Una tregua forzosa en Cataluña

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infolibre.es, 02 enero 2018

La más generalizada valoración del resultado de las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre pone el acento en que estamos ante «un empate infinito» cuya consecuencia es un paralizante «bloqueo». Consecuencia lógica de tal valoración es concluir que no han servido para nada y que hemos vuelto a la casilla de salida. No comparto tal enfoque ni su conclusión. El juego de la política no es el juego de la oca. Y si lo tomamos como referencia ilustrativa al menos habría que señalar qué jugador, entre los contendientes, ha caído en la casilla de la muerte que le obliga a retrotraerse hasta la de salida. Donde muchos ven bloqueo yo veo la ocasión de una tregua.

Que el resultado electoral (contando por un lado los votos dados a los partidos pro-independencia y por otro a los no lo son) sería muy equilibrado era previsible y estaba previsto; la gran sorpresa hubiera sido una inclinación definitiva de la balanza. Que el resultado político sea el bloqueo institucional no es descartable, pero aún está por ver. Darlo por hecho contribuye a hacerlo realidad. Contribuye a la inacción política y a continuar en el empecinamiento. Así que me atrevo a plantear: ¿Por qué no llamamos tregua forzosa a la situación generada por el resultado? Una tregua que sería posible y necesario oficializar. Aunque solo sea por la vía de los hechos y no de las declaraciones formales. Ya hay gestos que la contradicen, pero también que la indican.

Veamos por qué no estamos en un «volver a empezar » y por qué estas elecciones han servido para algo.

La convocatoria y la celebración de estas elecciones autonómicas, al amparo del artículo 155 de la Constitución, significó la derrota del procés independentista que pretendía su culminación exitosa con la aplicación de su ley del referéndum y, luego, de su ley de transitoriedad y fundacional de la República. La legitimidad de las elecciones del 21 -D fue reforzada por la enorme participación ciudadana y la pulcritud democrática en la emisión y escrutinio de los votos. Todas las opciones políticas concurrieron a la conformación de un nuevo Parlament. Ni Puigdemont pudo reivindicar que se reconstituyera el emanado de las elecciones de septiembre de 2015. Un nuevo Parlament que cuando quede constituido el próximo 17 de enero estará obligado a elegir president; quien lo sea tendrá que designar un govern.

Bien es cierto que el resultado electoral dice que siguen tan vivos como antes los afanes partidarios de segregar a Cataluña de España o de mantenerla unida. Y aunque las opciones no independentistas han obtenido más votos ciudadanos, las independentistas tienen una mayoría de escaños; a su alcance está acordar qué persona es investida y puede ejercer la facultad presidencial de nombrar govern.

A día de hoy es una incógnita quién vaya a serlo, aunque Puigdemont simule que la interrogante está despejada incluso desde antes de la celebración de las elecciones. Tal pretensión fue el eje de su campaña. Obviamente ni ERC admitía ni admite este presupuesto. Y menos ahora que Puigdemont no parece dispuesto a cumplir su promesa de que regresaría de su voluntario exilio.

En suma, no sólo objetiva sino subjetivamente hay ruptura de continuidad con el inmediato pasado. Y la hay porque antes hubo una derrota del procés, con la convocatoria y la celebración de elecciones. Es cierto también que esa derrota ni inclinó definitivamente la balanza, ni marcó una tendencia fija en su inclinación. Porque no presuponía el resultado de las elecciones ni por tanto quién lograría hacerse con la presidencia de la Generalitat y el govern.

Pero, por eso mismo, la victoria en escaños de las tres opciones independentistas tampoco obra el milagro de evitar la ruptura de la continuidad de aquel procés que se inició con el resultado de las elecciones «plebiscitarias» de septiembre de 2015; ni siquiera en el hipotético caso de que los independentistas acordaran la presidencia para Puigdemont y éste designara el mismo govern, con Junqueras como vicepresidente. Para intentar seguir siendo president ha tenido que pasar por lo que él considera la horca caudina de la aplicación del 155 de la Constitución. Y ahora tiene que pasar por la horca caudina del Parlament nuevo sometido a sus propias reglas.

¿Para qué servían y han servido las elecciones del 21 de diciembre de 2017? Para sacar a Cataluña y a España del callejón en el que se encontraban tras la fantasmagórica declaración de independencia.

De aquel callejón solo se podía salir con un salto descomunal en la escalada de la tensión. O del modo democrático en que se ha hecho, mediante elecciones legítimas. Que han dado a todas las opciones políticas la posibilidad de participar en la conformación de un nuevo Parlament. Que han reconfigurado el sistema político de partidos en Cataluña, con presumible influencia en el sistema de partidos en España. Lo cual a su vez puede influir en cómo se aborda la cuestión abierta por el secesionismo, el cual ya ha tenido una repercusión no sólo en España, sino también en la Unión Europea; aunque no para su bien, puesto que le ha alzado públicamente una barrera que hoy por hoy se muestra infranqueable.

Puigdemont, exultante en la noche electoral, proclamó que había derrotado al Estado. De nuevo la fanfarronada y el engaño, que tan acertadamente denunció Lluís  Rabell, de Catalunya Sí que es Pot. Las opciones independentistas han logrado la posibilidad de gobernar de nuevo la Generalitat. Ahora tienen que transformar esa posibilidad en realidad a través del Parlament. Y no cabe descartar que falle la democracia representativa, como ya falló en el Congreso de los Diputados surgido de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015.

Las opciones independentistas puede que sientan que se han recuperado de la derrota a la que les condujo su intento de la pasada infeliz legislatura. Pero no han ganado el derecho a la independencia; sí la posibilidad de dar a su afán una tregua de cuatro años mientras mantienen el gobierno de la Generalitat inserto en el sistema de legalidad y de poder establecido en la Constitución.

Si gobiernan han de gobernar, controlados por el Parlament y respondiendo de su acción de gobierno ante toda la ciudadanía catalana. A esta no hay que pedirle que renuncie a sus actuales y contrarios convencimientos. Pero hay que procurar librarla de que vaya a más la fractura social y hay que darle una gestión gubernamental a la que le es exigible colaboración para que la agenda social intente pasar al primer plano, en Cataluña y en España entera.

Por supuesto tampoco está descartado que se imponga de nuevo, antes que la tregua, una estrategia de la tensión. En ella puede situarse Puigdemont tanto más cuanto más se aleje la posibilidad de ser investido de nuevo president. Contará como aliado probablemente con la CUP. Pero lo quiera o no su legitimidad solo puede derivar de su elección por este nuevo Parlament.

En esa estrategia de tensión pueden situarse también Rajoy y el PP si no sacan lección alguna de su previsible y previsto fracaso electoral. A esa estrategia pueden contribuir los efectos políticos de las decisiones judiciales si estimulan el ambiente para la exaltación sentimental de quienes se sienten perseguidos por sus ideas y de quienes quieren que se dé un escarmiento drástico al independentismo.

Ese riesgo existe. No llevaré la contraria a quienes afirmen que esas dos derechas, galopando nacionalismos excluyentes, no quieren tregua alguna, ni a quienes aseguren que se va a imponer la estrategia de la tensión. Es decir la opuesta a la vía del diálogo y del debate político necesarios para una opinión pública mejor informada. La vía que no excluye la lucha política, pero que puede contribuir a una suave y lenta inclinación de la balanza. Para que, pasado un cierto tiempo, se decida qué conviene más a Cataluña, a España y a la Unión Europea.

Sea como sea me declaro partidario de la idea de que la primacía de la agenda social, la relegitimación de la democracia española y la recuperación de la hegemonía de la izquierda (posibilidad dañada por el resultado electoral del 21-D) no pasan por ninguna línea de actuación favorable a la separación de Cataluña de España.

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Permítame ahora el lector para terminar este artículo evocar un episodio histórico. Al finalizar el año 1914, Europa llevaba cuatro meses en una guerra que no era inevitable, a pesar del impulso hacia ella del imperialismo; una guerra que fue más larga y cruel de lo que cualquiera de sus partidarios había imaginado. Muchos buenos libros se escribieron y publicaron para la ocasión de conmemorar su centenario en 2014. Sobre el papel que jugaron los nacionalismos está mucho escrito. La consigna de la Internacional socialista de «Guerra a la guerra» no fue cumplida. Pero en aquel primer diciembre los soldados impusieron, por encima del mando de sus generales, una tregua conocida como «Tregua de Navidad» que fue efectiva, no oficial. El lector que quiera puede fácilmente informarse de lo que fue aquel acontecimiento y pensar su significado y sus enseñanzas. No sobran, porque aunque la clave para nuestro hoy en España no está en buscar recetas en analogías históricas, siempre ilustran y estimulan la imaginación.

En 2014 hubo otras conmemoraciones centenarias. Los independentistas catalanes tuvieron a ocasión el tercer centenario de la caída de Barcelona frente a las tropas borbónicas mandadas por el Duque de Berwick; promovieron y llevaron a cabo un Congreso de historia. Le dieron un título que era una conclusión, no un debate: «España contra Cataluña», de manifiesta intencionalidad política. Al servicio del giro hacia el independentismo de la derecha catalana encabezada por Artur Mas, el heredero de Pujol. Se pretendía dar un fundamento histórico a la exaltación política de los ánimos ante la perspectiva de que estaban próximos a llegar los días de gloria de la «lucha final» por la independencia que iba a librar ahora, 300 años después, Cataluña contra España. Los historiadores podrán decir cuánto de historia y cuánto de cuento hubo en aquel Congreso.

No hace falta ser historiador para saber que hoy se necesita una larga tregua, que no es la solución, sino un tiempo de espacio público compartido en el que la ciudadanía pueda aprender hoy que no conviene ni a Cataluña ni a España prolongar la guerra de leyes y autoridades que declaró el Parlament en la resolución I de 9 de noviembre de 2015.

El independentismo catalán puede decirse a sí mismo que si no ha logrado su objetivo, sí lo ha intentado, y aplazar un nuevo intento al menos los cuatro años que puede mantenerse en la presidencia y el Govern de la Generalitat. La democracia española debe decirse a sí misma que su relegitimación (cuya más profunda pero no única vía es la reforma constitucional) fallida tras las elecciones generales de diciembre de 2015, sigue siendo necesaria no sólo para España entera, también para inclinar decisivamente de su parte la balanza catalana; y para pesar como solución y no como problema en la Unión Europea.

En la Navidad de 1915 ,a pesar de la sangría producida entre los combatientes, los mandamases militares y políticos necesitaron tomar medidas para evitar que los soldados repitieran la tregua de 1914, o se les ocurriera desertar en masa o volver las armas contra quienes les mandaban. En 1916 ya no tuvieron esa necesidad; la sangre llegó al río muy pronto, pero tras casi año y medio de guerra Europa ya era un río de sangre en el que se había ahogado todo espíritu de confraternizar por encima de la identidad nacionalista y de las trincheras.

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