Una democracia en retroceso

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elperiodico.com, 03 febrero 2018.

 

El Estado se está dejando jirones democráticos en su lucha sin tregua contra el independentismo, lo que contribuirá a consolidarlo.

 

En su combate sin tregua contra la dirigencia del independentismo catalán, el Estado se está dejando jirones de democracia. Las imágenes represivas del 1-O fueron el prólogo de una batería de decisiones gubernativas y judiciales que, aun pudiendo ser ajustadas a ley, son percibidas como un abuso del Estado del derecho. Todo ello, ante la complacencia acrítica de la opinión pública española, que lo justifica en aras de la defensa de un bien superior: la unidad de la soberanía nacional.

Ya no es solo un mantra soberanista: el estudio del 2017 de la Unidad de Inteligencia de ‘The Economist’ rebaja de 8,30 a 8,08 el ‘rating’ democrático de España, que respecto al año anterior pierde dos posiciones en el ránking y se acerca al estatus de “democracia imperfecta”. El dato es relevante, pues en el foro de Davos el rey Felipe esgrimió el informe del 2016 de este ‘think tank’ para proclamar que España es “una democracia madura, sólida y fuerte”.

El último episodio de esta deriva lo ha firmado el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al mantener en prisión a Joaquim Forn alegando la “incertidumbre” acerca de que “la voluntad política mayoritaria [en Catalunya] sea respetar el orden legal para alcanzar la aspiración de independencia que aún hoy comparte el investigado”. No basta con que el ‘exconseller’ renuncie al unilateralismo y a su acta de diputado; para el juez, el riesgo de reincidencia se basa en su ideología.

Este y otros autos del instructor rezuman un espíritu inquisitorial: aunque formalmente sostiene que las tesis independentistas son defendibles en democracia -siempre que no se conculque la ley-, vincula el encarcelamiento preventivo de los imputados a las ideas que estos profesan, e incluso a actos de terceros, como Carles Puigdemont.

Escarmiento político

Subyace en los razonamientos del juez, y también en los del Gobierno de Mariano Rajoy, el propósito de humillar a los líderes independentistas exigiéndoles una capitulación en toda regla. Un escarmiento político que desborda las fronteras del derecho y solo contribuirá a solidificar, e incluso a ampliar, la base social del independentismo.

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