Susana Ruiz
Los Papeles de Panamá, la urgencia de la acción
(ALAI, 516, agosto de 2016).
Los papeles de Panamá han tenido un efecto mediático y político abrumador. Sin duda alguna, se trata de la mayor filtración de la historia: 11,5 millones de documentos, más de 200.000 sociedades offshore creadas a lo largo de 35 años, de todos los continentes. Por eso nos golpean tan fuerte, porque es inevitable la sensación de estupor ante la impunidad con la que aparentemente se ha venido operando. Presidentes, ministros, futbolistas, actores... pero también médicos o empresarios, de todos los continentes sin excepción. En su mejor momento, Mossack Fonseca, el despacho de abogados en el epicentro de este tsunami, creó 13.000 sociedades offshore al año, una cada diez minutos. Sociedades de testaferros, diseñadas específicamente para la ocultación de sus propietarios reales y de sus actividades, con estructuras en cascada que entorpecen hasta casi lo imposible el trabajo de verificación que puedan hacer las administraciones tributarias, que cuentan, ellas, con un mandato nacional. Sociedades diseñadas también en cómo aprovechar mejor las disfunciones del sistema fiscal internacional, el “treaty shopping”.
Los Papeles de Panamá nos ponen de cara ante varias evidencias. La primera, los paraísos fiscales siguen existiendo. Quizás parezca una obviedad, pero estos últimos años hemos debido sufrir discursos triunfalistas, en especial desde el famoso G20 de 2009 en el que los entonces presidentes Sarkozy o Brown anunciaban a bombo y platillo el fin “de la era de los paraísos fiscales y el secreto bancario”. Lo cierto es que la inversión que se dirige hacia los paraísos fiscales se ha multiplicado por 4 en estos últimos 15 años, creciendo al doble en velocidad que la economía mundial. Es evidente que nada en la agenda política internacional ha frenado su multiplicación, porque esta economía offshore no es solo una inercia de crecimiento, sino un auténtico modelo económico, apertura y globalización de los modelos comerciales y de inversión, con graves vacíos en los mecanismos de control y peligrosas deficiencias en la arquitectura internacional.
La segunda evidencia es que la evasión y elusión fiscal también tienen cara latinoamericana, tocan a todos los países sin excepción. CEPAL calcula que la región pierde cada año 320.000 millones de dólares de ingresos fiscales por esta vía. Oxfam calculaba recientemente que en un país como El Salvador, la inversión en paraísos fiscales se ha multiplicado por 18 en estos últimos 15 años, y llega ya a alcanzar el 7% del PIB del país. Lo curioso es que Holanda y Suiza son dos de los destinos hacia los que el incremento ha sido más brutal, multiplicándose por 353 y 619 veces, respectivamente, en el mismo periodo. ¿Qué tendrá Holanda, que se ha convertido ya en el primer punto de origen de la inversión hacia América Latina y el Caribe, por delante incluso de Estados Unidos y España?
Paraísos fiscales: tóxicos e improductivos
Sin embargo, este no es un juego de suma cero. La realidad es que los paraísos fiscales son tóxicos e improductivos. Todo lo que se escapa por esta vía lo pagamos los ciudadanos, es una perversión bochornosa del modelo social. Cuando merman los recursos públicos, se estrecha la capacidad del Estado de invertir en políticas públicas vitales para reducir la pobreza y la desigualdad o para garantizar la dignidad de las personas.
El mismo día en que los Papeles de Panamá estallaron, se anunciaba que en Argentina, desde que empezó el mandato de Mauricio Macri, apenas 115 días antes, 1,4 millones más de personas viven en la pobreza. Un balance demoledor: 12.000 pobres más al día. El presidente Macri, que también ha aparecido implicado en esta filtración, anuncia una amnistía fiscal como una de las vías para repatriar estos capitales fugados. Y así acabamos de cerrar el doble círculo de la injusticia: agujeros fiscales que se han dejado libres, por los que han circulado con cierta facilidad estos capitales, que luego podrán regresar mediante un bochornoso tratamiento privilegiado. En España, como el propio Ministro de Hacienda reconocía, muchos de los nombres que han aparecido vinculados a los Papeles de Panamá se acogieron hace un par de años a la amnistía fiscal (o “regulación extraordinaria” como tan eufemísticamente se llamó). La amnistía fiscal, claramente, no es la solución.
La realidad es que los paraísos fiscales son el resultado del desgobierno internacional y la debilidad nacional. Son un auténtico problema sistémico que permite trasladar artificialmente beneficios y capitales de grandes fortunas y empresas lejos de las arcas públicas de la mayoría de los países. Pero no se trata de demonizar sólo a Panamá, más de 50 jurisdicciones igualmente nocivas han aparecido vinculadas a este escándalo. El mismo ICIJ, el Consorcio Internacional de Periodistas Independientes que está detrás de ésta y otras filtraciones, mostraba cómo, cuando el marco legislativo se modificó en las Islas Vírgenes Británicas y se suprimió la posibilidad de tenencia de acciones al portador, la “producción” de sociedades offshore se trasladó a otras jurisdicciones donde aún se lo toleraba.
Sí hay salidas
No se trata de tapar parches, sino de poner en marcha un plan de acción férreo e integral contra los paraísos fiscales, contra la evasión y elusión fiscal. Y este plan requiere voluntad política. Por eso, quizás otra de las evidencias demoledoras de los Papeles de Panamá es tan preocupante: al menos 128 dirigentes y altos funcionarios políticos han aparecido expuestos. Quizás esta es una de las razones por las que los avances en las agendas políticas internacionales y nacionales no han logrado calar hondo. O al menos, no tanto cómo para erradicar esta lacra.
La lucha contra la competencia fiscal desleal, contra la carrera a la baja que activan los paraísos fiscales, tiene soluciones concretas. Desde el incremento de la transparencia en los titulares reales de las sociedades, fideicomisos, fundaciones y cuentas bancarias en paraísos fiscales a través de un registro público centralizado, hasta el establecimiento de sanciones para el uso y abuso de estas jurisdicciones. Pero quizás es hora de plantear además otras alternativas, como retomar el control de la responsabilidad fiscal en la contratación pública o poner candados a la tenencia de activos y capitales por parte de cargos públicos en paraísos fiscales como está ahora proponiendo el Presidente Correa en Ecuador. Hay que dar pasos que devuelvan la confianza a la ciudadanía más allá de la retórica.