Revista Idees, 3 de septiembre de 2020.
Cuando se habla de la secesión territorial en una democracia, conviene ser cuidadoso
con las palabras. No es lo mismo hablar de un derecho a la autodeterminación que de
una independencia lograda mediante un acuerdo democrático que no apela al
cumplimiento de derecho alguno, por no mencionar la hipótesis de una decisión
unilateral que invoque una mayoría popular al margen de los procedimientos. Esta
cautela inicial vale para el debate abstracto sobre la secesión tanto como para la
discusión concreta del caso catalán. También es aconsejable que quienes tomen parte en
esa discusión lo hagan con la disposición adecuada. Y es que podemos preguntarnos si
existe un derecho a la secesión, si es legítima su reivindicación en una sociedad
democrática o si concurren en un supuesto particular las circunstancias para su
reconocimiento; la deliberación correspondiente no servirá de nada, sin embargo, si los
participantes carecen de la necesaria buena fe. Esto quiere decir que prestan atención a
las razones que se ponen sobre la mesa y son capaces de reconocer las mejores de entre
ellas; incluso si no fueran las suyas. De lo contrario, la deliberación se convierte en una
farsa: una ocasión para la derrota del adversario al margen de la justicia, coherencia o
veracidad de sus argumentos.
