Sabela Seoane

Sabela Seoane

Prestige, limpieza y respuesta social

Una de las consecuencias más impactantes del desastre causado por el hundimiento del buque petrolero Prestige fue el fenómeno de respuesta social surgido de la necesidad de la ciudadanía de implicarse en las labores de reparación de los daños derivados de la contaminación.
La falta de operatividad de los Gobiernos autónomo y central, ya desde los primeros días y hasta bien avanzado el problema, no hizo sino destapar la caja de Pandora que dejó salir las miserias de una Administración sin capacidad de reacción y de un Gobierno autónomo incompetente ante la evidente discriminación y subestima política de Galicia en el marco del Estado.
La sociedad miraba perpleja la gestión del caso Prestige mientras se iba enquistando en la gente la idea de indefensión y de absoluta falta de sentido común por parte de los responsables políticos. Indignó a todos su incapacidad para prever lo que supondría en Galicia la contaminación de la costa, fuente de riqueza económica y marco de recursos naturales que forman parte de nuestra identidad y cultura. Con todo ello, uno de los daños más terribles e incuantificables pudo ser el que se hizo a la conciencia de las personas que se vieron impotentes ante el desastre.
Mas, curiosamente, y como nunca lo habíamos visto, la impotencia se transformó en rabia y reacción inmediata por parte de la sociedad civil. No llegaron a pasar unos días del accidente y los teléfonos de las ONG y de los concellos afectados comenzaron a sonar imparablemente con ofrecimientos de ayuda voluntaria para empezar a la reparar los daños.
Habían pasado ya 15 días desde el accidente y no estaba articulado ningún plan de acción, ni de prevención, ni de limpieza. Comenzaron a llegar las denuncias de los agentes sociales, políticos y económicos, tanto de la oposición como de los afines al Partido Popular. Por otra parte, la experiencia reciente del desastre ecológico causado por el Erika en Francia o antes por el Exxon Valdez en Alaska, advertían de que el trabajo voluntario se haría imprescindible para paliar los efectos del vertido.

La movilización de la sociedad civil

La reacción de la sociedad civil no fue simétrica ni homogénea en las localidades afectadas.
Los daños más graves causados por la marea negra se localizaron en un primer momento en la zona de Costa da Morte. El frente costero atlántico-noroeste se caracteriza, a grandes rasgos, por una escasa actividad económica que gira fundamentalmente alrededor de la explotación pesquera y marisquera, así como por una densidad de población muy baja con tendencia grave al envejecimiento.
La depresión económica que sufre la zona lleva a que, desde hace años, la mayor parte de la gente joven emigre, (unas 20.000 personas en los últimos dos años, según los sindicatos). Además, es una zona donde la droga ha castigado a una parte importante da población más joven, creando pequeñas bolsas de marginación y pobreza muy mitigadas por la actividad marisquera furtiva.
En este contexto se desarrolla una sociedad muy poco movilizada que permite entender la actitud de los vecinos y vecinas.
La ausencia de gente joven dificultó desde un primer momento la capacidad de llevar adelante trabajos de limpieza de forma voluntaria o de encabezar la respuesta social ante la incompetencia administrativa. Buena parte de mariñeiros, redeiras y percebeiros sólo podían esperar pasivamente la actuación y las soluciones del Gobierno, el que fuera: central o autónomo. Más bien al contrario, lo único que recibirían serían comunicaciones equívocas de cofradías y autoridades políticas locales acerca de la gestión del problema. Además, las promesas de indemnización y de contrataciones para la limpieza funcionaron como moneda de cambio para garantizar fidelidades a los Gobiernos locales y cofradías.
La reacción de la sociedad civil local tuvo un alcance bien distinto con la llegada del vertido y del peligro de contaminación a la costa suroeste. La nueva localización de la marea negra marcó un punto de inflexión en el desarrollo de las tareas de limpieza y en la revitalización de la movilización social de denuncia.
En las Rías Baixas el contexto socioeconómico resulta un tanto antagónico con respecto del que describíamos para Costa da Morte. La actividad económica en relación con el mar es más fuerte, con economías de escala más amplias y estructuradas. La capacidad de exportación y creación de empleo directo es mucho más importante que en el norte. Por otra parte, existe en el sur una mayor articulación social. El mapa político en las Rías Baixas es más variado y algo más conflictivo que en el resto de Galicia.
La importancia de la actividad pesquera y marisquera en la zona bloqueó en parte el éxito de los chantajes; difícilmente las promesas de indemnización podrían superar las pérdidas de beneficios que esta actividad supone para los productores. De hecho, una de las consecuencias del desastre fue la creación de un consenso básico entre trabajadores, trabajadoras y patrones de los distintos subsectores productivos.
Por esto, y debido a la gravedad de las consecuencias de la contaminación, las Rías Baixas tuvieron mayor capacidad de reacción y la sociedad se movilizó inmediatamente.
La presencia en la zona de dos de los concellos más importantes del país, Vigo y Pontevedra, gobernados por coaliciones BNG-PsdeG-PSOE, contribuyeron también a paliar las deficiencias de medios y de cobertura institucional para la reparación de daños. Al mismo tiempo, en el resto de las poblaciones el comportamiento de las autoridades locales tuvo que cambiar inevitablemente con respecto al de sus homólogos en el norte, aunque fuesen del PP, ya que resultaba imposible desmarcarse de la necesidad de actuar.
A partir de las imágenes de la gente saliendo directamente al mar con sus embarcaciones para salvar las rías, podemos decir que la batuta en la gestión práctica del conflicto la tuvo la sociedad civil local mediante su autoorganización.
Por otra parte, la ciudadanía que no vivía el problema de forma tan directa tuvo un papel más que relevante, ya que protagonizó la acción solidaria más importante que probablemente haya vivido Galicia y el conjunto del Estado en muchos años. En este sentido, no importó el lugar de origen de las personas que voluntariamente se dirigieron a las costas para colaborar en la limpieza, dando muestra de la capacidad de reacción y de la preocupación ante un problema que se quiso enfocar políticamente como local y que resultó ser en realidad un desastre para la colectividad.

Las organizaciones ecologistas ante la marea negra

Las primeras ONG en salir a la opinión pública y actuar fueron las organizaciones internacionales SEO-Bird Life y Greenpeace. Éstas anunciaron el desastre ecológico y advirtieron de los peligros de la contaminación. De todas formas, y a pesar de la buena voluntad que las guiaba, el impacto de su actuación en el desarrollo posterior del conflicto estaba muy limitado, fundamentalmente por su escasa presencia en la sociedad gallega. Esta presencia se haría imprescindible posteriormente para la denuncia ecologista y la organización del trabajo voluntario de limpieza.
En este sentido, las asociaciones gallegas organizadas en la Federación Ecoloxista Galega (FEG) y ADEGA, la única asociación con implantación en todo el país, se vieron sorprendidas ante una situación nueva para la que probablemente no estaban preparadas.
Apareció la disyuntiva de qué hacer: continuar y reforzar la actividad reivindicativa y de denuncia o reaccionar urgentemente intentando gestionar los pocos recursos disponibles para empezar con las labores de limpieza. Se trataba de asumir una actividad de acción directa de defensa del medio en unas condiciones precarias, de medios y de conocimientos, con la contradicción de asumir un papel que se suponía correspondía a la Administración pública.
En caso de decidirse por actuar en la limpieza sabían que no lo iban a poder hacer en las condiciones óptimas o deseables de control del impacto y preservación medioambiental. Por otra parte, la actividad de limpieza suponía limitar la capacidad de estas organizaciones como motor de denuncia ante el delito ecológico. Había un conflicto entre medios disponibles y fines.
El comienzo de la limpieza por parte de grupos voluntarios no organizados, junto con la demanda cada vez mayor de grupos y personas de forma individual, desbordó el margen de decisión de las organizaciones ecologistas y las obligó a organizar al voluntariado como pudieron.
La actuación más urgente era en la Costa da Morte, y fue allí donde la actuación de las ONG se hizo más necesaria. Afrontar la limpieza durante el primer mes sería una odisea. Las organizaciones debían gestionar con sus propios medios las listas de voluntarios y llevarlos a los lugares de trabajo, inicialmente sin ningún tipo de orientación técnica, sin protocolo oficial de limpieza y sin conocimientos sobre la composición de la sustancia y los efectos de su manipulación.
La experiencia en esos primeros días fue muy dura.
Todo esto en medio de un marco de colaboración no formalizada con una variedad de autoridades públicas que se movían en el conflicto de competencias: Delegación del Gobierno, Consellería de Pesca y consellerías de Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Demarcación de Costas, concellos, Cruz Roja, Protección Civil, Tragsa, Federación Ecoloxista Galega.
En la gestión de la limpieza fue especialmente conflictivo el trabajo con Tragsa. Esta empresa de capital público encargada de servicios de gestión medioambiental actuó obstaculizando continuamente las labores: retrasando o incluso bloqueando la llegada de los materiales o impidiendo la labor de los coordinadores voluntarios de limpieza.
Como consecuencia de todo esto, se hizo difícil garantizar la seguridad del voluntariado, la asistencia sanitaria, dotación de espacios para pernoctaciones, existencia de material para la limpieza y equipos personales de protección, provisión de comidas, coordinación técnica para la organización del trabajo de limpieza y el control de la gestión de los residuos...

Algunas conclusiones sobre las consecuencias de la ayuda voluntaria

Como decía antes, la acción solidaria del voluntariado supone un cambio en la concepción que podíamos tener de la capacidad de reacción de la sociedad ante un problema colectivo y, sobre todo, ante la falta de actuación de las autoridades públicas. En este sentido, hay algunos aspectos de la acción solidaria del voluntariado que me gustaría señalar.
Surgió el debate de cuál debía ser el papel de la sociedad ante un problema de estas características, hasta qué punto era necesario el trabajo voluntario y hasta qué punto la reparación de daños debía ser una responsabilidad exclusivamente del Estado y de su Administración. Y fue evidente que sin el trabajo voluntario era imposible hacer frente al inmenso trabajo que suponía la limpieza de la costa.
Por otro lado, la implicación de personas de distintas procedencias: de origen, ideológicas, de clase, de edad, de sexo, directa o indirectamente afectadas... en la limpieza, generó un nivel de concienciación colectiva sobre el problema que probablemente no se alcanzó en otras situaciones de conflicto y movilización social.
Esto puede explicar en parte la actitud equívoca del Gobierno de la Xunta y del central con respecto del apoyo que prestaron a la organización del voluntariado de limpieza, que pasaron de ignorar la necesidad de gestionar la limpieza voluntaria a intentar, en un segundo momento, monopolizar la canalización de esta ayuda.
La entrada de la Administración autonómica en la gestión del voluntariado llevó a que sólo se diese salida al voluntariado de fuera de Galicia. Además, se trató de obstaculizar el trabajo de cofradías y concellos que, hasta ese momento, organizaban directamente la ayuda voluntaria, y de sustituirla en parte por contrataciones directas o por ETT. Probablemente, este cambio de actuación respondía a una estrategia para mantener a una parte importante de la población gallega fuera del contacto directo con la realidad del desastre.
La estrategia de la Xunta se volvió en su contra, y la llegada de gente de todo el Estado y del extranjero sirvió más bien como vehículo de información y de denuncia fuera del territorio gallego. Las imágenes de la presencia masiva de voluntarios en la costa, junto con el boca a boca, ayudaron a salvar el bloqueo informativo al que estaba siendo sometido el desastre que vivía Galicia.
El alcance que tiene la presencia de tantas personas, tanto en las tareas de limpieza como en las actividades de movilización y denuncia, no lo podemos delimitar todavía. En cierto sentido, es posible que como mínimo para estas personas la vivencia haya significado un cierto cambio en la mentalidad política al comprobar que la delegación en los responsables políticos no siempre funciona. La experiencia de los que estuvimos en los grupos dice que en la mayoría de ellos se respiraba indignación y una actitud absolutamente crítica. Quizá las próximas elecciones municipales y estatales nos sirvan de indicador para saber en qué medida lo ocurrido en Galicia tiene reflejo en un cambio político.

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Sabela Seoane es una joven que como voluntaria se incorporó desde el primer momento a los trabajos de limpieza en la Costa da Morte y a la protesta social por lo sucedido.



*Sabela Seoane* Prestige, limpieza y respuesta social Una de las consecuencias más impactantes del desastre causado por el hundimiento del buque petrolero Prestige fue el fenómeno de respuesta social surgido de la necesidad de la ciudadanía de implicarse en las labores de reparación de los daños derivados de la contaminación. La falta de operatividad de los Gobiernos autónomo y central, ya desde los primeros días y hasta bien avanzado el problema, no hizo sino destapar la caja de Pandora que dejó salir las miserias de una Administración sin capacidad de reacción y de un Gobierno autónomo incompetente ante la evidente discriminación y subestima política de Galicia en el marco del Estado. La sociedad miraba perpleja la gestión del caso Prestige mientras se iba enquistando en la gente la idea de indefensión y de absoluta falta de sentido común por parte de los responsables políticos. Indignó a todos su incapacidad para prever lo que supondría en Galicia la contaminación de la costa, fuente de riqueza económica y marco de recursos naturales que forman parte de nuestra identidad y cultura. Con todo ello, uno de los daños más terribles e incuantificables pudo ser el que se hizo a la conciencia de las personas que se vieron impotentes ante el desastre. Mas, curiosamente, y como nunca lo habíamos visto, la impotencia se transformó en rabia y reacción inmediata por parte de la sociedad civil. No llegaron a pasar unos días del accidente y los teléfonos de las ONG y de los concellos afectados comenzaron a sonar imparablemente con ofrecimientos de ayuda voluntaria para empezar a la reparar los daños. Habían pasado ya 15 días desde el accidente y no estaba articulado ningún plan de acción, ni de prevención, ni de limpieza. Comenzaron a llegar las denuncias de los agentes sociales, políticos y económicos, tanto de la oposición como de los afines al Partido Popular. Por otra parte, la experiencia reciente del desastre ecológico causado por el Erika en Francia o antes por el Exxon Valdez en Alaska, advertían de que el trabajo voluntario se haría imprescindible para paliar los efectos del vertido. La movilización de la sociedad civil La reacción de la sociedad civil no fue simétrica ni homogénea en las localidades afectadas. Los daños más graves causados por la marea negra se localizaron en un primer momento en la zona de Costa da Morte. El frente costero atlántico-noroeste se caracteriza, a grandes rasgos, por una escasa actividad económica que gira fundamentalmente alrededor de la explotación pesquera y marisquera, así como por una densidad de población muy baja con tendencia grave al envejecimiento. La depresión económica que sufre la zona lleva a que, desde hace años, la mayor parte de la gente joven emigre, (unas 20.000 personas en los últimos dos años, según los sindicatos). Además, es una zona donde la droga ha castigado a una parte importante da población más joven, creando pequeñas bolsas de marginación y pobreza muy mitigadas por la actividad marisquera furtiva. En este contexto se desarrolla una sociedad muy poco movilizada que permite entender la actitud de los vecinos y vecinas. La ausencia de gente joven dificultó desde un primer momento la capacidad de llevar adelante trabajos de limpieza de forma voluntaria o de encabezar la respuesta social ante la incompetencia administrativa. Buena parte de mariñeiros, redeiras y percebeiros sólo podían esperar pasivamente la actuación y las soluciones del Gobierno, el que fuera: central o autónomo. Más bien al contrario, lo único que recibirían serían comunicaciones equívocas de cofradías y autoridades políticas locales acerca de la gestión del problema. Además, las promesas de indemnización y de contrataciones para la limpieza funcionaron como moneda de cambio para garantizar fidelidades a los Gobiernos locales y cofradías. La reacción de la sociedad civil local tuvo un alcance bien distinto con la llegada del vertido y del peligro de contaminación a la costa suroeste. La nueva localización de la marea negra marcó un punto de inflexión en el desarrollo de las tareas de limpieza y en la revitalización de la movilización social de denuncia. En las Rías Baixas el contexto socioeconómico resulta un tanto antagónico con respecto del que describíamos para Costa da Morte. La actividad económica en relación con el mar es más fuerte, con economías de escala más amplias y estructuradas. La capacidad de exportación y creación de empleo directo es mucho más importante que en el norte. Por otra parte, existe en el sur una mayor articulación social. El mapa político en las Rías Baixas es más variado y algo más conflictivo que en el resto de Galicia. La importancia de la actividad pesquera y marisquera en la zona bloqueó en parte el éxito de los chantajes; difícilmente las promesas de indemnización podrían superar las pérdidas de beneficios que esta actividad supone para los productores. De hecho, una de las consecuencias del desastre fue la creación de un consenso básico entre trabajadores, trabajadoras y patrones de los distintos subsectores productivos. Por esto, y debido a la gravedad de las consecuencias de la contaminación, las Rías Baixas tuvieron mayor capacidad de reacción y la sociedad se movilizó inmediatamente. La presencia en la zona de dos de los concellos más importantes del país, Vigo y Pontevedra, gobernados por coaliciones BNG-PsdeG-PSOE, contribuyeron también a paliar las deficiencias de medios y de cobertura institucional para la reparación de daños. Al mismo tiempo, en el resto de las poblaciones el comportamiento de las autoridades locales tuvo que cambiar inevitablemente con respecto al de sus homólogos en el norte, aunque fuesen del PP, ya que resultaba imposible desmarcarse de la necesidad de actuar. A partir de las imágenes de la gente saliendo directamente al mar con sus embarcaciones para salvar las rías, podemos decir que la batuta en la gestión práctica del conflicto la tuvo la sociedad civil local mediante su autoorganización. Por otra parte, la ciudadanía que no vivía el problema de forma tan directa tuvo un papel más que relevante, ya que protagonizó la acción solidaria más importante que probablemente haya vivido Galicia y el conjunto del Estado en muchos años. En este sentido, no importó el lugar de origen de las personas que voluntariamente se dirigieron a las costas para colaborar en la limpieza, dando muestra de la capacidad de reacción y de la preocupación ante un problema que se quiso enfocar políticamente como local y que resultó ser en realidad un desastre para la colectividad. Las organizaciones ecologistas ante la marea negra Las primeras ONG en salir a la opinión pública y actuar fueron las organizaciones internacionales SEO-Bird Life y Greenpeace. Éstas anunciaron el desastre ecológico y advirtieron de los peligros de la contaminación. De todas formas, y a pesar de la buena voluntad que las guiaba, el impacto de su actuación en el desarrollo posterior del conflicto estaba muy limitado, fundamentalmente por su escasa presencia en la sociedad gallega. Esta presencia se haría imprescindible posteriormente para la denuncia ecologista y la organización del trabajo voluntario de limpieza. En este sentido, las asociaciones gallegas organizadas en la Federación Ecoloxista Galega (FEG) y ADEGA, la única asociación con implantación en todo el país, se vieron sorprendidas ante una situación nueva para la que probablemente no estaban preparadas. Apareció la disyuntiva de qué hacer: continuar y reforzar la actividad reivindicativa y de denuncia o reaccionar urgentemente intentando gestionar los pocos recursos disponibles para empezar con las labores de limpieza. Se trataba de asumir una actividad de acción directa de defensa del medio en unas condiciones precarias, de medios y de conocimientos, con la contradicción de asumir un papel que se suponía correspondía a la Administración pública. En caso de decidirse por actuar en la limpieza sabían que no lo iban a poder hacer en las condiciones óptimas o deseables de control del impacto y preservación medioambiental. Por otra parte, la actividad de limpieza suponía limitar la capacidad de estas organizaciones como motor de denuncia ante el delito ecológico. Había un conflicto entre medios disponibles y fines. El comienzo de la limpieza por parte de grupos voluntarios no organizados, junto con la demanda cada vez mayor de grupos y personas de forma individual, desbordó el margen de decisión de las organizaciones ecologistas y las obligó a organizar al voluntariado como pudieron. La actuación más urgente era en la Costa da Morte, y fue allí donde la actuación de las ONG se hizo más necesaria. Afrontar la limpieza durante el primer mes sería una odisea. Las organizaciones debían gestionar con sus propios medios las listas de voluntarios y llevarlos a los lugares de trabajo, inicialmente sin ningún tipo de orientación técnica, sin protocolo oficial de limpieza y sin conocimientos sobre la composición de la sustancia y los efectos de su manipulación. La experiencia en esos primeros días fue muy dura. Todo esto en medio de un marco de colaboración no formalizada con una variedad de autoridades públicas que se movían en el conflicto de competencias: Delegación del Gobierno, Consellería de Pesca y consellerías de Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Demarcación de Costas, concellos, Cruz Roja, Protección Civil, Tragsa, Federación Ecoloxista Galega. En la gestión de la limpieza fue especialmente conflictivo el trabajo con Tragsa. Esta empresa de capital público encargada de servicios de gestión medioambiental actuó obstaculizando continuamente las labores: retrasando o incluso bloqueando la llegada de los materiales o impidiendo la labor de los coordinadores voluntarios de limpieza. Como consecuencia de todo esto, se hizo difícil garantizar la seguridad del voluntariado, la asistencia sanitaria, dotación de espacios para pernoctaciones, existencia de material para la limpieza y equipos personales de protección, provisión de comidas, coordinación técnica para la organización del trabajo de limpieza y el control de la gestión de los residuos... Algunas conclusiones sobre las consecuencias de la ayuda voluntaria Como decía antes, la acción solidaria del voluntariado supone un cambio en la concepción que podíamos tener de la capacidad de reacción de la sociedad ante un problema colectivo y, sobre todo, ante la falta de actuación de las autoridades públicas. En este sentido, hay algunos aspectos de la acción solidaria del voluntariado que me gustaría señalar. Surgió el debate de cuál debía ser el papel de la sociedad ante un problema de estas características, hasta qué punto era necesario el trabajo voluntario y hasta qué punto la reparación de daños debía ser una responsabilidad exclusivamente del Estado y de su Administración. Y fue evidente que sin el trabajo voluntario era imposible hacer frente al inmenso trabajo que suponía la limpieza de la costa. Por otro lado, la implicación de personas de distintas procedencias: de origen, ideológicas, de clase, de edad, de sexo, directa o indirectamente afectadas... en la limpieza, generó un nivel de concienciación colectiva sobre el problema que probablemente no se alcanzó en otras situaciones de conflicto y movilización social. Esto puede explicar en parte la actitud equívoca del Gobierno de la Xunta y del central con respecto del apoyo que prestaron a la organización del voluntariado de limpieza, que pasaron de ignorar la necesidad de gestionar la limpieza voluntaria a intentar, en un segundo momento, monopolizar la canalización de esta ayuda. La entrada de la Administración autonómica en la gestión del voluntariado llevó a que sólo se diese salida al voluntariado de fuera de Galicia. Además, se trató de obstaculizar el trabajo de cofradías y concellos que, hasta ese momento, organizaban directamente la ayuda voluntaria, y de sustituirla en parte por contrataciones directas o por ETT. Probablemente, este cambio de actuación respondía a una estrategia para mantener a una parte importante de la población gallega fuera del contacto directo con la realidad del desastre. La estrategia de la Xunta se volvió en su contra, y la llegada de gente de todo el Estado y del extranjero sirvió más bien como vehículo de información y de denuncia fuera del territorio gallego. Las imágenes de la presencia masiva de voluntarios en la costa, junto con el boca a boca, ayudaron a salvar el bloqueo informativo al que estaba siendo sometido el desastre que vivía Galicia. El alcance que tiene la presencia de tantas personas, tanto en las tareas de limpieza como en las actividades de movilización y denuncia, no lo podemos delimitar todavía. En cierto sentido, es posible que como mínimo para estas personas la vivencia haya significado un cierto cambio en la mentalidad política al comprobar que la delegación en los responsables políticos no siempre funciona. La experiencia de los que estuvimos en los grupos dice que en la mayoría de ellos se respiraba indignación y una actitud absolutamente crítica. Quizá las próximas elecciones municipales y estatales nos sirvan de indicador para saber en qué medida lo ocurrido en Galicia tiene reflejo en un cambio político. ______________________ Sabela Seoane es una joven que como voluntaria se incorporó desde el primer momento a los trabajos de limpieza en la Costa da Morte y a la protesta social por lo sucedido.