El País, 7 de noviembre de 2019.
Hace poco más de un mes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC)
asumían su “responsabilidad ética y política” ante la Jurisdicción de la Paz, el sistema
encargado de juzgar los crímenes de guerra en Colombia derivado de los acuerdos de paz.
“La violencia no puede suceder nunca más. Nuestra historia tendrá que escribirse desde la
voz de quienes proscriban la guerra y otorguen un lugar protagónico a quienes la
padecieron. No pretendemos justificar ninguna conducta que resultó vejatoria del Derecho
Internacional Humanitario”, añadió su líder, Rodrigo Londoño.
La rotunda autocrítica de las FARC sobre su historial violento debía ser referente para otras
organizaciones terroristas mucho menos potentes y cuya retirada se produjo en condiciones
más desfavorables como ETA o para quien asume su legado ideológico, Sortu. Pero no está
siendo así. Tras el fin del terrorismo vasco —estos días se ha cumplido su octavo
aniversario—, los partidos democráticos reclamaron a ETA su disolución, que materializó
hace un año, y una autocrítica sobre su pasado terrorista como pedagogía para que futuras
generaciones no repitan la historia.
