Silencio administrativo

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El País, 19 de febrero de 2019.

 

Muchas personas que reúnen los requisitos para solicitar rentas
mínimas o de inserción social no las reciben. La culpa es de un
sistema burocrático e inoperante que exige más a los más
vulnerables.

 

En los últimos días este periódico ha publicado algunas informaciones sobre pobreza y
ayudas sociales en España que revelan importantes carencias, en concreto, en las
llamadas rentas mínimas o de inserción social. Contrariamente a lo que piensa parte de
la ciudadanía, la gran mayoría de las personas que reúnen los requisitos para solicitar
estas rentas no las están recibiendo. Recientemente hemos sabido también que solo el
8% de los españoles que vive bajo el umbral de la pobreza tiene acceso a ellas. ¿Puede
achacarse solo a la desinformación de los posibles perceptores, a la vergüenza de pedir
ayuda, a su falta de formación para realizar trámites o a la saturación de los servicios
sociales? Estos factores son determinantes, sin duda, pero en mi opinión la
responsabilidad máxima recae en el sistema burocrático que acompaña a estas rentas, un
sistema inoperante, cuando no directamente kafkiano, que exige más a los más
vulnerables.

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