Txema Mauleón, Edurne Egino, Marisa de Simón
Las “otras” víctimas
Además de las víctimas ocasionadas por ETA, están las “otras” víctimas: las originadas por organizaciones de extrema derecha o parapoliciales, las victimas de motivación política causadas por la violencia ilegítima del Estado. En la necesaria lucha contra ETA no debe valer todo. Las tropelías cometidas, impulsadas o toleradas por el Estado de derecho son tan injustificables como las de ETA y han causado múltiples daños. Los informes parciales que abarcan desde 1968 nos hablan de 72 muertos y 324 heridos por organizaciones de extrema derecha o parapoliciales y 93-122 personas asesinadas y 629-666 heridas de motivación política por parte de la violencia ilegítima del Estado, haciendo un total de 165-215 muertos y 953-990 heridos, según Argituz. Un informe del Departamento de Justicia del gobierno vasco (2008) da la cifra de 109 muertos y 538 heridos de motivación política por la violencia ilegítima del Estado y de 75 muertos y 236 heridos por grupos fascistas y parapoliciales. Ninguna de las dos fuentes considera completos sus informes. La última persona asesinada por el GAL data del 24 de Julio de 1987. A esto hay que sumarle las personas que han sufrido torturas o sufrimientos injustos.
Sin embargo, hay un vacío inexplicable e injusto. Y la insuficiencia de datos corrobora el abandono en que se encuentran estas víctimas. Ahora bien, ningún ciudadano o ciudadana de Navarra podría entender que pretendamos cerrar bien este capítulo de nuestra historia sin hacer justicia a quienes han muerto por estos motivos. Es sangrante que todavía estén pendientes casos como los de José Luis Cano después de 35 años de su muerte, Germán Rodríguez después de 34 años, Mikel Arregi después de 33 años, Gladys del Estal después de 33 años, Mikel Zabalza después de 27 años, entre otros.
En el caso de las victimas de ETA su situación ha sido muy penosa. Al daño inflingido -irreversible con la muerte- se añade hasta fechas recientes la insensibilidad de una parte fundamental de la sociedad vasco-navarra, su invisibilidad, una desconsideración a veces extrema y humillante. Aspectos todos ellos que han constituido una gran injusticia. Y esta misma situación se está produciendo con “las otras víctimas” como lo denunciaba Leonor Regaño, viuda del policía nacional Manuel Jódar, asesinado por ETA y ex-presidenta de la Asociación de víctimas del terrorismo en Euskadi en un acto promovido por el Gobierno vasco en el cual reivindicó a “las otras víctimas afectadas por grupos terroristas diferentes de ETA, que están pasando hoy por una situación similar a la que vivimos las víctimas de ETA hace años: la indiferencia de la sociedad, el abandono de las instituciones y la falta de reconocimiento”. Es un gesto que le enaltece.
En los últimos años, tras el abandono durante los años 80 y en parte de los 90, las víctimas de ETA han recibido un reconocimiento y una reparación adecuada y justa por parte de las distintas instituciones democráticas y por buena parte de la sociedad. Desde Izquierda-Ezkerra valoramos de modo muy positivo estas actuaciones. Ahora queda pendiente completar este cuadro con un tratamiento similar para las “otras” víctimas. Parcialmente, algo se ha hecho en el plano económico desde el parlamento de Navarra con las víctimas del GAL, BVE y grupos similares, pero no así con las víctimas de motivación política ocasionadas por la violencia ilegítima del Estado o por agentes del mismo.
El Parlamento Vasco ha elaborado una ponencia al respecto, coordinada por la jueza Manuela Carmena de reconocida trayectoria democrática y profesional, sometida a debate y que será aprobada en junio.
Es completamente necesario que las instituciones navarras impulsen una ponencia parlamentaria para abordar esta cuestión, para subsanar una injusticia manifiesta sufrida por personas de Navarra.
El buen gobierno y la convivencia requieren una actitud absolutamente consecuente en la defensa de los derechos humanos, en el rechazo de la vulneración de los mismos, en el reconocimiento y en la plena solidaridad y equidad con todas las víctimas. Esta regla también debe ser válida, con más motivo, cuando son el Estado o sus agentes quienes los vulneran, pues estos están para proteger y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía en una sociedad democrática.
Pensamos que éstas actuaciones del Estado o de sus miembros, además de injustas, minan la legitimidad y credibilidad del estado democrático de derecho; socavan el tejido moral de nuestra sociedad; sacan el lado oscuro del poder, su impunidad hipócrita y arbitraria; desencadenan una espiral de agravios y resentimientos; y, lo que es más grave, su aceptación por parte de la sociedad corrompe su conciencia.
Por ello, estas víctimas deben recibir el mismo trato, la misma justicia, la misma reparación en todos los órdenes: económico, social, atención a sus demandas judiciales... No puede haber víctimas de primera y de segunda.
E, igualmente, deben recibir el reconocimiento del daño causado por parte de sus autores. Al estado democrático de derecho y a sus instituciones se les debe exigir una declaración sobre su deber inexcusable de respetar los derechos fundamentales y de que bajo ningún concepto pueden impulsar, amparar o tolerar guerras sucias o similares. Es completamente necesario el reconocimiento y la reparación de las demandas de las víctimas de la guerra sucia o de torturas por criterios de justicia y de equidad; pero también por criterios de prudencia política y de educación en una sociedad demasiado poco sensible en estos asuntos. Y se requiere, asimismo, que estas víctimas formen parte de la memoria colectiva que se transmita desde las instituciones. Nos parece fundamental emprender éstas tareas para cerrar bien este capítulo.
Estas exigencias se inscriben en la perspectiva de impulsar una cultura de derechos humanos que penetre en nuestra sociedad, que cuente con el respaldo inequívoco de nuestras instituciones, que adquieran carta de naturaleza entre la ciudadanía… frente a la violencia de ETA y también frente a la vulneración de los derechos humanos por parte de agentes públicos, cuando se produzcan.
Por último, queremos dejar claro que no se trata de equipar a ETA y a las instituciones democráticas. No hay dos violencias equivalentes que haya que extirpar. Hay una organización violenta que ha pretendido imponerse a la sociedad de modo totalitario y antidemocrático y unas instituciones democráticas plenamente legítimas y elegidas por la ciudadanía. Unas instituciones que rigen los asuntos públicos de nuestra sociedad y que tenían el deber de impedir los asesinatos y demás tropelías cometidas por ETA contra ciudadanos por pensar diferente o por representar a la otra identidad respetando los derechos humanos. En esto no hay ni puede haber equiparación alguna. En lo que sí debe haber equiparación es en los derechos que les asisten a todas las víctimas. Y con esta manera de proceder fortaleceremos el bien común, la convivencia entre diferentes, la cohesión social y en definitiva el estado democrático de derecho. Y, por el contario, si no practicamos el principio de justicia y de equidad cometeremos una gran injusticia y debilitaremos el citado Estado democrático de derecho.
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Txema Mauleón es parlamentario foral navarro y Edurne Egino es concejala del Ayuntamiento de Pamplona, ambos por Izquierda-Ezkerra.