Roger Casas
La larga marcha de la Justicia en Camboya:
El juicio a los jefes del Jmer Rojo
(Hika, 188zka 2007ko maiatza)
El pasado 21 de julio moría en un hospital de Phnom Penh, la capital de Camboya, Ta Mok, alias El Carnicero, uno de los principales líderes de los Jemeres Rojos, y considerado responsable, junto a otros dirigentes del grupo, del más de millón y medio de víctimas causadas por muerte violenta, extenuación y malnutrición durante el gobierno de Kampuchea Democrática (KD), entre 1975 y 1979. Las políticas puestas entonces en práctica por el régimen de KD, de inspiración maoísta, estaban destinadas a transformar el sistema social camboyano derribando el viejo orden y sus instituciones, e incluían la abolición de la propiedad privada, la educación formal, mercados y moneda, prácticas religiosas, etc. Como ha señalado el historiador David Chandler, ningún gobierno anterior intentó cambiar en Camboya tantas cosas con tanta rapidez; ningún régimen tuvo tampoco antes consecuencias tan radicales para el país, que vio descender su población en alrededor de un 25%. Los resultados de esta utopía determinan todavía hoy la vida de millones de camboyanos.
Ta Mok, que contaba alrededor de 80 años en el momento de su muerte, era uno de los dos líderes del Jemer Rojo encarcelados por los crímenes cometidos durante KD; el otro, Kaing Guek Eav, conocido como Duch, jefe de la policía secreta Jemer y responsable de la célebre prisión S-21 (Tuol Sleng), un centro de detención en Phnom Penh en el que se calcula perdieron la vida alrededor de quince mil personas, permanece detenido y en espera de ser juzgado. El resto de dirigentes de KD, entre ellos Nuon Chea, Hermano Número Dos en la jerarquía Jemer, Khieu Samphan, jefe de estado y presidente del presidium, o Ieng Sary, ministro de asuntos exteriores, permanecen en libertad. Pol Pot, Hermano Número Uno y principal hombre fuerte del régimen, murió en su refugio de la jungla en 1998, y la reciente muerte natural de otros acusados de genocidio como Slovodan Milosevic y Augusto Pinochet no hace sino aumentar los temores a que el resto de procesados potenciales también desaparezca antes de ser sometido a juicio.
Sin embargo, 2006 ha visto importantes avances en el desarrollo del proceso: las Cámaras Extraordinarias encargadas de juzgar a los líderes Jemeres supervivientes (y cuyo nombre completo en inglés es “Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Comitted During the Period of Democratic Kampuchea”, o “Cámaras Extraordinarias en los Tribunales de Camboya para el Juicio de los Crímenes Cometidos Durante el Período de KD”), se han constituido oficialmente, y han comenzado ya las investigaciones que habrán de dilucidar quiénes serán los procesados.
La creación de las Cámaras supone la cristalización del acuerdo firmado en abril de 2003 (y ratificado dos meses después) por el gobierno camboyano y la ONU, tras seis años de duras negociaciones marcadas por las discrepancias respecto a la composición del tribunal, y por la peculiaridad del caso camboyano, que no se ajusta a la definición legal de genocidio establecida por el organismo internacional, y que prima las motivaciones étnicas del genocidio frente a las políticas –determinantes en el caso camboyano.
A lo largo de estos tres últimos años, y aparte del retraso provocado por el impasse político que sufrió el país tras las elecciones legislativas del verano de 2003, varios de los problemas que dificultaron las negociaciones han continuado retrasando la puesta en marcha del tribunal. Entre ellos, especialmente, la postura ambigua del gobierno del primer ministro camboyano Hun Sen en relación al problema: Hun Sen se ha opuesto abiertamente y en numerosas ocasiones a la celebración del juicio, afirmando que Camboya debería “cavar un hoyo y enterrar en él el pasado”, en lugar de participar en la organización del proceso.
El propio Hun Sen formó parte de los Jemeres Rojos durante su juventud, aunque su bajo rango en el escalafón militar y su huida a Vietnam (país que terminaría por invadir Camboya en diciembre de 1978, acabando así con el régimen de KD) en 1977 lo exonera de cualquier responsabilidad en la organización de las masacres. El verdadero problema para Hun Sen estriba sin embargo en que muchos otros líderes y cuadros inferiores del movimiento Jemer ocupan todavía hoy día cargos tanto en el gobierno como en la administración regional y local de Camboya: la cooptación de miembros del Jemer Rojo para cargos administrativos resultaba una opción inevitable para los mandatarios de la República Popular de Kampuchea (RPK) en un país cuya población había sido diezmada durante el gobierno de KD: El juicio organizado en la RPK en el verano de 1979 contra los líderes Jemeres in absentia centró sus acusaciones en el “támden Pol Pot-Ieng Sary”, dejando así la puerta abierta a la colaboración de otros líderes del movimiento (además de miles de soldados y funcionarios) con el nuevo régimen, en un momento en que los Jemeres Rojos seguían combatiendo al gobierno desde sus bases en la frontera tailandesa.
La política de amnistías, que se prolongó a lo largo de la década de los 90, sumada a la pérdida del apoyo económico y diplomático que los Jemeres obtenían de ciertos gobiernos (véase infra), logró debilitar progresivamente el movimiento hasta que en 1997, cuando la resistencia se encontraba al borde de la desaparición, el gobierno de Hun Sen y el entonces co-primer ministro príncipe Norodom Ranariddh (uno de los hijos de Sihanouk), solicitaron de la ONU asistencia técnica y financiera para celebrar un juicio a los líderes de KD. Desde entonces, la actitud del ejecutivo camboyano ha estado marcada, por un lado, por la necesidad de organizar un proceso que siente en el banquillo a un puñado de líderes de aquel régimen, con el fin de aplacar las exigencias de la comunidad internacional de donantes; por otro, por el miedo a que el alcance de dicho proceso afecte negativamente la estabilidad política y social de Camboya, así como la posición del propio ejecutivo.
Esta ambigüedad puede apreciarse en decisiones como la negativa pública de Hun Sen a que su gobierno se hiciera cargo de la parte de los costes del proceso correspondiente a Camboya, que según el acuerdo de 2003 asciende a 9,6 millones de dólares (la ONU se comprometió a aportar el resto de los 56,3 millones presupuestados para los tres años de proceso). Recientemente varios gobiernos occidentales se han comprometido a aportar dicha cantidad.
El gobierno de Hun Sen ha tratado también de mantener en todo momento el control político de la organización del proceso, logrando imponer en las negociaciones con la ONU condiciones claramente favorables a los intereses del ejecutivo; entre ellas, por ejemplo, la de limitar la jurisdicción temporal del tribunal, que podrá juzgar tan sólo hechos acontecidos entre el 17 de abril de 1975 y el 6 de enero de 1979, es decir, los casi cuatro años de gobierno de KD. Esta decisión deja fuera los crímenes cometidos antes y después de dicho período, cuando los Jemeres Rojos controlaban también importantes áreas del campo camboyano, que fueron sometidas a un régimen similar al que trataron de aplicar a todo el país durante KD.
Pero quizás la concesión más importante al gobierno de Hun Sen sea la referida a la composición y funcionamiento del tribunal: al contrario que los tribunales encargados de juzgar los crímenes cometidos durante los recientes conflictos en la ex-Yugoslavia o en Ruanda, compuestos en su totalidad por juristas extranjeros, las Cámaras Extraordinarias estarán determinadas por una mayoría de jueces locales.
La Cámara encargada de enjuiciar a los acusados estará compuesta por tres jueces locales y dos internacionales, mientras la Corte Suprema, que se ocupará de revisar las apelaciones, estará formada por cuatro jueces camboyanos y tres internacionales. Tanto el gobierno camboyano como la ONU proporcionarán además un fiscal y un juez investigador. Las Cámaras actuarán según un sistema de super mayoría, por el cual los veredictos deberán ser aceptados por al menos un juez foráneo –esta regla no vale sin embargo para las decisiones tomadas por los fiscales, que estarán sujetas al derecho de veto del juez camboyano. Por último, las vistas habrán de celebrarse en base a la ley camboyana, remitiéndose los jueces a la legislación internacional sobre derechos humanos sólo en el caso de que no exista base legal doméstica en la que apoyarse para tomar una decisión.
La presencia de jueces camboyanos en el tribunal ha provocado críticas desde varias instituciones y organismos gubernamentales y no-gubernamentales, tanto dentro como fuera de Camboya. La mayoría de los jueces locales designados como miembros de las Cámaras Extraordinarias carece de experiencia en asuntos de derecho internacional, y existe la certeza generalizada de que la corrupción y el control político condicionan gravemente el funcionamiento del sistema judicial camboyano.
Este control se evidenció con claridad a finales de 2005, cuando el gobierno de Hun Sen se sirvió del cuerpo judicial para procesar a varios periodistas acusados de criticar la política gubernamental respecto a los acuerdos fronterizos firmados con Vietnam (que sigue siendo uno de los principales valedores del régimen de Phnom Penh). Un caso especialmente polémico en relación a la composición de las Cámaras es el de Ney Thol, presidente de la corte militar y miembro del comité central del Partido Popular Camboyano del primer ministro Hun Sen: en agosto de 2005, Ney Thol presidió el juicio que condenó al parlamentario Cheam Channy, del partido opositor Sam Rainsy, a siete años de prisión por organizar un movimiento armado con el fin de derrocar el gobierno. Debido a la presión internacional (en especial de los Estados Unidos, que proporciona buena parte del presupuesto anual de Camboya), Channy fue liberado a comienzos de febrero de 2006, gracias a un perdón real propiciado por el propio Hun Sen. Los cargos contra los periodistas fueron también finalmente retirados, aunque la imagen de la judicatura camboyana quedó gravemente dañada de cara al proceso que ahora se pone en marcha.
También desde las Naciones Unidas se ha criticado duramente la falta de credibilidad del sistema judicial camboyano. En mayo de 2006, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Louise Arbor, afirmó que el sistema judicial camboyano necesitaba “afrontar su falta de formación, independencia e integridad”. Previamente, el entonces Secretario General de la organización, Kofi Annan, había hecho públicas sus dudas de que un tribunal compuesto por jueces camboyanos fuera capaz de garantizar un proceso imparcial.
Estas críticas, por otra parte justificadas, pasan por alto la responsabilidad de las Naciones Unidas en la deficiente reconstrucción del aparato judicial camboyano durante los años 80, cuando el organismo internacional negó el reconocimiento a la RPK, contribuyendo así al duro aislamiento diplomático y económico sufrido por la nación asiática, e incrementando además su dependencia de la ayuda proveniente del bloque soviético.
A pesar de todos los problemas, el proceso de establecimiento de las Cámaras Extraordinarias está en marcha: a comienzos de 2006 la ONU estableció la oficina encargada de la organización del tribunal en un cuartel militar en las afueras de la capital Phnom Penh. En marzo Kofi Annan presentó al gobierno camboyano una lista de 12 expertos legales que incluía siete jueces nominados como miembros de las Cámaras Extraordinarias; a comienzos de mayo, el Consejo Supremo de la Magistratura de Camboya, presidido por el rey Norodom Sihamoni, nombró oficialmente los 30 jueces encargados de llevar adelante el proceso, que juraron su cargo en una ceremonia oficial celebrada en el palacio real a comienzos de julio; el día 10 de ese mismo mes comenzaron las investigaciones preliminares que habrán de determinar quiénes serán los acusados. Se espera que la investigación identifique a unos 10 acusados principales, y que las primeras vistas del juicio puedan tener lugar a mediados de 2007.
Sin embargo, diversos problemas continúan entorpeciendo aún hoy el desarrollo del proceso. A finales de noviembre de 2006 la organización del juicio reconocía la falta de acuerdo entre los juristas a la hora de decidir las normas que regularán cada una de las fases del proceso, así como los papeles y atribuciones de fiscales, defensores y acusados; los desacuerdos parecen centrarse en determinar cómo habrá de operar el tribunal dentro de la estructura judicial de Camboya.
Por otro lado, la Asociación de Abogados de Camboya (ACC), a través de su presidente Ky Tech, ha hecho pública recientemente su oposición a que los jueces designados por la ONU participen en las vistas del juicio. La AAC entiende dicha participación como una injerencia más de la comunidad internacional en los asuntos internos de Camboya. La firmeza de la postura de la AAC hace pensar además que la asociación cuenta con apoyos en el gobierno camboyano. Incluso el reverenciado rey Sihanouk, que abdicó hace un par de años en su hijo Sihamuni, ha expresado sus dudas acerca de la utilidad del tribunal, indicando que el dinero empleado en la organización del mismo podría ayudar a aliviar la pobreza en Camboya.
La oposición más o menos explícita a la celebración del juicio a los líderes del Jemer Rojo no se limita al interior del país. La República Popular China (RPC) y los Estados Unidos, en particular, han mostrado escaso interés en promover un proceso que deberá sacar a la luz el apoyo que los gobiernos de ambos países prestaron de manera más o menos continuada al Jemer Rojo entre la década de los 60 y los 90. Washington, por ejemplo, jugó un papel fundamental no sólo en la creación de las condiciones políticas y sociales que propiciaron la llegada al poder del grupo a comienzos de los años 70, sino asimismo en el mantenimiento del respaldo internacional a Pol Pot y sus seguidores tras su salida del poder en 1979.
El apoyo norteamericano, cuyo único objetivo era la desestabilización política y económica del nuevo régimen del país, la RPK, y de su principal valedor, Vietnam, contribuyó de modo fundamental a prolongar la guerra civil que asoló Camboya de nuevo en los años 80. La RPC, por su parte, venía apoyando a los Jemeres desde finales de los años 60, como parte de su política de apoyo a los movimientos revolucionarios en el Sudeste Asiático, y continuó haciéndolo durante el período de KD: en octubre de 1977 el propio Hua Guofeng (entonces hombre fuerte en Pekín) ofreció un caluroso recibimiento a Pol Pot durante una visita de éste a la RPC, y la invasión de Camboya por parte del ejército de Vietnam en diciembre de 1978 provocó una expedición de castigo por parte del ejército chino contra este país pocas semanas después.
El apoyo de la RPC fue también fundamental para que los Jemeres Rojos pudieran mantener su puesto como representantes oficiales de Camboya ante la comunidad internacional (en forma de sillón en la Asamblea General de la ONU) hasta 1990, pese a que oficialmente el gobierno de KD había dejado de existir en enero de 1979. Resulta lógico, en definitiva, que ninguno de estos países haya mostrado un excesivo interés en apoyar diplomática ni económicamente la celebración del proceso: el ejecutivo de Estados Unidos, que ha aportado 75 millones de dólares para el Alto Tribunal Iraquí, no había presupuestado a finales de 2005 un sólo dólar para el proceso de Camboya, dato irónico teniendo en cuenta que la Casa Blanca se muestra habitualmente más favorable a la creación de tribunales ad hoc que a la entrada en juego del Tribunal Penal Internacional, lo que en teoría debería haber predispuesto a Washington a ofrecer su apoyo al proceso de Camboya.
En suma, la relativa falta de apoyo internacional, concretada en los compromisos que la ONU se ha visto obligada a realizar en las negociaciones con el gobierno camboyano y en los estrictos límites de tiempo y presupuesto establecidos para el juicio, unida a los problemas del sistema judicial camboyano y el escaso interés mostrado por el gobierno de Hun Sen, parece dar la razón a los escépticos que dudan de la necesidad de un tribunal que juzgue a los pocos líderes de KD que sobreviven en la actualidad.
En efecto, es probable que la idea de proporcionar algún tipo de justicia a las víctimas y familiares de víctimas de los Jemeres Rojos sentando a un puñado de septuagenarios en el banquillo resulte ingenua. Y, sin embargo, la celebración del juicio ha levantado una tremenda expectación entre la población camboyana: según una encuesta del Instituto Jemer de la Democracia, una ONG con base en Phnom Penh, más del 97% de los camboyanos apoya la celebración del juicio, mientras alrededor del 40% de los encuestados preferiría que no se celebrara juicio alguno, a que el proceso se convierta en una farsa sin garantías.
Y es que, según opinión generalizada, un potencial fracaso del juicio debido a presiones políticas podría tener consecuencias nefastas para el ya deteriorado sistema judicial camboyano, y, lo que es más grave, para la cultura política del país: El tiempo transcurrido entre el final del régimen de KD y la puesta en marcha del tribunal ha ayudado a crear en Camboya una cultura de la impunidad según la cual el ciudadano medio asume que los criminales no han de rendir cuentas de sus actos. Además de para remediar, siquiera de modo limitado, este problema, el juicio representa también una oportunidad única para educar a la joven población camboyana acerca de los sucesos acontecidos entre 1975 y 1979, ignorados por los libros de texto utilizados por los escolares, ofreciendo testimonios de primera mano sobre los sucesos aquel periodo.
Según Youk Chhang, director del Centro de Documentación de Camboya, “lo que este tribunal está haciendo es dar una voz a las víctimas”; la institución que dirige Chhang, una organización independiente que lleva nueve años investigando el genocidio camboyano, ha recopilado miles de testimonios directos relativos a las atrocidades cometidas durante el período de KD, y que están siendo ahora puestos a disposición de los jueces investigadores de las Cámaras Extraordinarias. Al igual que Chhang, muchos otros camboyanos, pese a compartir las dudas acerca de las garantías del formato actual del proceso, esperan sin embargo que el juicio pueda ofrecer finalmente una compensación, siquiera relativa, a aquellos que sufrieron los efectos de las políticas de KD, además de ayudar a Camboya a dejar atrás definitivamente el período más traumático de la historia reciente del país.