El País, 27 de noviembre de 2022.
La entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la conocida como ley del solo sí es sí, ha causado una tormenta jurídica y política al derivar en decenas de rebajas de penas a agresores sexuales condenados con la legislación anterior, que ahora han visto su castigo reducido con la nueva norma. La oposición ha puesto en la diana a la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero también al resto del Gobierno, al que acusan de dejar “desprotegidas” a las mujeres. Desde el Ejecutivo se ha admitido la estupefacción por que una de las leyes estrellas de la legislatura, pensada para dar un paso adelante en el discurso y las políticas feministas y la autonomía sexual de las mujeres, se haya vuelto en contra con un efecto bumerán que nadie previó.
