CC.OO., 9 octubre de 2024.
España arrastra cuatro décadas fallidas de política de vivienda desde el punto de vista de garantizar el derecho a la vivienda, pero muy exitosas para el negocio inmobiliario, financiero y constructor a costa de la necesidad de vivienda de la población.
En España se han “privatizado” 2,7 millones de viviendas a precio asequible desde 1980 y se ha gastado de forma poco eficaz y eficiente un gasto público en vivienda de más de 200.000 millones de euros que hubieran permitido edificar 2 millones de viviendas públicas de alquiler. Es un grave problema de secuestro del interés general por intereses privados y también un problema de mala asignación de recursos y del alto coste de oportunidad de las políticas no realizadas.
