Sonia Guedes Ortiz
Pasarela Cibeles: de la extrema delgadez a las extremas medidas
(Página Abierta, 175, noviembre de 2006)
En la reciente 44ª edición de la Pasarela Cibeles, el Gobierno de Partido Popular de la Comunidad de Madrid, IFEMA (Feria de Madrid), la Asociación de Creadores de Moda y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) han decidido imponer una imagen saludable. El resultado es un 18% de Índice de Masa Corporal (IMC) como condición para que una modelo pueda desfilar en este certamen. Hablamos de un índice que es el resultado de dividir el peso entre el cuadrado de la altura, un dato que nos aporta información bastante concluyente acerca de la salud nutricional. Un 18% son unos 56 kilos de peso en chicas de 1,75 de altura. Ese porcentaje está ajustado muy en el límite, ya que por debajo hablaríamos de infrapeso, hasta encontrarnos con casos de 16% de IMC, que tienen criterio de ingreso hospitalario. Y así desfilaron muchas modelos en la pasada edición, hecho denunciado por ADANER (Asociación en Defensa de la Atención de la Anorexia Nerviosa), que reconocía tener pacientes ingresadas con un peso superior al de muchas de las modelos del certamen.
La polémica abierta por las reivindicaciones de diversos sectores sociales ha obligado, tanto al Partido Popular como a la organización y expertos en nutrición, a dar la razón a todos aquellos que denunciaban la dejación e irresponsabilidad política, así como la impunidad de la industria textil y del mundo de la moda ante lo que se consideraba un atentado a la salud pública.
El pasado mes de abril, la directora del certamen, Cuca Solana, fue llamada a comparecer en la Comisión de Juventud, a petición del Grupo Socialista, ante la denuncia de ADANER. En su comparecencia, negó que las modelos elegidas para la Pasarela Cibeles «fueran extremadamente delgadas, aunque sí delgadas y altas». En cuanto al peso de las modelos, declaró desconocer ese dato porque las agencias no lo proporcionaban, pero igualmente aseguraba que se habían cumplido desde 1999 las recomendaciones del Senado (ver cuadro).
Sin embargo, los testimonios en televisión de varias modelos sobre la imposición de las tallas 34 y 36 destapaban el escándalo y demostraban que la alarma social estaba totalmente justificada, a pesar de que la organización de la Pasarela lo negara una y otra vez.
Las modelos, ¿modélicas?
La medida tomada en la Comunidad de Madrid, a pesar de que, efectivamente, es una forma pública y notoria de reconocer, al fin, la existencia de un problema de salud de enorme calado social y la necesidad de intervenir, está bastante lejos de ser, desde mi punto de vista, un avance en la prevención de trastornos como la anorexia y la bulimia, y mucho menos de iniciar el tan necesario debate social en torno a la cultura de la delgadez. Los promotores de la iniciativa se equivocan nuevamente, no sólo en la forma sino en el fondo. La 44ª edición de la Pasarela Cibeles ha estado nuevamente cargada de polémica, algo que empieza a ser una costumbre bastante rentable. Atraídos por el escándalo, los periodistas, en particular extranjeros, son más numerosos que nunca: cien medios acreditados frente a sesenta del pasado año. Periodistas que se fijan más en la talla de las chicas que en las colecciones primavera-verano presentadas por los creadores y las creadoras. Este escenario sólo fomenta ese enfoque frívolo, falto de sensibilidad y lleno de desconocimiento acerca del problema, una conclusión a la que se llega si atendemos a ciertos aspectos.
Imponer “una imagen saludable”, como se pretende, es hablar de una estética pero no de una ética, un escaparate. La salud no puede ser una imposición; es necesario reconocer los peligros de la extrema delgadez, tanto para la salud física y mental de cada individuo como para la salud social, en tanto en cuanto generamos unos valores que nos estrechan y empobrecen la mirada no sólo ante nuestro cuerpo, sino, peor aún si cabe, ante la vida. Si no se desarrollan iniciativas sociales y políticas en este sentido, no vamos a prevenir, sólo vamos a prohibir y censurar, como es el caso de la prohibición de maquillaje que pudiese demacrar las facciones de las modelos. El maquillaje no pone en riesgo la salud de las modelos. Esta medida, por tanto, me resulta extrema y peligrosa, ya que, a mi modo de ver, coarta la expresión.
Se trata a estas profesionales como mercancía, víctimas de cualquier tipo de despropósito, obligadas a exigencias que en cualquier otro empleo tendrían un carácter ilegal. Aún más si tenemos en cuenta que una de las recomendaciones del Senado en 1999 fue que el peso y la talla no sirvan de criterio para aceptar o despedir a alguien en un trabajo. No sólo no se cumplen las recomendaciones, sino que se violan de forma flagrante. Aunque la intención en este caso, aparentemente, sea preservar la salud, se sigue utilizando el mismo criterio, pesos y medidas.
Subir a la báscula, bajar de la báscula, marcadas con el 18%, y a desfilar, no dista mucho de una feria de ganado. Su salud no está en un primer plano. Si así fuera, se habría iniciado hace mucho un proceso, dentro de la profesión, no de fiscalización, sino de sensibilización, de información y de intervención a nivel sanitario.
Dos de las modelos españolas de mayor caché, Eugenia Silva y Ariadna Artiles, se negaron a pasar por la revisión, porque la consideraron ofensiva. No serían las únicas que sentían lesionada su dignidad como mujeres y como trabajadoras, pero muchas no podían permitirse el lujo de elegir, y seguramente se vieron obligadas no sólo a pasar por la báscula, sino a callar su opinión al respecto.
Ahora bien, defenderse negando cualquier relación del mundo de la moda con trastornos como la anorexia y la bulimia resulta peligroso, en primer lugar para la propia salud de las modelos, poco ético y mucho menos honesto. Lo cierto es que entre las modelos encontramos casos de anorexia y bulimia, como los encontraríamos ya por desgracia en cualquier parte. ¿En mayor o menor proporción? Habría que realizar un estudio serio, pero lo que está claro es que cuentan con mayores factores de riesgo por las presiones evidentes a las que son sometidas y porque son utilizadas para proyectar un concepto estético poco alcanzable y saludable.
La modelo Eva Sanz, tras la pasada edición de Cibeles, se defendía diciendo que el problema de transmitir una imagen es que la gente se lo crea y que «no se puede confundir el mundo de la pasarela con la realidad. La moda se ha democratizado y ha saltado a la calle, pero descontextualizada. No es más que una idealización. Pretender llevarla a la calle es absurdo». Pero la industria de la moda no pretende que veamos una idealización, pretende que deseemos ser esa imagen, porque ¿de qué forma, entonces, ambicionaríamos comprar esas creaciones? No olvidemos que hablamos de una industria, no de una compañía de artes escénicas. Su objetivo es comercializar sus productos, y para ello habrá que sacrificarse no sólo físicamente, sino económicamente si queremos, por alguna extraña razón, ser la viva imagen del éxito.
Venir a culpar, de alguna manera, a la población de crédula es, como poco, infravalorar no sólo a la ciudadanía, sino al impacto que tiene el mundo de la moda en el imaginario colectivo en sociedades como la nuestra. Este tipo de declaraciones no permite abordar con seriedad los hechos y pone los problemas (que los hay, y muchos) fuera de lugar y repartidos de manera injusta, sin clarificar la situación de desprotección y abuso en la que quedan las modelos ni lo perjudicial del discurso de la industria.
La Asociación de Creadores de Moda se ha pronunciado este año a favor de la medida tomada por la Comunidad de Madrid; pero ¿realmente esta decisión es fruto de un cambio de postura o de una autocrítica? Teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid financia con 400.000 euros el certamen y que tan sólo hace un año miembros de dicha asociación, como la diseñadora Amaya Arzuaga, que aseguraba en una entrevista: «En este mundo, la delgadez ayuda, no podemos negarlo»; o Antonio Alvarado, que llegó a titular una de sus colecciones Saco de huesos, porque reconoció que le gustaba la delgadez extrema; y también podemos recordar lamentables declaraciones como la de Ángel Shlesser, que niega la relación entre la moda y estos trastornos, señalando a lo que califica como “madres borrachas” que no cuidan de sus hijas como la causa principal, son afirmaciones que denotan la ausencia de un debate acerca del alcance y sentido de la profesión, de las repercusiones sociales y de la necesidad de crear desde y para la vida. No se trata de culpabilizar, de señalar con el dedo, de responsabilizar a un solo factor desde una visión interesada y reduccionista; tan sólo es necesario que cada cual asuma su parte de responsabilidad en el problema –y es que hay para todos– y, finalmente, actúe en conciencia.
La imposición de ciertas medidas de forma aislada, como es el caso que nos ocupa, no sólo no abre ese debate interno, sino que cierra bastante la posibilidad de entendimiento; no ayuda a poner las condiciones necesarias para los cambios, porque el mundo de la moda se siente atacado, censurado, culpabilizado en extremo y las modelos lo viven como una persecución, un abuso, una lesión más a su dignidad, tratadas como animales de feria, con flashes y cámaras mientras comen, protagonistas de un espectáculo realmente grotesco.
Algunas pistas para prevenir estos trastornos
Diversas organizaciones sociales y expertos nos dan pistas de por dónde se podría avanzar en la prevención real de este tipo de trastornos, y pasan por reivindicar el cumplimiento de las recomendaciones del Senado de 1999, empezando por:
· Una Ley de normalización del tallaje en Europa, ya que se considera que compromisos puntuales con fabricantes y diseñadores son una vez más una declaración de intenciones y los hechos demuestran cómo son incumplidos una y otra vez.
· Más recursos públicos a la prevención (intervenciones socioeducativas desde la educación para la salud y la educación en valores) y tratamiento de estos trastornos a través de un plan estatal que esté a la altura del problema al que nos enfrentamos y responda a los principios establecidos para el Pacto Social contra la Anorexia y la Bulimia propuesto desde el Senado.
· Desarrollar campañas de información y concienciación participativas, especialmente desde y para los jóvenes (*).
· Un espacio de encuentro entre las agencias de modelos, los creativos del mundo de la moda y la publicidad, la industria textil, los colectivos sociales y los poderes públicos.
Ya están trazadas las posibles vías y lo mucho que queda por hacer, así que lo mejor sería procurar que los problemas sociales no desfilen como un espectáculo y sí tenerlos presentes desde la responsabilidad y el compromiso. Será más honroso dejarnos de mezquindades y de sacudirnos el protagonismo indiscutible que cada uno de nosotros y nosotras tenemos en el devenir de nuestras vidas. Así, tal vez podamos reconocer una oportunidad para devolver a nuestra mirada su generosidad y a nuestros días un mayor sentido.
__________________
Sonia Guedes Ortiz es trabajadora social, autora de la Primera guía de recursos sobre anorexia y bulimia en Canarias para jóvenes, y coordinadora del Programa Aricia para la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria en Canarias.
(*) En Canarias, un amplio sector tanto de asociaciones de prevención y tratamiento de la anorexia y la bulimia, como sindicatos, organizaciones feministas e incluso de la comunidad educativa, denunciaron la inconciencia del PP en el Cabildo de Gran Canaria al contratar para el Certamen de Moda Cálida 2006 a la misma empresa organizadora de la 43ª edición de Cibeles, a pesar de las denuncias que pesaban sobre ella, destinando así fondos públicos a una empresa privada que estaba bajo sospecha de atentar contra la salud de la sociedad española.
Las recomendaciones del Senado
En 1999, durante ocho meses, se estudiaron «los condicionantes extrasanitarios que concurrían en el incremento de la incidencia de la anorexia y la bulimia». Se acordaron once recomendaciones (“Informe de la ponencia sobre los condicionantes extrasanitarios de la anorexia y la bulimia”, serie I: Boletín General, núm. 785, 25 de noviembre de 1999)::
1. Impulsar la puesta en marcha y desarrollo de un pacto social contra la anorexia y la bulimia:
· Que las tiendas ofrezcan una variedad de tallas acorde a la población a la que van dirigidas.
· Que el peso y la talla no sirva de criterio para aceptar o despedir a alguien en un trabajo.
· Que los creativos publicitarios y los creadores de moda no utilicen la imagen de la mujer con un peso claramente inferior a unos límites saludables y fomenten nuevos modelos corporales más acordes con la realidad.
· Evitar que los menores de 18 años exhiban ropas de adulto.
· Fomentar el rigor en el autocontrol en los medios de comunicación, publicistas, anunciantes, así como en los directores de programas y series televisivas.
· Evitar la aparición de dietas en publicaciones y programas destinados a menores de 18 años. En el caso del resto de medios de difusión destinados a adultos, las dietas aparecerán avaladas por nutricionistas y médicos, acompañados por su número de colegiado y en secciones de salud bien especificadas.
· Aplicación rigurosa del Real Decreto sobre publicidad engañosa y “productos milagro”, Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto.
· La creación de un Observatorio sobre la prevención de la anorexia y la bulimia, donde el ciudadano pueda acceder, a través del teléfono, para cursar sus denuncias.
· Promover campañas de prevención e información de anorexia y bulimia.
· Promover campañas dirigidas a los jóvenes.
· Que los organismos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres organicen jornadas de sensibilización e información.
2. Realizar lo antes posible estudios de los hábitos alimenticios en la población española, epidemiológico y antropométrico.
3. Establecer la colaboración oportuna entre las administraciones y las asociaciones de padres afectados.
4. Formar grupos de autoayuda con jóvenes.
5. La educación para la salud debe ser una prioridad en los planes anuales de formación permanente del profesorado.
6. Despertar el interés de la comunidad educativa para conseguir que la educación para la salud se incluya en los centros docentes.
7. Reforzar la orientación psicopedagógica y la formación tutorial en los centros docentes.
8. Involucrar a madres y padres en la promoción de hábitos alimentarios saludables.
9. Supervisar y mantener un seguimiento de la composición y tipo de alimentación en los comedores escolares.
10. Reglamentar el funcionamiento de los gimnasios y escuelas de danza privadas.
11. Establecer una legislación específica para los grupos de alto riesgo del mundo deportivo, gimnasia rítmica o danza, de forma que su salud tanto física como psíquica y alimentación sea atendida por profesionales.