Xesús Veiga
Gobierno bipartito gallego.
Un año después
(Página Abierta, 175, noviembre de 2006)

            Transcurrido un año desde el nacimiento del Gobierno bipartito BNG-PSdG, surgen los inevitables análisis sobre la labor del nuevo equipo gubernamental. Cualquier juicio que se pretenda hacer con respecto a este aniversario debería considerar dos factores no por evidentes menos importantes. En primer lugar, la propia dimensión del periodo analizado: estamos hablando de una cuarta parte de la duración total prevista para la legislatura y, más concretamente, de los primeros meses de una nueva etapa gubernamental a caballo entre los compromisos presupuestarios contraídos para el año 2005 por el anterior Ejecutivo y las nuevas previsiones establecidas para el presente año. En segundo lugar, es preciso tomar como referencia analítica el programa de gobierno pactado por los dos socios del actual bipartito.
            Ciertamente, no tendría sentido evaluar las acciones y las omisiones de la nueva Xunta en base a los programas electorales particulares presentados por el BNG o por el PSdG. Aquellos documentos mantienen, sin duda, su valor como referentes de los criterios y propuestas específicos que cada una de las fuerzas políticas desearía proyectar en las políticas gubernamentales, pero no constituyen, en rigor, el denominador común sobre el que fue construido el acuerdo político que dio lugar al Ejecutivo que hoy conocemos. Las identidades políticas diferenciadas de los socios de gobierno derivan del contenido particular de sus compromisos programáticos y, también, de la genuina trayectoria seguida por cada uno de ellos. Pueden existir, además, diferencias, de mayor o menor entidad, en la aplicación del programa común pactado. Y cuando se habla de aplicación, habría que hacer una interpretación amplia de la misma, que abarque la letra y, más aún, el espíritu del compromiso adquirido.
            Considerando la actuación del Gobierno en su conjunto, podemos afirmar que existen cambios sustanciales en dos ámbitos: con respecto a las reglas y procedimientos propios de un sistema democrático y en el modo de entender las relaciones con la Administración central del Estado. En el primer caso, hay pruebas visibles de que estamos recorriendo un nuevo camino: el Parlamento ya no funciona como un mero apéndice del Gobierno; existe una mayor transparencia en la acción del Ejecutivo (comparecencias frecuentes en la institución parlamentaria y mayor calidad y diligencia en la información suministrada a la oposición), y el pluralismo comenzó a hacer acto de presencia en los medios públicos de comunicación. En las relaciones con el Gobierno del Estado, las cosas caminan más despacio: hay otra lógica en la actuación de la Xunta (sobre todo, en las áreas gestionadas por el BNG), pero sobreviven las inercias derivadas del papel subalterno jugado por las instituciones gallegas en el escenario político estatal.
            Si hiciéramos un análisis más individualizado, obtendríamos conclusiones más heterogéneas. En la combinación entre el volumen de iniciativas promovidas, su calidad y el tiempo requerido para su ejecución, existen disparidades evidentes y, seguramente, inevitables. Hubo departamentos gubernamentales que destacaron por hacer una explícita priorización de sus actuaciones, mientras que otros optaron por ejecutar un catálogo, más o menos amplio, de medidas poco sistematizadas.
            ¿Cuál es el estado de opinión que se detecta en el cuerpo social después de haber transcurrido casi un año de actividad del Gobierno de coalición? Parece lógico pensar que existen dos grandes segmentos sociales, delimitados por la mayor o menor intensidad de su sensibilidad crítica. El mayor nivel de exigencia reside, obviamente, en una parte significativa de los votantes del BNG y en algunos sectores que apoyaron al Partido Socialista. Ambos tienden a realizar un contraste permanente entre las expectativas que manejaban inicialmente y las realidades generadas, en el día a día, por el bipartito.
            Existe, también, un amplio segmento social cuya percepción de la labor gubernamental está muy vinculada, seguramente, al impacto directo de las políticas públicas sobre sus condiciones de vida. Más allá del conocimiento que tengan con respecto a las competencias de cada Administración, un gran número de personas –votantes del PP incluidos– estarán dispuestas a valorar positivamente la labor del Gobierno PSdG-BNG si aumentan las posibilidades de encontrar trabajo, si disminuye la precariedad laboral, si mejora la calidad de las prestaciones de la sanidad pública, si hay más escuelas infantiles y más residencias públicas para personas mayores, si cambia el panorama de la vivienda para los receptores de rentas medias o bajas...
            Al cabo, la batalla sobre la valoración del nuevo Gobierno se juega en esos dos campos diferentes pero conectados. En uno de ellos, el actual Ejecutivo puede pensar que dispone de un margen de confianza más sólido debido a una mayor capacidad de comprensión de las dificultades concretas asociadas a los procesos de cambio (desconocimiento previo de la dimensión real de los problemas existentes, poca agilidad de las estructuras administrativas, inexperiencia de los nuevos gestores, reacciones corporativas ante las nuevas medidas...), aunque la caducidad de esa confianza resulte más reducida de lo que desearía. En el otro campo de juego, el público tiene, si cabe, más paciencia, pero necesita comprobar en su universo vital más próximo la bondad de las nuevas políticas proclamadas.
            Una de las preocupaciones más presentes en el seno de la militancia del BNG ha sido la de evitar una abusiva capitalización de la labor gubernamental por parte del PSdG. Como es sabido, las experiencias de los Gobiernos de coalición demuestran que, normalmente, la fuerza mayoritaria obtiene el beneficio principal de la gestión conjunta y que, aunque tal regla general puede ser amortiguada con una política específica, no es posible alcanzar una eliminación total de esa regla. Siendo conscientes de estas limitaciones, cabe afirmar que hubo, en estos meses, una situación razonable en el reparto de los equilibrios mediáticos y sociales entre los miembros del bipartito. El BNG dejó constancia de su identidad diferenciada en el tratamiento de la política lingüística y en la prioridad otorgada a la elaboración de un nuevo Estatuto. También destacó por la oportunidad y contundencia de ciertas actuaciones promovidas desde las áreas gubernamentales que administra.
            En todo caso, el periodo temporal que consideramos no es suficiente para establecer conclusiones definitivas, aunque ofrezca algunos indicios relevantes de lo que puede ser el futuro cuadro de fortalezas y debilidades del principal cambio político registrado en la Galicia posfranquista.

Nota: Este artículo ha sido publicado en gallego en el número 36, de julio de 2006, de la revista Inzar Razóns.

La encrucijada del Estatuto

            El proceso de elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía para Galicia estuvo siempre condicionado por lo que sucedía en Cataluña con respecto al Estatut. En realidad, antes de la victoria del PSOE de Zapatero en las elecciones generales de marzo de 2004, la reforma del Estatuto no figuraba en la agenda política inmediata de los partidos presentes en el Parlamento de Galicia. Sin embargo, a partir del otoño de ese año, el BNG tomó la iniciativa de promover un amplio proceso de participación y debate sobre la necesaria elaboración de un nuevo Estatuto y contribuyó decisivamente a colocar esta cuestión en el centro del escenario político gallego.
            Las elecciones celebradas el 19 de junio del año pasado provocaron dos efectos destacados en este proceso de cambio estatutario. Por un lado, la larga campaña desarrollada en los meses precedentes permitió realizar una difusión masiva de las posiciones defendidas por cada una de las fuerzas políticas y constatar, de paso, las notables diferencias existentes en los contenidos de las propuestas formuladas. Por otro lado, el mapa parlamentario resultante consolidó una circunstancia trascendente para el debate estatutario posterior: el apoyo del PP sería imprescindible para alcanzar la mayoría de dos tercios requerida para iniciar un proceso de reforma del Estatuto, y la presencia parlamentaria del BNG no otorgaría a los “populares” capacidad decisoria determinante en dicho proceso.
            En el momento de fijar los términos del pacto de gobierno, PSdG y BNG no quisieron entrar en la concreción de un hipotético denominador común en el tema estatutario. La deliberada indefinición de los dirigentes socialistas (pendientes de la trayectoria que estaba siguiendo la elaboración del Estatut y de la posición final que podría adoptar Zapatero), la gran incertidumbre que pendía sobre un PP que tenía que resolver la jubilación de Fraga, y la débil posición alcanzada por el BNG el 19 de junio, operaban como factores explicativos de esa prudente decisión de no mezclar el programa de gobierno con la discusión sobre el nuevo Estatuto.
            Desde la constitución del Gobierno de coalición, asistimos a un proceso ciertamente contradictorio. Mientras el PP gallego trataba de impedir o demorar el comienzo de una dinámica política que no encajaba con la lógica impuesta por la dirección estatal de su partido, el BNG elaboraba una propuesta de texto articulado –la única presentada hasta el momento– y organizaba un amplio ciclo de actos informativos para intentar crear un clima de mayor interés y participación social. Por otra parte, la polémica que se vivía en Cataluña contribuía a mantener, en algunos sectores de la opinión pública gallega, una expectativa favorable a la inmediata apertura del procedimiento de reforma del Estatuto de 1980, aunque originaba, simultáneamente, un cierto cansancio por la prolongación de un debate excesivamente partidista.
            El reciente “Acuerdo sobre criterios para un Estatuto de todos” adquiere una gran importancia de cara a la fase final del proceso de elaboración del Estatuto. Certifica que hay una base sólida de entendimiento entre socialistas y nacionalistas para hacer realidad un texto que recoja la identidad nacional gallega, mejore sustantivamente el nivel de autogobierno e incorpore un cuadro actualizado de derechos y deberes de los hombres y mujeres de nuestro país. Seguramente, este acuerdo no habría sido posible de no mediar una cierta movilización de los sectores más activos vinculados al nacionalismo gallego. También es cierto que la definitiva aprobación del Estatut en el referéndum del pasado 18 de junio facilitó la concreción de este punto de encuentro por cuanto delimitó el campo de acuerdo posible entre el Partido Socialista y el Bloque.
            En cualquier caso, el PP tiene ahora la pelota en su tejado y va a tener que abandonar el uso exclusivo de la retórica y de los juegos verbales. ¿Estará dispuesto a formar parte del consenso necesario para que nazca un nuevo Estatuto, renunciando a la beligerancia que practican habitualmente sus portavoces más destacados? Si, en los próximos meses, emite una respuesta negativa, asumirá la responsabilidad de que la reforma del Estatuto de Galicia quede en la lista de espera, aguardando una nueva mayoría parlamentaria suficiente para conseguir lo que ahora es boicoteado por el partido de Rajoy.