Xabier Etxeberria
Reivindicación de los derechos sociales
(El Correo, 10 de diciembre de 2010).
Celebramos este 10 de diciembre, aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en plena crisis económica. Puesto que ésta afecta de lleno, y muy negativamente, al disfrute de los derechos sociales, resulta muy conveniente aprovechar esta fecha para reivindicarlos con firmeza.
Dado que los derechos humanos se han ido formulando en el contexto de la tradición liberal que enfatiza la libertad individual, los derechos privilegiados han sido los civiles, que garantizan el ejercicio de la autonomía en los espacios privados, y los políticos, que la garantizan en los espacios públicos. En cambio, los derechos sociales (a la educación, la atención sanitaria, el trabajo, la vivienda, los servicios sociales...) son vistos en esa tradición con profunda sospecha, cuando no rechazo. Los más radicales los consideran 'liberticidas', y por tanto, rechazables de plano: las solidaridades 'obligadas' que nos imponen, a través sobre todo de nuestra contribución tributaria, para que todos puedan disfrutar de esos derechos, serían según ellos un atentado directo contra nuestra libertad.
Entre nosotros los recelos hacia los derechos sociales se amparan en el 'realismo'. Estos derechos, se dice, están bien, pero es tan compleja y costosa su realización que resulta imposible considerarlos derechos en sentido pleno, esto es, 'exigibles' estrictamente. Convendría reconocerlos más bien como 'aspiraciones morales' hacia las que tenemos que apuntar en la medida en que sea posible; o si se quiere, como 'principios' que conviene que inspiren las políticas públicas, pero en función de los condicionantes sociales y económicos. Evidentemente, en crisis como las actuales esto supondría rebajar drásticamente las expectativas de cumplimiento de los que pasan a ser derechos de segunda categoría.
Frente a tales enfoques, hay que reivindicar que los derechos sociales son derechos plenos porque emanan de nuestra universal dignidad, al ser los que garantizan las condiciones de existencia necesarias para que se exprese realmente como vida digna; y al precisarse también para que las libertades a las que remiten los derechos civiles y políticos puedan ejercerse de verdad. Si se quiere, hay una circularidad positiva que expresa la indivisibilidad e interdependencia de los derechos: porque disfrutamos de los derechos sociales, vivimos una vida digna en la que ejercemos nuestras libertades; porque se nos reconocen nuestras libertades, aumentamos nuestras capacidades para reivindicar los derechos sociales de cara a una vida digna.
Los derechos sociales nos remiten directamente al ser de necesidades que somos. De necesidades que deben ser satisfechas para que se desarrollen nuestras capacidades. En este sentido, corrigen decididamente el unilateralismo de los derechos civiles y políticos, asentados en la afirmación de nuestra autonomía supuestamente autosuficiente. No es así. Somos seres frágiles y vulnerables, en solidaridades constitutivas que precisan configurarse como solidaridades morales para que lleguen a todos. Es lo que garantizan los derechos sociales.
En la apertura a la solidaridad necesaria de estos derechos no debe verse una mera limitación de la autosuficiencia. Conviene percibir, sobre todo, la riqueza a la que nos abre, al empujarnos constitutivamente al más allá de nosotros mismos. Puede verse, en cualquier caso, que los derechos sociales no son derechos del individuo 'abstracto', como los civiles y políticos. Lo son del individuo 'concreto', necesitado de lo básico de lo que puede carecer.
De los derechos sociales podemos decir que realizan la justicia distributiva. No hay que olvidar nunca la referencia a ésta, con lo que tiene de exigibilidad. Pero no está de sobra que pensemos en una justicia modulada por la solidaridad: una justicia que nace de nuestra conciencia de ser, todos los humanos, una unidad, en la que nos hacemos cargo de las cargas de todos, en la que realizamos las exigencias de igualdad material comenzando por los desaventajados, los marginados, los oprimidos. Desde esta conciencia sabremos que los derechos sociales nos facultan a todos los ciudadanos para exigir determinados servicios, pero, también, que nos piden aportar nuestros recursos, en función de nuestras posibilidades, para que esos servicios sean ofrecidos a todos.
En los tiempos que corren todo esto puede sonar a utopismo barato. Es lo que nos recuerda la objeción del realismo. Los derechos sociales tendrían una muy cara y difícil efectuación, lo que dañaría gravemente su exigibilidad. Frente a ello, pueden aducirse los siguientes argumentos. En primer lugar, aunque existe el prejuicio de que los derechos civiles y políticos nos salen casi gratis, son también económicamente gravosos, algunos más que algunos derechos sociales: costes del sistema administrativo público, sistema judicial y policial, infraestructuras básicas de comunicación, etcétera. En segundo lugar, hay una serie de intervenciones a favor de los derechos sociales que son muy relevantes y que cuestan muy poco a los fondos públicos, por ejemplo: exigir que se construya respetando el medio ambiente, proteger jurídicamente a través de leyes sin que implique prestación (en torno al salario básico, a la jornada laboral...); puede aducirse que cuestan a los fondos privados, pero habrá que distinguir aquí las ganancias básicas de los enriquecimientos indebidos. Con todo, es cierto, y en tercer lugar, que en conjunto la realización de estos derechos es cara; pero lo primero que hay que ver en ello es un estímulo para idear modelos productivos y distributivos que puedan hacer frente a esos costes. Porque, en cuarto lugar, tenemos recursos limitados, pero son recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de todos: lo que falla son las políticas públicas de distribución, que, por este motivo, son injustas, por lo que se nos impone el deber de modificarlas, por complicado que esto sea.
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Xabier Etxeberria es profesor emérito de la Universidad de Deusto y miembro de Bakeaz.