoco la solución salomónica; para que se de un proceso de diálogo abierto, constructivo y de cara a la sociedad, deben existir los actores, pero en el caso que nos ocupa, la gelatinosidad estructural de los partidos es evidente y no se conoce a ciencia cierta quién es el interlocutor que se sentará en el otro lado de la mesa con gobierno para construir el diálogo nacional.
Por la magnitud del problema y el involucramiento involuntario que ha tenido la sociedad civil venezolana en el conflicto, el diálogo que se requiere no puede ser centrado en dos actores, partidos políticos y gobierno, tampoco en el domo movilizador que ha armado la llamada Coordinadora Democrática, que si bien jugo un papel de vehículo político para confrontar al gobierno, su fragilidad orgánica, la carencia de liderazgo y el no tener un horizonte programático, la diluyó en las fuerzas de las multitudes y quedó atrás de las aspiraciones populares y sin organicidad para dar cobijo a todos los sectores que la hicieron suya en el episodio del paro nacional de 2002.
En otro aspecto complementario de la Coordinadora Democrática, los partidos políticos que se sumaron a ella, llegaron al domo movilizador con la firme idea de que era la oportunidad que buscaban para entrar en una etapa de reconformación política, con imagen y estilo distinto de hacer política, acercarse al pueblo sin ser señalados o rechazados, pero sin cambiar en esencia ni desplazar liderazgos de enclave.
El domo movilizador cumplió la tarea de la casa del “Cangrejo Ermitaño” (*) sin embargo al exterior mostraban una cara distinta, la de una organización amplia, horizontal, con liderazgo colectivo y aliados con el firme propósito de recuperar una Venezuela democrática y gobernada por los partidos políticos tradicionales.
Era, según las ideas divulgadas, la refundación orgánica de los partidos, para lo cual no habría pronunciamiento al margen de la Coordinadora, tampoco disputa de liderazgos hasta que la situación política cambiara a su favor.
Esta situación de coyuntura prolongada no permanecería intacta, la complejidad del conflicto y la participación inducida de la sociedad civil fue orillando el conflicto a otra coordenada de la confrontación donde la radicalización era inminente y la disyuntiva era. a/ Levantar el paro y buscar mesa de negociación/ b/ radicalizar el proceso bajo el riesgo de llegar a punto de inflexión y violencia, sin asumir la responsabilidad por lo que ocurriera pero a su vez arriesgando el espacio público ganado si el gobierno decretaba un estado de excepción.
Se escogió la primera opción, diálogo con mediación, siendo la OEA el árbitro y el paro levantado sin condición alguna.
Dado que el conflicto no es de carácter valórico, el mediador Salió sobrando, aunque en la forma siempre estuvo en la mesa, en la negociación solo fue un facilitaron en la convocatoria y hasta ahí. La mesa se convirtió en un canal de acusaciones mutuas, la efervescencia de las multitudes se fue apagando paulatinamente y el gobierno tomó las medidas drásticas que te cortó la oxigenación externa a la oposición: Control de divisas, apertura de juicios por daños la nación, reestructuración administrativa de PEDVSA y activación de sus huestes como fuerza política para recuperar las calles y movilizar partidarios del gobierno.
La nueva situación “posparo” arrojó un escenario distinto, favorable para el gobierno y muy acotado para la Coordinadora, esto último por varios factores:
Algunos líderes se fueron al exilio, los que quedaron no tuvieron la decisión de reconvocar a las multitudes porque el temor se apoderó de ellos; las multitudes reclamaban un liderazgo que no apareció por ningún lado y los intereses partidistas se desocultaron y buscaron posicionarse en el lugar que me deparara o redituara mayores ganancias.
El pueblo está esperando el redentor de sus penas y demandas y el gobierno despega con varios programas de emergencia en el ámbito de vivienda, servicios públicos, construcción de carreteras y de importación de alimentos para atenuar la crisis, que no ha cambiado en nada, antes por el contrario, se profundiza con el desempleo abierto y la poca inversión externa.
Diálogo nacional en la etapa posparo
Después del fracaso se las negociaciones con la mediación de la OEA, el diálogo nacional reclama otra modalidad en la organización y operatividad del mismo, incluso, algunos puntos de la agenda inicial ya no son tan necesarios discutir en el nuevo escenario.
Una condición del nuevo escenario dialogante es que la mesa debe ampliarse y convocar a otros actores, estructurados y no estructurados, similar a un proceso constituyente, pero sin atentar contra la Constitución, por lo cual, las universidades, la iglesia, los sindicatos, partidos políticos, gobierno, campesinos, pequeños productores, comerciantes, minorías sociales, organizaciones barriales y comunitarias tendrán que participar, sin que media una instancia de representación de más de uno segmento actoral.
La crisis venezolana no es un aspecto exclusivo de los políticos ni de los empresarios, es un asunto que compete a todos y ello exige un diálogo nacional para concretar cosas necesarias como: pacto nacional de gobernabilidad, respeto y apoyo a las instituciones vigentes, actuaciones cargadas de civilidad para dirimir diferencias, acuerdo de productividad y apoyo a la industria nacional, redireccionar el modelo de desarrollo del país, precisar el funcionamiento del sistema de partidos, convenir la reforma del sistema educativo en todos los niveles, de salud y laboral; definir los temas de interés nacional y mecanismos de comportamiento de la banca de apoyo y el sistema financiero.
No es una tarea mayúscula, porque las bases están cimentadas en la Constitución Bolivariana, pero la interpretación del reglamentarismo jurídico es cosa de arbitrio absoluto y cada quien la acomoda a sus intereses.
Cargar de contenido la constitución no es tarea única del gobierno, sino de los poderes de la nación y los actores estructurados y mientras esa tarea no se lleve a cabo, los conflictos simples van a tomar forma y contenido de confrontación violenta, lo cual puede remediarse por medio del diálogo amplio y nacional.
Ahora bien, toda democracia por naturaleza lleva en su ejercicio un intercambio de intereses, ideas y demandas que muchas veces se manifiesta en conflicto, pero estos desencuentros deben ser resueltos por medio políticos democráticos, sin recurrir a la violencia o al terror; si sucede lo contrario, la ausencia de democracia está clara.
La vitalidad de una democracia se reconoce cuando se observa el uso de los medios políticos tanto en la relación entre estado y sociedad civil como al interior de la sociedad civil. Este uso de la democracia se denomina civilidad.
Ahora bien, el conflicto es fuente de discusión, la discusión es manantial de ética; y conflicto, discusión y ética son manantial abrevaderos de leyes. La diferencia es el distintivo del conflicto, sin embargo no todas las diferencias son conflictivas, para que exista se debe cumplir dos requisitos: a/ que no sea la actuación o los argumentos de una de las partes no sea aceptada por la otra y b/ debe estar regulada, la diferencia, por un tercero que media o habilita el dialogo de acercamiento (Mires, 2001. Civilidad).
Bajo la avenida teórica que nos presta Mires, podemos afirmar que el conflicto venezolano se da bajo las coordenadas de una democracia, no quiero decir que exista la democracia plena en el país, son cosas distintas, pero en el conflicto, los dos bandos se reconocen que son diferentes y hay desacuerdos en el comportamiento político entre ellos; además,, ya han invitándolas partes a mediador para conciliar intereses, no obstante, la democracia plena aún no existe por varias razones, una de ellas es que la sociedad civil está constituida con apego o ligada, por un lado a los partidos tradicionales y por otro ligada a los intereses del gobierno, sin que ella aun esté en proceso de auto constitución. Agreguémosle otro ingrediente, la conducción de gobierno muchas veces se hace bajo formas y modelos de conducta militar, toda vez que el representante del ejecutivo es un militar en ejercicio, aunque no aparezca como tal, los métodos que emplea para agregar miembros al gabinete o para impactar una política pública es totalmente apegada a la lealtad a su gobierno , el otro no existe si es diferente, todo aquello que me critique o me rechace, es antivenezolano y antipatriota, dado que él y sus acciones son el parámetro de la legalidad, lo bueno, lo necesario y lo mejor, de lo contrario, hay que arrinconar al enemigo.
Hay que aclarar que el desconocimiento del otro se nota más en el plano discursivo, porque en el ámbito político tienen garantías y espacios de maniobras, porque los medios siguen actuando, las movilizaciones se dan y las críticas circulan.
Lo preocupante en este proceso es la insensibilidad de las partes para convocar un diálogo nacional, cada quien se aferra a una postra irreconciliable y llevan la disputa de intereses a los medios, convirtiendo a la política en un espectáculo y a los políticos en animadores de este evento que ya hartó a la sociedad civil.
La salida inmediata a este impasse es el restablecimiento de una mesa para el diálogo que desemboque en una nueva unidad nacional se requiere para apuntalar dos columnas: La vida institucional y el diálogo para solucionar las diferencias, dado que la ausencia civilidad democrática es lo que tiene al país sumiso en las confrontaciones desgarrantes para la sociedad.
Nuevo escenario exige diálogo nacional
La tesis nuestra de proponer un diálogo nacional abarcativo, incluyente y tolerante es porque en Venezuela las condiciones del país cambiaron, el cuadro en donde me mueven los actores políticos abrió nuevos escaques, los liderazgos se alteraron y las identidades se redefinieron y esto no sucedió a con el arribo de Chávez a la presidencia, sino que Chávez es producto de esta nueva circunstancias.
Los diez años que trascurrieron en la década de 1989-1998, las formas comportamentales de los gobiernos cambiaron, un poco tarde con respecto a lo que acontecía en América latina, pero sí bajo la lógica que predominaba en el ámbito latinoamericano: libre mercado, reducción del Estado, desobligación administrativa del gobierno de las políticas públicas de carácter social e incremento de impuestos. Quienes administraban esta conducta administrativa eran los tecnócratas.
Nueva clase política desplazaba a la clase tradicional que se había acostumbrado a tratar los asuntos públicos a través de la prebenda, los arreglos grupales o favores políticos; ahora había una conducta eficientista, regulada bajo la lógica del costo beneficio y de espalda a las demandas populares.
En este cambio en el manejo de la política se da un quiebre del modelo de sistema de partido, dado que en Venezuela el corporativismo era y pretendía seguir siendo el conducto eficiente de los partidos en el gobierno, al perder fuerza la conducta corporativa, el desencanto, los desencuentros y los alejamiento crecieron y se refugiaron en liderazgos regionales y locales que se fortalecieron con la descentralización político administrativa que se implementó en este lapso analizado.
Los dos elementos mencionados, al parecer parecen muy simples, pero la profundidad con que caló en la estructura del sistema de partido y en la forma de hacer política en Venezuela fue enorme, tanto que rompió la estructura y andamiaje institucional vigente, obligando a los actores a buscar otros espacios o a reposicionarse en el nuevo escenario que estaba conformándose; además, desprendió a muchos grupos humanos de núcleos partidistas, destrozó los nodos donde se enclavaban las lealtades y desanudó las protestas reprimidas, ejemplo de ello fue el Carachazo de 1989 y otros brotes de rechazo a la política antipopular instrumentada desde el gobierno.
A pesar de la gelatinosidad del nuevo cuadro político y social que se estaba estructurando, los partidos políticos, principalmente los tradicionales, ADECO y COPEI creyeron que era una crisis más de las que había vivido venezuela, pero no la eclosión que más tarde vivieron y no pudieron reaccionar ante ella; sólo algunos movimientos del ajedrez político se dieron, pero la decisión era desatinada porque la realidad no era la misma.
Intentos por armar nuevos partidos, amalgamiento entre ADECO y COPEI, construcción de piezas discusivas populistas y recuperadoras de demandas sociales añejas eran intentos vanos, cundo todo ello contrataba con la política neoliberal y la desresponsabilidad del Estado ante el crecimiento de la pobreza, desempleo y hambre que crecía día tras día.
Algo interesante de analizar en esta coyuntura del quiebre institucional y de la forma de hacer política son varios hechos políticos que marcaron la crisis a los partidos políticos tradicionales y el fin de los liderazgos corporativo fue la pérdida de soporte de la Confederación de Trabajadores de Venezuela –CTV- con los partidos y viceversa. A ello se le suma los bloqueos que otras instancias institucionales, universidades, empresarios, sindicatos y otros organismos hicieron contra los partidos, al verlos inutilizados y de poco servicios a sus intereses, los dejaron en su agonía.
Quizá hoy algunos se arrepientan de esa conducta sumida, pero en su momento lo hicieron y dieron al traste con las aspiraciones reagrupacionista de las organizaciones partidarias.
El escenario ya no era el mismo, todo había cambiado, los partidos en crisis, el sistema bipartidista refugiado en el ayer, los líderes desesperados, los empresarios buscando el soporte político que les permitiera hacer y vivir de la misma manera, las sociedad civil anhelando un cambio y los movimiento sociales y populares desatados y sin control alguno.
Dos caras de una misma moneda se ofrecía a venezuela, cambio con más de lo mismo, neoliberalismo aplicado; o cambio con nueva Constituyente, se optó por la segunda opción y con esta actuación colectiva se abría otro capitulo en la historia del país bolivariano.
Muchos analistas afirman que la transición se acaba en Venezuela con el fin de bipartidismo y el nacimiento de la nueva Constituyente; otros más aplicados defienden la tesis de que apenas comienza la transición y ésta no avizora el horizonte a donde quiere arribar.
Si la transición es un proceso culmina cuando algo lo viejo se altera y deja de ser exactamente lo que venía haciendo, dicho en otras palabras, cuando se da una alternancia en el poder en un sistema unpartidista como era México o bipartidista como Venezuela, los bolivarianos pueden decir, estamos en el fin de la transición y ahora nos enrumbamos hacia una democracia extensiva, como le denomina Garretón, la cual no es regresiva, puede ser lenta, algunas veces se estanca, pero no vuelve aplazado.
Creo que Venezuela se encuentra en este proceso, la transición culminó y ahora se inicia un proceso de recomposición institucional, arreglos interactorales y crear nuevas reglas del juego para reposicionar actores, construir escaques, nuevas alianzas y construir horizonte, porque éste no se ofrece de manera fortuita, se construye con las aspiraciones políticas, los deseos ciudadanos y las capacidades de los rublos y sus gobiernos para dibujarlo.
Para que haya horizonte claro es necesario transitar por el camino del diálogo, la tolerancia, construir los arreglos institucionales y redundar los partidos políticos.
El diálogo no es el punto de llegada de la crisis, es el principio de un largo proceso que llevará a establecer las nuevas reglas del juego y un acuerdo de arreglo institucional que tendrá que irse consolidándose a través de la refundación de los partidos políticos, incluyendo el Movimiento V República, si es que Chávez y sus seguidores prende seguir en la política, porque hasta ahora la organicidad que muestran las bases de apoyo del chavismo es endeble y la de los partidos mucho peor, para lo cual tendrán que dejar se ser fuerza de apoyo de gobierno y concentrase más en trabajo orgánico partidista. ADECO y COPEI, deberán centran mayor atención a la estructura orgánica y nuevos liderazgos, elaborar programas y plataformas de gobierno y deja de sobredimensionar la figura de Chávez como también dejar de actuar en función de lo que el gobierno hace.
Si persiste la debilidad de los partidos, el gobierno de Chávez se fortalece, pero la democratización se debilita, porque la ciudadanía es secuestrada por el debate insulso y espectacular de los medios y se le niega una representación política necesaria en toda democracia.
El eclipsamiento de la sociedad civil al margen del debate nacional, podría dejar a los partidos políticos sin base real y sólo con contingentes amorfos que dan poco interés a las elecciones, propiciando un elevado abstencionismo.
Para evitar el estancamiento del proceso democratizador, es necesario presionar a los partidos para que dejen de ser ovejas de rebaño y actúen con seriedad ante el reto que les pone la sociedad venezolana, ofrecer mejor organicidad, participación ciudadana en las decisiones, elección de candidatos de cara a la sociedad, rendición de cuentas y responsabilidad ante la nación y la sociedad.
En hora del dialogo y de refundar los partidos, porque la sociedad aspira a un horizonte democrático y esperanzador.
Déficit de virtudes cívicas. Impasse para el diálogo
Si concebimos las virtudes cívica como las cualidades que facilitan a un persona o político para que lleve a cabo dignas y comprometidas empresas para alcanzar la magnificencia, la notoriedad y el honor; por tanto allana el camino a un gobernante para gestionar y operativizar acciones que lo aproximen a lograr los más generosos fines y a solventar algunas de las peticiones más requeridas por la sociedad. Estas virtudes no están presentes en la conducta de los actores políticos venezolanos, porque las virtudes tienen que ver con los valores y éstos con las creencias, las normas, las reglas y las convicciones que funcionan como elemento adhesivo al interior del grupo o colectivo; asimismo es núcleo matricial de donde parten los principios que regulan las relaciones con el exterior, ya sea con otros grupos, con el gobierno, con los partidos políticos y todo aquello que integra el espacio público.
Los valores asumidos por los verdaderos políticos, son las idea fuerza que dan cuerpo y conciencia a la actuación colectiva del grupo en el ámbito de la política, de ahí que su noción de democracia, de participación, de poder, de cooperación y de tolerancia esté fundamentada en sus vivencias, en su acervo de vida, de los acontecimientos cotidianos y de los acuerdos intra e intergrupales, lo que la hace que sea distinta y distante de la cultura política tradicional, practicada por los partidos políticos y que hoy día se reproduce en Venezuela y pone en riesgo la convivencia interactoral.
Las prácticas políticas que hoy se muestran en el espacio público venezolano son producto de las conductas, hábitos, costumbres que desde décadas atrás han conformado la red de interacciones que se dan en el interior de los partidos tradicionales y en sus relaciones con otras asociaciones; el conjunto de ellas suma la experiencia colectiva, misma que estructura la memoria histórica de los grupo, que con su actuación, alimenta significativamente la maltrecha cultura política del todo social, dotándola de un sello intolerante, contestatario y antipolítico.
Es por ello que el conjunto de actos cotidianos de ofensas, diatriba, señalamientos, acusaciones, exclusiones y provocaciones van distorsionando, en el transcurso de la vida del colectivo, su identidad, dotando de una lógica sin sentido las acciones sociales, deteriorando las formas de cooperación, borrando el perfil organizacional de todo gremio y nutriendo una autonomía falsa de los ciudadanos frente al otro.
Con estas acciones, buscan evitar que crezcan las tomas de decisiones individuales y colectivas, que aparezcan liderazgo al margen de los tradicionales y se les delegue a ellos las facultades para organizar los eventos movilizadores, la dirección del mismo y las negociaciones con el gobierno.
En síntesis, se puede decir que en Venezuela está ausente una cultura política que revalorice la cotidianidad, dado que de ahí surgen los proyectos y aspiraciones reivindicativa; también está lejana de todo acto y acciones que se interese en la consulta, los diálogos y los acuerdos para incidir en la toma de decisiones y en los asuntos públicos; y apartada de todo proceso que construye cuerpo simbólico para reafirmar la identidad e intereses colectivos y que renueve la utopía para que guarde un correlato con los símbolos, las demandas, las acciones y la vida de otros grupos en situación semejante.
Sin embargo, la matriz de la nueva cultura política, la que se requiere, no está alimentada ni asumida por los partidos políticos venezolanos, tampoco por agentes del gobierno y muchos menos por los medios de comunicación y empresarios, quienes han plagado de intoxicación discursiva a la sociedad civil sin permitirle que ella realice sus reflexiones y actúe de acuerdo a su capacidad y potencialidades.
Los que nutren a la incipiente cultura política en estructuración son los actores emergentes, los insumisos, los sujetos que actúan al margen de las estructuras, en las radios comunitarias, en los barrios que si bien es cierto no tienen la cobertura social y promocional, en su espacio local la ponen en practica de manera cotidiana y hacen suyo algunos programas de gobierno e imprimiéndole el sello popular.
Otro aspecto que se encuentra en entredicho son los valores de la política, dado que el vaciamiento de la política y el uso utilitarista/electoral/ mediática que hacen los “líderes” de los partidos políticos, agentes de gremios empresariales y algunos militares han coadyuvado notablemente para que la apatía ciudadana crezca desmesuradamente.
Hay que tener presente que la apatía y el descrédito no es de la ética, sino de los actores que actúan de espaldas a ella; además, ellos mismos han procurado de manera perseverante, de producir un lenguaje de la moral y de la política que desplaza y oculta a la política en sí. Esto se explica de la siguiente manera, la política, en manos de los actores políticos no está interesada en los aspectos analíticos que conlleven a descubrir alternativas para resolver aspectos de pobreza, déficit educativo, salud y de tecnología nacional, sino más bien en los requerimientos normativos, buscando con ello que la sociedad sea sometida un conjunto procedimental que todo lo reduce a normas, leyes, reglas y acciones en función a lo que está registrado como tal y que beneficie a los interesados en vivir de la cosa pública.
De esta manera, la sociedad civil en este proceso transicional y cargado de conflicto, queda abandonada y desprotegida, pues la justicia no se lee ni se entiende por su contenido, sino que su aplicación se sujeta a procedimientos normativos que dicen acercarse a un acto justo, donde se reconoce a un sujeto de derecho, pero en la realidad no hay recursos, oportunidades, ni acciones que le permitan apropiarse de esos derechos.
Ante esos sucesos, la política venezolana debe formatear el patrón vigente y recargarlo de valores éticos que la lleven a situarse en lo que Aristóteles denominó “la vida buena”, no sólo para administrar con justicia y apegarse a los valores que la sustentan, sino que liberen a los individuos gobernados para que se reapropien de sus facultades orgánicas, participativas e inventivas y construyan lo posible y lo realizable en un mundo amplio para los inversionistas, pero restringido para los ciudadanos.
Está obligada a brindar la oportunidad a los ciudadanos para que se resitúen en el nuevo escenario y desafiar al gobierno para que el manejo de los programas públicos se dirija a mejorar todo lo anterior, a superar lo que se hizo anteriormente, con la perspectiva de que todos los problemas, quizá no se resuelvan, pero la opción de abrir mejores perspectivas para el futuro es inevitable y posible de construir en un mediano plazo.
Ahora, si a ese programa de gobierno lo apuntalamos con valores éticos, aflora la responsabilidad, que no es más que una actitud y un comportamiento que responde a lo que le compete a cada funcionario, a cada gobernante y en su totalidad al buen ejercicio de la democracia plena.
Dialogo, corresponsabilidad y ética son aspectos ausente en la política, mientras ello siga su curso, difícilmente se resolverá el conflicto venezolano y mucho menos la política recuperara su papel protagónico para mediar, resolver y dialogar, y de perdurar, el costo social y el detrimento de las instituciones será elevado.
La desciudadanización como riesgo de la democracia naciente
Otro fenómeno que toca a las puertas de la democracia venezolana para atemorizarla es la tendencia incremental de la desciudadanización , cuyo proceso se inicia con la acelerada pauperización y reducción de derechos que el neoliberalismo viene dejando a lo largo de su camino desde la década de los ochenta a la fecha, aunque en cada día que pasa, como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay y toda el área centroamericana es más drástico y dramático que lo acontecido en otros naciones, debido a que las privatizaciones, cierre de empresas públicas, el abuso del capital golondrino, los negocios de bolsas, el desempleo y flexibilidad laboral está desalojando del terreno de la sobrevivencia a millones de trabajadores; este fenómeno en Venezuela tiene un agregado más, la lucha intestina entre el gran capital y el gobierno también ha incidido para que se incremente los sujetos sin derechos.
Los sujetos sin derechos no es una nueva categoría “snob”, sino que es el producto de las políticas discriminatorias que los gobiernos y los dueños del capital de nuestra región vienen impulsando para negar las conquistas laborales, rehusar los requerimientos básicos para la sobrevivencia y nulificar todo aquello que sea público y estatal, para convertirlo en privado, exclusivo y alejado de la intervención del Estado. La "desciudadanización, es el proceso por el cual los ciudadanos, en especial los excluidos, pierden la confianza en las instituciones democráticas, económicas e impartidoras de justicia.
A través de la desciudadanización podemos analizar los procesos reciente y creciente de exclusión de una gran parte de la población de sus antiguos derechos sociales. Pérdida de empleo y escasa o nula expectativa de llegar a obtener un trabajo estable con cobertura social, pérdida de la vivienda, dificultades para el acceso a la salud y deterioro de la calidad de la enseñanza; pobreza extrema que afecta sobre todo a los niños y sus madres, disminución de las condiciones mínimas de igualdad, de igualdad no en un sentido radical marxista, sino, en el sentido del acceso a bienes sociales esenciales en una sociedad moderna y democrática como es la educación, salud, trabajo, vivienda y protección a la vejez. La vulnerabilización de todos esos derechos civiles, políticos y sociales y los desplazamientos migratorios internos en busca de trabajo o mejor vida, nos arrima a la plataforma de la desciudadanización.
La desciudadanización, vista sí, es un fenómeno político que se ve acrecentada, tanto en los países que aun no concluyen su transición, Venezuela y Perú, como en los países que lograron reingresar en el proceso democrático. Esta situación nos conduce a plantear la existencia de una democracia formal, procedimental, en tanto la democracia sólo se afirma en su dimensión institucional -por lo menos en el plano nominal-, en el evento electoral pero no avanza en su fase funcional y de contenido, tampoco trasciende a los ámbitos de la participación ni en la rendición de cuentas, pudiendo todo ello originar un retroceso ciudadano en el sentido de apatía y escepticismo. Lo cual se demuestra con las cifras de la abstención en cada proceso electoral.
Ahora bien, la democracia se carga de contenido mediante la participación ciudadana, la cual constituye y muestra el grado de cultura política que goza una sociedad. Si la acción ciudadana no se ejerce la cultura política no progresa ni se consolida, por lo que la democracia no tendría posibilidad de superar el estadio primario de formalidad, abriendo cada vez más la brecha entre representación y participación. (María Pastore, 1998)
La experiencia latinoamericana, en los últimos 25 años, nos arroja resultados devastadores, si bien se consolidó una transición política, ésta no ha sido suficiente, puesto que las restricciones que el neoliberalismo le impuso hizo que la ciudadanización política resultante de esa etapa transicional fuese acompañada por una implacable "desciudadanización económica y social", comprometiendo gravemente la legitimidad de las incipientes democracias de la región. (OSAL, 2000)
Bien sabemos que la ciudadanía activa y participativa en los asuntos públicos es la columna vertebral y condición indispensable para que exista democracia; la desciudadanización es el factor determinante para que ella no exista o deje de existir, por tanto, apremia reactivar todos los dispositivos necesarios para que no siga deteriorándose la incipiente democracia que tenemos.
En síntesis, la ciudadanía venezolana, requiere de condiciones políticas: libertad de expresión y de asociación, garantías individuales frente al ejercicio del poder del Estado y condiciones sociales de igualdad social, autonomía frente a los partidos políticos y desencapsulamiento de la órbita mediática. Si a la democracia se le restan estos ingredientes, las condiciones sociales básicas para la constitución de una ciudadanía política, independiente y autogenerativa son precarias, pero son el ambiente ventajoso para producir relaciones clientelares y enclaves culturales que dañan a la política y consubstancialmente a la democracia.
La multitud como actor social sin cuerpo orgánico
En los últimos 10 años se ha desatado un comportamiento insumiso que en década anteriores también había aparecido, pero en los años 60 y 70 no se les conceptualizaba como multitud, sino como pueblos, cuya vanguardia era asumida por fuerzas armadas revolucionarias del momento, tal fue el comportamiento del pueblo nicaragüense, el salvadoreño y en algunos momentos en Colombia y Perú.
El hecho de que una fuerza beligerante se colocara al frente de esos movimientos multitudinarios, le asignaba una entidad de “pueblos insurgentes” o se le adjetivizaba como Sandinista, comunista, Farabundista, etc., pero no hubo la preocupación en ese tiempo de conceptuar con mayor rigor la lógica de acción colectiva que comportaban, porque eran muchas, multidiversas y convergentes, en algunos casos, distantes en otros.
Esa multitud se diluía, en los análisis de la época en la categoría pueblo, articulada a nación y Estado, las tres denotaban al pueblo, mismo que planteaba una lucha por la liberación nacional. A fin de siglo nuevamente aparecieron los actos y las acciones multitudinarias en Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Uruguay, sólo que esta vez la categoría pueblo se encontraba en desuso, la sociedad no era vista como un todo homogéneo, sino que al interior convivían diversas franjas sociales que daban cuerpo a la heterogeneidad.
La multitud de hoy es un cuerpo semiorgánico, la gelatinosidad de sus estructuras se debe a que su naturaleza es convergente, a ella llegan y se asocian de manera perentoria múltiples actores, casi siempre autoconvocados ante una situación que pide o exige el concurso de todos. Todos los que a ella llegan son sujetos que no creen en las mediaciones ni se sienten representados por los partidos políticos ni ligas o asociación alguna, ven la acción directa como el recurso más eficaz para obtener su demanda o hacerse sentir en el espacio público.
Son sujetos desgajados (Salazar R.2003-B) que conviven y sobreviven en los barrios, chabolas, cantones, comunas y comunidades marginales propias de la fragmentación urbana que en medio de su estado de subsistencia, se asocian, arman redes, intercambian experiencias y se aglutinan en forma de multitudes, lo cual le da un carácter deliberativo y actuante, en la medida que asume la responsabilidad de llevar a cabo una acción directa para protestar, marchar, movilizarse, bloquear calles, montar un piquete o confrontar una medida gubernamental.
No todas las multitudes son iguales, las acciones desarrollada por la Coordinadora del Agua en Bolivia son más contundente y con mayores recursos orgánicos que las movilizaciones de los Piqueteros de Argentina, y esa diferencia está marcada en que en Argentina como en otra partes de América Latina, se le apuesta al asambleismos prolongado y a la horizontalidad deliberativa y decisional, como una muestra de que no son copia de los partidos políticos tradicionales de estructuras piramidales donde el liderazgo se agotó para este tipo de organizaciones de masas. En el caso venezolano, las multitudes tienen un tinte político, son en su mayoría segmentos marginados que han encontrado en la personalidad y gobierno de Chávez un icono de representatividad o de referencia simbólica.
El horizontalidad, si bien es un recurso democratizador al interior de las organizaciones populares, esta no puede perpetuarse y ejercitarse en todo momento y ante cualquier circunstancia, porque hay coyunturas, puntos de inflexión en que hay que decidir, asumir el riesgo y la responsabilidad de dar una orden o tomar la iniciativa, y en el instante que hay que hacerlo, no puede convocarse a la horizontalidad deliberativa y consensual.
Esta ha sido la debilidad de los comportamientos multitudinarios, por apostarle a la democracia interna, han renunciado a un programa y han perdido la visión de poder; por renunciar a un liderazgo han caído en la amorfosidad y con ello la pérdida de sentido de sus luchas.