The New York Times, 20 de septiembre de 2018
En junio, Josué, un hondureño de 21 años, llegó a una casa de seguridad en la ciudad
fronteriza mexicana de Reynosa, en Tamaulipas. Estaba ahí con once migrantes
centroamericanos más. Su familia había pasado el año anterior reuniendo los 3800
dólares indispensables para el último tramo de su viaje a Estados Unidos.
Sin embargo, la casa de seguridad no era tan segura. A tan solo kilómetros de la
frontera, su trayecto fue interrumpido cuando unos hombres armados entraron al
inmueble, secuestraron a los migrantes y exigieron 1800 dólares más para liberarlos. Si
sus familias no podían reunir el dinero, les advirtieron, entonces los matarían.
