“Protege América Ahora”
y las fuerzas para restringir la migración
(IRC Programa de las Américas www.americaspolicy.org
17 de diciembre de 2004)

“Malintencionada” y “anti-estadounidense”. Así describe el grupo de defensa de los derechos de los latinos MALDEF la iniciativa anti-migración aprobada en referéndum por los votantes de Arizona el 2 de noviembre.
Sin lugar a dudas, la Propuesta 200 impulsada por Protege Arizona Ahora es malintencionada. Protege Arizona Ahora (PAN, por sus siglas en inglés), que tiene una mesa consultiva nacional que incluye a prominentes supremacistas blancos y nacionalistas culturales, es parte de una red nacional de grupos comprometidos con restringir severamente la inmigración legal y detener la inmigración ilegal por todos los medios que sean necesarios. Después de la victoria de la iniciativa anti-inmigrantes de PAN, la directora de PAN Kathy McKee aconsejó a otros grupos de ciudadanos en el país que “se ocupen ahora” porque “las cosas son verdaderamente duras, con miles de ilegales invadiendo nuestro país cada día”.
La Propuesta 200 negaría acceso a todos los servicios sociales obligatorios a quienes no sean ciudadanos, requeriría prueba de ciudadanía para votar en elecciones a gobiernos locales y direcciones escolares y obligaría a los funcionarios locales y estatales a reportar las violaciones a las leyes federales de inmigración a los oficiales federales.
Cuando en 1998 una corte federal declaró una medida anti-inmigrantes parecida--la infame Propuesta 187 de California--anticonstitucional, la derrota legal debilitó temporalmente a los partidarios de restringir la inmigración. Estos grupos, tanto estatales como nacionales, esperaban que la Propuesta 187 fuera la primera de muchas iniciativas estatales para desalentar la “inmigración masiva”, particularmente de latinos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos.
Sin embargo, una economía estadounidense expansiva y un esfuerzo combinado de cabildeo de grupos de empresarios y de partidarios de la migración hicieron de la restricción a la migración un producto político difícil de vender. Aún más, las disputas legales sobre la jurisdicción estatal y federal en materia migratoria calmaron a las fuerzas anti-inmigrantes de otros estados que pensaban seguir el ejemplo de California. Con todo, el éxito de la Propuesta 200, las campañas anti-inmigrantes por todo el país, artículos alarmistas en revistas nacionales como Time y los avances de las fuerzas a favor de la restricción en el Congreso apuntan hacia una reacción anti-inmigrante en Estados Unidos.
“Restringir la migración es pro-Americano”
Los críticos de las iniciativas anti-inmigrantes como las Propuestas 187 y 200 anotan que restringir la inmigración va contra los principios del país. Después de todo, Estados Unidos es un país habitado y construido, en buena medida, por inmigrantes y sus descendientes. Partidarios de restringir la inmigración como la prominente Federación por la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR,por sus siglas en inglés) y NumbersUSA no niegan esta historia. Pero responden diciendo que el permanente flujo de inmigrantes es, hoy como nunca antes, una amenaza para la seguridad nacional, que diluye la identidad cultural nacional y que baja los salarios y las condiciones laborales para los estadounidenses nativos.
Estos argumentos anti-inmigrantes, como otros que afirman que el crimen y los problemas de salud pública están asociados a las poblaciones inmigrantes, atraviesan la historia de Estados Unidos, apareciendo en respuesta a circunstancias políticas y económicas. Sin embargo, este surgimiento de sentimientos favorables a la restricción migratoria está construido a partir de fuerzas que no han sido vistas en otros ciclos anti-inmigrantes--incluyendo el nuevo miedo a que la tierra estadounidense sea atacada. Lo está impulsando una red nacional sin precedentes de centros de investigación anti-inmigrantes, institutos de políticas públicas y campañas de talla estatal para movilizar a la opinión pública y cabildear en el congreso.
Ciertamente, la cada vez más honda vulnerabilidad de la economía, sentida por muchos ciudadanos estadounidenses--frente a la reducción y la relocalización de la planta productiva, al estancamiento de los salarios, al declive sindical y a la pérdida paulatina de beneficios sociales y de retiro--, explica parte de la reacción anti-inmigrante. Pero las fuerzas a favor de las restricciones llegan ahora al debate público armadas con una nueva argumentación que va más allá de la percepción de amenazas económicas de los trabajadores extranjeros. Los partidarios de la restricción migratoria se han centrado más en presentarse como protectores de la cultura y la patria.
Todos los grupos partidarios de la restricción migratoria están envolviendo su agenda anti-inmigrante en la bandera. Promovidas por grupos locales como Protege Arizona Ahora, centros de investigación nacionales como el Centro para los Estudios Migratorios (CIS, por sus siglas en inglés), o fuerzas anti-inmigrantes en el Congreso como el Caucus por la Reforma Migratoria de la Cámara de Representantes, las propuestas para detener la inmigración, deportar a residentes indocumentados y negar servicios básicos a los no-ciudadanos están cada vez más enmarcados en el lenguaje del miedo, el patriotismo y la seguridad nacional.
El logo de PAN tiene una figura montada galopando a través del mapa del Estado con una bandera estadounidense, y el Centro para los Estudios Migratorios recientemente testificó ante el Congreso sobre cómo la débil seguridad fronteriza facilita la entrada de terroristas en el país. El director del CIS Mark Krikorian dice que “las comunidades de inmigrantes actúan como un mar en el que, como hubiera dicho Mao, los terroristas pueden nadar como peces”.
Otro indicador de este nuevo intento para apalancar cuestiones de seguridad para vender la restricción migratoria es la organización Unidos para Asegurar América. Una de las voces más importantes para la campaña nacional de anuncios de 2002 de la organización fue Dan Stein, director ejecutivo de FAIR. Unidos para Asegurar América apoyó la iniciativa de la Cámara de Representantes 775, Ley para Mejorar la Seguridad y la Justicia, que disfraza medidas anti-inmigración de iniciativas nacionales de seguridad.
Hasta la publicación del libro de Samuel Huntington “Quiénes somos”, el nacionalismo cultural de las fuerzas anti-inmigrantes estaba relegada a los oscuros rincones de la Vieja Guardia de la derecha. Ahí, supremacistas blancos agitaban sus teorías de la conspiración y sus fantasías xenófobas con relativa atención general. Pero Huntington, famoso por su libro anterior “El choque de civilizaciones”, llevó el nacionalismo cultural a un nivel intelectual aceptable. “En esta nueva era”, escribió, “el mayor y más serio desafío para la identidad tradicional estadounidense viene de la inmensa y permanente inmigración desde América Latina, especialmente México”. Huntington argumenta que, a diferencia de los migrantes anteriores, los méxicoamericanos no están interesados en asimilarse. “Conforme su número aumenta”, observó, “los méxicoamericanos se sienten más cómodos con su propia cultura y más despreciativos de la cultura estadounidense”.
Aunque los partidarios de restringir la inmigración y los grupos de “Sólo inglés” están generalmente interconectados por sus fuentes de financiamiento y por compartir miembros de las mesas directivas, han intentado mantener sus agendas separadas. Huntington explícitamente vincula las dos cuando escribe que el éxito de Estados Unidos está construido sobre la aceptación por los migrantes de el credo básico estadounidense y el lenguaje. “No hay un sueño americano [americano dream]”, dice Huntington, “sólo hay un sueño americano creado por una sociedad anglo-protestante. Los méxicoamericanos compartirán ese sueño y esa sociedad sólo si sueñan en inglés”.
Huntington y otros académicos, como William S. Lind, de la Fundación del Congreso Libre, han dado legitimidad cultural e intelectual a los partidarios de restringir la inmigración que creen que la identidad cultural estadounidense e inclusive el inglés están amenazados por lo que es comúnmente descrito como “la invasión inmigrante”.

La estrategia local-nacional
Los miedos a terroristas inmigrantes después del 11 de septiembre, combinados con crecientes preocupaciones sobre seguridad económica después del fin del boom de los noventa, han disminuido las posibilidades de una agenda de reforma migratoria liberal en el corto plazo. En lugar de las discusiones sobre nuevas políticas que apoyen una amplia legalización, amnistía y reunificación familiar, la restricción migratoria se ha movido al centro del debate público en muchas áreas de los Estados Unidos.
El éxito del Caucus por la Reforma Migratoria al incorporar medidas anti-inmigratorias draconianas en la iniciativa de reforma de inteligencia a principios de octubre de 2004, puso en relieve la creciente preocupación del público y de los generadores de políticas públicas por los flujos migratorios. De igual manera, el que el Presidente Bush se retractara de promesas anteriores para legalizar a los residentes indocumentados con mucho tiempo en el país e impulsara en vez de ello su propuesta de “trabajadores huéspedes”, fue otra señal de la acumulación de fuerzas de las fuerzas a favor de la restricción migratoria.
La acción de estas fuerzas, sin embargo, está teniendo lugar en los niveles local y estatal. El lobby anti-inmigrantes de Washington determinó hace mucho que el camino más seguro para la adopción de una legislación restrictiva en el nivel nacional es a través de una paulatina construcción de sentimientos anti-inmigrantes y movilización fuera de la capital.
Las organizaciones a favor de la restricción y sus campañas han tenido un éxito disparejo durante los últimos 25 años. En el nivel nacional, sus recomendaciones no han podido, hasta hace poco, ganar el apoyo necesario del liderazgo nacional de ninguno de los partidos, de los medios nacionales o de la comunidad empresarial de Wall Street. Sin embargo, sus esfuerzos para restringir los derechos de los inmigrantes y para restringir las lenguas extranjeras, la educación bilingüe y los programas de discriminación positiva han sido más considerablemente más exitosos en los niveles estatal y local.
En buena medida, el movimiento hacia delante de los partidarios de restringir la migración--tanto en términos de inmigración como de iniciativas de “inglés oficial”--viene de la decisión de los grupos nacionales de concentrarse en la construcción de campañas locales. Los grupos nacionales anti-inmigrantes, como la Federación por la Reforma Migratoria Estadounidense, el Centro de Estudios Migratorios, NumbersUSA y ProjectUSA canalizan sus fondos y apoyo logístico a iniciativas locales como Protege Arizona Ahora. De forma similar, aquellos grupos que quieren restringir el uso público de otros idiomas, poner fin a los programas de discriminación positiva y eliminar la educación bilingüe--incluyendo a organizaciones como U.S. English, Pro-English, English First y el Centro para la Igualdad de Oportunidades--también se han concentrado en apoyar y organizar campañas locales para impulsar sus objetivos.
PAN, por ejemplo, se ha presentado como una iniciativa “casera”, evitando los análisis de políticas públicas y favoreciendo un lenguaje populista de miedo y resentimiento. De acuerdo con PAN, ha estado luchando una batalla cuesta arriba contra “los negociantes de poder y el gran dinero”. En la página web de PAN, su directora Kathy McGee aconseja a otras fuerzas favorables a la restricción que “una vez más, tengan cuidado con los grupos nacionales”.
Pero el éxito de PAN puede ser grandemente atribuido a sus grandes fuentes de financiamiento, todas de las cuáles son instituciones nacionales: FAIR, Estadounidenses por una Mejor Inmigración, Estadounidenses por el Control Migratorio, POPSTOP y Equilibrio Población-Ambiente. PAN, además, contó con asesores de organizaciones nacionales como la Carrying Capacity Network y Equilibrio Población-Ambiente, que apoyan las campañas e investigación anti-inmigrantes en términos de preocupaciones demográficas.

Las políticas de la reacción
Comenzando a mediados de los noventa, muchos gobiernos locales y estatales comenzaron a adoptar un enfoque de realpolitik ante el hecho de que hay millones de inmigrantes indocumentados viviendo bajo su jurisdicción. Al reconocer que la mayoría de estos inmigrantes viven, trabajan y tienen niños en la escuela, los concejales y legisladores estatales comenzaron a buscar formas de regularizar la residencia de los indocumentados.
Al darle a los inmigrantes indocumentados acceso a licencias de manejo, créditos bancarios y apoyo para colegiaturas, muchas localidades han reportado mayores relaciones comunitarias y beneficios económicos. Este pragmatismo de origen local está basado en la lógica de que el gobierno federal eventualmente proveerá documentos de residencia para esta enorme comunidad subterránea, puesto que la alternativa es una deportación masiva de los casi diez millones de residentes ilegales--un acto que podría causar severos problemas económicos y sociales y provocar grandes protestas.
La agenda de la restricción migratoria--si bien dirigida en el nivel nacional por una pequeña red de grupos--vincula los sentimientos reaccionarios entre ciudadanos estadounidenses que por razones culturales, raciales, étnicas o económicas se sienten amenazados por la presencia de inmigrantes en sus comunidades. Las iniciativas pro-inmigrantes en los niveles local y estatal han generado respuestas concretas a la reacción de los partidarios de la restricción.
Una de las campañas más prominentes de estas campañas temáticas de la reacción es la dirigida por la Asamblea Republicana de California (CRA, www.ca-ra.org)--un grupo al que el presidente Ronald Reagan llamó “la conciencia del Partido Republicano”. Este grupo de republicanos de derecha de California creó la campaña Salvemos Nuestras Licencias (www.SaveOurLicense.com) como respuesta a una iniciativa firmada por el ex gobernador Gray Davis para otorgar licencias de manejo a residentes indocumentados. Bajo los auspicios de la Asamblea Republicana de California, la campaña Salvemos Nuestras Licencias ayudó a dar fuerza a la remoción del gobernador Davis y a la elección del gobernador Arnold Shwarzenegger, que en septiembre de 2004 vetó una nueva iniciativa que extendería el derecho a las licencias de manejo para adultos indocumentados.
Impulsado por este éxito, el derechista Partido Republicano de California está apoyando una nueva versión de la Propuesta 187 que prohibiría a los gobiernos locales y estatal otorgar a los inmigrantes ilegales cualquier beneficio financiado por impuestos que no esté mandatado por una ley federal. Aún más, la nueva iniciativa, deberá reunir 600,000 firmas para febrero de 2005 para ser sometida a votación, requiere al estado que defienda vigorosamente la ley contra cualquier desafío en las cortes y hace responsables a los funcionarios gubernamentales por las violaciones a la ley. De acuerdo con el presidente de CRA Mike Spence, “esto significa que si una ciudad, como San Francisco, decide ignorar la ley, un individuo podría demandar a la ciudad para que la obedezca”.
La campaña Salvemos Nuestras Licencias de CRA está también repartiendo un volante de “El Más Buscado” con la lista de los legisladores “que han estado ayudando a los inmigrantes ilegales”. Esto representa otra táctica prominente de las fuerzas anti-inmigrantes: las etiquetas de todos los legisladores estatales y federales vistos como “pro-inmigrantes” o partidarios de “fronteras abiertas”.
La agenda pro-inmigrante incluye dar a los residentes legales e inclusive en algunos casos a residentes indocumentados el derecho a votar en las elecciones locales para direcciones escolares y concejos locales. Los partidarios de los inmigrantes y los inmigrantes mismos describen esta situación como una no muy diferente de las condiciones pre-revolucionarias en las colonias inglesas, donde los residentes pagaban impuestos pero no podían votar. Además del argumento del “cobro sin voto”, los partidarios del voto inmigrante apuntan que las grandes poblaciones inmigrantes en muchas ciudades como Washington, DC, San Francisco, Chicago y Nueva York dicen que pueden jugar un rol muy constructivo en las relaciones comunitarias, la educación y la seguridad de vecindario si se les permite votar en las elecciones locales. Pero estas propuestas se han enfrentado a una fiera oposición por parte de algunos grupos de ciudadanos y de organizaciones anti-inmigrantes.
Cuando cinco miembros del concejo de Washington, DV apoyaron una propuesta para permitir a los inmigrantes votar en las elecciones locales, el congresista Tom Tancredo, presidente del Caucus por la Reforma Migratoria, respondió con una carta “al querido colega” enviada a otros miembros del Congreso en la que afirmaba que “una de las cosas que diferencia la ciudadanía estadounidense de la simple residencia es el derecho al voto”. Tancredo y otros miembros del Congreso están apoyando una iniciativa que prohibiría a los gobiernos locales permitir a los no-ciudadanos votar en elecciones locales.
Muchos de los grupos anti-inmigrantes piensan que la suya es una causa verdaderamente popular, aunque sea una que la mayoría de los políticos no toca, bien por miedo de perder a los votantes latinos o de enojar a las grandes corporaciones. De acuerdo con Mike Spence, presidente de la Asamblea Republicana de California, grupos de ciudadanos como el suyo pretenden llevar la cuestión fuera de las manos de los políticos y poner los asuntos de control fronterizo y migratorio directamente en manos de los votantes. Su mensaje al gobierno, a los empresarios y a los partidos políticos es sencillo: arreglen el problema de la inmigración o lo haremos nosotros mismos.
Las fuerzas anti-inmigrantes se alborozaron por el éxito de Protege Arizona Ahora en el referéndum. Aunque la medida está ya enfrentado desafíos legales por grupos como MALDEF, ha desatado el entusiasmo entre otros grupos estatales decididos a “tomar nuestro país de vuelta”, incluyendo a los Georgianos por la Reforma Migratoria y Defendamos Colorado Ahora. Al menos treinta grupos, muchos de los cuáles reciben apoyo logístico y en algunos casos financiamiento de FAIR y otras organizaciones nacionales anti-inmigrantes, están preparándose para apoyar nuevos referéndums estatales y nueva legislación que, esperan, enviará un mensaje claro a los inmigrantes de que no son queridos.
El resurgimiento de los sentimientos favorables a restringir la inmigración en Estados Unidos subyace en el ascenso de la política del odio y del miedo por todo el país. Estas campañas anti-inmigrantes, sea que ganen o pierdan, dividirán las comunidades a partir de la raza, la postura política o la cultura, e inclusive ahondarán las fisuras. Aún los residentes por mucho tiempo, integrados en su vida diaria en todos los niveles excepto el formal, enfrentarán una renovada hostilidad en sus hogares. Mientras los partidarios de la restricción migratoria impulsan su agenda, el sólo acto de asimilación que exigen de los inmigrantes se hace cada vez más difícil.
Las fuerzas anti-inmigrantes están ciertamente en lo correcto al establecer que la inmigración -legal e ilegal- es un asunto que exige la atención urgente de los generadores de políticas públicas. Sin embargo, al usar a los inmigrantes como chivos expiatorios por muchos de los males del país--la degradación ambiental, los bajos salarios, las cargas fiscales, el crimen, la desintegración social e inclusive las amenazas terroristas--, la nueva ola de la restricción migratoria está construyendo un macabro movimiento reaccionario que está ahondando las divisiones económicas, sociales y políticas en la nación. En el proceso, los grupos anti-inmigrantes están desviando la atención popular de las causas fundamentales de los problemas socioeconómicos que están erosionando la esencia y espíritu de Estados Unidos.

(Tom Barry es analista del IRC Programa de las Américas www.americaspolicy.org y director de análisis político del Centro de Recursos Interhemisféricos, IRC, en línea en www.irc-online.org.)